El cuñado de un expresidente, dos exgobernadores —uno de los cuales fue precandidato presidencial—, un exfiscal estatal y un exsecretario de Seguridad Pública han sido sentenciados por narcotráfico en Estados Unidos. El primero de ellos, Rubén Zuno Arce, falleció en una prisión de Florida en 2012, a los 82 años. Purgaba cadena perpetua por sus presuntos vínculos con Rafael Caro Quintero, acusado del asesinato de Enrique Camarena Salazar, agente de la DEA. Funcionario de la Conasupo en el sexenio de Luis Echeverría, Zuno habría dispuesto de avionetas de la dependencia para transportar mariguana del cartel de Guadalajara liderado por Caro y Ernesto Fonseca.
El primer exgobernador (de Quintana Roo) extraditado a Estados Unidos, Mario Villanueva, era protegido de Raúl Salinas de Gortari (hermano del expresidente), señalado por el expresidente Miguel de la Madrid y en la serie «Narcos» de Netflix de negociar con los carteles de la droga. La detención de Villanueva, en mayo de 2001, estuvo a cargo de agentes de la Procuraduría General de la República (PGR) y de la DEA. En junio de 2008, el Segundo Tribunal Unitario del Estado de México lo condenó a 36 años por narcotráfico; la pena se redujo a 22. El Gobierno lo extraditó a Estados Unidos en mayo de 2010, donde enfrentó cargos por delitos contra la salud, asociación delictuosa y lavado de dinero para el cartel de Juárez. Villanueva se declaró culpable ante una corte de Nueva York, en 2013, y recibió una sentencia de 11 años. También se le decomisaron 10 millones de dólares.
Villanueva fue repatriado a México en diciembre de 2017 e internado en una cárcel de máxima seguridad. Después de pasar 20 años en prisiones de México y Estados Unidos, el mismo Tribunal que lo condenó le concedió el beneficio de la prisión domiciliaria. El otrora poderoso gobernador, hoy de 72 años y con la salud quebrantada, insiste en haber sido víctima de una «venganza política». Sin embargo, al margen de sus diferencias con el expresidente Ernesto Zedillo y la cúpula del PRI, las pruebas lo refutan.
Tomás Yarrington estuvo en la antesala de ser candidato del PRI a la presidencia en 2006 por el bloque denominado «Todos Unidos Contra Madrazo» (Tucom). Lo que en realidad buscaba era protegerse y borrar la ruta del dinero que lo conectaba con los carteles del Golfo y de Juárez. Pues de acuerdo con la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), las organizaciones le inyectaron 8.5 millones de dólares a su campaña para gobernador en 1999. Más tarde, Los Zetas lo acusaron de lavar dinero a través de prestanombres.
La DEA denunció a Yarrington por comprar en San Antonio y Corpus Christi, Texas, propiedades con sobornos del narcotráfico. También le fincó cargos por tráfico de drogas, fraude bancario, extorsión, lavado de dinero y colaboración con carteles de la droga. El exgobernador y aspirante presidencial huyó del país y evadió la justicia durante cinco años. La policía italiana lo detuvo el 10 de abril de 2017 en Florencia con base en una ficha roja de la Interpol. El también exalcalde de Matamoros se había identificado con documentos falsos para evitar su captura.
Yarrington fue extraditado a Estados Unidos en abril de 2018. Tres años después aceptó, ante una corte de Brownsville, haber lavado dinero y recibido sobornos por 3.5 millones de dólares del narco mientras ejerció la gubernatura. El juez Rolando Olvera lo condenó a nueve años. En julio de 2024, seis meses antes de lo previsto, abandonó la cárcel de Illinois. Yarrington siguió el camino más expedito para recuperar la libertad, sin importar sus crímenes: llegar a un acuerdo con las autoridades de Estados Unidos, entregar dinero, propiedades y brindar información. La justicia al mejor postor. En la lista de «los 10 mexicanos más corruptos de 2013» de la revista Forbes figuran cinco gobernadores. Los lugares seis y siete los ocupan Yarrington y Humberto Moreira.
Muchos diablos sueltos
Édgar Veytia, el Diablo, alternó dos tareas: fiscal de Nayarit y narcotraficante. El exfuncionario fue detenido en San Diego, California, en febrero de 2017. Dos años después, ante la jueza Bagley Amon, admitió formar parte de una red internacional dedicada a la fabricación y distribución de heroína, cocaína, metanfetaminas y marihuana en Estados Unidos. La condena de 20 años contra Veytia se redujo a ocho por su colaboración en el caso de Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón.
La captura del secretario de la Defensa Nacional en el Gobierno de Enrique Peña Nieto, Salvador Cienfuegos, realizada por la DEA en el aeropuerto de Los Ángeles en octubre de 2020, también pudo deberse a las delaciones del exfiscal nayarita. El militar era acusado por narcotráfico y lavado de dinero. Sin embargo, en 2018 había recibido un reconocimiento del Pentágono por su compromiso con la lucha antidrogas. Cienfuegos tuvo mejor suerte que García Luna. Tras una serie de negociaciones entre los Gobiernos de Andrés Manuel López Obrador y Donald Trump, un tribunal de Nueva York desechó los cargos a petición del fiscal William P. Barr. El jefe castrense regresó a México en noviembre de 2020.
El caso de Veytia ilustra el funcionamiento del sistema de justicia de Estados Unidos. El exfiscal dejó la prisión de Kentucky en febrero pasado, sin terminar de cumplir una condena de ocho años. Nadie sabe dónde está. Los fiscales exprimirán hasta la última gota de información para utilizarla en nuevos juicios. Luego lo extraditarán a México. En Nayarit está acusado de tortura, secuestro y enriquecimiento. Según autoridades estadounidenses, la fortuna del Diablo ronda los 250 millones de dólares. Veytia fue el poder tras el trono en la administración de Roberto Sandoval. El exgobernador y su hija Lidy Alejandra Sandoval fueron detenidos en 2021 por el presunto delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. El Departamento del Tesoro de EE. UU. lo acusa de tener vínculos con el Cartel Jalisco Nueva Generación.
El periodista Pablo Ferri describe en el libro Narcoamérica (Tusquets, 2015) el calvario de los nayaritas: «En cuatro casos, Veytia y sus agentes, que acumularon un poder incontestable en el estado, bajo el mandato del gobernador Roberto Sandoval, del PRI, torturaron y extorsionaron presuntamente a víctimas, para obligarlas a cederles propiedades inmobiliarias o darles dinero. El quinto es el caso de un policía que se negó a seguir las directrices de Veytia, en el sentido de dar protección a uno de los grupos criminales a los que protegía el entonces fiscal, la facción de los Haches, pata del cartel de los Beltrán Leyva».
Las historias de terror se repiten en Jalisco, Sinaloa, Guanajuato, Zacatecas, Guerrero, Tamaulipas (Coahuila las vivió entre 2007 y 2012) y otros estados. El narco infiltró al sistema desde hace mucho tiempo. La relación con los carteles y la venalidad existe, en mayor o menor grado, en todos los niveles: presidencias municipales, Gobiernos estatales, instancias federales, policías, juzgados. Las contenciones se rompieron cuando el Gobierno federal, único negociador con los carteles, cedió poder a los estados. Todavía hay Veytias sueltos, protegidos por la impunidad y padrinos poderosos. Estados Unidos persigue a capos y políticos, pero se olvida de las víctimas; en su país y en el nuestro.
