Lectura obligada la colaboración de Pablo Ferri en El País, del 23 de septiembre, titulada «Los militares, en el rancho La Vega: patadas en la cara, tablazos y agresiones sexuales». Los hechos dan cuenta de la doble agresión que sufrieron los jóvenes rehenes del CJNG, presuntamente por militares, luego de la denuncia de que allí había un campo de exterminio. Lo ocurrido obliga a la Sedena y a la FGR a realizar una investigación rigurosa sobre los hechos para deslindar responsabilidades. Los datos que aporta Pablo Ferri, ratifican la hipótesis de que fueron militares los de la infamia; la Sedena no ha dado respuesta sobre el asunto a partir de una solicitud de información.
En mal momento se pone al descubierto la conducta criminal de los militares, de ser soldados los autores de las atrocidades con los jóvenes retenidos, liberados casi en su totalidad por el juez en su condición de víctimas. Las declaraciones existen de manera formal y dan sustento a la colaboración periodística. Como bien dijera el secretario Almirante Pedro Morales, el silencio es inaceptable, hay que asumir la verdad con todas las consecuencias; por lo mismo, las autoridades deben investigar y sancionar con severidad a los responsables sin importar su condición, jerarquía o calidad civil.
Una de las razones para rechazar que las fuerzas armadas realicen tareas de seguridad pública es el riesgo de violación de los derechos humanos. Los soldados están para aniquilar al enemigo, no para detener. Cierto que existen países democráticos con policías militares; son la excepción y desarrollan una carrera diferenciada para no confundir la misión de salvaguarda la soberanía nacional propia de los militares con la de seguridad pública. Ahora mismo en EE. UU. se presenta una controversia que habrá de resolver la Corte, por el despliegue ordenado por el presidente Trump de fuerzas militares en algunas de las ciudades gobernadas por demócratas, bajo una supuesta lucha contra la elevada criminalidad de dichos lugares.
El presidente López Obrador intentó resolver el asunto de la peor manera. Por una parte, anuló a la CNDH para representar a los ciudadanos agraviados por la actuación de las fuerzas armadas; por la otra, ordenó al Ejército y a la Guardia Nacional militarizada no actuar frente a los criminales, excepto para repeler agresiones. El resultado fue desastroso: los ciudadanos en estado de indefensión y los grupos delictivos creciendo, diversificándose y penetrando el tejido social, económico, político y el de las fuerzas de seguridad
Una auténtica tragedia nacional, ratificada por el llamado huachicol fiscal, negocio multimillonario a costa del país, organizado controlado y promovido desde los más elevados niveles de Gobierno, con la participación de la Marina, otrora una institución de elevado prestigio por su probidad, profesionalismo y lealtad. Uno de los peores legados del obradorismo que la presidenta Sheinbaum se ve obligada a superar. Al menos hubo voluntad para hacer público el caso y ahora la exigencia a las autoridades es que hagan propia la verdad, con todas sus implicaciones, y llegar tan lejos como exija la justicia.
Los hechos objeto del reportaje no deben ser ignorados y convalida a la investigación periodística y a la libertad de expresión como los recursos más útiles de una sociedad para defenderse del abuso y de los excesos de poder. Es evidente que el Estado ha perdido capacidad para auto investigarse y que solo la denuncia externa mueve a las autoridades para actuar en tales circunstancias. Una pena y un riesgo mayor cuando la imputación viene de las autoridades norteamericanas.
La CNDH, el Congreso o el Poder Judicial son las instituciones para garantizar los derechos humanos, pero todo se ha anulado. Las instituciones dejaron de cumplir con sus responsabilidades. A la sociedad sólo le queda la denuncia a través de los medios de comunicación o la movilización a manera de llamar la atención de las autoridades para actuar en consecuencia. La mayoría silenciosa, sin embargo, queda en estado de indefensión.
El poder se ha concentrado en la presidenta. No hay otras instancias públicas del Estado mexicano que puedan activar la investigación sobre las atrocidades de autoridades, en este caso, presuntamente militares. No debe prevalecer la indiferencia; se debe actuar con claridad, determinación, energía y romper con la impunidad. También, aprender de la tragedia para que hechos como los narrados no sean parte de la nueva normalidad que ha acompañado al cambio de régimen.
La vida no vale nada
Gustavo Petro no sólo es un pésimo gobernante —en su administración la violencia y el crimen han regresado a Colombia por la puerta grande—, también es un involuntario aliado inconveniente. Su carta, donde pide la intervención de su amiga, la presidenta Sheinbaum, dar con el paradero del cantante colombiano B King, desaparecido en México, pone al descubierto en un muy mal momento para el país y para su presidenta, su vinculación con la guerrilla colombiana. Sus palabras textuales: «le solicito a la presidenta de los Estados Unidos Mexicanos, Claudia Sheinbaum, mi amiga y compañera de lucha desde el M19 y a todo el cuerpo diplomático de Colombia en México, lograr que aparezcan con vida el cantante Bayron Sánchez y su coequipero Jorge Herrera».
Petro afirma que la desaparición después de su evento en Sonora pudo ser perpetrada por las «mafias multinacionales que crecen en nuestro continente, por el consumo desaforado de drogas en los EE. UU. que crecen, también por la falta de amor de su sociedad decadente».
Ahora se sabe que los dos jóvenes fueron asesinados en el Valle de México. Los cuerpos habían sido encontrados el 17 de septiembre en Cocotitlán. Los familiares los han reconocido hasta el lunes 22 de septiembre. Un evento trágico que revela la trágica situación en el país por el empoderamiento de la violencia. Una vez más las autoridades afirman que se investigarán los hechos. La presidenta lo ha ordenado y en esos casos suelen dar con los responsables materiales. Es deseable que así sea.
Por otra parte, lo menos que conviene a México y a su Gobierno es un desencuentro con el vecino en vísperas de la renegociación del acuerdo comercial con EE. UU. y Canadá y en ocasión de problemas muy graves por la corrupción a gran escala en el país, que comprometen a sus fuerzas armadas. La presidenta Sheinbaum hace todo para contener la embestida norteamericana. México está comprometido en combatir a los criminales que han ensangrentado el país, tarea que se emprende con reconocimiento dentro y fuera, pero exige que se llegue hasta las últimas consecuencias. En tal empeño, la presidenta tiene que administrar dos presiones: la de su antecesor que perfila impunidad y la del Gobierno norteamericano de proceder judicialmente contra los políticos vinculados a los grupos narcotraficantes y del contrabando de combustibles.
El presidente Petro se dirige a los colombianos en el marco de la polarización por él promovida. El próximo mes su alianza «Pacto Histórico» designará candidato presidencial para celebrar elecciones el 31 de mayo de 2026. Claudia Sheinbaum también privilegia la política doméstica y apuesta a la unidad; el problema es el efecto de sus decisiones obligadas por la circunstancia y frente a la ineludible realidad que apunta a la descomposición interna, resultado de la corrupción en los más altos niveles del régimen, y el deterioro de la confianza de las fuerzas armadas por la falsa tesis de que eran refractarias a la corrupción.
En EE. UU. se vive una disputa encendida por el asesinato del activista aliado de Trump, Charlie Kirk. No hay tolerancia ni contemplación y el crimen ha servido para señalar a los opositores y a la crítica como parte de una conspiración que promueve la violencia y el crimen, a la vez que persiste el escándalo por el caso de Jeffrey Epstein y su relación cercana con Donald Trump antes y después de ser procesado por dichos cargos en el estado de Florida.
La situación de la relación de México con el Gobierno de EE. UU. es sumamente crítica y en nada ayuda traer al presente las credenciales de la presidenta Sheinbaum con un grupo guerrillero en sus años de juventud, mucho menos referir a EE. UU. como el origen del crimen asociado al narcotráfico, por más razonable que parezca desde este lado de la frontera. Demasiado está de por medio y debe operarse con claridad estratégica y acreditando confiabilidad, particularmente porque el régimen político y jurídico de México está en manos de su presidenta, precisamente por las reformas que concentraron el poder en el Ejecutivo. El Congreso no aporta representatividad; todo lo que se haga o diga iría a cuenta de la presidenta Sheinbaum, mientras que el Poder Judicial dejó de ser una instancia autónoma que garantice certeza de derechos y supremacía constitucional. La concentración de poder fortalece en muchos sentidos, pero también debilita porque la presidenta se muestra aislada y expuesta. Un gobierno fuerte, un Estado débil.
Respecto a los dos jóvenes colombianos se ha hecho presente el peor desenlace; la familia michoacana se adjudica el crimen; no sólo es la suma a los homicidios violentos, también la evidencia reiterada de que en México la vida no vale nada.
