El quiebre del régimen político no fue por la formalización de la sospecha de que el Gobierno de Estados Unidos presentaría una lista negra de funcionarios morenistas coludidos con cárteles criminales; terroristas para efectos de la acción punitiva norteamericana. Sin duda, un acontecimiento grave por sus implicaciones. En perspectiva, el evento que significó el antes y el después fueron las revelaciones de Julio Scherer Ibarra sobre el origen del contrabando de combustible y la manera como el zar del huachicol, Sergio Carmona, se filtró hasta la más elevada oficina por el afán de resolver la adicción de Morena al efectivo. Las elecciones de 2021, de gobernador y las legislativas, se fondearon con dinero de origen criminal y Morena recibió y asignó esos recursos.
A no pocos se les dificulta entender la postura de la presidenta Sheinbaum respecto a la solicitud de detención de diez funcionarios en Sinaloa, encabezados por el gobernador Rocha Moya. Ella entiende que solo es el principio, no un caso aislado de autoridades en connivencia con el crimen. La razón de haber removido a Gertz Manero de la FGR obedecía a la necesidad de gestionar políticamente la justicia penal sin límite ni restricción. Todo en manos del régimen, incluso el Poder Judicial federal. La vuelta de tuerca de estos días ha sido el cambio electoral para vacunarse ante un eventual rechazo popular en las urnas, como si fuera posible. El rechazo democrático a la autocracia vuelve inevitable el colapso; sucede en la modalidad de fuerza y violencia, como en Venezuela, o en la civilizada, como en Hungría.
Julio Scherer Ibarra fue consecuente con el padre. No es un caso legal, sino el desafío al régimen político a partir de la libertad de expresión, una manera de honrarle. Su compromiso con la verdad pesó más que la expectativa de silencio de quien se sirvió de él, del padre y de muchos otros. El deceso de don Javier Coello Trejo y su texto póstumo en El Financiero debieran mover a todos a revalorar el sentido de dignidad personal en estos oscuros momentos de la vida nacional.
El régimen está herido de muerte. Muy preocupante que la puntilla venga del exterior y que no exista el espacio institucional básico para dar curso nacional y racional a una crisis de tal magnitud; sin duda, la más grave de toda la historia moderna de México y, quizá, desde su origen como nación independiente. Es de tal gravedad lo que la nación enfrenta que cabe para remitirse a la guerra con EE. UU. y la pérdida del territorio nacional, la intervención francesa o el golpe de Estado contra el presidente Madero. Estamos ante una posible cuarta tragedia nacional.
La impunidad es condición de existencia del régimen. Sacrificar una pieza lleva a otra más arriba y esa a otra hasta el nivel supremo, con la circunstancia de que la justicia no existe en territorio nacional; viene del exterior. La evidencia de la connivencia es pública y las autoridades nacionales no hicieron su parte; al contrario: protegieron al delincuente y escatimaron la gravedad de la situación y el riesgo de por medio para el país. Ahora la suerte de la nación está en la decisión de una fiscalía y una corte de Nueva York.
Ridícula la respuesta inicial sobre la exigencia de pruebas, cuando hasta la propia fiscalía de Gertz Manero documentó el encubrimiento del asesinato del principal rival político del gobernador en un encuentro del mandatario con el narcotraficante más poderoso; en lugar de proceder, el régimen le rinde tributo y, por voluntad presidencial, firmó su suerte con la de él. Ahora dos imputados declaran ante la fiscalía norteamericana. La jueza del cargo, Katherine Polk revela que hay pruebas abundantes que incriminan a los imputados y vienen más, pruebas y señalados. Jaque mate a la impunidad y, en consecuencia, al régimen político.
En México no habrá Delcy Rodríguez. La presidenta Sheinbaum lo ha dejado claro. El problema estaría en los acontecimientos posteriores y sus implicaciones frente al desencuentro con EE. UU.
El Ejército mexicano ha dado señales de que no pretende hundirse con el obradorismo. El testimonio del general Mérida seguramente será prueba irrefutable sobre el origen de la connivencia gubernamental con cárteles, sus alcances y a quiénes involucra. No hay manera de que se salve Morena en su condición de receptora de recursos criminales, tampoco quien promovió la designación de los responsables de seguridad pública que se coludieron con el crimen en sus diversas modalidades: narcotraficantes o contrabandistas de combustible.
No se hagan bolas
En los primeros meses de 1994 el país vivía la peor crisis política de su periodo priista. El levantamiento indígena en Chiapas puso al régimen en severa dificultad en el momento crítico de la sucesión presidencial. Meses antes, Luis Donaldo Colosio había sido designado candidato. El presidente Salinas nombró a Manuel Camacho negociador con el EZLN; cometió el error de habilitarlo como potencial candidato sustituto. Ante la maledicencia de que era inminente el reemplazo, se convocó a la élite priista ampliada para aclarar que Luis Donaldo seguiría como candidato. El presidente dijo «no se hagan bolas»; el efecto en muchos fue que se hicieran bolas.
Las palabras presidenciales son poderosos generadores de significado que cada uno interpreta a modo. De todos los presidentes, Andrés Manuel pudo entenderlo mejor; su ascendiente popular y saturación de la comunicación le permitían el descuido, ligereza y franca mentira, sin mayores consecuencias. La palabra presidencial se degradó y parecía que López Obrador se burlaba de todos y de sí mismo cuando acudía al fetichismo para conjurar la pandemia, presumir que ya no había corrupción o suscribir, sin escrúpulo alguno, que el sistema de salud había alcanzado al de Dinamarca. No se le creía, pero se quería creerle porque la verdad se subordinaba al culto al líder en el laberinto de las creencias.
La presidenta Sheinbaum es muy diferente a su antecesor. Posee atributos distintos y su género, preparación, origen y trayectoria la hacen terrenal, racional, no emocional. No aprovechó la oportunidad de terminar o modificar las mañaneras, recurso útil bajo las condiciones en que López Obrador llegó a la presidencia, pero ante el desgaste de la narrativa y los problemas en muchos frentes, la exposición pública diaria es grave riesgo. La presidenta no se da por aludida y su inadvertida crisis personal se traslada al país.
La presidenta no lo vio, como tampoco entendió lo que significaba acabar con el Poder Judicial federal. Tuvo la salida de que la elección por voto directo se limitara a la Corte; la ignoró. El dogmatismo, la ignorancia y la soberbia la llevaron a cometer el error más grave en la historia del Estado mexicano. La cancelación del aeropuerto de Texcoco es asunto menor respecto a la fracasada reforma judicial, que impacta a la economía, la certeza de derechos y lleva a la indefensión del país ante la determinación de las autoridades norteamericanas de imponer su justicia.
El ciclo político ingresa a un nuevo momento. No es la causa, pero coincide con la demanda de EE. UU. de detener para extraditar al gobernador de Sinaloa y a otros nueve, bajo el cargo de connivencia con una organización criminal declarada terrorista, a la vez que el fentanilo es considerado arma de destrucción masiva.
El régimen va a la baja porque la polarización desde el poder dio de sí por la pérdida del referente moral. La corrupción ostensible y la frivolidad generalizada, hasta en el círculo familiar del expresidente, llevaron a entender que, efectivamente, no son iguales que los de antes: son peores. Ahora la polarización cobra fuerza desde la misma sociedad y deja en mal lugar al régimen.
En la crisis del régimen —de la que no hay salida y seguramente es lo que exaspera a la presidenta Sheinbaum— son recurrentes los costosos errores. Dos ejemplos lo ilustran: la embestida contra la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, quien por la burda persecución en su contra se ha vuelto la figura nacional opositora para canalizar el descontento, además de revertir la ventaja que Morena tenía en el estado. Los costos se han potenciado dentro y fuera del país como por la protección legal y política al gobernador Rocha Moya. Tanto la presidenta como el régimen político están en serias dificultades, y no es por la embestida norteamericana, sino por la impunidad existente.
El segundo caso es el pleito de la presidenta con los medios de comunicación. Con Andrés Manuel fue a partir de un cálculo, necesidad y resultado esperado. Tuvo éxito, casi todos se sometieron. La presidenta lo hace a partir del enojo y la exasperación. Manda a la exdirigente fallida de Morena y consejera jurídica a fustigar a medios y periodistas.
López Obrador con mejor tino escogió una figura menor; la presidenta, a un miembro de su gabinete. Descalificar a TV Azteca, tuvo efectos contraproducentes, reveló la fragilidad presidencial, su ausencia de sentido de la realidad y pérdida de autoridad, al tiempo que Ricardo Salinas recupera ascendiente en una crisis probablemente terminal para el régimen.
