Purga en la Voz de América; MAGA, otra vuelta de tuerca

El despido masivo en el servicio de noticias estatal atenta contra los valores democráticos que por décadas definieron la política exterior de Estados Unidos

En apenas medio año, la administración de Donald Trump ha precipitado una crisis sin precedentes en Voice of America (VOA), el emblemático servicio de noticias financiado por el Gobierno de Estados Unidos desde su fundación en 1942. Bajo la dirección de Kari Lake, exasesora cercana a Trump, la Agencia de EE.UU. para Medios Globales (USAGM) llevó a cabo una reestructuración masiva que resultó en el despido o suspensión de más de mil 400 empleados, incluyendo a más de 500 periodistas contratados que desempeñaban un papel crucial en la transmisión de información independiente y veraz en regiones con fuertes restricciones a la libertad de prensa. Esta reducción ha dejado a VOA operando con un personal cercano al mínimo legal, lo que ha obligado incluso a sustituir algunas transmisiones informativas por música o contenidos de carácter partidista, como los difundidos por el canal One America News.

«Mientras los empleados de VOA aguardan la decisión del tribunal de apelaciones, Donald Trump y Kari Lake, responsable de VOA, han aprovechado la lentitud del proceso judicial para precipitar un despido masivo, infligiendo un daño irreparable antes de que el tribunal haya tenido la oportunidad de pronunciarse».

Clayton Weimers, director de la Oficina de RSF en Washington

USAGM ha justificado estos recortes como una «reestructuración necesaria» para corregir lo que describen como una agencia «sobredimensionada y disfuncional», además de buscar «modernizar» sus operaciones. Sin embargo, periodistas y expertos denuncian que esta maniobra representa un ataque directo contra el periodismo independiente que VOA ha promovido durante décadas. Según un informe de Político, estos recortes «ponen en riesgo la capacidad de VOA para ofrecer información objetiva en regiones clave donde la libertad de prensa está restringida».

The Guardian advirtió que esta política «mina el soft power estadounidense» en el exterior, dejando un vacío informativo que actores como Rusia y China están aprovechando para ampliar sus campañas de desinformación y propaganda, justo en un momento de creciente tensión geopolítica global. El profesor de comunicación internacional Michael Kimmage afirmó que «VOA ha sido un faro de información confiable en regiones donde los medios están controlados o censurados, y debilitarla equivale a entregar el espacio a regímenes autoritarios».

Este proceso ha afectado especialmente a servicios en idiomas con gran impacto en regiones conflictivas, como Rusia, Ucrania, Venezuela y países del Medio Oriente, donde VOA era una de las pocas fuentes confiables de noticias. Los despidos han sido acompañados de un aumento en la presión política y jurídica para modificar el mandato original de la agencia, desviándola hacia un perfil más alineado con agendas políticas internas de Estados Unidos.

Deportación en ciernes

Una de las consecuencias más alarmantes de esta crisis es la situación de más de medio millar de periodistas que trabajaban en VOA y que, por razones políticas o de seguridad personal, se encontraban en Estados Unidos bajo estatus de exiliados o refugiados. Reporteros Sin Fronteras (RSF) expresó su «profunda indignación» ante la «posible deportación de 500 periodistas despedidos de Voice of America», y advirtió que tal medida pondría en peligro sus vidas y libertades, exponiéndolos a represión y violencia en sus países de origen.

«Mientras los empleados de VOA aguardan la decisión del tribunal de apelaciones, Donald Trump y Kari Lake, responsable de VOA, han aprovechado la lentitud del proceso judicial para precipitar un despido masivo, infligiendo un daño irreparable antes de que el tribunal haya tenido la oportunidad de pronunciarse. Esta acción pone en grave riesgo a numerosos periodistas, muchos de los cuales poseen visados de trabajo que expirarán próximamente como consecuencia directa de su despido. Nos preocupa profundamente que varios de ellos se vean obligados a regresar a países gobernados por regímenes autoritarios, donde podrían enfrentarse a detenciones arbitrarias o a tratos aún más severos. No podemos permitir que eso ocurra», comentó Clayton Weimers, director de la Oficina de RSF en Washington.

Diversos afectados han recurrido a la justicia para impedir sus despidos y para mantener su estatus migratorio legal en Estados Unidos. En abril, un juez federal emitió órdenes de reincorporación para algunos de los periodistas despedidos, sin embargo, estas órdenes han sido bloqueadas por apelaciones legales por parte de la administración. Un juez solicitó información detallada al Gobierno federal para esclarecer las razones detrás del incumplimiento y las consecuencias legales de esta situación.

Las demandas judiciales sostienen que la administración ha violado «los derechos constitucionales de libertad de expresión» y los «derechos migratorios de periodistas que enfrentan persecución en sus países», generando «un clima de incertidumbre y temor» para quienes confiaban en la protección estadounidense. La reducción masiva también implica la pérdida de una red esencial para el intercambio de información crítica en zonas donde la censura y la represión son habituales.

Este caso ha generado críticas de expertos en derechos humanos y comunicación internacional. La directora del Centro para la Protección de Periodistas, Jodie Ginsberg, afirmó que «el Gobierno de Estados Unidos tiene la responsabilidad de proteger a estos periodistas, quienes no solo son víctimas de la censura, sino también de políticas que hoy los ponen en grave riesgo». Por su parte, la académica Sarah Oates, especialista en medios y autoritarismo, destacó que «las acciones contra VOA reflejan un retroceso preocupante en la política exterior estadounidense, que ahora descuida la promoción de la libertad de prensa como parte fundamental de su agenda internacional». E4