A cuatro años de la reapertura de las investigaciones, la presidenta Claudia Sheinbaum asegura que su Gobierno no dará carpetazo al asunto ni indultará a Mario Aburto, el supuesto asesino solitario. Los mexicanos tienen derecho a la verdad, replica la CNDH frente a las presiones para pasar página
Obregón y Luis Donaldo, crónicas de muertes anunciadas
El partido tricolor está al borde de la supervivencia
Dos asesinatos marcaron el nacimiento, apogeo y declive del PRI. El de Álvaro Obregón, en 1928, y el de Luis Donaldo Colosio, en 1924, los dos sonorenses. El primero ocurrió durante una comida en honor del «General Invicto» en el restaurante «La Bombilla» de Ciudad de México, después de haber sido electo para un segundo periodo presidencial, no consecutivo. El segundo acaeció en una ratonera de Tijuana, Baja California, donde el aspirante a la silla del águila había encabezado un mitin. En ambos casos se fabricaron cabezas de turco —José de León Toral y Mario Aburto— para eximir de los crímenes al Estado, jefaturado entonces por Plutarco Elías Calles y Carlos Salinas de Gortari.
La versión de los asesinos solitarios nadie la creyó. Investigaciones posteriores revelaron que Obregón recibió tiros de diferente calibre: seis disparados por De León, y hasta 11 de otras armas. El diámetro del proyectil que le atravesó el cráneo a Colosio era de 9.1 mm; y del abdomen, de 5.6 mm. De León y Aburto fueron torturados. Aburto pudo haber sido suplantado; y el asesino real, ejecutado como parte del complot. De León fue fusilado en la Penitenciaría de Lecumberri siete meses después del atentado contra Obregón.
«(En las investigaciones) ciertamente hubo errores, más por presión social y precipitación que por intención deliberada…».
(Subprocuraduría Especial del caso Colosio)
Aburto se declaró culpable en 1995 y recibió una sentencia de 45 años de prisión. En octubre de 2023, un tribunal colegiado de Estado de México le otorgó un amparo para reducir la pena a 30 años, la máxima prevista por el Código Penal de Baja California en 1994, cuando se cometió el homicidio. La Suprema Corte de Justicia de la Nación revocó el procedimiento, impugnado por la Fiscalía General de la República. El voto de la magistrada Lenia Batres Guadarrama resultó decisivo para evitar que Aburto fuera liberado. La investigación del caso Colosio se manipuló y desvirtuó desde un principio. La teoría de que el asesinato derivó de «una acción concertada», presentada a la nación por el primer fiscal especial, Miguel Montes, arraigó en el imaginario colectivo, no obstante que después se retractó. El funcionario fue removido. La fiscalía especial tuvo en total seis titulares.
«El indulto, significaría encubrir los hechos y la pérdida de una oportunidad única para acercarse a la verdad».
(Comisión Nacional de los Derechos Humanos)
En su toma de posesión, el presidente Ernesto Zedillo se refirió al clima de crispación política y social reinante en 1994. Colosio y el secretario general del PRI, José Francisco Ruiz Massieu, fueron asesinados entre marzo y septiembre de ese año, apenas con seis meses de diferencia. «Para hacer frente a la extendida criminalidad, la frecuente violación a garantías individuales y derechos humanos, y la grave inseguridad pública, emprenderemos una honda y genuina reforma a las instituciones encargadas de la procuración de justicia. Es en ellas donde la incompetencia, la corrupción y la ruptura institucional son más frecuentes y de mayor daño para la seguridad de las personas».
Colosio y Ruiz Massieu murieron en medio de una cruenta lucha por el poder y de las pugnas en el grupo de los Salinas. «Los brutales asesinatos de figuras destacadas de la vida pública del país han lastimado hondamente a la ciudadanía, han sembrado inquietud y duda sobre algunas instituciones y —debemos admitirlo— han dividido a los mexicanos», dijo Zedillo. Advirtió que «hasta ahora las investigaciones no han satisfecho plenamente a la sociedad; los mexicanos queremos estar seguros de conocer toda la verdad». Para ello, ordenó al procurador general de la república, Antonio Lozano Gracia (PAN), intensificar «con todo rigor las investigaciones e informar a la opinión pública de cada avance, hasta su conclusión. (…) no descansaremos hasta que se haya hecho justicia». Treinta y dos años después, la justicia sigue ausente.
Informe exculpatorio
El caso Colosio lo cerró Luis Raúl González Pérez —cuarto fiscal encargado de las investigaciones—, en septiembre de 2000, cuando el PRI ya había perdido la presidencia. La «conclusión legal» dice que «Mario Aburto Martínez fue el autor de los dos disparos que recibió Luis Donaldo Colosio Murrieta, el homicidio se perpetró con una sola arma de fuego y la bala encontrada en el lugar de los hechos fue disparada por esa arma». La «coparticipación de personajes políticos y del crimen organizado», los testimonios en torno a los contactos de Aburto con grupos contrarios al PAN, que entonces gobernaba Baja California, y la tesis de la conjura, primera en plantearse a los mexicanos, fueron descartados tanto por falta de pruebas jurídicas como por «contradictorias e inconsistentes».
Si acaso no existió «acción concertada» para eliminar al candidato presidencial del PRI, quien se había convertido en una amenaza para el régimen, claramente la hubo para borrar la idea del complot, aunque al final la afianzó. Para la Fiscalía Especial de la PGR, señalar al Gobierno de Salinas de Gortari como instigador del crimen es un mito. En «El crimen y sus circunstancias» (tomo I del Informe de la Investigación del homicidio de Luis Donaldo Colosio), se lee: «(En las investigaciones) ciertamente hubo errores, más por presión social y precipitación que por intención deliberada, pero que desafortunadamente contribuyeron, posteriormente, a aumentar el mar de inquietudes y dudas».
El dictamen desacredita al segundo fiscal del caso —nombrado por el presidente Ernesto Zedillo—, quien detuvo a Raúl Salinas de Gortari por el asesinato del segundo de a bordo en el PRI, José Francisco Ruiz Massieu. «La llegada del subprocurador Pablo Chapa dio otro cariz a las investigaciones, en un sentido negativo. Estilos poco ortodoxos de investigación contribuyeron aún más al descrédito y al deterioro de las investigaciones. Los tumbos habidos en las indagaciones oficiales, en algunos casos por haber asumido posiciones contradictorias y en otros por haber sostenido hipótesis sin sustento, generaron, con razón, mayor recelo social».
González Pérez interrogó al expresidente Salinas de Gortari sobre el caso, el 28 de noviembre de 1996, en Dublín, donde se había exiliado. En su informe, el fiscal advierte que «La politización del caso, la constante especulación periodística y la aparición de investigadores privados carentes de seriedad, contribuyeron también a que el mismo fuera una constante noticiosa, que si bien se constituyó en una presión para el avance de las investigaciones, a la par representó una gran carga para la misma, que terminó por enredarse en una vorágine de confusiones y dudas».
El documento señala que, por otro lado, «se había dado curso a un proceso declarativo de hipótesis, sospechas y hasta afirmaciones, que lejos de ponerse del conocimiento del Ministerio Público, encontraban cauce en caminos en donde, desde luego, la exigencia de pruebas era lo menos importante. En algunos casos, cuando se estuvo ante el Ministerio Público, la afirmación se convirtió en mera sospecha, y la sospecha en una hipótesis posible o tan solo en una conjetura. (…) En unos más, desde la cómoda trinchera del comentario “en corto”, se arguyó poseer datos que no se hacían del conocimiento de la autoridad por desconfianza en las investigaciones». El caso se resolvió, según el informe, porque la autoridad retomó el control de las investigaciones, equilibró el sigilo, contuvo «el caudal especulativo» e informó solo de «investigaciones concluidas debidamente sustentadas». Treinta y dos años después del asesinato de Colosio, las miradas no han dejado de dirigirse a quienes, en 1994, manejaban todos los hilos del poder y el sistema judicial.
El segundo tirador
La Fiscalía General de la República (FGR) reabrió el caso Colosio en 2022. El presidente Andrés Manuel López Obrador ofreció la protección del Estado al supuesto «asesino solitario» del candidato presidencial del PRI, con quien se reunió en vísperas del atentado en Lomas Taurinas, «Si la familia del señor (Mario) Aburto y él mismo tienen algo que decir sobre su proceso, que signifique otra versión sobre los hechos, y si él (…) puede probar que fue torturado, que está amenazado y que por eso ha guardado silencio». En 2024, al cumplirse 30 años del asesinato de su padre, Luis Donaldo Colosio Riojas pidió indultar a Aburto. «No puedo hacerlo», replicó AMLO. «Sé que él ya no quiere, ni sus familiares, saber nada de esto que fue terrible, pero se trata de un asunto de Estado (…), en lo que a mí corresponde (…) no voy a dar carpetazo a un asunto así».
Colosio Riojas (40 años), quien había declarado sentir «aversión por la política», ha sido diputado local y alcalde de Monterrey por Movimiento Ciudadano (MC). Hoy es senador por Nuevo León y en 2027 podría competir por la gubernatura. Colosio insiste en amnistiar a Aburto, ahora ante la presidenta Claudia Sheinbaum: «(…) que lo mande a vivir al extranjero (…), que le dé un carpetazo al asunto y deje que México empiece un proceso de sanación». El legislador demanda dejar de lucrar políticamente con un asunto, de por sí manoseado, pero a la vez acusa falta de voluntad para resolverlo.
El 9 de noviembre pasado, la FGR prendió en Tijuana a Jorge Antonio Sánchez Ortega, exagente del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), señalado como el segundo tirador en el asesinato de Colosio. Sánchez fue detenido el 23 de marzo de 1994 en la escena del crimen. Estaba armado, con la ropa ensangrentada y dio positivo en la prueba del rodizonato de sodio. Horas después fue liberado. La presidenta Sheinbaum ha declarado que el caso no será cerrado ni Mario Aburto indultado, como pide el senador Colosio Riojas, por ser «un asunto de Estado».
En un pronunciamiento emitido el 26 de marzo, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) denuncia «presiones constantes», cuya fuente no identifica, para que el Gobierno federal «dé carpetazo al caso del entonces candidato presidencial, Luis Donaldo Colosio, mediante acciones de aparente “justicia”, incluso considerando otorgar el indulto al señor Mario Aburto Martínez». Las investigaciones deben llevarse a su término y privilegiar «el derecho de acceso a la justicia de la víctima y su familia, así como el derecho a la verdad del pueblo mexicano», de acuerdo con la recomendación por violaciones graves 48VG/2021.
La institución advierte que cualquier otro camino, «incluido el indulto, significaría encubrir los hechos y la pérdida de una oportunidad única para acercarse a la verdad». Asimismo emplaza a las instancias encargadas de procurar justicia para profundizar y determinar «lo antes posible las indagatorias en torno a los hechos ocurridos el 23 de marzo de 1994, entre ellos la participación de un agente del Cisen (José Antonio Sánchez Ortega, a quien no cita) que se encuentra detenido desde el 9 de noviembre en 2025, (…) y los actos de tortura acreditados (…) contra Mario Aburto Martínez y varios miembros de su familia». No se trata de resolver un acto individual —aclara—, «sino de sentar un precedente histórico que confronte la manipulación de las investigaciones oficiales que se realizaron en aquel tiempo».
Para dar pábulo al caso, HBO Max estrenó el 19 de marzo el documental de tres episodios «Los asesinos de Colosio», el cual expone «contradicciones y testimonios inéditos del expediente desclasificado del asesinato de Luis Donaldo Colosio». La serie retoma la teoría del segundo tirador «a partir de la revisión del expediente y de interpretaciones que en su momento fueron desestimadas. (…) El objetivo es reconstruir no solo los hechos, sino el contexto en el que se construyó la versión oficial del caso» (El Universal, 26.03.26). Todos los caminos llevan a Salinas y a su círculo cercano; en primer lugar a su hermano Raúl. E4
Obregón y Luis Donaldo, crónicas de muertes anunciadas
El primero asistió a una comida para celebrar su regreso a la presidencia; el segundo fue abandonado por Salinas. Los dos estaban advertidos
La reelección de Álvaro Obregón, previa a la fundación del Partido Nacional Revolucionario (PNR, precedente el PRI), traicionó la proclama maderista que encendió la llama de la Revolución de 1910: «Sufragio efectivo, no reelección» contenida en el Plan de San Luis. El asesinato del «Manco de Celaya», conocido así tras la batalla en el Bajío donde venció a Francisco Villa y perdió el brazo derecho, no lo incitó, en rigor, el celo democrático, sino algo más mundano: la ambición de poder de los caudillos. Las aspiraciones reeleccionistas de otros presidentes, como Miguel Alemán, Luis Echeverría y Carlos Salinas de Gortari, se apagaron desde entonces.
Los asesinatos de Obregón, en 1928, y de Luis Donaldo Colosio, 66 años después, fueron crónicas de muertes anunciadas como la de Santiago Nasar en el libro de García Márquez. Todo el mundo en el entorno del presidente Plutarco Elías Calles sabía que Obregón no asumiría el cargo por segunda vez, el primero para un periodo de seis años. Atenido a su fama de invencible, tentó al destino a pesar de tener innumerables enemigos políticos y de haber librado varios intentos de homicidio. Aun así decidió asistir a su comida final en el restaurante «La Bombilla», de Ciudad de México, donde lo esperaba no solo el cristero José de León Toral, sino también segundos y terceros tiradores. El PNR se fundó en 1929, y en el mismo año Calles empezó su Maximato, el cual duró hasta que el presidente Lázaro Cárdenas lo exilió a Estados Unidos.
Colosio era el candidato de Salinas de Gortari, pero cuando el exlíder del PRI empezó a marcar distancia del clan, el ánimo cambió. Raúl Salinas, hermano del presidente, dio el primer aviso en una carta autógrafa: «Las puertas de Los Pinos se abren desde dentro». Para Colosio, nunca se abrieron. La negativa del sonorense a recibir financiamiento de un cartel de la droga habría sido la causa del disgusto. Entrevistado años más tarde por Carmen Aristegui para el libro Transición. Conversaciones y retratos de lo que se hizo y se dejó de hacer por la democracia en México (2019), el expresidente Miguel de la Madrid declaró que Raúl Salinas era el contacto con el narcotráfico. Reconoció que haber preferido a Carlos Salinas como sucesor fue un error. «Es conveniente que los presidentes estén mejor informados sobre la moralidad de sus colaboradores», dijo.
Colosio fue abandonado a su suerte tras el discurso del 6 de marzo de 1994 en el Monumento a la Revolución, donde denunció la corrupción, los abusos de poder y la arrogancia de las élites políticas. Antes de la celada en Tijuana, se reunió con Andrés Manuel López Obrador, a quien le habían robado las elecciones para gobernador de Tabasco. También había hecho las paces con Manuel Camacho Solís, a quien Salinas de Gortari revivió como comisionado para la Paz en Chiapas para amagar a Colosio y poner en vilo su candidatura.
Los disparos contra Colosio tuvieron efectos múltiples y acabaron con infinidad de carreras políticas. Camacho, figura relevante y trágica a la vez, falleció en 2015 luego de haber sido candidato a la presidencia por el Partido de Centro Democrático, diputado federal por el PRD y asesor de López Obrador en la campaña presidencial de 2006. En cambio, Manlio Fabio Beltrones, enviado por Salinas a Tijuana tras el atentado contra Colosio, se mantuvo en primera línea. Fue presidente del PRI y líder del Senado. Hoy está de nuevo en el ojo del huracán, junto con Salinas, por la reapertura del caso Colosio, del cual sabe demasiado. E4
El partido tricolor está al borde de la supervivencia
Alejandro Moreno hunde al PRI en su crisis más profunda y provoca el abandono masivo de militantes. En Campeche le expropian propiedades por 300 millones de pesos
El sepulturero del PRI tiene nombre y apellido: Alejandro Moreno, quien tiene a Rubén Moreira de segundo. Los fracasos electorales y la reforma estatutaria que le ha permitido al porro detentar el cargo desde 2019, y acaso indefinidamente, tienen al PRI al borde de quedarse sin registro, si en las elecciones intermedias del año próximo no consigue la votación mínima de 3 %. El partido de Moreno es un fantasma. Gobierna solo dos estados, Coahuila y Durango, y su representación en la Cámara de Diputados y en la de Senadores es la más baja de su historia. Los aniversarios del partido ideado por Plutarco Elías Calles pasaron de la apoteosis a la irrelevancia. Hoy los reflectores los acapara Morena.
Al exgobernador de Campeche le han sido expropiadas propiedades que adquirió durante su mandato. En una de ellas, de siete hectáreas, valuada en 300 millones de pesos, el Gobierno de Layda Sansores (Morena) construirá la Universidad de la Salud Rosario Castellanos. El decreto respectivo se publicó en el Periódico Oficial del Estado el 19 de septiembre de 2025 (Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad). Moreno está acusado por la Fiscalía de Campeche de enriquecimiento ilícito y el desvío de, al menos, 83 millones de pesos. El fiscal ha solicitado a la Cámara de Diputados el desafuero del líder priista. La solicitud de procedencia pende sobre «Alito» cual espada de Damocles. Morena lo tiene en un puño.
La migración de cuadros priistas, gradual desde la derrota de 2018, se convirtió en éxodo tras la reelección de Moreno. Gobernadores, alcaldes y legisladores, elegidos bajo las siglas del PRI, se pasaron al movimiento fundado por Andrés Manuel López Obrador, y ahora dirigido por la presidenta Claudia Sheinbaum. Otros hallaron acomodo en Movimiento Ciudadano y en el PVEM. A Moreno le acompañan políticos de ligas menores, algunos de los cuales son escoria. Su permanencia en el PRI la explica, en parte, la protección que les brinda el fuero. Líderes antaño poderosos, como Manlio Fabio Beltrones, uno de los últimos dinosaurios, prefieren el limbo que el escándalo. La reapertura del caso Colosio ha puesto nerviosos a muchos.
El PRI no se repuso jamás de haber perdido a los líderes de su ala izquierda, causada por la imposición de Carlos Salinas de Gortari en 1988. Cuauhtémoc Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo y Andrés Manuel López Obrador fueron su némesis. A Salinas se le consideró, incluso, no priista, y así lo confirmaron las reformas neoliberales aplicadas durante su presidencia, y su cercanía al PAN, a la Iglesia y a la oligarquía nacional y extranjera. Pretendió hacer lo que AMLO, pero a la inversa: crear desde el poder una fuerza política para sustituir al PRI, a partir del Programa Nacional de Solidaridad, de perfil clientelista.
Salinas, uno de los presidentes menos legitimados de la historia, devino también en uno de los más poderosos y autoritarios, aupado por líderes del PAN como Diego Fernández de Cevallos y los poderes fácticos, a base de golpes de efecto y de una gran corrupción en la privatización de bancos y empresas públicas estratégicas. El año de la debacle fue 1994: en enero, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) se levantó en Chiapas; Luis Donaldo Colosio fue asesinado en marzo; José Francisco Ruiz Massieu, en septiembre; y la crisis económica, incubada en su sexenio, estalló en diciembre, ya con Ernesto Zedillo en la presidencia. Después todo fue caída, con lapsos cortos de recuperación. El tiempo se agotó para el PRI, gracias a Moreno. E4
Gerardo Hernández G.
Torreón, 1955. Se inició en los talleres de La Opinión y después recorrió el escalafón en la redacción del mismo diario. Corresponsal de Televisa y del periódico Uno más Uno (1974-81). Dirigió el programa “Última hora” en el Canal 2 de Torreón. Director del diario Noticias (1983-1988). De 1988 a 1993 fue director de Comunicación Social del gobierno del estado. Cofundador del catorcenario Espacio 4, en 1995. Ha publicado en Vanguardia y El Sol del Norte de Saltillo, La Opinión Milenio y Zócalo; y participa en el Canal 9 y en el Grupo Radio Estéreo Mayrán de Torreón. Es director de Espacio 4 desde 1998.