Imposible que quienes deciden en el Gobierno se den la oportunidad de dimensionar el freno a los excesos del presidente Donald Trump. La mayor contención no viene de la opinión pública, de la oposición, de los estados o de los legisladores; son los jueces los que están frenando la andanada trumpiana, lo hacen con contundencia, claridad y de manera inobjetable. La réplica del oficialismo es intimidar a los juzgadores, que no ha ocurrido hasta ahora y seguramente así seguirá por el peso de una élite y opinión pública que valora lo que significa un poder acotado por la legalidad.
No dejan de asombrar las similitudes entre López Obrador y Trump. Ambos combaten frontalmente a la libertad de expresión, los periodistas y las empresas de comunicación. Asimismo, es reveladora su propensión al militarismo y su retórica intolerante, excesiva y mentirosa. En esta segunda presidencia del norteamericano se ha acentuado el enfrentamiento con los medios, también y desde un principio, con los jueces a partir del freno a sus órdenes ejecutivas.
El desprecio a la legalidad es el común denominador del populismo. Una pena que la presidenta Sheinbaum dejara pasar la oportunidad para ponderar las implicaciones de acabar con el Poder Judicial Federal e hiciera propia la visión autocrática de López Obrador, curso de acción irreversible. Ha señalado que va a seguir con el diseño de régimen del obradorismo, con el consecuente desprecio a la legalidad y a una judicatura independiente, que significa el colapso del edificio democrático fundado en la división de poderes, la constitucionalidad de los actos de autoridad y las leyes del Congreso y la facultad de un supremo tribunal para acreditar la supremacía de la Constitución.
La derrota de la legalidad es realidad en México, no así en EE. UU. y es difícil que Trump pueda imponerse. Como señalan los juristas norteamericanos Bob Bauer y Jack Goldsmith, no es una controversia normal entre poderes sino los efectos de un radicalismo constitucional, justo la visión que suscribió López Obrador, esto es, invocar el mandato del Ejecutivo como un poder por encima de toda consideración política, ética o jurídica.
En el mismo sentido se ha pronunciado el vicepresidente Vance, quien afirma que los jueces no deben controlar el poder legítimo del Ejecutivo. Se suma Elon Musk quien exige la cabeza de un juez que resolvió contra el oligarca en su ilegal intervención en el Gobierno. La controversia deviene de las órdenes ejecutivas, muchas de ellas de una evidente e inobjetable inconstitucionalidad, como despojar de nacionalidad a hijos de extranjeros que nacen en territorio nacional.
Bauer y Goldsmith destacan el procedimiento reglamentario para acreditar la legalidad de las órdenes ejecutivas, que deben procesarse a través de la intervención del Fiscal General y de la oficina del Asesor Jurídico del presidente, previa fundamentación administrativa, política y jurídica. Señalan que su intervención es para asegurar que las decisiones ejecutivas tengan sustento legal y así evitar una eventual controversia judicial.
De pronóstico reservado qué acontecerá en EE. UU. De cualquier manera, hasta ahora el presidente y su Gobierno se han sometido a las determinaciones judiciales e impugnarán en tribunales, que no fue el caso de los Gobiernos de López Obrador y de la presidenta Sheinbaum. El problema en nuestro país es que la politización de la justicia, la pérdida de independencia de los juzgadores y su sometimiento al régimen político es la consecuencia inevitable de la reforma judicial. Al menos en EE. UU. hay una disputa por delante, en México una triple derrota: la de la legalidad, la pérdida de la autonomía e independencia del Poder Judicial y la alteración de la Constitución en sus fundamentos para impedir su función en la legalidad y constitucionalidad de actos de autoridad y de las leyes del Congreso.
Desde el poder se afirma que después de la elección de juzgadores México será el país más democrático de la tierra. Ni a Trump se le ha ocurrido, hasta el momento, «democratizar» a jueces federales. Cierto el justificado descontento por el estado de la justicia, pero la reforma no aborda las causas de las insuficiencias; las agrava al desaparecer las bases para una justicia confiable. Por el momento no hay sentimiento popular de pérdida. El tiempo consignará tanto la magnitud del error como las consecuencias por la ausencia de un poder garante de la legalidad y la constitucionalidad.
Cediendo ante el extorsionador
Inevitable pasar de la fiesta del triunfalismo a la realidad. Un corto viaje para regresar a la incertidumbre y preocupación. De festejo, el secretario de Economía Ebrard, cediendo su inteligencia pasó a un desbordado e interesado aplauso a la presidenta Sheinbaum por su supuesta capacidad de convencer al presidente Trump de frenar los aranceles a México. La realidad fue otra, tan es así que la dispensa se dio también con Canadá y le funcionó muy bien al norteamericano, sometió al país vecino, sociedad y gobierno, a su visión de seguridad sin ceder, sólo por posponer por un mes la aplicación de los impuestos a las exportaciones mexicanas. México envió 10 mil efectivos militares a la frontera bajo un generalizado alivio de los mexicanos ante la ilegal sanción comercial.
Mucho ha sucedido para entender que no hubo victoria mexicana. Los aranceles van. Todas las exportaciones de acero y aluminio a EE. UU. serán gravadas con 25%. La supuesta tregua no fue tal, además, de ser una violación flagrante al acuerdo comercial. No es consuelo que la determinación afecte más a Canadá que a México; no, porque México está enfrentando a un vecino tramposo y ventajoso, sin capacidad para honrar su propia palabra y compromiso. El juego apenas empieza con notoria desventaja para México no sólo por su vulnerabilidad, sino por su deteriorada imagen internacional.
Preocupante, también, la deriva militarista de la relación. De por sí militarizar abre la puerta a la violación de los derechos humanos de los migrantes y no tiene la capacidad para impedir el tráfico de fentanilo, que se da a través de ciudadanos norteamericanos reclutados por los grupos criminales en el tránsito regular fronterizo. Hecho irrefutable es que mientras haya consumo habrá narcotráfico y nada mueve al Gobierno norteamericano para actuar en tal sentido.
El riesgo de la incursión militar norteamericana no sólo está en la frontera, sino en todo el territorio nacional bajo la creencia que, al aprehender, secuestrar o aniquilar a los jefes criminales desaparecerán los cárteles. Su fragmentación conduce a un aumento en la violencia, además de propiciar que la lógica estrictamente criminal o violenta se imponga sobre la empresarial, que de siempre ha acompañado al tráfico ilegal de drogas, con un agregado más, producir fentanilo es labor artesanal con insumos de uso regular e imposible de controlar; transportarlo y distribuirlo es más fácil que cualquiera otra droga. En otras palabras, combatir al fentanilo sólo puede darse atacando el consumo, ni siquiera una frontal embestida punitiva en ambos lados de la frontera. Las adicciones son, primero que todo, un problema de salud pública.
Trump abre la puerta a la presencia bélica en territorio nacional bajo la tesis de combate a organizaciones terroristas. Ya no será sólo la presencia de agentes de la DEA, legales o ilegales, también habrá personal militar operativo y de inteligencia. Habrá de ocurrir con o sin permiso de las autoridades mexicanas que, para efectos prácticos, el presidente Trump ha dicho tienen acuerdo con los grupos criminales. No hay coordinación posible a partir de la desconfianza.
La presidenta señaló como logro del diálogo que abriría la puerta a la negociación y al acuerdo en materia comercial, migración, seguridad y tráfico de armas. No se ha sabido de encuentro alguno, presente o futuro. Pero sí es conocida la decisión del presidente Trump de aligerar el control de armas a quienes las comercializan al amparo de la segunda enmienda de la Constitución, una decisión contraria a lo denunciado por la presidenta Sheinbaum. Para documentarse El País presenta un espléndido e ilustrativo reportaje de Elías Camhaji y Patricia Juan Flores, «Lo que más ocupo son los “chivitos”: cómo Estados Unidos inunda de armas a México».
La conducta de Donaldo Trump es la de un extorsionador. No es un negociador duro o ventajoso, es considerablemente peor; nada bueno de él esperar. Debe preocupar que las autoridades mexicanas no entiendan la magnitud del riesgo de por medio y que se recreen en la retórica nacionalista que de poco sirve, además desmentida por las concesiones que día a día tienen lugar. La amenaza es mayor, por lo mismo, incomprensible la postura soberbia, excluyente y agresiva de la presidenta Sheinbaum a todo lo que no se le someta. En cierto modo replica el estilo Trump y éste, el de AMLO.
