Corporaciones policiales estatales participaron en secuestros y desapariciones en coordinación con el crimen organizado entre 2009 y 2016, documenta el organismo. Los sucesos, que atraviesan los Gobiernos de Humberto Moreira, Jorge Torres y Rubén Moreira, reabren una herida que incluye masacres, fugas de reos y denuncias ante la Corte Penal Internacional
Desapariciones forzadas, la disputa por la verdad
Un fenómeno global con diferentes matices
México discute hoy cifras, metodologías y narrativas sobre desapariciones. Pero hay episodios donde el debate se vuelve innecesario: los hechos hablan por sí mismos. El caso de Coahuila es uno de ellos. Un reciente informe del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU documenta que, entre 2009 y 2012, policías estatales secuestraron personas para entregarlas al grupo criminal de Los Zetas, configurando un patrón de desapariciones con participación directa de agentes del Estado.
El señalamiento no se limita a un periodo aislado. De acuerdo con el propio informe, el fenómeno se extiende al menos hasta 2016, abarcando no sólo el Gobierno de Humberto Moreira, sino también el interinato de Jorge Torres López y la administración inmediata de Rubén Moreira. En ese segundo periodo, la práctica habría evolucionado: ya no sólo se trataba de entregar personas al crimen organizado, sino de ejecuciones directas por parte de fuerzas estatales, particularmente unidades de élite como el Grupo de Armas y Tácticas Especiales (GATE).
El informe identifica al menos 500 casos de desapariciones con características sistemáticas en la entidad. La cifra, aunque limitada en términos absolutos frente al total nacional, es contundente en su naturaleza: no se trata de hechos aislados ni de excesos individuales, sino de patrones operativos que sugieren coordinación, tolerancia o colusión entre autoridades y grupos criminales. En muchos casos, las víctimas eran civiles seleccionados como objetivos directos.
Ese patrón encuentra eco en uno de los episodios más brutales de la violencia en México: la masacre de Allende, ocurrida en marzo de 2011. Durante varios días, integrantes de Los Zetas arrasaron el municipio, desaparecieron a decenas —posiblemente cientos— de personas y destruyeron viviendas enteras. Investigaciones posteriores han señalado que las autoridades no sólo fueron omisas, sino que en algunos casos facilitaron las condiciones para que la violencia ocurriera sin intervención efectiva del Estado.
Otro caso emblemático es el del penal de Piedras Negras, convertido durante años en un centro de operaciones del crimen organizado. Testimonios judiciales y reportajes de investigación han documentado que internos salían del penal para cometer asesinatos, desapariciones y otros delitos, para luego regresar sin impedimentos. En 2012, además, se registró una fuga masiva de reos, evidenciando el grado de control que grupos criminales ejercían sobre las instituciones penitenciarias.
La gravedad de estos hechos llevó a organizaciones de derechos humanos a llevar el caso de Coahuila ante la Corte Penal Internacional (CPI). Fue la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), junto con organizaciones mexicanas, la que presentó la denuncia en la década de 2010, argumentando que las desapariciones, ejecuciones y actos de violencia cometidos en la entidad podían constituir crímenes de lesa humanidad. La acusación señalaba no sólo a integrantes del crimen organizado, sino también a funcionarios públicos por acción u omisión.
En ese contexto, el informe reciente de la ONU no introduce un fenómeno nuevo, pero sí le da un respaldo internacional que eleva su gravedad política y jurídica. Al documentar patrones de desaparición con participación estatal en Coahuila, el Comité coloca estos hechos dentro de un marco más amplio: el de posibles ataques sistemáticos contra la población civil, una categoría que, en derecho internacional, puede escalar a crímenes de lesa humanidad.
El caso también tensiona el discurso actual del Estado mexicano, que insiste en que las desapariciones forzadas ya no son una política ni una práctica tolerada por el gobierno. Si bien el propio Comité reconoce que no hay evidencia de una política federal generalizada en la actualidad, episodios como el de Coahuila muestran que, en el pasado reciente, sí existieron dinámicas donde la línea entre autoridad y criminalidad se desdibujó peligrosamente.
A más de una década de distancia, las consecuencias siguen abiertas. Muchas de las víctimas de ese periodo continúan desaparecidas, los procesos judiciales avanzan con lentitud y la verdad permanece fragmentada. El caso Coahuila no es sólo un capítulo oscuro del pasado: es un recordatorio de hasta dónde puede llegar la descomposición institucional cuando el Estado deja de ser garante y se convierte —por acción u omisión— en parte del problema.
En la discusión actual sobre cifras, registros y metodologías, este episodio introduce una advertencia incómoda: no todas las desapariciones son iguales, pero algunas, como las documentadas en Coahuila, obligan a mirar más allá de los números. Porque cuando el Estado desaparece personas, la crisis deja de ser estadística y se convierte en una ruptura profunda del pacto social. E4
Desapariciones forzadas, la disputa por la verdad
Tras la apertura de datos del Gobierno y la alerta internacional que encendió la ONU, el país vuelve a mirar una de sus heridas más hondas: la desaparición de personas. El problema ya no es solo cuántas faltan, sino quién define la cifra, con qué método se cuenta y qué voluntad real existe para buscarlas
México no discute una estadística: discute una tragedia. La diferencia es crucial. Cuando el gobierno federal presentó el 27 de marzo una revisión del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), el mensaje oficial fue que por fin se intentaba poner orden en una base de datos desbordada, heterogénea y con arrastres históricos.
La propia versión pública del RNPDNO reconoce que antes de 2019 no existía «un registro sólido», que había duplicidades, datos inconsistentes y estructuras no homologadas; además, subraya que hoy se trata de una plataforma interoperable, con 450 variables y actualización casi en tiempo real.
Ese intento de limpieza técnica llegó, sin embargo, en el peor momento político posible: justo cuando el Comité contra la Desaparición Forzada (CED, por sus siglas en inglés) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) decidió activar el artículo 34 de la Convención y pedir al secretario general que remita la situación mexicana a la Asamblea General.
El CED sostuvo que existen «indicios fundados» de que en México se han cometido y se siguen cometiendo desapariciones forzadas como crímenes de lesa humanidad, aunque aclaró que no encontró pruebas de una política federal para cometerlas y que su procedimiento es preventivo, no una comisión de investigación penal.
Ahí se abrió la grieta. Para el gobierno mexicano, el informe del Comité es tendencioso, jurídicamente impreciso y omiso respecto de avances normativos, presupuestales y operativos impulsados desde 2018; para la ONU, los cambios institucionales no han sido suficientes para alterar una crisis que sigue marcada por impunidad, colusión local, saturación forense y búsquedas incompletas.
La diferencia no es menor: una parte del Estado sostiene que el fenómeno actual no corresponde al supuesto internacional de desapariciones sistemáticas cometidas o toleradas por autoridades; el Comité replica que el derecho internacional no exige una política federal uniforme ni ataques organizados desde la cúpula para advertir un patrón de lesa humanidad.
En medio de esa disputa, las familias de las víctimas, los colectivos de búsqueda y varias organizaciones civiles han reaccionado con una mezcla de desconfianza y hartazgo. Temen que ordenar el registro termine sirviendo más para contener el costo político del horror que para fortalecer la búsqueda.
El Centro Prodh ha advertido que acotar la crisis a poco más de 43 mil casos «con datos suficientes» reduce artificialmente la dimensión del problema, mientras la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCMX) ha optado por una ruta distinta a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH): en vez de cerrar filas contra el escrutinio internacional, llamó a aprovechar la decisión del Comité para fortalecer una política integral de Estado, con participación de las familias y cooperación técnica.
El registro y la crisis
En la revisión presentada por el gobierno, el universo de 132 mil 534 registros quedó dividido en tres grandes grupos: 46 mil 742 casos con datos insuficientes para emprender una búsqueda útil; 40 mil 308 con indicios de actividad posterior al reporte, detectados mediante cruces con registros administrativos; y 43 mil 128 expedientes sin actividad posterior identificada, que el gobierno colocó como el núcleo más duro del problema. Además, se reconoció que dentro de este último grupo solo 3 mil 869 casos contaban con carpeta de investigación, una admisión que apunta directamente a la precariedad ministerial y fiscal.
El diagnóstico oficial contiene una verdad incómoda: el desorden del registro era real. Durante años convivieron nombres incompletos, duplicidades, alias, registros sin contexto y expedientes alimentados por fuentes desiguales. El propio portal estadístico del RNPDNO admite que el sistema histórico venía de estructuras defectuosas y datos inconsistentes. En ese sentido, depurar no es, por sí mismo, una maniobra ilegítima; un Estado serio necesita saber qué busca, a quién busca y con qué elementos opera.
Pero esa parte técnica tropieza con un límite político y moral. Si 46 mil 742 expedientes no tienen datos suficientes, la pregunta no es sólo metodológica; también es institucional. ¿Quién dejó entrar así esos reportes?, ¿quién permitió durante años que se acumularan sin corrección ni verificación mínima?, ¿quién no levantó debidamente las denuncias? El riesgo de la nueva narrativa es desplazar la carga del problema hacia la supuesta mala calidad del dato, cuando esa mala calidad es, precisamente, una responsabilidad del Estado. Por eso los colectivos sostienen que los registros deficientes no justifican bajar el volumen de la alarma pública, sino redoblar el trabajo de campo, archivo y contrastación.
La tensión crece porque el gobierno acompaña esta revisión con un mensaje de eficacia: Claudia Sheinbaum ha defendido que, con reformas recientes y medidas asociadas, se han localizado con vida a 31 mil personas durante su administración, lo que presentaría una mejora en la capacidad institucional. Ese dato puede ser importante, pero no anula la sospecha central de las familias: una cosa es localizar y otra muy distinta reclasificar. Si la depuración técnica no va acompañada de trazabilidad pública, auditoría independiente y diálogo con las víctimas, el ajuste puede terminar percibiéndose como un reacomodo burocrático de la tragedia.
La postura de la ONU
La decisión del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU cambió el eje del debate. Ya no se trata sólo de si el registro está bien hecho, sino de si la magnitud, persistencia y forma en que opera la desaparición en México obligan a una intervención política mayor de la comunidad internacional. El CED fue cuidadoso: dijo que no encontró pruebas de una política federal orientada deliberadamente a cometer desapariciones, pero al mismo tiempo concluyó que sí existen indicios fundados de desapariciones forzadas como crímenes de lesa humanidad, por ataques múltiples, generalizados o sistemáticos contra población civil en distintos momentos y territorios.
Ese matiz es decisivo y ha sido distorsionado en el debate público. El Comité no afirmó que todo el Estado mexicano, desde su cúspide, opere una maquinaria homogénea de desaparición. Lo que sostuvo es otra cosa: que el derecho internacional permite apreciar crímenes de lesa humanidad incluso cuando los ataques no ocurren a escala nacional ni son diseñados desde las más altas esferas del gobierno, siempre que exista un patrón amplio o sistemático; incluso señaló que ciertas organizaciones no estatales pueden incurrir en este tipo de crímenes si actúan contra población civil y median tolerancia, apoyo o aquiescencia estatal.
La ONU apoyó su alarma en varios elementos: la magnitud del registro nacional; el hallazgo continuo de más de 4 mil 500 fosas clandestinas; más de 6 mil 200 cadáveres y 4 mil 600 restos humanos exhumados de esas fosas; y alrededor de 72 mil restos humanos no identificados. El mensaje de fondo fue demoledor: las autoridades siguen rebasadas por la dimensión de la crisis y las medidas adoptadas desde la visita del Comité en 2021 no muestran, a la luz de la información pública y oficial, una mejora sustancial.
Por eso el CED pidió algo más que un pronunciamiento: solicitó que la Asamblea General considere medidas de cooperación técnica, apoyo financiero y asistencia especializada para búsqueda, análisis forense e investigación, además de un mecanismo eficaz para esclarecer la verdad y proteger a familias, organizaciones y personas defensoras. Dicho de otro modo: el Comité no está proponiendo sustituir al Estado mexicano, sino admitir que el Estado, por sí solo y en su configuración actual, no está alcanzando.
Tres lecturas, mismo abismo
La reacción del gobierno federal fue inmediata y defensiva. La secretaría de Gobernación (Segob) y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) rechazaron el informe del Comité al considerar que omite avances recientes y se apoya en una lectura desactualizada del fenómeno; además, la presidenta Sheinbaum insistió este 6 de abril en que el análisis no describe la realidad de los gobiernos de la llamada 4T y sostuvo que el documento extrapola información de ciertos estados y de años previos. La postura oficial busca separar dos épocas: un pasado donde sí habría existido una violencia estatal o paraestatal más abierta, y un presente en el que el Estado, según esa narrativa, ya no desaparece personas ni tolera como política ese crimen.
La CNDH no sólo acompañó esa respuesta: la endureció. En su posicionamiento, el organismo que encabeza Rosario Piedra Ibarra sostuvo que el Comité actuó con sesgo político, que se basó en ONG «caracterizadas por su manipulación» y que desatendió el contexto histórico, particularmente el peso de la «guerra contra el narcotráfico» y la colusión entre crimen organizado y autoridades locales en sexenios previos. Incluso su propia ficha documental resume que el CED es un órgano de expertos independientes que concluyó preliminarmente la existencia de indicios fundados de desapariciones generalizadas o sistemáticas, aunque la Comisión rechaza esa lectura.
La respuesta de la CDHCMX fue, en contraste, institucionalmente más sobria y políticamente más fértil. La comisión capitalina sostuvo que la decisión del Comité abre una oportunidad para fortalecer una política integral de Estado, con participación de las familias, cooperación técnica y diálogo entre instancias nacionales e internacionales. Además, reconoció que, aunque el CED no halló evidencia de una política federal deliberada, sí identificó indicios fundados de desapariciones cometidas en distintos lugares y momentos, algunas con participación directa de servidores públicos y otras con su autorización, apoyo o aquiescencia.
La diferencia entre la CNDH y la CDHCMX es más que retórica. Expone dos formas de entender el escrutinio internacional. Una lo asume como agravio soberanista y tiende a desacreditar a quienes empujan el tema desde la sociedad civil; la otra lo ve como palanca para corregir insuficiencias estructurales. Entre ambas posturas se juega algo esencial: si México va a administrar el problema como disputa de relato o si va a admitir que la cooperación externa puede fortalecer, y no debilitar, la búsqueda de verdad y justicia. E4
Desapariciones en México: cifras en disputa
132,534 Personas registradas como desaparecidas o no localizadas en el RNPDNO
46,742 Registros sin datos suficientes para iniciar búsqueda efectiva (según revisión oficial)
40,308 Casos con indicios de actividad posterior (cruces con bases administrativas)
43,128 Casos sin rastro posterior: el núcleo más crítico según el gobierno
3,869 Casos con carpeta de investigación dentro de ese núcleo duro
+72,000 Restos humanos sin identificar en el país (crisis forense)
+4,500 Fosas clandestinas localizadas
2% – 6% Porcentaje de casos judicializados (estimación ONU)
36 Sentencias a nivel nacional por desaparición (dato ONU)
31,000 Personas localizadas con vida durante la actual administración (dato gobierno)
Interpretaciones de una misma crisis
| Eje | Gobierno | ONU | Colectivos |
|---|---|---|---|
| Magnitud | Depurar cifras | Crisis grave | Subregistro |
| Cifra clave | 43 mil casos críticos | +130 mil desapariciones | Dimensión incierta |
| Responsabilidad | Crimen organizado | Posible aquiescencia estatal | Colusión e impunidad |
| Carácter | No sistemático | Posible patrón sistemático | Crisis estructural |
| Respuesta | Ordenar datos | Reformar sistema | Buscar en campo |
| Justicia | Avances | Baja judicialización | Impunidad |
Un fenómeno global con diferentes matices
Si bien México concentra una de las crisis más visibles y documentadas de desapariciones en el mundo, no es un caso aislado. La desaparición de personas —ya sea forzada, por acción del Estado o en contextos de violencia criminal— es un fenómeno global que adopta distintas formas según el país, su historia reciente y la fortaleza de sus instituciones.
En Estados Unidos, por ejemplo, se reportan más de 600 mil desapariciones al año, una cifra que, en apariencia, supera ampliamente la de México. Sin embargo, el contexto es distinto: la mayoría de los casos corresponde a ausencias voluntarias, conflictos familiares o situaciones que se resuelven en poco tiempo. Aun así, el país mantiene alrededor de 25 mil personas no localizadas y cerca de 15 mil cuerpos sin identificar en bases de datos como NamUs. El contraste no está en el volumen bruto, sino en la capacidad institucional para localizar y cerrar casos con rapidez.
En América Latina, el fenómeno adquiere un rostro más cercano al mexicano. Países como Colombia arrastran décadas de desapariciones forzadas vinculadas al conflicto armado interno. Se estima que más de 100 mil personas han desaparecido, muchas de ellas sin que hasta hoy se conozca su paradero. A diferencia de México, donde la violencia actual más está asociada al crimen organizado, en Colombia la desaparición fue una práctica sistemática en el marco de la guerra entre el Estado, grupos guerrilleros y paramilitares.
Argentina y Chile, por su parte, ofrecen otro tipo de referencia histórica. Durante las dictaduras militares de los años setenta y ochenta, la desaparición forzada fue una política de Estado sistemática y documentada. En Argentina, se reconocen oficialmente alrededor de 30 mil desaparecidos; en Chile, más de 3 mil. La diferencia con México radica en la temporalidad y en la claridad del perpetrador: en esos casos, el Estado fue el actor central y directo.
En Centroamérica, países como El Salvador, Guatemala y Honduras también han vivido —y en algunos casos siguen viviendo— episodios de desapariciones vinculadas tanto a conflictos armados pasados como a la violencia contemporánea de pandillas y crimen organizado. En Guatemala, por ejemplo, se estiman más de 40 mil desapariciones durante el conflicto interno. En la actualidad, la desaparición de migrantes en tránsito añade otra capa de complejidad regional, muchas veces invisibilizada en los registros oficiales.
A nivel global, el fenómeno se presenta con características diversas. En Siria, la desaparición forzada ha sido documentada como una práctica sistemática en el marco de la guerra civil, con decenas de miles de casos atribuidos al régimen y a distintos actores armados. En países como Irak o Sri Lanka, también se han denunciado patrones de desaparición asociados a conflictos armados prolongados.
Lo que distingue el caso mexicano no es sólo la magnitud acumulada —más de 130 mil personas registradas—, sino la combinación de factores: la participación de grupos criminales, la posible aquiescencia o colusión de autoridades locales, la fragmentación institucional y una impunidad persistente. A diferencia de los casos clásicos de desaparición forzada del siglo XX, México enfrenta un fenómeno híbrido, donde no siempre es evidente quién desaparece, pero sí es evidente quién no logra investigar ni sancionar. E4
Desapariciones en el mundo
| México | +132,000 personas desaparecidas registradas |
| Colombia | +100,000 desaparecidos (conflicto armado histórico) |
| Argentina | ~30,000 desaparecidos (dictadura 1976–1983) |
| Chile | +3,000 desaparecidos (dictadura) |
| Guatemala | +40,000 desaparecidos (conflicto interno) |
| Siria | decenas de miles de desapariciones forzadas documentadas |
| Estados Unidos | +600,000 reportes anuales (mayoría resueltos) |
| EE. UU. (casos activos) | ~25,000 personas no localizadas |
Gerardo Moyano
Argentina, 1977. Periodista, editor y corrector de periódicos mexicanos y argentinos. Estudió Comunicación Social y Corrección Periodística y Editorial en Santa Fe, Argentina. Actualmente es jefe de Redacción de Espacio 4, donde trabaja desde hace más de diez años.