La carrera de Alito, entre escándalos, traiciones y arrebatos políticos. Grupo Reforma lo acusa de porro y exhibe la riqueza inexplicable amasada como gobernador de Campeche. Fiscalías lo investigan por delitos de peculado, blanqueo de dinero y evasión fiscal, entre otros
EE. UU. devuelve 12% del «moreirazo», símbolo de corrupción política
Enrique Peña Nieto podría ser recordado como uno de los peores presidentes de México, pero Alejandro Moreno, líder nacional del PRI, está emergiendo como el sepulturero del partido. La caída del otrora omnipotente tricolor comenzó durante la administración del «cachorro de Atlacomulco» (2012-2018), pero se aceleró desde que «Alito» Moreno tomó las riendas como presidente del partido el 18 de agosto de 2019.
En los últimos cinco años al frente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN), con Carolina Viggiano Austria como secretaria general y el papel influyente de su esposo Rubén Moreira Valdez (RMV), el PRI ha sufrido la pérdida de 12 de las 14 gubernaturas que controlaba, conservando únicamente Coahuila y Durango. Además, ha registrado una disminución de casi 2 millones de votos a nivel federal. Este declive se ha visto exacerbado por la salida de numerosos líderes priistas, quienes han renunciado o sido expulsados por cuestionar las decisiones de Alejandro Moreno.
Pero esto no ha frenado la ambición del exgobernador de Campeche. Por el contrario, a pesar de la disminución de votos en las elecciones del pasado 2 de junio, «Alito» no solo aseguró un escaño en el Senado como cabeza de lista de la fútil alianza con el PAN y el PRD, sino que está intentando prolongar su permanencia en la dirigencia mediante cambios sin precedentes en los estatutos del partido fundado por el presidente Plutarco Elías Calles en 1929.
El 7 de julio pasado, pese a la oposición de algunos delegados priistas, la Asamblea Nacional del partido aprobó una reforma estatutaria que podría permitir a Moreno extender su mandato hasta por ocho años más. Una vez que el Instituto Nacional Electoral (INE) valide los documentos, se convocará a una asamblea para la renovación de la dirigencia nacional.
La reforma establece que los titulares de la Presidencia y la Secretaría General del PRI podrán ser reelectos hasta por tres periodos consecutivos, cada uno de cuatro años.
Ante las críticas internas, Moreno respondió agresivamente amenazando con expulsar a sus detractores y acusándolos de dañar la imagen del partido. Entre los señalados se encuentran exdirigentes como Dulce María Sauri, Manlio Fabio Beltrones, Pedro Joaquín Coldwell y Enrique Ochoa, así como el exsecretario de Educación, Aurelio Nuño.
La decisión sobre la reelección de Moreno será tomada por el Consejo Político Nacional del partido, en lugar de ser sometida a un voto directo de la militancia como ocurrió hace cinco años. Respaldado por la cúpula partidaria, Moreno busca consolidar su liderazgo y mantener el control de la organización para el próximo proceso electoral en 2027. De consumarse, sería el final del PRI, señalan analistas y figuras internas.
Don sepulturero
El artículo «Alito: Ave de las tempestades», publicado en Reforma el pasado 14 de julio, pinta a Moreno de pie a cabeza. La periodista Claudia Guerrero hace un recuento de cómo «Alito» pasó de ser un porro estudiantil a un político poderoso con propiedades millonarias y gustos lujosos, y aborda las múltiples investigaciones penales que enfrenta por delitos de lavado de dinero, evasión fiscal y peculado, entre otros.
La «fama» de Alejandro Moreno, recuerda Guerrero, comenzó en 1999, cuando bajo las órdenes del gobernador de Campeche, José González Curi, encabezó una incursión violenta en la Universidad Autónoma del Estado para forzar la renuncia del rector José Alberto Abud Flores. Como recompensa, obtuvo una sindicatura en el Ayuntamiento de Campeche y la dirigencia del Frente Juvenil Revolucionario (FJR) en la entidad.
A los 27 años, fue promovido por los exgobernadores de Oaxaca, José Murat y Ulises Ruiz, para liderar el FJR nacional durante la dirigencia de Roberto Madrazo. En esa etapa, apoyó a Madrazo en sus aspiraciones presidenciales y en el derrocamiento de Elba Esther Gordillo como coordinadora del PRI en la Cámara de Diputados. Simultáneamente, mantuvo vínculos políticos y económicos con el gobernador del Estado de México, Arturo Montiel, y su entonces secretario de Finanzas, Enrique Peña Nieto.
En 2003, Moreno fue elegido diputado federal por Campeche. Durante su mandato, trabajó en diversas comisiones legislativas, lo que le permitió consolidar su influencia y establecer relaciones con políticos influyentes.
En 2006, se convirtió en senador, cargo que ocupó hasta 2012. Durante este periodo, se destacó por su participación en la Comisión de Gobernación y su cercanía con líderes del PRI, lo que le permitió ganar visibilidad y apoyo dentro del partido.
Moreno llegó a la gubernatura de Campeche en 2015. Durante su gestión, promovió proyectos de infraestructura y desarrollo económico, pero también enfrentó críticas y acusaciones de corrupción. Su administración fue objeto de investigaciones por desvío de recursos y manejo irregular de fondos públicos.
Durante su vertiginosa carrera, Moreno ha acumulado una considerable fortuna y propiedades, incluyendo residencias de lujo en zonas exclusivas de Campeche y la Ciudad de México, vehículos y relojes de alta gama y colecciones de arte exclusivas.
El origen de los fondos utilizados para adquirir estas propiedades han sido objeto de escrutinio por parte de la prensa y las autoridades.
Está acusado de lavado de dinero ante la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la cual ha estado investigando las transacciones financieras y propiedades de Moreno desde 2019, cuando asumió la dirigencia del PRI.
A la par, la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF) ha señalado irregularidades en sus declaraciones de impuestos y el origen de su patrimonio y está siendo investigado por peculado por la Fiscalía General de la República (FGR). Las acusaciones de peculado se remontan a su tiempo como gobernador de Campeche (2015-2019).
El artículo de Reforma aborda también sus fracasos electorales como dirigente del PRI. En las elecciones estatales de 2020, el PRI sufrió derrotas en varias entidades, perdiendo gubernaturas y disminuyendo su presencia en congresos locales. En las legislativas del año siguiente, el PRI sufrió una disminución en el número de diputados federales, quedando como tercera fuerza política en el Congreso.
En 2022, el tricolor cedió importantes bastiones como Hidalgo y Oaxaca, estados que habían sido gobernados por el partido durante décadas. En 2023, continuaron las pérdidas, incluyendo la significativa derrota en el Estado de México, uno fuerte bastión priista.
El pasado 2 de junio, el PRI sufrió otro fuerte revés electoral. El partido que gobernó México durante siete décadas, obtuvo cerca 5.4 millones de votos (menos del 10% de la votación total), comparados con los 7.6 millones que obtuvo en 2018. Esto se tradujo en aproximadamente 34 diputados de un total de 500, convirtiéndose en la quinta fuerza en esa Cámara, y 17 senadores, quedando en tercer lugar.
Traiciones y desbandada
En julio del año pasado, varios senadores, incluidos algunos históricos, abandonaron el PRI debido a discrepancias con la dirección, llevándose consigo a 320 priistas. Claudia Ruiz Massieu, una de las senadoras que abandonó, ya no figura en la sede nacional del partido.
Incluso aquellos que fueron clave en el ascenso de Moreno, fueron traicionados por el campechano. El artículo de Reforma recaba testimonios de priistas que describen a Moreno como un hombre ambicioso y determinado, capaz de traicionar a sus aliados para alcanzar sus objetivos.
Entre ellos, al propio Roberto Madrazo, con quien mantuvo una relación cercana en sus primeros años en la política. Si bien Moreno apoyó la candidatura presidencial del exgobernador de Tabasco, esto no le impidió buscar el apoyo de su rival Arturo Montiel, exgobernador del Estado de México y figura influyente dentro del PRI.
Durante su tiempo como gobernador de Campeche, Moreno mantuvo una alianza con el entonces secretario de Gobernación, Miguel Osorio Chong. Sin embargo, las diferencias en la estrategia política y la búsqueda de control dentro del partido llevaron a fricciones.
Moreno apoyó a José Antonio Meade en su candidatura presidencial de 2018. No obstante, tras la derrota, Moreno se distanció y comenzó a construir su propia base de poder dentro del PRI.
El 15 de julio, expresidentes priistas impugnaron ante el Tribunal Electoral la Asamblea Nacional del partido, en la cual se aprobaron cambios que permitirían la reelección de Moreno por hasta ocho años más. El recurso fue firmado por Dulce María Sauri, Pedro Joaquín Coldwell y Enrique Ochoa, quienes fueron amenazados con expulsión del partido por Moreno.
La impugnación cuestiona todo el proceso de validación de la reforma, alegando irregularidades como la violación de la prohibición de realizar reformas estatutarias durante un proceso electoral en curso, la incompetencia del CEN del PRI para emitir el Reglamento de integración de la Asamblea Nacional, y la falta de tiempo razonable para la deliberación de los delegados.
Los exdirigentes argumentan que la impugnación refleja el descontento de miles de militantes con la gestión de Moreno. El recurso ha sido asignado al magistrado Reyes Rodríguez para su análisis y resolución. Al cierre de esta edición, el Tribunal Electoral no se había pronunciado.
El pasado 12 de julio, sin esperar la validación de las reformas estatutarias por parte de las autoridades electorales, el PRI emitió la convocatoria para el proceso interno de renovación de la dirigencia el 11 de agosto.
La convocatoria menciona la participación de Alejandro Moreno, presidente, y Carolina Viggiano, secretaria general. El registro estaba programado para el 22 de julio y la expedición de dictámenes para el 23. El periodo de proselitismo será del 24 de julio al 10 de agosto, y la «jornada electiva» el 11 de agosto, con resultados y entrega de constancias el mismo día. E4
Una historia de ambiciones, traiciones y derrotas
Desde su llegada a la dirigencia del PRI, Alejandro Moreno ha sido una figura controvertida, marcada por fracasos electorales, controversias y codicia política.
Trayectoria política | Fracasos electorales del PRI | Investigaciones en su contra |
Líder del Frente Juvenil Revolucionario Nacional (2001-2005)Diputado federal (2003-2006)Senador (2006-2012)Gobernador de Campeche (2015-2019)Presidente del PRI desde el 18 de agosto de 2019Diputado federal desde 2021Podría ser senador plurinominal a partir del 1 de septiembre | Pérdida de 12 de las 14 gubernaturas que controlaba al inicio de su mandato (solo gobierna Coahuila y Durango)Disminución de casi 2 millones de votos entre 2018 y 2024El 2 de junio, obtuvo 5.4 millones de votos, menos del 10% de la votación total, logra apenas 34 diputados y 17 senadoresEs la cuarta fuerza nacional detrás de Morena, PAN y MC | Acusado de lavado de dinero, evasión fiscal y peculadoInvestigado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) desde 2019La Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF) ha señalado irregularidades en sus declaraciones de impuestosInvestigado por peculado por la Fiscalía General de la República (FGR) |
EE. UU. devuelve 12% del «moreirazo», símbolo de corrupción política
El «moreirazo» es, sin duda, uno de los casos de corrupción más emblemáticos del «nuevo PRI», como lo denominó el presidente Enrique Peña Nieto. Este escándalo, junto con la Operación Zafiro, la Estafa Maestra y la Casa Blanca, entre otros, aceleró la descomposición del partido y aumentó el rechazo ciudadano.
En pasado 16 de julio, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) presumió que la Fiscalía General de la República (FGR) había depositado al Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado (INDEP) una «piscacha» de los 246 millones de dólares decomisados a Héctor Javier Villarreal Hernández, extesorero de Coahuila.
El mandatario informó que la FGR recibió del Departamento de Justicia de Estados Unidos un total de 32 millones 194 mil 445.32 dólares, equivalentes a 579.5 millones de pesos. El dinero fue depositado al INDEP y será utilizado para financiar los premios a los deportistas mexicanos que participarán en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de París 2024.
Anteriormente, en la mañanera del 27 de mayo, el presidente había reclamado al Gobierno de Estados Unidos por no haber devuelto la totalidad de los recursos anunciados con «bombo y platillo». «Y creo que nos van a devolver como 4 mil millones que vinieron a anunciarlo las autoridades de EE. UU…. pero hasta ahora no hay nada», declaró el mandatario.
Pese a que el estado de Coahuila no reclamó los fondos a la justicia estadounidense y que Rubén Moreira encubrió el saqueo tanto durante su mandato como gobernador como en su período como diputado federal, el exgobernador coahuilense Miguel Riquelme solicitó que los fondos sean devueltos a la entidad.
Villareal Hernández fue detenido en 2012 en la frontera con Estados Unidos, portando 67 mil dólares y una escopeta. En 2014, se entregó a las autoridades estadounidenses y fue procesado por lavado de dinero. Durante una audiencia en 2023, admitió el enriquecimiento ilícito del exgobernador Humberto Moreira, señalando que se desviaron cerca de 200 millones de dólares del erario coahuilense.
El «moreirazo» no es un caso aislado. Otros escándalos de corrupción dentro del PRI incluyen la Operación Zafiro, un esquema en el que se desviaron recursos públicos a campañas políticas; la Estafa Maestra, un fraude multimillonario que involucró a varias universidades públicas y dependencias gubernamentales; y la Casa Blanca, un escándalo que implicó la compra de una mansión de lujo vinculada a contratos gubernamentales.
La Operación Zafiro, por ejemplo, implicó el desvío de aproximadamente 250 millones de pesos a través de una red de empresas fantasmas, con el fin de financiar campañas electorales del PRI en varios estados. La Estafa Maestra, por su parte, fue un esquema de desvío de recursos públicos que involucró a al menos once dependencias del gobierno federal y ocho universidades públicas, alcanzando un desfalco estimado en más de 7 mil millones de pesos. En cuanto a la Casa Blanca, el escándalo estalló en 2014 cuando se reveló que la esposa del entonces presidente Enrique Peña Nieto había adquirido una lujosa residencia valuada en 86 millones de pesos, a través de una empresa que había recibido contratos gubernamentales.
Estos casos no solo han dañado la imagen del PRI, sino que también han erosionado la confianza de la ciudadanía en las instituciones gubernamentales. La recuperación parcial de los fondos desviados en el «moreirazo» es un paso en la dirección correcta, pero aún queda mucho por hacer para restaurar la confianza y asegurar que los responsables sean llevados ante la justicia. E4