Operación Safiro alcanza, por fin, a Coahuila

El asesinato de Isaac Gamboa Lozano, mano derecha de Luis Videgaray, destapa la caja de Pandora. La vinculación a proceso de Ramos Flores por el desvío de 475 mdp abre una nueva grieta en el muro que protege al clan Moreira. A diferencia de sus antecesores juzgados en EE.UU., la FGR le permite al exsecretario de Finanzas enfrentar el proceso en libertad

«La frontera de papel», envuelta en llamas

En México, la justicia cojea de su pata más política. Mientras los exsecretarios de Finanzas del Gobierno del estado, Jorge Torres López (2005-2007) y Javier Villarreal (2008-2010), fueron encarcelados en Estados Unidos por lavado de dinero «proveniente de las arcas de Coahuila», el extesorero estatal Ismael Eugenio Ramos Flores (2014-2017) no solo podrá enfrentar en libertad un proceso judicial por el desvío de 475 millones de pesos durante el mandato de Rubén Moreira, sino que tampoco tendría que resarcir el daño al erario.

Esto, después de que en la audiencia judicial del pasado 22 de junio, la Fiscalía General de la República (FGR) cambiara a último momento la imputación en su contra de «peculado» a «uso indebido de atribuciones y facultades», por lo cual no fue solicitada la prisión preventiva ni garantía económica para la reparación del daño. Tan sorpresivo fue el cambio de carátula, que la defensa pidió un receso de 30 minutos para modificar su alegato, pues «veníamos preparados para responder por otro delito» (Aristegui Noticias, 23.06.22).

En contraste, tanto Villarreal como Torres no solo fueron encarcelados en Texas mientras se resolvían sus sentencias por lavado de dinero, en lo que se conoce como «Conexión Coahuila» (Espacio 4, 497), sino que como parte de los acuerdos en los que se declararon culpables entregaron a la justicia estadounidense decenas de millones de dólares en propiedades, negocios y cuentas bancarias en paraísos fiscales. Recursos que le pertenecen a Coahuila, pero que nunca fueron reclamados por el Gobierno de México.

El sorpresivo giro judicial favorece a Ramos, pues las penas que enfrenta son menores. Las de peculado van «de dos años a 14 años de prisión y de 100 a 150 días multa», más un tercio de las mismas «cuando los recursos materia del peculado sean aportaciones federales», como podría ser el caso. El delito de «uso indebido de atribuciones y facultades» prevé de seis meses a 12 años de prisión, de 100 a 300 días multa y la destitución e inhabilitación del cargo en caso de que el funcionario estuviera en funciones.

Si bien la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción no explicó las razones del cambio de imputación, sí solicitó que se confinara la movilidad de Ramos a Saltillo y que acudiera a la Unidad de Medidas Cautelares cada 15 días para firmar su libertad condicionada.

Sin embargo, el juez de Control Adscrito al Centro de Justicia Penal Federal de Torreón, Benito Edgardo Hernández Luna, le impuso como única medida cautelar no salir del país y entregar su pasaporte y visa estadounidense, bajo el cuestionable argumento de riesgos de contagio de COVID-19. El hecho de que Ramos compareciera por videoconferencia sugiere que el Ministerio Público federal había descartado de antemano la solicitud de prisión preventiva justificada.

Ramos es el principal imputado por la suscripción indebida de 18 contratos públicos por un monto de 475 millones de pesos, que fueron asignados a una red de empresas que compitieron entre sí durante procesos de licitación restringida. La investigación también incluye a Antonio Zerón Puga y Nazario Salvador Iga Torre, quienes se desempeñaron como director general y director de Adquisiciones de la Secretaría de Finanzas del estado.

Y aunque la FGR no lo menciona, el desvío podría estar relacionado con la «Operación Safiro», como se conoce al esquema que se utilizó para triangular recursos federales al Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI a través de los estados durante la administración de Enrique Peña Nieto (2012-2018). Este modus operandi fue el que aplicó el exgobernador de Chihuahua, César Duarte (2010-2016), quien fue detenido en Estados Unidos en julio de 2020 y extraditado a México en junio pasado para enfrentar cargos de peculado y asociación delictuosa con penalidad agravada, entre otros.

La investigación contra Duarte en Chihuahua pudo avanzar gracias a llegada del gobierno de alternancia de Javier Corral (PAN), quien se comprometió desde un principio a llegar al fondo del asunto.

En Coahuila, los hermanos Humberto y Rubén Moreira han librado la justicia gracias a la protección del Congreso y a organismos de control apéndices del PRI. Esto podría cambiar el próximo año si Morena pone fin a la hegemonía priista en el estado.

La ruta del dinero

La vinculación a proceso de Ramos deriva de una denuncia de la Secretaría de la Función Pública (SFP) por supuestas irregularidades en el manejo del Fondo para el Fortalecimiento Financiero (Fortafin). El fondo fue creado en 2016, en sustitución del Programa de Contingencias Económicas, y ese mismo año ejerció 62 mil 258 millones de pesos, un 53% del total del Ramo 23, al que pertenecía.

En 2017, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) advirtió que el órgano carecía de reglas y lineamientos de operación y sus beneficiarios. Ese año, Coahuila recibió mil 396.6 millones de pesos por medio del Fortafin. De éstos, mil 110 millones estaban previstos para el gasto corriente (SinEmbargo, 23-11-2020).

Los 18 contratos bajo investigación fueron firmados entre febrero y marzo del 2016 por conceptos de asesoría y análisis en diversos rubros, y se pagaron con recursos federales provenientes del polémico Ramo 23, que Morena busca desaparecer para acabar con el uso discrecional que pueden darle los gobernadores.

La asignación se realizó justo después de que se firmaran dos convenios entre el Gobierno de Rubén Moreira y el de Peña Nieto a través de la Unidad de Política y Control Presupuestario (UPCP) de la Secretaría de Hacienda (SHCP), cuyo titular era entonces Isaac Gamboa Lozano, asesinado en 2020 en circunstancias que apuntan a un crimen de Estado.

En su libro El caso viuda negra: El asesinato que pone al descubierto la mayor red de lavado de dinero en el Peñismo (Grijalbo, 2022), los periodistas Arturo Ángel, Manu Ureste y Zedryk Raziel ubican a Gamboa Lozano como el principal operador de una red de empresas fantasma que se utilizó para lavar miles de millones de pesos.

Su cercanía con el presidente Peña y el entonces titular de la SCHP, Luis Videgaray, lo convertían en un cabo suelto demasiado peligroso. Gamboa fue asesinado el 21 de mayo de 2020 junto con su madre, dos hermanos y una hermana, en Temixco, Morelos. La Fiscalía morelense sostiene que la instigadora del crimen fue su esposa Bethzabee Brito, quien habría ideado el asesinato junto a su amante, escolta de Gamboa. Si bien Brito está en prisión por el caso, tanto la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) como la Procuraduría Fiscal de la Federación estarían investigando otra hipótesis que apunta a un crimen político.

A través de contratos realizados con empresas fantasma, el Gobierno del priista César Duarte en Chihuahua habría desviado cerca de 250 millones de pesos al PRI, según consta en las investigaciones en su contra.

Pero Chihuahua no fue el único estado que trianguló recursos federales al PRI. Una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) estima que la «Operación Safiro» sumó un total de 650 millones de pesos provenientes —además de Chihuahua— de los estados de Durango (230.4 millones), Sonora (140.6 millones), Morelos (16.4 millones), Colima (15.1 millones), Estado de México (488 mil) y la delegación capitalina Milpa Alta (300 mil).

A esto habría que sumar los desvíos en Coahuila ¿Cuántos de los 475 millones de pesos desviados de la Sefin fueron a parar al PRI? Teniendo en cuenta el ascenso (y caída) de los hermanos Humberto y Rubén Moreira a la cúpula tricolor, no resultaría raro que el estado de Coahuila haya sido el principal contribuyente de la «Operación Safiro».

En este sentido, la investigación contra Ramos, quien fuera sucesor de Javier Villarreal al frente del Sistema de Administración Tributaria del Estado de Coahuila (SATEC) durante la gubernatura interina de Jorge Torres en 2011, y a quien salpica el desvío de recursos de Coahuila a 13 empresas fantasma por 410 millones de pesos, entre 2011 y 2017, podría marcar el fin de la impunidad del moreirato.

Cabe recordar que en Chihuahua, el extitular de la Secretaría de Educación estatal, Ricardo Yáñez, declaró ante el MP que durante una reunión en la sede nacional del PRI, dirigentes del tricolor le dijeron que no tenía de qué preocuparse, pues las empresas fantasma «estaban blindadas por parte del SAT (Servicio de Administración Tributaria), y que además Chihuahua no era el único estado en que se había manejado el desvío de fondos, que también había ocurrido en otras entidades con una mecánica similar». Yáñez fue sentenciado a cuatro años de prisión por el delito de desvío de recursos.

Ante la posible caída del muro de protector del PRI, ¿tendrá Coahuila su propio Yáñez?

El pez por la boca muere

Cuando la justicia aprieta, se acaban las fidelidades. Pasó en Chihuahua, con exfuncionarios de Duarte, y pasó en Texas con varios procesados por lavado de dinero, entre ellos Villarreal (quien espera sentencia en EE.UU.), y el empresario Luis Carlos Castillo Cervantes, conocido como «El Rey de los Dragones» (detenido en 2016 y condenado a cinco años de libertad condicional en 2021), quienes acusaron a funcionarios y empresarios coahuilenses de formar parte de un esquema para lavar dinero desviado del erario de Coahuila en el sexenio de Humberto Moreira (Espacio 4, 621).

Al menos dos de los señalados, Jorge Torres y Rolando González Treviño, dueño de Núcleo Radio Televisión (NRT), pisaron la cárcel. En junio de 2021, Torres fue liberado tras cumplir una pena de 36 meses de prisión por el delito de lavado de dinero. En 2016, González Treviño recibió una condena de cinco años de libertad condicional, luego de haberse declarado culpable de lavado de dinero. En su acuerdo con la justicia de EE.UU., González Treviño declaró que Moreira «robó dinero de la Tesorería de Coahuila dirigiendo contratos estatales a partidarios políticos que eran dueños de medios de comunicación, empresas constructoras y empresas de servicios de aviación».

Otros involucrados en la trama, como Vicente Chaires (asistente personal de Humberto Moreira), Roberto Casimiro González (dueño de la televisora RCG) y el mismo Humberto Moreira, han logrado evadir la justicia, aunque a salto de mata. En 2011, Chaires tuvo que comparecer ante la PGR acusado de ser el «prestanombres» de Moreira; en 2016, la residencia de Roberto Casimiro en Saltillo fue cateada por la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO); en enero de ese mismo año Humberto Moreira fue detenido en España acusado de lavado de dinero, pero fue liberado semanas después tras la presión del Gobierno mexicano.

Y es justamente Humberto Moreira quien podría hundir a su hermano Rubén. En su reaparición pública el pasado 18 de mayo, en el homenaje póstumo del Gobierno del estado al exgobernador Eliseo Mendoza Berrueto, HMV despotricó contra Peña, a quien llamó «traidor», y contra su hermano Rubén, de quien dijo se arrepiente de haberlo «puesto» en la gubernatura. En sus declaraciones, Moreira asegura que PRI y PAN se repartían gubernaturas, premiaban con recursos a los estados, que se acoplaban a los acuerdos y castigaban a los que no (Espacio 4, 693).

La disputa entre los Abel y Caín de Coahuila podría ser una bendición para el estado. Al tiempo. E4


«La frontera de papel», envuelta en llamas

En la última década y media, el estado ha acaparado los reflectores nacionales por escándalos de corrupción, como la «megadeuda» de más de 40 mil millones de pesos (moreirazo) o la «Conexión Coahuila», que puso a la entidad en el centro de un esquema de lavado de dinero de alcance internacional, ambos durante la gubernatura de Humberto Moreira (2005-2011).

Los escándalos continuaron durante la administración de Rubén Moreira (2011-2017), con el desvío de millones de pesos a empresas fantasmas, el cual salpicó incluso a la gubernatura de Miguel Riquelme (2017 a la fecha).

Según la investigación «Frontera de papel: Desvíos de empresas fantasma en el norte de México», elaborado por la organización Iniciativa Sinaloa en alianza con el Border Center for Journalists and Bloggers (que forman parte del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte), de 2014 a 2019, gobiernos de estados y municipios fronterizos del norte de México facturaron, al menos, 2 mil 628 mdp con 536 empresas fantasma (Espacio 4, 645).

Coahuila fue el estado que más facturó a empresas de papel: 745 millones 397 mil pesos, solo después de Tamaulipas (mil 289 millones 513 mil pesos) y seguido de Nuevo León (poco más de 284 mdp).

Hoy, todo apunta que este esquema formó parte del entramado de lavado de dinero aún más grande, que durante la administración de Enrique Peña habría desviado unos 5 mil 800 millones de pesos (El País, 11-06-22). Una gran parte de este dinero se habría canalizado a financiar campañas del PRI a las gubernaturas y a pagar moches a diputados de oposición para que aprobaran la Reforma energética de Peña Nieto (2013-2014). Otra parte fue a parar a los bolsillos de funcionarios, gobernadores, tesoreros y demás involucrados, incluso a sus esposas, prestanombres y propiedades y negocios en el extranjero.

El primer exgobernador procesado por este esquema es el chihuahuense César Duarte, pero también existen investigaciones en curso otros estados.

En Durango, el gobernador José Rosas Aispuro inició una investigación contra el gabinete de su antecesor, el priista Jorge Herrera, por presuntas irregularidades en el manejo de recursos estatales y federales. En Tamaulipas, el gobernador panista Francisco García Cabeza de Vaca enfrenta un desafuero y una orden de aprehensión por el ilícito de defraudación fiscal y nexos con la delincuencia organizada. En Campeche, la gobernadora morenista Layda Sansores denunció ante la FGR a su antecesor Alejandro Moreno, líder nacional del PRI, por enriquecimiento ilícito.

En los casos de Chihuahua, Durango y Campeche, el dominador común del inicio de las investigaciones fue la alternancia en la gubernatura. Coahuila podría correr la misma suerte en 2023. E4

Argentina, 1977. Periodista, editor y corrector de periódicos mexicanos y argentinos. Estudió Comunicación Social y Corrección Periodística y Editorial en Santa Fe, Argentina. Actualmente es jefe de Redacción de Espacio 4, donde trabaja desde hace más de diez años.

Un comentario en “Operación Safiro alcanza, por fin, a Coahuila

  1. Acá otra pista….

    La conexión Alejandro Alberto Zubiria FIDEMONT/ ONT GLOBAL con Duarte, Collado, Del Mazo ente muchos priistas que lavan, evaden y desvían fondos en esta empresa fastasma.
    Cuando el escándalo de andorra, Alejandro Zubiria envió a una ex empleada de a Fidemont, Jimena Atlante con base en Madrid, hoy reemplazada por Juan Eugenio Pascual, a destrabar las cuentas de Juan Collado y “otros clientes”
    La ruta del lavado, evasión, corrupcion, desvió millonarios está por aquí
    Fidemont/ ONT GLOBAL
    La empresa fantasma Fidemont Group opera en Mexico a cargo de Alejandro Alberto Zubiria, triangula con Miami a través de Maria Florencia Ribes, otra argentina vinculada a Ciccone y Odebrect y con Curacao a cargo de Belén Scarso Sprengers y Carolin Mirabal. Desde Argentina Paula Maccarrone y Matías Saenz Briones.
    Se lava el dinero en Mexico y pasa por Miami y Curarao. Pero hay alguien más detrás del narco Lavado que genera Alejandro Alberto Zubiria desde Mexico.
    La empresa Advanta, firma holandesa de Maurits Fillet esposo de Ribes. Así opera parte del narco lavado desde Mexico. Investiguen estos nombres y estas triangulaciones, encontrarán la trama secreta de los negocios de narco lavado, fraude y estafa.
    Odebretch, Panama Papers, Ciccone, Andorra papers
    Ahora Fidemont cambio de nombrie y es ONT GLOBAL, misma gente y mismos servicios de lavado de dinero
    Desde Londres José Neif Jury Fabre opera para FIDEMONT lavando con cripto monedas
    El despacho fantasma FIDEMONT MEXICO ahora ONT GLOBAL se encuentra en Montes Urales 635 Int 401 Lomas de Chapultepec, Empleados Alejandra Morales-Alejandra Delgado contadoras
    Itzel Hernandez-Vanesa Cortez asistentes
    Arturo Medina Robles chofer, encargado de transportar las maletas de dinero y de las operaciones difíciles con narcos y políticos mexicanos
    Alejandro Zubiria fue detenido junto a Medina Robles en diciembre 2013 por PGR transportando inemsas maletas de dinero donde casualmente estaban las oficinas de Odebretch en montes Urales!!!
    Y en enero 2014 fue detenida Florencia Ribes en el hotel Camino Real de Tlalpan por lo mismo. Ambos fueron asistidos por el abogado Hector Loyo Urreta.
    Por supuesto salieron dando parte del dinero de esas maletas..
    Matías Saenz Briones IT Manager de FIDEMONT MEXICO/ ONT GLOBAL es quien desde Buenos Aires se encarga de encriptar y limpiar todas las redes de la empresa para que no queden los registros de las “operaciones ilegales”.
    Operan también para FIDEMONT GROUP MEXICO ONT GLOBAL
    Desde Madrid, Juan Eugenio Pascual
    Desde Bahamas Jullisa Abigail Comenencia-Koolman, quien estaba en Curazao (caso Ciccone) y luego del escándalo se va a Bahamas. Asume como Directora de FIDEMONT Curacao, Florencia Ribes desde 2010 al 2018 fecha en la que se va a Miami. Continua con FIDEMONT pero por los casos resonantes de corrupcion y lavado deciden cambiarle el nombre a ONT GLOBAL.

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