El poder enajena. Aparta de la realidad a quien lo ostenta. Única vacuna, la autocontención y promover un particular sentido de lealtad en el círculo cercano de colaboradores, que implica honestidad y veracidad en la comunicación. La pérdida de piso es tan común; más ahora cuando el liderazgo se recrea entre la soberbia, la intolerancia y el narcisismo. Éste no está en los defectos de la presidenta Claudia Sheinbaum, sí los primeros, si se mide su actitud con sus adversarios o críticos.
Las pretensiones mayores de un gobernante no son grave defecto si se ponderan con inteligencia y razón. Las ideas fijas y los dogmas suelen generar adhesión, más en una sociedad de cultura fincada en la verticalidad y obediencia. El problema es que a la larga conduce al desastre porque la realidad se impone por más elevada que sea la misión y visión desde el poder. Una de las esperadas virtudes de la presidenta Sheinbaum, su formación académica, abre la expectativa de que sea más proclive a la reflexión que su antecesor. Aunque inamovible en los temas fundamentales, en otros ha habido flexibilidad, desafortunadamente en asuntos de importancia relativamente menor o para ceder ante la presión al interior de su coalición.
Error grave en la manera de abordar el tema de los desaparecidos en el caso Teuchitlán, Jalisco. No todo ha sido desastre, por ejemplo, la intervención del fiscal Gertz Manero le dio espacio y dirigió el reclamo a las autoridades locales. Fue positivo anunciar iniciativas en materia de búsqueda, después de la pésima respuesta de inicio. Sin embargo, la idea de una campaña articulada de la oposición manipulando el agravio social por los desaparecidos es falsa y ofensiva. La presidenta, sin razón alguna, se puso del lado equivocado al tergiversar el problema y, como López Obrador, desentenderse de las víctimas y fustigar a quienes denuncian el drama nacional por una tragedia de magnitudes mayores.
En el intento fallido por esquivar el golpe le dio profundidad y vigencia. No le funcionará que la indignación se limite al Gobierno local opositor, tampoco reducir la polémica al caso de Teuchitlán. Muchas partes del país son cementerio con fosas clandestinas; son varios los gobernadores morenistas implicados con el crimen por complacencia o connivencia. La realidad es que en el sexenio de López Obrador hubo 52 mil desaparecidos y que en este Gobierno se registran 42 por día. Las cifras son apabullantes, porque igual que con Ayotzinapa, desaparecido es igual a asesinado.
Hasta semanas recientes el tema de los desaparecidos no merecía atención presidencial. No estaba en los compromisos de Gobierno. Más aún, el presupuesto para tales acciones se había reducido en el anterior Gobierno y en éste. Las dos unidades técnicas para la identificación científica de restos humanos, el Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense (MEIF) y el Centro Nacional de Identificación Humana (CNIH), han sido abandonados después de un impulso inicial. La Comisión Nacional de Búsqueda, creada en 2017, se volvió marginal y reveladora su distancia de los colectivos civiles de búsqueda. La CNDH está ausente en el tema, porque su función ha sido avalar al Gobierno, no salvaguardar los derechos humanos, entre éstos el derecho a justicia de las víctimas. Una insulto a la razón y ofensa mayor el frustrado intento presidencial de desaparecer a los desaparecidos.
La presidenta Sheinbaum paga la omisión y su pésima estrategia revela la pérdida de sentido de realidad por tres problemas mayores: su determinación de cuidar a toda costa al pasado, su pulsión intolerante y la ausencia de un círculo cercano que le permita conducir con acierto la crisis. Su Gobierno es parte del problema, no solución, porque en lugar de entender la indignación nacional por los desaparecidos se recurre a una respuesta elusiva, que representa una afrenta a las víctimas y al reclamo nacional de enfrentar la tragedia de los desaparecidos.
El presidente Peña Nieto se equivocó con los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa porque perdió sentido de realidad. Al no actuar proactivamente el asunto creció hasta explotarle en las manos; tan grave que al paso del tiempo y en su búsqueda de ganar legitimidad, al Gobierno de López Obrador le dio por hacer prendas de sacrificio al entonces procurador Murillo Karam y Tomás Zerón, responsable de la investigación. Hoy es el inicio de una exigencia que trascenderá al Gobierno de la presidenta Sheinbaum, lo más razonable es que ella participara de la demanda de justicia sin ambigüedad ni verdades a medias. Se requiere asumir la realidad y todas sus implicaciones para el régimen.
Ironía en opinadores
Llama la atención la persistencia de destacados, creíbles y rigurosos opinadores y analistas en los medios de comunicación sobre la presidenta Sheinbaum. Están empecinados con su antecesor y para ello sobrevaloran lo que más bien parecen gestos propios de un estilo de gobernar. Ella es más dada a la reflexión que al impulso, propio de Andrés Manuel López Obrador; se inclina más por la estrategia que la intuición. En el afán de construir una imaginaria ruptura son generosos y elusivos, porque la opinión no debiera ser a la persona, sino a lo que se hace, a la sustancia y allí, fuera del importantísimo tema de seguridad pública, el cambio más bien es de formas. Sin duda, para agradecer que se trascienda el insulto y majadería, pero no es lo que debe importar. La intimidación a la libertad de expresión persiste y como en el pasado, corre a cuenta de los mismos empresarios de medios mediante la oprobiosa autocensura. No todos, por suerte, pero casi.
Hay que observar con cuidado y no conceder la merma de libertades porque en esta etapa se vive la normalización del régimen autocrático; no se requieren soldados en las calles, ni hogueras, paredones o guillotinas para cercenar la libertad y la coexistencia de la diversidad. El impulso autocrático ahora transita por vías más sutiles como el imperio de la mentira y de la propaganda, que cobra fuerza por la ausencia de una deliberación sobre el régimen y más delante por el estado de indefensión ciudadana por la ausencia de un sistema confiable de justicia.
Una coyuntura para valorar el estado de cosas es la manera como la presidenta ha encarado dos retos sumamente críticos: por una parte, la embestida contra México de Trump, con la recurrente sobre exposición de lo hecho bien, como es la prudencia de la presidenta; pero se obvian tres aspectos que ponen en entredicho lo fundamental: se enviaron a EE. UU. a 29 criminales, algunos de ellos presuntos porque no tenían sentencia, al margen de las garantías de la extradición, falta mayor equiparable al secuestro de El Mayo y su entrega a las autoridades norteamericanas; sin duda una concesión mayor a cuenta de la soberanía nacional. En EE. UU. se armó un revuelo enorme por el envío de venezolanos a El Salvador, invocando una vieja legislación de guerra que prescindía de las garantías a los detenidos. Aquí en México silencio y hasta reconocimiento porque no hay sentido del principio de legalidad. Segundo, no menos gravoso para la soberanía ha sido permitir el vuelo de naves militares sobre el territorio nacional, realizando actividades de espionaje y, tercero, se ha violentado el acuerdo comercial, no se ganó la batalla alguna, los aranceles se impusieron y amenazan con ampliarse. Trump dobló al Gobierno y, también, a la opinión pública nacional.
Por la otra, en el tema de los desaparecidos y la corrección que hiciera la presidenta después de su desastrosa respuesta, se pondera en exceso. Bien y encomiable la corrección, pero es inaceptable que la indignación por los desaparecidos sea descalificada por la presidenta y los suyos como una campaña opositora carente de veracidad y sustento. Lleva implícito el cuestionamiento a las víctimas y a los hechos mismos. Además, la propuesta, independientemente de sus virtudes, excluye lo fundamental; la solución se construye desde los estados y los municipios. Si no se dan capacidades, recursos y elementos para la investigación forense en esos ámbitos, difícilmente habrá un cambio. La solución está en lo local y en la integración de las víctimas y los colectivos relacionados en la investigación, como la iniciativa del senador Beltrones plantea. Nuevamente, hay que valorar los resultados no las intenciones.
Una ironía que observadores afines al régimen como Viridiana Ríos y Jorge Zepeda Paterson sean más rigurosos y planteen más reservas sobre lo que se ha hecho en el pasado reciente en materia de desaparecidos, al tiempo que muchos comentaristas que han mantenido una postura independiente o crítica ahora celebran. A unos mueve el rencor hacia el rencoroso y en ese empeño pierden sentido y razón crítica al nuevo Gobierno. El pasado no merece exoneración, mucho menos que se vuelva coartada voluntaria o involuntaria para transitar a la condición de analistas complacientes y algunos hasta aplaudidores, precisamente porque de por medio está lo que más debe preocupar e importar: la normalización del despotismo autocrático.
