El Gobierno federal debe meter en cintura a la industria; dicta la dieta de los mexicanos, pero una vez que enferman se desentiende de ellos, dicen expertos. El programa de atención domiciliaria no repara en las causas, advierten
Publicidad digital y chatarra tienen vía libre
La salud pública en México está en jaque, no por una pandemia emergente ni por una crisis presupuestal coyuntural, sino por la inacción frente a una epidemia silenciosa y rentable: la del consumo masivo de productos ultraprocesados, alcohol, tabaco y bebidas azucaradas. Así lo denunciaron el 24 de junio diversas organizaciones civiles, académicos y expertos en salud, en un pronunciamiento conjunto difundido en medios de comunicación del país, en el que exigen al Gobierno de México una intervención firme y urgente.
«Estoy segura, como lo he dicho en otros lados, de que este programa y ustedes van a hacer historia, no solo en México, sino en el mundo, porque va a ser un programa de reconocimiento internacional».
Claudia Sheinbaum, presidenta de México
«Ni el sistema de salud pública ni el bolsillo de las familias tienen la capacidad de enfrentar los daños a la salud provocados por el alto consumo de productos ultraprocesados, bebidas azucaradas, tabaco y alcohol», advierte el comunicado. Estos productos, según los firmantes, son hoy los principales factores de riesgo de enfermedades crónicas no transmisibles como diabetes tipo 2, hipertensión, diversos tipos de cáncer y enfermedades cardiovasculares, las cuales representan la principal causa de muerte en el país.
El problema no es nuevo, pero sí creciente. La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2022 reveló que el 75% de los adultos mexicanos padece sobrepeso u obesidad, al igual que el 38% de los adolescentes y el 35% de los niños. Las tasas de diabetes tipo 2 se han duplicado en las últimas dos décadas, mientras que los costos asociados al tratamiento de estas enfermedades sobrepasan con creces los ingresos que el Estado obtiene por los impuestos aplicados a los productos causantes. «Los costos provocados por el consumo de estos productos sobrepasan por mucho, en más de 1000%, los impuestos que pagan en México las corporaciones por introducirlos al mercado», señala el texto. Del mismo modo, las organizaciones acusan a las grandes corporaciones de obtener «ganancias multimillonarias» mientras trasladan el costo sanitario y económico a la sociedad. Denuncian su «publicidad agresiva», la disponibilidad de sus productos «en todo lugar y a toda hora», sus precios accesibles y «el poderoso cabildeo […] para impedir mayores regulaciones e impuestos».
Pese a que reconocen los avances normativos alcanzados en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador —como la aprobación del etiquetado frontal de advertencia y algunas restricciones publicitarias—, aseguran que las medidas actuales «son insuficientes, dado el tamaño del reto». La actual administración de Claudia Sheinbaum, aún en su primera etapa, enfrenta una disyuntiva crítica: continuar y profundizar las políticas de salud pública o ceder ante las presiones empresariales que históricamente han frenado las reformas estructurales en este campo.
El documento propone una batería de medidas urgentes. Para los ultraprocesados y bebidas azucaradas, exige aumentar los impuestos hasta alcanzar los niveles sugeridos por la Organización Mundial de la Salud, reforzar el etiquetado y aplicar sin demoras la Ley General de Alimentación Adecuada y Sostenible, cuyo reglamento sigue pendiente. También subraya la importancia de proteger la alimentación infantil desde los primeros meses de vida, mediante la implementación del Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna.
En cuanto al alcohol, el comunicado denuncia la inexistencia de una política nacional para su control. «Las bebidas alcohólicas se venden en todo lugar y a toda hora, su publicidad no está regulada y se mantiene asociada a eventos deportivos y culturales», lo que, según los demandantes, normaliza el consumo entre los jóvenes y exacerba sus efectos en la salud y la violencia. Los impuestos actuales, señalan, «son muy bajos» y deben ajustarse «a los graves daños que provoca en la salud».
En cuanto al tabaco, las propuestas incluyen el aumento de gravámenes, la implementación de empaquetado neutro, la prohibición de saborizantes y aditivos, y la firma del Protocolo para la Eliminación del Comercio Ilícito de Productos de Tabaco. También llaman a mantener la prohibición de la comercialización de vapeadores y hacer publica de inmediato su regulación secundaria.
Todas estas acciones, aclaran, tienen «sustento científico» y están respaldadas por agencias internacionales y comités de expertos libres de conflicto de interés. El llamado, sin embargo, no es solo una denuncia: también es una invitación. «Reiteramos nuestra disposición de colaborar con el Gobierno de la República en el diseño e implementación de estas políticas preventivas», concluyen, convencidos de que aún es posible contener esta crisis sanitaria si se actúa con decisión y sin concesiones.
Salud Casa por Casa
En un movimiento que podría marcar un giro decisivo en la política de salud pública del país, la presidenta Claudia Sheinbaum dio inicio el 12 de junio al programa Salud Casa por Casa en Ciudad del Carmen, Campeche. La estrategia —concebida como una atención directa y domiciliaria a personas adultas mayores y con discapacidad— fue presentada como una acción concreta que coloca la prevención en el centro del modelo sanitario nacional. La mandataria lo definió como un esfuerzo «de territorio, cercano al pueblo» para atender en domicilio a personas adultas mayores y con discapacidad, y lo anunció menos de dos semanas antes de que organizaciones civiles lanzaran su llamado urgente para contener la crisis de enfermedades crónicas no transmisibles en México.
Durante la presentación, Sheinbaum afirmó que «la salud no solamente es la atención de los enfermos, sino que tiene que concebirse como el bienestar de una persona», y detalló que participarán aproximadamente 20 mil profesionales —enfermeros y médicos— quienes recorrerán todas las casas de los beneficiarios. Según la Presidencia, en Campeche ya se atiende a más de 100 mil personas mediante 170 facilitadores que visitan colonias diariamente. En Michoacán, por ejemplo, los más de 800 profesionales han realizado más de 52 mil visitas médicas, con el objetivo de cubrir a cerca de 450 mil derechohabientes.
A escala nacional, el programa aspira a beneficiar a 14 millones de personas en 12 millones de hogares, con una inversión de 5 mil millones de pesos este año, recursos del IMSS, ISSSTE y la Federación. Además, ya ha censado a más de 9 millones de adultos mayores y personas con discapacidad, y efectuado cerca de 650 mil visitas médicas. Este censo incluye un cuestionario con más de 80 puntos —datos sobre salud física, emocional, condiciones de vida y vacunación—, junto con la digitalización de las historias clínicas en tabletas que operan enfermeras y servidores de la nación. De ahí se genera una clasificación por niveles de riesgo para priorizar atención personalizada.
Las brigadas rurales también forman parte del despliegue: 312 unidades atenderán a 615 municipios en 28 estados, atendidos por 2 mil 545 trabajadores de salud. En lugares como Nayarit ya se han realizado unas 12 mil consultas domiciliarias. En Morelos, Sheinbaum reafirmó: «es un programa de política pública para atender a la ciudadanía… hacemos política pública con amor», y recalcó su alcance «ejemplo mundial» que busca el bienestar integral de los adultos mayores.
El secretario de Salud, David Kershenobich, amplió la descripción señalando que se miden signos vitales, glucosa, colesterol, triglicéridos, vista, audición y estado vacunal, con personal capacitado para curaciones, referidos y apoyo telefónico. Además, las visitas incluyen la entrega de recetas y facilitan el acceso a medicamentos a través de Farmacias del Bienestar y tiendas Diconsa.
Este enfoque coincide con anteriores planes: según El País, el programa responde a una meta anunciada en 2024 para atender a 13.6 millones de adultos mayores y personas con discapacidad, con expediente médico digital, visitas bimestrales y participación de hasta 21 mil 500 profesionales.
Epidemia silenciosa
La realidad es que México enfrenta una crisis de salud pública alimentada por el consumo masivo de productos ultraprocesados, bebidas azucaradas, tabaco y alcohol. Estos factores de riesgo, promovidos sin restricciones por poderosas industrias, son responsables de una epidemia silenciosa que cobra miles de vidas cada año y amenaza con colapsar el sistema de salud nacional.
En 2024, más de 143 mil personas fallecieron en México por enfermedades vinculadas al consumo de estos productos, de acuerdo con un análisis elaborado por la organización Salud Justa Mx. De ese total, 63 mil 233 muertes fueron atribuibles al tabaco, 40 mil 842 a las bebidas azucaradas y 39 mil al alcohol. El impacto económico es igualmente devastador: el costo de atención médica asociado al alcohol representa el 2.1% del Producto Interno Bruto, de acuerdo con la Red de Acción sobre Alcohol y otras organizaciones que en mayo entregaron una propuesta formal al Gobierno para que el tema sea central en el Programa Sectorial de Salud 2025-2030.
La situación es aún más crítica entre niños y adolescentes. Un reportaje de El País, publicado el 29 de mayo, documenta que el 39% de los escolares mexicanos presenta sobrepeso u obesidad, mientras que el 92% consume bebidas azucaradas de forma habitual. Además, la diabetes tipo 2 ya se ha convertido en la segunda causa de muerte en este grupo etario. El mismo medio señala que, entre los años 2000 y 2022, la prevalencia de diabetes infantil creció del 10.7% al 18.3%, y las muertes anuales se triplicaron, alcanzando las 115 mil.
El daño no termina ahí. Los alimentos ultraprocesados —ricos en azúcares añadidos, grasas saturadas, sodio y aditivos— están fuertemente asociados con el desarrollo de enfermedades metabólicas, cardiovasculares y neurodegenerativas. Según Top Doctors México, el consumo frecuente de estos productos no solo aumenta el riesgo de obesidad, hipertensión y diabetes, sino que también se ha vinculado recientemente con un mayor riesgo de padecer demencia y enfermedad de Alzheimer.
Por su parte, el tabaco sigue siendo responsable del 90% de las muertes por cáncer de pulmón y del 80 a 90% de los casos de EPOC. La Secretaría de Salud estima que cada día fallecen en el país entre 123 y 165 personas por causas directamente relacionadas con el tabaquismo, y aunque México ha adoptado regulaciones en los últimos años, el comercio ilícito y la publicidad indirecta siguen presentes.
El alcohol tampoco es inocuo. Clasificado por la OMS como carcinógeno del Grupo 1, su consumo está relacionado con diversos tipos de cáncer, enfermedades hepáticas y cardiovasculares. Según cifras divulgadas por Salud Justa Mx, el abuso de esta sustancia se asocia con el 70% de los accidentes de tránsito fatales en jóvenes de entre 15 y 30 años, así como con una proporción significativa de los casos de violencia intrafamiliar.
Frente a este panorama, organizaciones civiles como El Poder del Consumidor, Red de Acción sobre Alcohol y la Alianza Nacional de Control del Tabaco han solicitado al Gobierno implementar políticas fiscales y regulatorias más estrictas. El mensaje es claro: sin una intervención decidida del Estado, la salud de millones de mexicanos continuará siendo hipotecada al interés comercial de industrias que lucran con la enfermedad. La dieta moderna, impulsada por lo que parece una oferta irresistible de sabor, conveniencia y bajo costo, esconde en realidad un costo altísimo: la pérdida silenciosa pero constante de vidas, recursos y bienestar colectivo. Revertir esta tendencia requiere mucho más que voluntad: exige una transformación estructural del sistema alimentario, de salud y de comunicación, basada en la evidencia, la prevención y el derecho a una vida saludable. E4
Propuestas de organizaciones civiles
- Fortalecer la política en materia de salud alimentaria mediante la implementación de la Ley General de Alimentación Adecuada y Sostenible (LGAAS) y la publicación de su reglamento.
- Reforzar el etiquetado de advertencia y la regulación de la publicidad, la cual es débil y no incluye los entornos digitales ni su prohibición en eventos deportivos y juveniles.
- Aumentar los impuestos a alimentos ultraprocesados, bebidas azucaradas, alcohol y tabaco, actualmente muy inferiores a los niveles recomendados internacionalmente.
- Aplicar el Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna y la promoción de una alimentación infantil adecuada.
- Desarrollar una política nacional para el control del consumo de alcohol.
- Prohibir el empleo de saborizantes y aditivos en tabaco.
- Firmar y ratificar el Protocolo para la Eliminación del Comercio Ilícito de Productos de Tabaco.
- Prohibir la exhibición de productos de tabaco y nicotina en puntos de venta.
- Mantener la prohibición de comercialización de vapeadores y publicar la regulación secundaria.
Salud Casa por Casa
- 14 millones de personas adultas mayores y con discapacidad serán atendidas
- 2,260 médicos formarán parte del programa
- 17,655 enfermeras los acompañarán
- 312 brigadas rurales en 615 municipios de 28 estados
Publicidad digital y chatarra tienen vía libre
Las redes y las apps inducen al consumo de productos nocivos. Fabricantes aprovechan las lagunas de la regulación mexicana
La publicidad digital se ha convertido en una de las herramientas más poderosas para impulsar el consumo de productos ultraprocesados, bebidas azucaradas, alcohol y tabaco en México, especialmente entre jóvenes y niños. A diferencia de los medios tradicionales, las plataformas digitales —redes sociales, videojuegos, aplicaciones móviles y servicios de streaming— permiten un alcance masivo, segmentado y constante, lo que amplifica el impacto de estas campañas publicitarias en audiencias vulnerables.
Las grandes corporaciones aprovechan la tecnología para diseñar anuncios personalizados que se adaptan a los intereses y comportamientos de los usuarios, utilizando algoritmos sofisticados para maximizar la efectividad. Este tipo de publicidad no solo promueve los productos en sí, sino que también asocia su consumo con estilos de vida aspiracionales, diversión y aceptación social, creando vínculos emocionales difíciles de romper.
El problema se agrava por la falta de regulación específica en entornos digitales. Aunque en México existen restricciones para la publicidad de tabaco y ciertos límites para bebidas azucaradas y alimentos ultraprocesados en medios tradicionales, estas normas no contemplan con claridad las redes sociales ni los contenidos patrocinados por influencers. Esto abre la puerta a que marcas de alto riesgo sanitario mantengan una presencia constante y aparentemente natural en el día a día de niños y adolescentes. Investigaciones recientes señalan que la exposición continua a estos mensajes incrementa la probabilidad de que los jóvenes desarrollen hábitos de consumo perjudiciales, que a largo plazo derivan en obesidad, diabetes, adicciones y enfermedades crónicas. Además, la publicidad digital aprovecha espacios no convencionales, como juegos en línea, videos virales o retos en TikTok, lo que dificulta aún más la supervisión por parte de padres y autoridades. E4
Edgar London
La Habana, 1975. Escritor, editor y periodista. Es autor de los libros El nieto del lobo, (Pen)últimas palabras, A escondidas de la memoria e Historias de la corte sana. Textos suyos han aparecido en diferentes medios de comunicación nacionales e internacionales. Actualmente es columnista de Espacio 4 y de la revista hispanoamericana de cultura Otrolunes.