En algún sentido, descifrar a Trump es menos complejo de lo que aparenta. Tiene ideas fijas, revisadas a partir de dos poderosos factores: la opinión pública y el comportamiento de la economía, los mercados; ambos presentes en sus decisiones. Por el peso de la opinión pública tuvo una postura intransigente en materia migratoria, la reducción severa del Gobierno y, en un principio, en el tema de los aranceles. Las primeras semanas acusan a un Gobierno errático por la concurrencia de prioridades que, al ser muchas, dejan de serlo.
Al presidente norteamericano nada le ha salido bien y eso empieza a cobrar factura en la opinión pública y en los mercados. Por descuido ha introducido el tema de la recesión impactando a las bolsas de todo el mundo. A pesar de su comparecencia en el Congreso, algo semejante al informe de Gobierno, lo que le da relieve a su narrativa, en el indicador de Real Clear Politics, su aprobación es menor a la de los primeros días de su Gobierno. Las encuestas muestran que la economía y la inflación son factores de mayor preocupación, juntamente con la migración ilegal. A pesar de la retórica nativista, la imposición de aranceles a socios comerciales es más tema de inquietud que de apoyo.
En este contexto es inexacto asumir que la capacidad de persuasión de la presidenta Sheinbaum llevó a que los aranceles se pospusieran, como se ha propalado con obsequioso interés. No es el caso, aunque sea cierto que ha habido un acertado manejo de la situación y las cosas sean hecho bien dentro del estrecho margen que la situación ofrece. Los aranceles no son solo una medida de presión o, mejor dicho, de extorsión, sino parte de la pretensión para que las empresas establezcan sus líneas de producción en territorio norteamericano. Sin embargo, la respuesta de los mercados ha sido negativa.
La presidenta Sheinbaum ha manifestado su confianza de que no habrá aranceles. De hecho, ya los hay, la pausa no beneficia a todos y las tarifas sobre el acero y el aluminio son inminentes, aunque México no tiene superávit en dichos productos, pero afecta a empresas exportadoras. En buena parte, la presidenta tiene razón de que es posible que no haya aranceles generalizados y no será así por razones ajenas al hecho de que el país está complaciendo a Trump en materia migratoria y seguridad, tampoco por la buena relación entre los mandatarios. No los habría porque los aranceles son percibidos como factor de desestabilización de la economía norteamericana, además de sus efectos inflacionarios inmediatos; la decisión es generadora de incertidumbre y más ahora con la preocupación sobre la recesión. Aranceles selectivos es la salida y es previsible una muy complicada renegociación del acuerdo comercial con Canadá y México por la intransigente postura de los norteamericanos.
En tal contexto, bien dice Raymundo Rivapalacio que México y Canadá debieran solicitar la revisión inmediata del Acuerdo Comercial, para que sus eventuales modificaciones tengan efectos en el corto plazo. El Gobierno de Trump desearía que el peor impacto por la modificación de las reglas de comercio ocurriera después de las elecciones intermedias o todavía mejor, que para ese entonces se cumpliera el pronóstico de una recuperación económica sin precedente, empleo y estabilidad a manera de convalidar su proyecto. Las reacciones de los mercados y los temores generalizados indican otro escenario y por esta razón la mejor estrategia es anticipar la revisión del acuerdo comercial en una postura consensuada por Canadá y México, especialmente ante la insistencia de Trump de imponer aranceles con revisión mensual, factor mayor de incertidumbre.
La exigencia de Trump en materia migratoria y seguridad debe entenderse de manera independiente a la amenaza de aranceles. Lo primero es preocupante en sus propios términos por sus implicaciones humanitarias; lo segundo por su amenaza a la soberanía nacional. Sin embargo, el régimen está entrampado por la colusión de políticos y gobernantes morenistas con el crimen organizado. La presidenta debió actuar contra ellos porque es su responsabilidad. Ceder en ese terreno, sobre todo si media extradición hubiera de significar una crisis mayor y posiblemente el final del régimen obradorista. El dilema está allí presente. Se actúa sin reserva alguna contra el crimen organizado y sus asociados en la política a partir de consideraciones propias o se espera a que la inercia del exterior se imponga. Así las cosas, los aranceles son asunto menor.
Los dineros de la democracia
Un problema mayor la relación de la política con el dinero en México y en el mundo, con excepción de algunos países como Inglaterra y Canadá. Estados Unidos lo ha resuelto parcialmente, no de la mejor manera, con reglas laxas, pero con un régimen de transparencia que permite a la sociedad y a los electores conocer, casi en tiempo real, el financiamiento de candidatos; no hay topes de campaña, pero la información oportuna es obligada y severamente sancionada al particular si no cumple. No es una solución total porque revela la dependencia de los candidatos al dinero. En el Congreso quien más gasta es quien gana, y casi siempre es el que busca la reelección. Sin embargo, la transparencia garantiza que el origen no sea ilegal y que los recursos no sean desviados de su destino para financiar campañas. Se puede decir, que en lo general en EE. UU. hay una articulación abierta entre el dinero y la política.
López Obrador convenció con éxito que la misión principal de su empresa moral era la separación del poder económico del Gobierno. La crítica, en parte válida, era que las decisiones públicas favorecían a los más ricos; partía de la tesis de que los intereses de los grandes empresarios se imponían sobre las responsabilidades de gobernar para todos y hacerlo con probidad. La parte más cuestionable y que se siguió reproduciendo en el periodo de López Obrador, con mayor acento, remite a la asignación de contratos de obra y servicios al margen de la probidad, la transparencia y el interés general. En nombre del combate a la corrupción se destruyeron las bases e instituciones que permitían contenerla, como el INAI que, por lo visto, ya acusaba un grado descomposición interna. Las investigaciones sobre la corrupción divulgadas periodísticamente fueron severamente perseguidas y descalificadas. La titular de la iniciativa civil Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, María Amparo Casar, fue perseguida judicialmente con un pretexto de ridícula validez. No pocos periodistas independientes o críticos fueron despedidos de sus casas editoriales como efecto de la autocensura, práctica que persiste hoy día en detrimento de la libertad de expresión.
A través del INE se ha implementado una normatividad exhaustiva para controlar los ingresos de partidos y candidatos, así como el gasto electoral. El avance es importante, pero insuficiente porque es mucho el dinero no fiscalizable. Se explica por topes de campaña absurdos y ficticios, porque el INE no tiene el acceso directo a las operaciones financieras y registros bancarios y porque la evaluación tiene lugar meses después de las elecciones. Las medidas preventivas no son lo fuerte y para los cargos ejecutivos los futuros proveedores se hacen presentes en tiempos electorales. Según estimaciones de expertos 8 de 10 pesos son irregulares. Es práctica que el financiamiento a los partidos para campañas no llegue a los candidatos, se los apropia la dirección partidista, obligando a que los aspirantes pasen charola, con éxito para quienes son competitivos y pueden pagar los favores recibidos.
El sistema democrático en buena parte ha sido subvertido por el poder del dinero. Su curso en México durante el pasado reciente es muy preocupante por tres razones: la equidad en la elección es ficticia, el financiamiento ilegal con recursos públicos y la presencia del crimen organizado en el fondeo de campañas y la construcción de candidaturas, tema señalado como el elefante en la sala. Lo de ahora son las infidencias de criminales sobre el pago a candidatos para ganar elecciones, ni López Obrador se ha escapado de tales señalamientos. Lo peor es que la denuncia noticiosa o judicial no se ha procesado internamente; viene de los testimonios de criminales en procesos judiciales en EE. UU. De esta manera, el encarcelamiento del exsecretario de seguridad García Luna se vuelve precedente que debe preocupar a los de este régimen porque la colusión entre autoridades y criminales.
La situación se ha vuelto crítica y amenaza con normalizarse si no hay una acción colectiva que sancione al menos los excesos, como la desviación de recursos públicos o la presencia financiera del narco. Lamentablemente la disputa por el poder es feroz y no se advierte iniciativa alguna que encare el problema; más aún, propuestas con adhesión pública como la de reducir el financiamiento para partidos y campañas electorales acentúan la dependencia de la política sobre el dinero. La transparencia o la inteligencia de Estado para identificar operaciones financieras irregulares no han cumplido, precisamente por su funcionalidad política.
