La falta de información sobre el operativo que llevó a la detención de Ismael Zambada y Joaquín Guzmán López da espacio grande a la especulación. Dos hechos cobran relevancia: primero, es cierto lo que dice el presidente López Obrador, es un avance importante en el combate al narcotráfico; segundo, las autoridades mexicanas no tuvieron que ver con el operativo, el Gobierno mexicano fue informado después de la exitosa captura.
López Obrador señaló que espera una llamada del presidente Joe Biden para tener más información, también refirió a la colaboración entre ambos países a pesar de que su Gobierno fue excluido, que implica una evidente desconfianza. Es explicable que la información no se comparta; la política del Gobierno de abrazos no balazos es rechazada y fuente de sospecha de colusión. Más aún, los detenidos podrían dar información de sus organizaciones y eso les daría una ventaja importante en la coordinación con las autoridades mexicanas.
Pero no todo es desconfianza, también la falta de información por las autoridades obedece a una doble razón, en primer término, no hace evidente la presencia de los vecinos en la penetración de los grupos criminales y las negociaciones que llevan a cabo con los jefes de los cárteles. Dar el detalle significa exponer a agentes y a colaboradores en el entorno de la cúpula de los cárteles. Segundo, cuidar judicialmente la legalidad de la detención. Por lo que se sabe, conoce y dice no hubo propiamente un operativo en territorio nacional, el trabajo sucio en México corrió a cuenta de Guzmán López y la detención formal tuvo lugar en EE. UU.
Entrega voluntaria fue la de Guzmán López quien secuestró a Ismael Zambada. La tesis del engaño ha sido confirmada por la defensa legal de El Mayo. En México no hubo actuación de autoridad alguna y esto de alguna manera alivia la relación y la cooperación entre las autoridades de ambos países y hace legal la detención. Todo esto para eliminar la tesis de secuestro por parte de agentes norteamericanos actuando en territorio nacional.
La noticia es para celebrarse en ambas naciones y por los dos Gobiernos. Muy incómodo para el presidente mexicano que ocurriera sin participación alguna de los nuestros. Además, queda claro que Joe Biden autorizó el operativo seguramente para aliviar la presión de la que es objeto en la contienda electoral. La competencia está cerrada y en lo sucesivo será difícil para Trump/Vance hablar de complacencia de las autoridades norteamericanas respecto al tráfico de fentanilo. El golpe espectacular y de dimensiones históricas sin la participación de las autoridades mexicanas cobra mayor relieve desde la perspectiva norteamericana.
Las autoridades del país no sólo están desinformadas; han incurrido en inconsistencias o francas mentiras. Por ejemplo, refieren a una avioneta Cessna 206 como en la que eventualmente viajaron a las ocho de la mañana desde Hermosillo hacia un aeropuerto de El Paso Texas. El viaje se hizo en una aeronave mayor, un turbohélice Beechcraft que puede transportar 12 pasajeros y no los cinco de la avioneta. La periodista Peniley Ramírez entrevistó al propietario y piloto y nada tuvo que ver con lo divulgado. Además, los horarios no coinciden con lo informado por las autoridades norteamericanas. Los datos eran verificables; sorprende la falta de cuidado en tema tan delicado y comprometedor, más cuando esta información se presenta por la titular de la secretaria de Seguridad Ciudadana, futura secretaria de Gobernación y ante el jefe del ejecutivo y los medios de comunicación.
Los cárteles son organizaciones complejas con asociados y grupos que operan de manera independiente. El mismo día del operativo era fatalmente baleado al norte de Culiacán, Melesio Cuén, exrrector de la Universidad, líder político y enemigo frontal del gobernador Rocha. La experiencia señala que descabezar no disminuye la actividad delictiva, sino que abre espacio a la disputa en su interior con un mayor acento en la violencia y eventualmente en las actividades criminales, como ocurrió en Guanajuato con la detención en 2020 de José Antonio Yépez, el Marro, líder del cártel Santa Rosa de Lima, que ha hecho de la entidad la más violenta del país.
Lo acontecido es punto de quiebre en la relación con EE. UU. y ratifica la perspectiva de Omar García Harfuch, de que la acción contra el crimen debe partir y apoyarse en inteligencia. La cuestión es que el Gobierno norteamericano lleva mucha ventaja y para la colaboración no existe algo fundamental que ahora queda a la vista: confianza.
Espacio para un nuevo partido
La crisis del sistema de partidos es estructural. El PRD desapareció, el PRI naufraga abonado en la ambición de una dirigencia que llegó para apropiarse de la institución sin medir costos o consecuencias. El PAN está en búsqueda de recuperar su sentido originario de lucha cívica extraviada desde que llegó al poder nacional. Morena como partido no existe, sí como poderosa maquinaria electoral al servicio de López Obrador. MC vacila entre el oportunismo de Dante Delgado y la frivolidad de Samuel García; no ha definido públicamente postura por la sobrerrepresentación a pesar de ser el más interesado. PT y PVEM son negocio de sus dueños potenciados por su servicio al régimen; su incondicionalidad marca un límite, su sobrevivencia. A pesar de sus votos y fuerza legislativa no están invitados al banquete del reparto del poder.
El país enfrenta problemas mayores. No pocos de ellos han sido provocados por sus propios gobernantes o clase política. La corrupción, la degradación de la vida pública, la deriva antiliberal y autoritaria gana terreno con la complacencia de élites acomodaticias y votantes prestos al clientelismo o a las promesas fáciles del régimen. Lo más preocupante es el estado de indefensión de la sociedad mexicana por la ausencia de partidos representativos de ella misma.
Una amenaza grave se perfila si los republicanos en
EE. UU. ganan la elección de noviembre. Pretenden hacer de México asiento para los millones de migrantes a expulsar, además de territorio de contención con el despliegue de militares en la frontera sur y norte del país. Las faltas propias, las expresiones frívolas de López Obrador y su sometimiento debilitan al nuevo Gobierno. No es un asunto menor y llama por un sentido de unidad nacional frente al amago. En el tema migratorio la derrota mayor ha sido la incapacidad para exponer el drama humano de por medio.
El crecimiento económico es la única salida para resolver la desigualdad y la pobreza, no puede alcanzarse con la visión prevaleciente que descuida el desarrollo y mantenimiento de infraestructura, desalienta la inversión privada, que pretende revivir los monopolios públicos y privados o con la devastación institucional que acaba con la certeza de derechos. La inversión requiere reglas que ofrezcan certidumbre y competencia justa no palabras que en el tiempo se desdibujan o cambian su sentido. El régimen obradorista no entiende que debilitar al sistema de justicia altera la seguridad jurídica, que vale para la economía y para el conjunto de la sociedad: salvaguarda de los derechos humanos y es contención al abuso de poder.
La falta de una oposición institucional vigorosa deja a la sociedad en estado de indefensión ante la amenaza de derribar los pilares de la democracia como es la independencia del Poder Judicial, la imparcialidad del INE o la representación democrática de la pluralidad nacional en los órganos legislativos. De todo el espectro partidista sólo el PAN presenta la posibilidad de restituirse y así contribuir desde la oposición al ejercicio responsable del poder. Empero, la diversidad política, regional e ideológica de la sociedad mexicana no cabe en una opción opositora. Pertinente resulta la convocatoria para la creación de un nuevo partido y dar respuesta a la nueva movilización ciudadana por la defensa de las instituciones de la democracia, además de reivindicar los derechos ciudadanos ante todos, incluso las mismas partidocracias que se han impuesto y tergiversado la tarea de las organizaciones políticas.
Crear un nuevo partido es un reto mayor. Requiere claridad de objetivos o programa que haga propias preocupaciones fundamentales como los derechos humanos, el liberalismo político y económico, la legalidad, así como una amplia agenda para la equidad al margen del clientelismo. Cambiar a la política es fundamental y más allá de la retórica es indispensable ciudadanizar su ejercicio que empieza con una conducta de respeto a la dignidad de las personas, incluso la de los adversarios políticos.
La lucha contra la impunidad es el desafío mayor para el país. No se trata sólo de denunciar y reclamar, también de proponer una agenda práctica que haga del ciudadano el sujeto político fundamental. La agenda inmediata de un proyecto ciudadanizado debe plantear la defensa de lo mucho que el régimen pretende derribar: la justicia igualitaria y sin consigna, la transparencia, las bases para una competencia económica justa, elecciones confiables, libertad de expresión y un régimen de rendición de cuentas.
