Una de las instituciones más emblemáticas del estado, se encuentra en una encrucijada. A punto de celebrar un cuarto de siglo de existencia, irregularidades en su administración ponen en tela de juicio la gestión del director Arturo González González, quien ocupa el cargo desde hace más de dos décadas
Director «porfiriano» del Mude, atrapado en el ojo del huracán
El Museo del Desierto fue concebido durante el mandato del gobernador Rogelio Montemayor Seguy (1993-1999) como un espacio que integrara disciplinas como la paleontología, la biología, la geología, la sociología y el arte.
Fundado el 27 de noviembre de 1999 y diseñado por el despacho Margen Rojo, el recinto de 12,300 m² se ha consolidado como un referente cultural y científico en el noreste de México, atrayendo visitantes nacionales e internacionales. Sin embargo, las tensiones internas y la falta de transparencia en su administración amenazan con empañar este legado.
Bajo la tutela de Amigos del Desierto de Coahuila, A.C., una asociación civil sin fines de lucro, el museo nació como un esfuerzo conjunto entre el Gobierno estatal y la sociedad civil. Su primera directora, Magdalena Sofía Cárdenas García, sentó las bases de su éxito en los primeros años. No obstante, en 2002, Arturo González asumió el cargo y su prolongada permanencia en la dirección ha desatado controversias.
Las críticas hacia González apuntan a un control autoritario de la institución, acompañado de lo que se describe como «terrorismo laboral». Entre las denuncias se incluyen amenazas a empleados, acoso verbal, humillaciones públicas y cambios constantes en condiciones de trabajo.
Además, se cuestiona la venta de las acciones de la sociedad civil Arteconciencia, creada para generar ingresos adicionales para el museo. Según reportes, el traspaso de estas acciones a Pietra Taller de Arquitectura S.A. de C.V., una empresa al parecer vinculada a la esposa de González, no fue aprobado de manera unánime por el consejo de la asociación, como estipulan los estatutos. Esto ha levantado sospechas de conflicto de intereses y posible manejo indebido de recursos.
Los estatutos de la asociación establecen mecanismos claros para la toma de decisiones, como la celebración de asambleas ordinarias y extraordinarias, la rotación de consejeros y la supervisión financiera mediante comisarios. Documentos internos revelan que estos procedimientos han sido ignorados repetidamente.
El artículo 27, por ejemplo, requiere la aprobación unánime de los socios activos para decisiones trascendentales, pero no fue respetado en el caso de Arteconciencia. Asimismo, no se han realizado auditorías independientes ni se ha promovido un gobierno corporativo, a pesar de acuerdos previos en asambleas.
Mientras el Gobierno estatal y los socios fundadores celebran el 25 aniversario de esta institución, las voces críticas exigen una rendición de cuentas clara. Entre las demandas está la revisión de las finanzas, la reestructuración del consejo de administración y la implementación de auditorías externas para garantizar que el museo continúe cumpliendo su misión sin opacidad.
Juez y parte
En noviembre de 2020, durante una reunión del consejo de la asociación Amigos del Desierto de Coahuila, A.C., se discutió la situación legal de Arteconciencia, una sociedad civil vinculada al Museo del Desierto (Mude). La sociedad estaba constituida con un 51% de acciones pertenecientes al museo y un 49% distribuidas entre sus empleados. En este contexto, surgió una propuesta para vender las acciones de Arteconciencia con el objetivo de resolver contingencias legales.
Sin embargo, el proceso de venta desató una serie de irregularidades. Según el acta de la asamblea, se acordó traspasar las acciones a Pietra Taller de Arquitectura, S.A. de C.V., empresa propiedad de la esposa del director del Mude, Arturo González. Esta decisión fue tomada sin consultar a todos los socios activos, violando el artículo 27 de los estatutos de Amigos del Desierto de Coahuila, A.C., que exige unanimidad y la firma de todos los miembros para aprobar resoluciones de este tipo.
Cabe destacar que el valor total de las acciones ascendía a 50 mil pesos, monto aportado por la asociación Amigos del Desierto de Coahuila, A.C. Aunque esta cantidad fue cancelada de la contabilidad, no se registró el ingreso correspondiente, lo que plantea dudas sobre la legalidad del proceso de cancelación contable. Además, el registro de esta transacción ya no aparece en la contabilidad, lo que aumenta las sospechas sobre el manejo de los fondos.
Además, algunos consejeros afirman no haber participado ni autorizado la transacción, lo que pone en duda la legitimidad del acuerdo. El director Arturo González y su equipo han sido señalados por utilizar Arteconciencia para fines personales, explotando comercialmente la sociedad sin que los ingresos beneficien al museo. Estas acciones han generado un conflicto de intereses evidente, ya que González ocupa un doble rol: director del Mude y, al mismo tiempo, gestor indirecto de Arteconciencia a través de vínculos familiares.
El despacho contable Ortiz Leos, encargado de auditar las finanzas del museo, destacó en su informe de 2020 que no se cumplió con los procedimientos legales necesarios para la cesión de las acciones. Esto no solo compromete la integridad fiscal del Mude, sino que también podría derivar en la revocación de su estatus como donataria autorizada.
A pesar de estas observaciones, el director y su equipo continúan administrando Arteconciencia, lo que genera tensiones legales y fiscales que impactan negativamente en la imagen del Museo del Desierto.
Arturo González se anuncia como director de Arteconciencia en su página web arteconciencia.com.mx, e incluso trae requerimientos del Servicio de Administración Tributaria (SAT), por no cumplir con sus obligaciones fiscales, según se puede observar en la sección «Cumple con tus obligaciones» del portal oficial de la dependencia.
La situación evidencia la falta de supervisión por parte de los consejeros de la asociación, quienes han permitido que González y su equipo tomen decisiones unilaterales que exceden sus facultades. Este manejo opaco ha puesto en entredicho la transparencia de la gestión y su compromiso con los intereses públicos.
Terrorismo laboral y nepotismo
La gestión del Museo del Desierto se ha visto envuelta en múltiples denuncias de nepotismo y hostigamiento laboral. Estas prácticas han generado un ambiente laboral tóxico donde prevalecen las relaciones personales y familiares sobre la capacidad y el mérito profesional.
Una de las principales acusaciones recae sobre Enrique A. Martínez Hernández, abogado del museo y compadre del director Arturo González, señalado por ejercer presión indebida y prácticas de terrorismo laboral. Desde junio, Martínez Hernández ha retenido el sueldo del subdirector general como una medida coercitiva para forzar su renuncia.
Las denuncias señalan que González ha conformado un equipo de trabajo basado en lazos personales, lo que compromete la eficiencia operativa y la integridad de la institución. Destacan los casos de:
Verónica Bolado Martínez, directora de relaciones públicas.
Fernando Federico Toledo González, primo hermano del director, beneficiado con un incremento salarial tras asignársele funciones adicionales sin justificación profesional.
Regina González Talavera, hija del director, ocupa la dirección de eventos y restaurante del museo.
José Manuel Padilla y su asistente Norma Patricia Sánchez Martínez.
El hostigamiento laboral no se limita a un caso aislado. Denuncias recientes señalan una estrategia sistemática para intimidar a empleados de todos los niveles. Tal es el caso del biólogo Rubén Rojas Meléndez, fundador del museo, quien ha sido subordinado por Toledo González, primo del director, en un intento de justificar su aumento salarial.
Inversiones dudosas
La administración del Museo del Desierto ha sido cuestionada por sus decisiones financieras y su falta de transparencia en el manejo de recursos. Desde su creación, el museo no ha contado con un gobierno corporativo formal, lo que permite la ausencia de un control interno efectivo. Entre las principales carencias se encuentran:
Inexistencia de manuales de políticas y procedimientos.
Ausencia de normas de control interno.
Las adquisiciones y contrataciones no se someten a procesos de licitación o comparación de opciones, lo que deja las decisiones a discreción del director.
Estas fallas estructurales no solo comprometen la legalidad de las operaciones, sino que también ponen en riesgo la deducibilidad fiscal de los gastos realizados, como ocurrió en el trimestre diciembre 2021-febrero 2022, cuando se ejecutaron proyectos por más de 5 millones 295 mil 288 pesos sin contratos ni licitaciones.
La falta de regulación interna ha derivado en múltiples conflictos de interés, destacando los siguientes:
La empresa Pietra Taller de Arquitectura, S.A. de C.V., propiedad de la esposa del director, ha recibido contratos para el desarrollo del Museo del Cráter en Yucatán. Personal e insumos del Museo del Desierto han sido utilizados en este proyecto privado, evidenciando un uso indebido de propios del museo.
Materiales donados al museo, como cerámica de Vitromex, fueron desviados para usos personales.
La administradora del museo, Laura Nájera, incurre en conflicto de interés al autorizar compras a empresas de su esposo, cuyos pagos se realizan de forma prioritaria y fuera de las políticas de adquisiciones.
Las prácticas de compra del museo están plagadas de irregularidades, desde la ausencia de procesos de licitación hasta la falta de contratos que respalden las operaciones. Por ejemplo, la producción de un esqueleto de Mosasaurio escala 1:1 por 150 mil pesos no contó con una licitación ni un contrato formal. Además, el proveedor incumplió con la entrega, y el anticipo del 50% nunca fue reembolsado, lo que apunta a un posible contubernio entre los responsables del proyecto y la paleoescultora contratada.
Para salvaguardar la integridad del Museo del Desierto y garantizar el uso adecuado de los recursos, los denunciantes exigen implementar un gobierno corporativo con políticas y procedimientos claros, realizar auditorías externas independientes para identificar y sancionar las irregularidades, establecer un comité de compras que supervise y apruebe todas las adquisiciones e inversiones y exigir transparencia en las operaciones y sancionar los conflictos de interés detectados. E4
Director «porfiriano» del Mude, atrapado en el ojo del huracán
Estas acciones son esenciales para restaurar la confianza en la institución y garantizar que cumpla con su misión de preservar y difundir el patrimonio natural Diversos medios locales, como El Heraldo de Saltillo y RCG Media, han señalado reiteradamente al director del Museo del Desierto (Mude), Arturo González, por su controvertida gestión y presuntos actos de corrupción. Las denuncias incluyen nepotismo, conflictos de interés y un intento de expandir su influencia hacia otras instituciones públicas.
«El Mirón» de RCG compara a González con Porfirio Díaz, aludiendo a su permanencia de 20 años en el cargo y a su control sobre el museo como un «negocio familiar». Lo acusan de desviar recursos del Mude para actividades privadas, incluyendo la supuesta venta de restos fósiles a extranjeros, financiamiento de viajes personales y familiares con recursos del museo y la promoción de eventos cuestionables en el recinto, como fiestas con alcohol, alejados de su propósito educativo.
Dos empresas relacionadas con González están en el centro del escrutinio: Arteconciencia S.C., una asociación civil donde el Mude posee el 51% de las acciones, se utiliza presuntamente para beneficiar al director y a su círculo cercano, y Pietra Taller de Arquitectura S.A. de C.V., propiedad de González, que emplea personal e instalaciones del Mude para proyectos externos, incluyendo el Museo del Cráter en Yucatán.
Ambas entidades han generado sospechas por el uso indebido de recursos de la institución y la falta de auditorías formales en dos décadas.
Denuncias internas también señalan que el Mude invirtió 4 millones de pesos «sin contrato y sin ninguna formalidad» para instalar la exposición «Dinos en los Pinos» en la Ciudad de México en noviembre de 2023.
Medios como El Heraldo de Saltillo señalan además que González busca controlar la administración del Parque Las Maravillas, actualmente bien gestionado por su patronato. Las acusaciones de «guerra sucia» incluyen denuncias de fiestas, consumo de sustancias ilícitas y saqueos en el Mude.
En 2012, durante la administración de Humberto Moreira, el Gobierno estatal adquirió la propiedad de la Posa de la Becerra por 10.5 millones de pesos y posteriormente la permutó con la Asociación Civil Amigos del Desierto de Coahuila por terrenos en el centro metropolitano. Sin embargo, el Mude aún no cuenta con la escritura que acredite la propiedad legal del predio, que sigue en litigio. A pesar de ello, se continúan realizando gastos en el lugar, contraviniendo acuerdos del consejo que prohíben inversiones sin su autorización.
Ante las denuncias, diversos sectores exigen auditorías independientes tanto al Mude como a sus asociaciones vinculadas. La falta de controles internos, sumada a los constantes señalamientos mediáticos, pone en duda la integridad de una institución que debería ser emblema de cultura y educación. E4
