Partidos: adicción al presupuesto y a las prebendas en el Congreso

El proyecto recoge demandas de la sociedad y propuestas que otras fuerzas políticas hicieron tiempo atrás. La presidenta Sheinbaum disipa dudas: la autonomía del INE y la representación de las minorías está garantizada. Opinólogos y opositores critican la iniciativa sin conocer su contenido, dice

México tiene el Congreso más numeroso de América

El día que Calderón regresó a la Tesorería $29 millones

«¿Qué hace falta para ganar la presidencia?». «Dinero, dinero, dinero». Vicente Fox respondió la pregunta retórica de uno de los empresarios, procedentes de distintas partes del país, en una cena en casa de Alejandro Gurza, en Torreón. La frase resume el pensamiento del exsenador Robert C. Byrd al respecto: «Es dinero, dinero, dinero. No ideas ni principios, sino el dinero lo que reina de forma suprema en la política estadounidense» (y en el mundo). La cuestión —planteada aquella noche— la resolvió en parte la asociación Amigos de Fox. Tras el triunfo del guanajuatense, el Instituto Federal Electoral (IFE, antecedente del INE) descubrió operaciones irregulares por 91.2 millones de pesos. Fox había excedido el tope de gastos de campaña. El caso se zanjó con una multa por 354 millones de pesos al PAN y de 196 mdp a su aliado, el Partido Verde (Alianza por el Cambio).

El dinero no influyó mayormente en la victoria de Fox, sino el voto de millones de mexicanos. El panista superó por más de seis puntos porcentuales a su rival más próximo (Francisco Labastida, PRI); y por 26, al siguiente (Cuauhtémoc Cárdenas, PRD). Las claves de la alternancia fueron el hartazgo contra el sistema y el deseo de cambio. Fox fue el catalizador. El financiamiento ilegal, por su cuantía, pasó a segundo término. En 2012, Enrique Peña Nieto rebasó en más de 4 mil millones de pesos el límite de gastos de campaña determinado por el IFE (328 mdp). Así lo estableció la comisión especial el caso Monex de la Cámara de Diputados, cuando Peña ya estaba en funciones. El dinero, en este caso, sí incidió en el resultado.

«La presencia del dinero en la política mexicana ha sido y es muchas cosas a la vez: necesidad, exceso, inequidad, litigio, corrupción, entre otras», advierte Eduardo R. Huchim, exconsejero del Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF), en el artículo Gasto de campaña en 2012: la equidad rota. Discutible constitucionalidad de la elección presidencial (Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM). El dinero «también es desmesura», apunta el escritor yucateco, «si recordamos que los partidos políticos se han permitido fijar su financiamiento no solo en la ley, sino en la Constitución misma».

Movimiento Progresista (PRD, PT y Movimiento Ciudadano), que había postulado a Andrés Manuel López Obrador, demandó anular la elección. Para estudiar el fondo de los agravios, dice Huchim, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) formuló ocho apartados: «1) Adquisición encubierta (de publicidad) en radio, televisión y medios impresos; 2) Uso indebido de encuestas como propaganda electoral; 3) Financiamiento encubierto por conducto de Banca Monex, S. A.; 4) Conceptos de agravio relacionados con Tiendas Soriana.

»5) Gastos excesivos en campaña electoral y aportaciones de empresas mexicanas de carácter mercantil; 6) Intervención de Gobiernos (federal y locales; 7) Compra y coacción del voto, antes, durante y después de la jornada electoral; y 8) Irregularidades ocurridas durante los cómputos distritales». No obstante el cúmulo de irregularidades, el TEPJF validó la elección de Peña Nieto. «De ese modo», observa Huchim, «el tribunal extendió un manto protector a la coalición acusada (Compromiso por México/PRI-Partido Verde), y le dio un renovado impulso al uso de dinero ilegal en las campañas. Con esos vientos en la popa, continuará su navegación vigorosa y perversa la práctica de rebasar los topes de gastos de campaña bajo la lógica de que el puesto obtenido ilegalmente se conserva a pesar de que se transgreda la Constitución y el Cofipe (…), aunque se tenga que pagar una sanción económica».

Enmiendas bajo presión

El financiamiento público a los partidos se disparó en el Gobierno de Enrique Peña Nieto. Así pudo apaciguarlos y tenerlos bajo su órbita. Cada presidente ha impulsado su propia reforma política, sobre todo después de elecciones controvertidas que sacudieron al régimen y lo pusieron a prueba. José López Portillo, por haber competido solo en 1976. Carlos Salinas de Gortari y Felipe Calderón, por los fraudes electorales de 1988 y 2006. Ernesto Zedillo, por el apoyo que recibió del aparato gubernamental para ganar. Y Peña Nieto, por el uso indiscriminado de dinero para comprar votos. La reforma de 2014 enriqueció a los partidos. De esa manera, Peña consolidó la alianza de facto entre las principales fuerzas políticas del país (PRI-PAN-PRD) y aseguró el voto de sus diputados y
senadores para enmendar la Constitución.

En 2014 el Instituto Nacional Electoral (INE) asignó a los partidos una bolsa por 4 mil 44 millones de pesos; al año siguiente, ya con la reforma peñista, subió a 5 mil 356 mpd, más del 30 %. En las elecciones generales de 2018, para presidente y Congreso, el financiamiento escaló a 6 mil 788 mdp. El PRI recibió 1,641; el PAN, 1,218; el PRD, 744; y Morena, 618. La diferencia se repartió entre las demás organizaciones. El presupuesto aumentó a 10 mil 444 mdp en 2024 por el número de cargos en disputa, más de 20 mil. El financiamiento a los partidos ascenderá a 7 mil 737 mdp este año, no obstante que solo habrá elecciones en Coahuila.

Los partidos no solo reciben dinero federal. La reforma de 2014 también les abrió las arcas de los 32 estados con sumas casi equivalentes. La adicción al presupuesto explica el rechazo de las cúpulas partidistas a la reforma de la presidenta Claudia Sheinbaum para limitarlo. La democracia no les preocupa tanto como sus bolsillos. La renovación de sus dirigencias ha sido todo, menos democráticas. Alejandro Moreno (PRI) cambió los estatutos para eternizarse. Marko Cortés y Jorge Moreno (PAN) son extensión de Ricardo Anaya, quien ahora ostenta una senaduría plurinominal. La partidocracia paga a sus burocracias y se sostienen con recursos del erario sin mover un dedo. La votación y la militancia de los partidos tradicionales se ha desplomado.

Si los partidos dan señales de vida solo cuando hay elecciones, el financiamiento público debería limitarse a los periodos de campaña. Las tareas ordinarias pueden sufragarse con trabajo, sorteos y aportaciones de sus afiliados y simpatizantes. El elevado abstencionismo —de 40 % o más, según la elección—, refleja la apatía de los partidos frente a un electorado escéptico y sin incentivos para acudir a las urnas. Los partidos figuran entre las instituciones peor calificadas del país; entre otras razones por privilegiar sus intereses. Sus líderes se refugian en el Congreso para mantenerse impunes. La eliminación del fuero les asusta.

El propósito de reducir el presupuesto no es empobrecer a los partidos, dice el periodista Eduardo H. Huchim, sino de «adecuarlos a la situación económica del país y de eliminar recursos que frecuentemente sirven para la compra e inducción del voto». El exconsejero del Instituto Electoral del Distrito Federal advierte, desde hace más de una década: «No es racional ni ética la existencia de partidos ricos en un país que, en su inmensa mayoría, no lo es». Asimismo le parece conveniente «retirar de la Constitución las disposiciones puntuales sobre el financiamiento de los partidos políticos, habida cuenta de que ningún otro ente goza de ese injustificado privilegio».

El canto del cisne

Existe consenso de que el mejor Instituto Federal Electoral (antecedente del INE) fue el dirigido por José Woldenberg y siete consejeros, propuestos por los grupos parlamentarios de la Cámara de Diputados. El consejo general, elegido unánimemente por los diputados del PRI, PAN y PRD, resultó de la reforma de 1996 promovida por Ernesto Zedillo para liberar al IFE de la tutela presidencial. El país había pasado por una elección inequitativa, precedida por el asesinato del candidato del PRI, Luis Donaldo Colosio. En ese nuevo marco legal, la ciudadanía y las oposiciones hicieron posible la alternancia, en 2000, con el ascenso del PAN a la presidencia.

El IFE ciudadanizado cumplió las expectativas y obtuvo reconocimiento internacional. Sin embargo, la ríspida renovación de su consejo, en 2003, borró esa imagen y anticipó conflictos. La alianza PRI-PAN empezaba a fraguarse. Se repartieron los nueve asientos sin escuchar las demandas del PRD, PT y Convergencia para incluir en el listado perfiles con experiencia electoral. El coordinador de la fracción parlamentaria del PRD, Pablo Gómez, denunció desde la tribuna del Congreso, la participación, en el nuevo órgano, de «personas que han sido representantes del priismo ante el IFE y asesores de los principales ejecutores de la alquimia electoral» (La Jornada, 01.11.03).

El periodista Roberto Garduño dice en su crónica: «En la burbuja priista, burlones, Elba Esther Gordillo y Miguel Ángel Yunes festejaban el triunfo y alentaban los denuestos al opositor». Uno de los consejeros impuestos por el oficialismo era Virgilio Andrade Martínez, colaborador de César Augusto Santiago —«nombre esencial en las más oscuras historias de mapachismo electoral»—, secretario de Acción Electoral del PRI bajo la presidencia de Roberto Madrazo. Andrade fue el secretario de la Función Pública que exoneró al presidente Peña Nieto del delito de conflicto de interés por la compra de la «casa blanca» a un contratista del Gobierno. Pablo Gómez dirige hoy la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral. El PRI y el PAN se han vuelto a unir, esta vez para oponerse a la reducción del financiamiento público a los partidos y del número de diputados y senadores plurinominales.

El IFE impugnado por el frente PRD-PT-Convergencia no pasó la prueba. En las elecciones presidenciales de 2006 inclinó la balanza por el PAN y su candidato Felipe Calderón, cuando las votaciones favorecían a Andrés Manuel López Obrador, e incendió al país. El presidente del organismo, Luis Carlos Ugalde, renunció en diciembre de 2007 y en su lugar se nombró a Leonardo Valdés Zurita. El IFE se transformó en INE en 2013 —Lorenzo Córdova ocupó la presidencia—, pero no dejó de estar en manos de la mayoría parlamentaria del PRI y el PAN. Los consejeros propuestos por Calderón y Peña Nieto fueron aprobados sin chistar ni mistar.

La reforma electoral del expresidente López Obrador no pasó por falta de mayoría calificada en el Congreso. «El INE no se toca», consigna de un sector de la sociedad y de los poderes fácticos, tampoco tuvo eco entre la mayoría. El órgano electoral perdió respaldo y credibilidad tras las elecciones de Calderón y Peña Nieto. La primera se impugnó por fraudulenta y la segunda por el gasto de campaña, que sobrepasó en más de 10 veces el tope legal. La presidenta Claudia Sheinbaum tiene mayoría calificada en el Congreso para modificar el sistema electoral. Las tornas se invirtieron. E4

«La presencia del dinero en la política mexicana ha sido y es muchas cosas a la vez: necesidad, exceso, inequidad, litigio, corrupción, entre otras».

(Eduardo R. Huchim, Gasto de campaña en 2012: la equidad rota)

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México tiene el Congreso más numeroso de América

Estados Unidos y Brasil, los países más poblados, funcionan con menos legisladores. El PAN propuso en 2014 recortar la representación proporcional

El Congreso bicameral de México es el más grande de América, no obstante ser el tercero en población (133 millones). La Cámara Baja cuenta con 500 escaños, y la Alta, con 128. Estados Unidos (341 millones) tiene 435 representantes y 100 senadores. En Brasil (213 millones) el Congreso Nacional lo componen 513 diputados y el Senado, 81 miembros. Nuestro país llegó a las cifras actuales tras una serie de reformas —profundizadas a partir de 1977— tendentes a sustituir el sistema de partido hegemónico por uno pluripartidista.

Uno de los elementos de la enmienda propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum consiste, precisamente, en reducir el Congreso mediante el recorte de diputados y senadores de representación proporcional (plurinominales) cuyo número actual es de 200 y 32, respectivamente. Otro punto, también rechazado por las oposiciones, es la disminución del financiamiento público a los partidos. Este año, los seis con registro recibirán del Instituto Nacional Electoral (INE) y de los Organismos Públicos Locales (Oples) más de 14 mil millones de pesos.

La figura de legislador plurinominal se creó para asignar a los partidos escaños de acuerdo con la votación total de cada uno, con salvaguardias para evitar sobrerrepresentación. También abrió las puertas del congreso a personas sin carrera política (especialistas, académicos y escritores) cuya experiencia fue útil. Sin embargo, el nepotismo y las cúpulas p artidistas terminaron por ocupar esos espacios; en muchos casos, para evadir la justicia por delitos de corrupción. Los últimos líderes del PAN, PRI, PT, Partido Verde y Convergencia han pasado de una cámara a otra por la vía de la representación proporcional.

La idea de reducir la cantidad de plurinominales no es nueva. El senador Martín Orozco Sandoval (PAN) la planteó en 2014, durante el Gobierno de Peña Nieto. «El debate de los últimos años en torno a la reforma del Estado coincide con la necesidad de disminuir el número de legisladores (a 400 en la Cámara de Diputados y a 96 en el Senado)… la mayor parte de los grupos parlamentarios (…) han coincidido. (…) La elección de legisladores por el principio de representación proporcional —admite— desempeñó un mecanismo trascendental para que el sistema de partidos mexicanos gozara de mayor pluralidad y competitividad».

Sin embargo, advierte, una vez alcanzado ese propósito «resulta oportuno replantear el debate en torno al número de legisladores que no son electos por mayoría relativa», para lo cual propone reformar los artículos 52, 53, 54 y 56 de la Constitución. «Un sector importante de la sociedad mexicana demanda la reducción del número de legisladores debido a que percibe al Poder Legislativo Federal como una institución política con poco valor», dice el senador por Aguascalientes, quien más tarde ocuparía la gubernatura.

Orozco tomó en consideración el Informe Parlamentario Mundial de 2012, levantado en 190 países: «México se encuentra entre los 13 principales países con cuerpos legislativos muy extensos (…), solo el 7 % de los poderes legislativos existentes en el mundo cuentan con más de 628 parlamentarios». El nuestro tiene 700. El panista pide congruencia «entre el decir y el hacer de la clase política». Al respecto, cita un párrafo de la plataforma electoral del PRI: «(…) resulta pertinente valorar las propuestas de reducción del número de legisladores planteada por distintos sectores de la sociedad; o alguna otra alternativa…». Marcelo Torres, entonces vicecoordinador de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, apoyó la propuesta.

La reforma peñista dejó a un lado la reducción de diputados y senadores plurinominales —respaldada por líderes del PAN, PRI y PRD— porque el Congreso no lo controlaba el presidente, sino las cúpulas partidistas. Los factores que hoy concurren para achicar el Congreso, con menos legisladores de representación proporcional y un nuevo esquema de elección, son: La voluntad de la presidenta Sheinbaum para hacer realidad una añeja demanda ciudadana, y la mayoría de Morena y sus aliados (PT y Verde) para votar la enmienda en ambas cámaras. E4

	Población	Congreso	Congreso
México	133 millones	500 diputados	128 senadores
Estados Unidos	341 millones	435 diputados	100 senadores
Brasil	213 millones	513 diputados	81 senadores

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El día que Calderón regresó a la Tesorería $29 millones

El criterio es el mismo que hoy se esgrime para modificar el sistema comicial: menos dinero a las fuerzas políticas y más para inversión pública

Felipe Calderón entregó a la Tesorería de la Federación un cheque por 29.1 millones de pesos, el 24 de enero de 1997, cuando era presidente del PAN, por considerar «excesivo» el financiamiento público asignado ese año a los partidos: 2 mil 111 millones de pesos, de los cuales 527 mdp correspondían a Acción Nacional. El reembolso representaba el 39 % del subsidio recibido en noviembre y diciembre de 1996, dice el escritor Eduardo R. Huchim May en el análisis «El dinero de los partidos. Treinta años de financiamiento público en México (1977-2007)», publicado por el Instituto Electoral del Estado de México.

Calderón arguyó que los fondos reintegrados al erario —por una sola vez— podrían servir para «instalar 1,500 kilómetros de alumbrado público, suficientes para iluminar las carreteras México-Chihuahua o Nuevo León-Oaxaca; o bien construir 500 parques infantiles». Uno de los argumentos de la presidenta Claudia Sheinbaum para reformar el sistema comicial es que las elecciones en México son de las más onerosas del mundo, y que los ahorros que se obtengan se invertirán en obras y servicios. La reforma —asegura— busca fortalecer la democracia, respeta la autonomía del Instituto Nacional Electoral (INE) y la representación de las minorías.

Sheinbaum ironiza: Los «comentócratas» critican una reforma cuyo contenido ignoran, pues aún no está terminada. Resulta que «estos que hicieron fraudes electorales, que se convirtieron en PRIAN» y empobrecieron al pueblo con el modelo neoliberal «ahora son los “paladines de la democracia… y ahora ellos son los que dicen a nosotros “autoritarios” (…). Parece que la democracia es que todas las élites estén representadas en el Gobierno. No, es del pueblo. ¡¿Cómo va a haber democracia sin pueblo?! Eso no existe», dijo en la rueda de prensa del 20 de enero.

La presidenta pugna porque los diputados, senadores y regidores de representación proporcional, cuyo número la reforma busca reducir, sean elegidos de manera directa por los ciudadanos. Así se evitará que las cúpulas y las burocracias de los partidos se perpetúen como legisladores. Deben ir al territorio a pedir el voto, en vez de saltar de sus oficinas al Congreso como ahora ocurre, apunta.

Los partidos se aferran al financiamiento público y a los cargos de representación proporcional que ocupan en la Cámara de Diputados, el Senado y los ayuntamientos. Sheinbaum advierte que el presupuesto de la partidocracia, el INE y los Organismos Públicos Autónomos (Oples) será menor en el futuro sin afectar sus funciones. El presupuesto del INE asciende este año a 14 099 millones de pesos. El financiamiento a los partidos es por 7737 mdp. Aparte podrán recibir hasta 147.3 mdp —en dinero o en especie— de su militancia y un máximo de 66 mdp de sus simpatizantes, cuyas aportaciones individuales no podrán exceder los 3.3 millones de pesos.

Este año solo habrá elecciones en Coahuila para renovar el Congreso, compuesto por 16 diputados de mayoría relativa y nueve de representación proporcional. Las votaciones serán el 7 de junio. Morena y el Partido del Trabajo (PT) irán en alianza; el PRI y Unidad Democrática, también. El PAN y el Partido Verde participarán en solitario. Acción Nacional puso «punto final» en su última asamblea a «una era de coaliciones». Infructuosas en la mayoría de los casos, salvo en Coahuila, pues perdió la presidencia de la república de manera abrumadora y la mayoría de las gubernaturas por las que contendió junto con el PRI y el PRD. E4

Presupuesto del INE es de 14 mil 99 mdp

Financiamiento público por partido para el 2026

Partido político	Act. ordinarias permanentes ($)	Act. específicas ($)	Franquicia postal y telegráfica ($)	Total ($)
morena	2,615,798,382	78,473,952	12,338,043	2,706,610,377
PAN	1,297,873,517	38,936,206	12,338,043	1,349,147,766
PRI	982,462,839	29,473,885	12,338,043	1,024,274,767
MC	969,301,220	29,079,036	12,338,043	1,010,718,299
PVEM	832,101,904	24,963,057	12,338,043	869,403,004
PT	670,613,764	20,118,413	12,338,043	703,070,220
Total	7,368,151,626	221,044,549	74,028,258	7,663,224,433