Afirmar el lunes 6 de abril que Irán estaba ganando la guerra, dicho por Antonio Navalón en la colaboración de prueba del pódcast Fin del Mundo, a muchos hubiera parecido más que aventurado. Los términos convencionales de la guerra mostraban un éxito apabullante de EE. UU. e Israel. Para llegar a la conclusión del señor Navalón se requiere de una observación fina, profunda y de tener sentido de los términos religiosos e ideológicos de una lucha que remite al origen de la civilización, así como de los efectos de la contienda sobre la economía mundial por el control iraní del estrecho de Ormuz. El miércoles 8 de abril quedaría claro que Irán, efectivamente, va ganando la guerra; el cese al fuego no termina el conflicto, pero anticipa la derrota de EE. UU. por donde quiera que se vea
En la versión documentada por The New York Times de cómo fue que el presidente Trump llegó a su guerra, a partir de lo sucedido en el cuarto de situación de la Casa Blanca, previo al bombardeo de Irán, el presidente fue manipulado como niño por el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. Le engañó bajo la expectativa de un triunfo inmediato, a semejanza de lo de días antes sucediera en Venezuela, con la diferencia de que Maduro fue aprehendido y allá el jefe de Estado, Alí Jamenei, fue asesinado junto con su familia. La afrenta, significativa y trascendente, no sorprende en una cultura de guerra de frecuentes atrocidades, de la que da cuenta el ataque de Hamás y otros fanáticos a civiles israelíes el 7 de octubre de 2023, punto de quiebre e inicio del tránsito de Israel de nación víctima a victimaria.
Netanyahu, acompañado por David Barnea, titular del Mossad, servicio de inteligencia exterior de Israel, le anticipó a Trump y los suyos la caída del régimen de los ayatolás; afirmó que era improbable que Irán bloqueara el estrecho de Ormuz. La inteligencia norteamericana y los militares tenían otra perspectiva, igual que el vicepresidente Vance, pero se impuso la vehemencia de Trump, ávido de un triunfo histórico para cobrar la humillación a EE. UU. cuando el régimen de los ayatolás llegó al poder.
Estos hechos son una lección para México. Es pensable que Trump pretenda cobrarse el agravio y la vergüenza en Irán con Cuba y con el país. Venezuela le salió barato porque los Gobiernos de la región son dependientes de EE. UU. y sus regímenes acusan debilidad, especialmente por razones económicas extremas, casos de Cuba y Venezuela. Argentina y Chile viraron a la derecha y es probable que igual suceda en Brasil. En Cuba la situación es insostenible y en México la persistente violencia es el problema mayor por la incapacidad del Gobierno por el imperio de la impunidad.
La debilidad mayor de México respecto a EE. UU. no es la economía. A Canadá ha permitido ganar independencia, porque romper con el socio comercial sería fatídico para los tres países, y en las condiciones complicadas de EE. UU., no hay margen para una acción semejante. De Irán queda claro no sólo el rechazo de Trump al derecho internacional, sino también que su irresponsabilidad tiene el límite: más que la opinión pública, la economía. Trump es vulnerable. Le preocupa, y mucho, que los problemas económicos repercutan en la elección intermedia, que anticipa una derrota mayor y que llevaría a su presidencia del protagonismo pendenciero a otra muy distinta, acosada por el juicio político. Una derrota en el Senado puede significarle a Trump la pérdida de la presidencia y hasta la cárcel. Por eso, en su adversidad de él todo puede esperarse.
Trump es un peligro para México. El tema es la fragilidad de las autoridades mexicanas por su evidente complacencia ante los criminales, particularmente con los de casa. Debe decirse una vez más: el contrabando de combustible surgió por una investigación en EE. UU. Las autoridades tuvieron que actuar por exigencia del vecino; el fiscal Gertz Manero descubrió que el contrabando era operado por la Secretaría de Marina al más alto nivel, y Julio Scherer Ibarra ratificó la versión difundida por Código Magenta hace años: que el origen del contrabando de combustible era el financiamiento de las campañas de Morena, con la venia de la presidencia de la República.
Alejandro Gertz fue relevado por una incondicional de la presidenta Sheinbaum; la investigación no registra avance alguno. La impunidad es definición de Estado que, justamente, vuelve vulnerable al país respecto al exterior, como es manifiesto en el tema de los desaparecidos, que obligan a la comunidad internacional a tomar cartas ante la complacencia oficial.
Se les mueren los votantes
Tanta impudicia en el trato de los desaparecidos necesariamente lleva al desborde del descontento. Qué bien que la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México haya marcado distancia respecto a la postura del régimen de minimizar el problema de los desaparecidos y, como parte de ello, de la indignada e indignante respuesta que diera al Comité de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) contra la Desaparición Forzada ante su propuesta de elevar el caso de México a la Asamblea General. La situación es crítica; solo el Gobierno y los suyos están decididos a ignorarla, aunque también sean votantes los que se mueren, muchos de ellos sus votantes.
Ya no es el caso de dirigir la culpa por lo que sucede a los gobiernos locales, a los funcionarios federales o a las fiscalías. El Estado mexicano ha sido negligente en extremo. Si la falta viene de las autoridades locales, también es responsabilidad de Estado. No hay espacio ni para la más elemental empatía. Qué bien que el Gobierno federal reclame a Estados Unidos por el maltrato y los fallecidos en las instalaciones migratorias norteamericanas; la postura es contradictoria con la notoria complacencia sobre lo que ocurre en México, con dimensiones incomparables.
Hay un abandono institucional en el tema de los desaparecidos. Ante la crisis fiscal del Estado mexicano, los recursos se los llevan el clientelismo electoral y la venalidad, a costa de responsabilidades básicas de las autoridades, como es dotar a las instancias respectivas de medios para atender un reclamo que va más allá de lo pensable, lo imaginable. La presidenta informa que el subsidio a la gasolina tiene un costo de 4 mil millones de pesos semanales; se mantiene para no despertar el enojo social. Mucho se podría hacer en materia de desaparecidos con dos semanas de ese subsidio. Es el caso de un Gobierno insensible ante su apetito por los votos, aunque los que mueren también sean votantes, muchos de ellos, sus propios votantes.
¿Por qué se indigna la presidenta Sheinbaum por el señalamiento sobre los desaparecidos? El Comité de la ONU es, en todo caso, el mensajero. El problema es lo que está ocurriendo, para ella debiera ser preocupante en extremo. Las cifras de desaparecidos, de por sí aterradoras, se han incrementado durante el obradorismo y más que nunca en el año y medio de este gobierno. Pareciera que criminales y autoridades convergen en el ocultamiento de homicidios.
El Congreso debería designar una comisión para estudiar el tema y apoyar al Estado mexicano para atender el asunto. Si existiera una auténtica CNDH, participaría de este propósito y contribuiría a obligar a las autoridades a actuar y que el Congreso destinara los recursos suficientes para la búsqueda y para el apoyo a las unidades técnicas que tienen que ver con la identidad de 72 mil cadáveres y restos humanos que se acumulan en las morgues de las fiscalías. Son pocos los estados que se han esmerado en el tema; ante un Gobierno federal ausente, dos semanas de subsidio a las gasolinas harían toda la diferencia. Es evidente la falta de voluntad, porque los recursos se destinan al clientelismo electoral.
México está en el banquillo de los acusados. La tragedia de los desaparecidos es un recuento de negligencia, complicidad y venalidad institucional. Es responsabilidad del Estado y quien lo representa es la Presidencia de la República. A esta institución corresponde rendir cuentas y hacer que los criminales encaren la justicia penal. Ya se ha dicho: el obradorismo no tiene sentido de Estado, sino de régimen político; por tal consideración, todo se atiende a partir de las prioridades políticas y electorales del grupo en el poder.
Ha llegado el momento de un quiebre ante la negligencia interesada del Gobierno. La aduana de 2027 será ocasión para que la indignación cobre curso de manera civilizada. Una elección con dados cargados; autoridades que rompen el código de imparcialidad desde la más elevada oficina pública; órganos electorales diezmados y colonizados en su nivel superior, y con una presencia creciente del dinero ilícito por la corrupción y la concurrencia del crimen, que no se conforma con fondear campañas, y pretende postular a sus propios candidatos. El caso es que la voluntad ciudadana tendrá cita para decidir el futuro del país, más allá de los cargos en competencia. Los muertos eran votantes, muchos de ellos sus votantes.
