La movilización creciente en las grandes metrópolis representa un enorme desafío para el liderazgo presidencial, en medio del cierre federal y tensiones comerciales con el mundo. Empresarios y analistas alertan sobre un nuevo ciclo de inestabilidad en América del Norte
Otro frente: ataques a discreción contra presupuestos «narcobotes»
El 18 de octubre marcó un punto de quiebre en el panorama político estadounidense. Miles de manifestantes salieron a las calles en ciudades como Chicago, Los Ángeles, Filadelfia y Houston para denunciar lo que consideran el regreso de un autoritarismo presidencial. Bajo el lema «No Kings», el movimiento —que comenzó como una reacción espontánea en redes— se transformó en un frente político-social capaz de articular el malestar acumulado durante la segunda administración de Donald Trump. Sus consignas apuntan al deterioro de la vida económica de las clases medias, el aumento de la desigualdad y la sensación de que el presidente gobierna «por encima de todos y para unos pocos».
Aunque Trump aseguró haber devuelto prosperidad al país, los sectores que inicialmente lo apoyaron —en especial trabajadores industriales y comunidades rurales de bajos ingresos— denuncian ahora que las promesas de reindustrialización se quedaron cortas frente al encarecimiento de bienes importados y la incertidumbre comercial. En las marchas, es común ver carteles que mezclan crítica económica y descontento político: «No Kings, No Tariffs», «We Pay the Price», «Middle Class Under Fire».
«No soy un rey. Trabajo como un condenado para hacer grande a nuestro país. Eso es todo. No soy un rey en absoluto».
Donald Trump,presidente de Estados Unidos
El movimiento ha incorporado el tema arancelario a su discurso. Sus líderes, muchos surgidos de organizaciones comunitarias y sindicatos locales, argumentan que la política de presión comercial castiga directamente a quienes dependen de productos importados de bajo costo o trabajan en sectores vinculados al comercio transfronterizo. En ciudades fronterizas como El Paso y San Diego, donde la integración económica con México es cotidiana, la preocupación es palpable.
«La administración Trump ha ejecutado una ofensiva de gran alcance contra la libertad de expresión al poner en la mira a estudiantes manifestantes, abogados y a la prensa».
International Bar Association
Al final… los aranceles
La suspensión de los aranceles del 30% a productos mexicanos fuera del marco del T-MEC, anunciada recientemente por el presidente Donald Trump, marca un giro inesperado en la política comercial entre Estados Unidos y México. Esta decisión, tomada a escasos días de que las tarifas entraran en vigor, ha generado un respiro temporal en medio de crecientes tensiones económicas y diplomáticas. Trump, desde el Air Force One, justificó la prórroga como una estrategia que responde a los «buenos resultados» obtenidos con los aranceles vigentes, asegurando que estos han sido efectivos para presionar a las empresas automotrices a repatriar su producción a territorio estadounidense. «Nos está yendo muy bien con México», afirmó el mandatario, subrayando que los ingresos generados por las tarifas actuales son significativos y que no ve necesidad inmediata de intensificar las medidas.
Sin embargo, esta suspensión no implica una retirada definitiva. La amenaza de un «muro arancelario» persiste, especialmente para sectores clave como el acero, el aluminio, el tomate y el transporte, que podrían enfrentar un arancel general del 30% si no se alcanzan nuevos acuerdos. Esta incertidumbre ha encendido las alarmas en ambos lados de la frontera, donde las cadenas de suministro y los mercados regionales dependen de una relación comercial estable. La prórroga, aunque celebrada por algunos actores económicos, es vista por otros como una maniobra táctica que podría revertirse en cualquier momento, dependiendo del clima político y de las negociaciones bilaterales.
En paralelo, líderes empresariales estadounidenses agrupados en la Business Roundtable han intensificado su presión sobre la Casa Blanca para que elimine por completo los aranceles impuestos a México y Canadá. Argumentan que estas medidas distorsionan la competitividad de las empresas norteamericanas y contradicen el espíritu de libre comercio que sustenta el T-MEC. La postura empresarial se ha vuelto más vocal en las últimas semanas, advirtiendo que la continuidad de los aranceles podría tener efectos adversos en la inversión, el empleo y la estabilidad regional.
A este panorama se suma un componente jurídico de alto calibre pues la política arancelaria de Trump está siendo evaluada por la Corte Suprema de Estados Unidos. El máximo tribunal analiza la legalidad de las medidas y sus implicaciones constitucionales, lo que podría redefinir los límites del poder ejecutivo en materia comercial. Este proceso judicial no solo pone en tela de juicio la legitimidad de los aranceles, sino que también podría establecer precedentes sobre cómo se aplican medidas proteccionistas en el futuro.
México en alerta
En México, el reacomodo político y económico de Estados Unidos ha sido seguido con una mezcla de inquietud y cálculo estratégico. La prórroga de los aranceles decretada por Trump alivió temporalmente la presión sobre exportadores y productores nacionales, pero no disipó la señal más importante: la relación comercial depende hoy más de los vaivenes políticos en Washington que de la arquitectura institucional del T-MEC. Funcionarios mexicanos reconocen en privado que la suspensión no garantiza estabilidad. Lo que preocupa en el Gobierno y en el sector privado es la posibilidad de que el mandatario estadounidense vuelva a utilizar el comercio como herramienta de presión, tanto económica como política, sin un proceso de negociación formal.
Las manifestaciones de No Kings, aunque centradas en la política interna estadounidense, también son analizadas por analistas y diplomáticos mexicanos, quienes identifican un punto en común entre el movimiento y las inquietudes de nuestro país: el rechazo a que la política comercial estadounidense se determine mediante decisiones unilaterales que generan incertidumbre estructural. En círculos empresariales nacionales se discute abiertamente que la única barrera contra una nueva ola de aranceles no es la diplomacia, sino la capacidad del propio electorado estadounidense para limitar al Ejecutivo.
Las afectaciones potenciales para México no se reducen al comercio. La región fronteriza, profundamente integrada, depende de cadenas logísticas binacionales que sostienen empleos, transporte, servicios y producción industrial. Cada anuncio arancelario provoca ajustes de inventarios, retrasos en cruces y encarecimiento de mercancías. En estados como Baja California, Chihuahua, Coahuila y Nuevo León, donde la exportación hacia Estados Unidos es el motor económico, la incertidumbre ya llevó a empresas medianas a posponer inversiones y a replantear contratos de proveedores.
Al interior de México, sectores académicos y empresariales coinciden en que la tensión más grave no es económica sino estructural. Si la política comercial estadounidense puede cambiar de un día para otro, ninguna estrategia de largo plazo —ni de inversión, ni de integración industrial— puede sostenerse sin riesgo. Por eso, el ascenso de No Kings es observado como un posible contrapeso social y político a decisiones que, aunque tomadas en Washington, repercuten directamente en la estabilidad económica mexicana.
Cierre de Gobierno
El pulso entre el Congreso y la Administración Trump ha vuelto a sumir a Estados Unidos en un cierre de Gobierno (o shutdown) que, al momento de escribir este reportaje, sigue sin resolverse y se acerca peligrosamente a la marca del conflicto más largo de la historia. Iniciado el 1 de octubre de 2025, este cierre federal ya ha superado el mes de duración debido a la parálisis en el Senado para aprobar una ley de presupuesto.
Si bien el actual cierre ocurre bajo el mismo presidente, Donald Trump, la causa es distinta al evento de su primer mandato, enfocándose ahora en el gasto social y la salud. Los demócratas en el Senado se niegan a aprobar una ley de gastos que levante el cierre a menos que se prolonguen los subsidios del programa sanitario Obamacare (Ley de Asistencia Asequible), que están a punto de expirar. Temen que la falta de prórroga dispare las primas para millones de ciudadanos en 2026. Por su parte, el Partido Republicano se niega a incluir esta extensión, proponiendo abordarla en los meses siguientes (una vez que el Gobierno reabra), lo cual es inaceptable para el bando demócrata. Este bloqueo ha derivado en una crisis social con millones de estadounidenses en riesgo de perder los cupones de alimentos (SNAP) o enfrentando obstáculos para acceder a servicios de Medicare/Medicaid.
El shutdown ha revivido el recuerdo del cierre récord de 2018-2019, el más largo de la historia estadounidense con 35 días de duración, que también se produjo durante la presidencia de Donald Trump, pero con un motivo diferente: la exigencia férrea del entonces presidente de obtener 5 mil 700 millones de dólares para financiar la construcción de un muro en la frontera con México. Aquella disputa se resolvió temporalmente debido a la presión social y el colapso operativo, especialmente en el tráfico aéreo.
Al igual que en 2019, la paralización actual ha dejado a cientos de miles de empleados federales suspendidos sin sueldo o trabajando sin paga inmediata (como los controladores aéreos y agentes de seguridad). La preocupación aumenta ante la posibilidad de que los trabajadores «esenciales» comiencen a ausentarse paralizando aeropuertos y el transporte nacional. Por el momento, la fecha límite más crítica pasó con el Senado aún sin llegar a un acuerdo, garantizando que el shutdown se prolongue. La presión de la crisis alimentaria y la cercanía del récord histórico son ahora el motor de una negociación que mantiene a la economía y a la sociedad al borde. E4
Claves del movimiento
| Indicador | Estimación / Descripción |
|---|---|
| Fecha del estallido principal | 18 de octubre |
| Ciudades con mayor concentración de manifestantes | Chicago, Los Ángeles, Filadelfia, Houston, Atlanta |
| Rango estimado de participación nacional | 250 mil – 400 mil manifestantes |
| Perfil sociopolítico del movimiento | Mayoría de clase media y trabajadora; alta participación de jóvenes y sindicatos locales |
| Principales demandas | Límites al poder ejecutivo; reversión de medidas arancelarias; transparencia institucional |
| Motivos de descontento | Aumento del costo de vida, políticas arancelarias, percepción de autoritarismo presidencial |
| Relación con comunidades latinas | Participación notable en ciudades fronterizas y estados del suroeste |
| Canales principales de organización | Redes sociales, colectivos ciudadanos, asociaciones de trabajadores |
| Reacción gubernamental | Llamados a la «ley y orden»; vigilancia reforzada en protestas |
| Potencial impacto político | Movilización electoral, presión legislativa, articulación de un nuevo frente social |
Otro frente: ataques a discreción contra presupuestos «narcobotes»
La campaña militar en el Caribe provoca decenas de muertos y cuestionamientos legales. Las Naciones Unidas denuncia violaciones a derechos humanos
Desde principios de septiembre de 2025, una campaña militar estadounidense dirigida contra embarcaciones que, según Washington, transportaban drogas ha escalado con rapidez y consecuencias humanas crecientes. Al menos 14 ataques en el Caribe y el Pacífico han provocado la muerte de, mínimo, 61 personas, según un recuento verificado por medios y organizaciones independientes.
La administración del presidente Donald Trump ha defendido la operación presentándola como una respuesta necesaria a «narcoterroristas» que, sostiene, amenazan vidas en Estados Unidos mediante el tráfico de fentanilo y otras sustancias letales. Funcionarios del Ejecutivo califican la situación como un «conflicto armado» con redes de tráfico, y han usado esa categoría para justificar el recurso a la fuerza letal en alta mar. Esa narrativa ha permitido ordenar misiones con apoyo aéreo y naval en rutas marítimas donde operan grupos criminales.
Uno de los episodios más documentados ocurrió el 14 de octubre, cuando el presidente anunció que un ataque contra una embarcación frente a la costa de Venezuela había dejado seis muertos; el Gobierno estadounidense difundió además imágenes del impacto y aseguró que la embarcación transportaba carga ilícita. Reuters y otros medios confirmaron la versión oficial y reprodujeron la declaración presidencial, aunque subrayaron que la evidencia pública sobre la identificación del contrabando y la afiliación de los tripulantes es escasa.
La operación militar incluye acciones en aguas internacionales y ha venido acompañada por un notable despliegue que incluyen vuelos de largo alcance de bombarderos, patrullajes con buques de guerra y apoyo de fuerzas especiales y aliados regionales en labores de búsqueda y rescate. En un ataque reciente en el Pacífico, por ejemplo, Washington dijo haber matado 14 presuntos traficantes y que un superviviente fue rescatado posteriormente por la Armada mexicana.
Las reacciones internacionales y legales han sido inmediatas y contundentes. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OHCHR) declaró que los ataques «violan el derecho internacional de los derechos humanos» y pidió una investigación independiente, subrayando que la fuerza letal debe ser la última opción y que los estados tienen obligaciones claras incluso en la lucha contra el tráfico de drogas. La ONU ha calificado la campaña de «inaceptable» y advirtió sobre el riesgo de desestabilización regional.
Expertos en derecho internacional consultados por medios han planteado dudas sobre la legalidad de los ataques. Algunos sostienen que, fuera de un conflicto armado declarado o sin autorización del país cuya soberanía se ve afectada, las operaciones podrían vulnerar normas contra ejecuciones extrajudiciales y leyes nacionales que prohíben asesinatos selectivos. Varios análisis periodísticos y legales están explorando si la Administración ha sobrepasado sus competencias al calificar a los carteles como actores armados equiparables a adversarios militares.
En Washington, la Casa Blanca alega que la medida protege a la ciudadanía estadounidense frente a la «epidemia» de drogas sintéticas; sus portavoces insisten en que las acciones se ejecutan con inteligencia y cautela. No obstante, organizaciones de derechos humanos, Gobiernos regionales y parte de la opinión pública exigen transparencia y muestran preocupación por la falta de pruebas públicas, la ausencia de procesos judiciales y el riesgo de incidentes que afecten a civiles o a la soberanía de terceros países.
La suma de muertes, la rapidez de la escalada y las dudas jurídicas abren un debate sobre los límites entre acción policial internacional y uso de la fuerza militar. Mientras la región observa con atención y alarma, la pregunta que queda flotando es si la lucha contra el narcotráfico puede y debe transformarse en una campaña militar transnacional, con todas las implicaciones políticas, diplomáticas y legales que ello conlleva. E4
Edgar London
La Habana, 1975. Escritor, editor y periodista. Es autor de los libros El nieto del lobo, (Pen)últimas palabras, A escondidas de la memoria e Historias de la corte sana. Textos suyos han aparecido en diferentes medios de comunicación nacionales e internacionales. Actualmente es columnista de Espacio 4 y de la revista hispanoamericana de cultura Otrolunes.