La historia de los próximos 20 años será el único juez que califique los perjuicios o beneficios que deje a la vida pública y la gobernanza de México la reforma al Poder Judicial que se aprobará en el Legislativo y que definirá en el futuro a jueces y magistrados del poder judicial nacional; pero en la actualidad la iniciativa provoca reacciones y es imposible dejar pasar alguna que no genere reflexiones y posturas.
Pasaron casi seis años para que la reforma madre del nuevo movimiento político que gobierna al país encontrara una posibilidad de anuencia para lograr el control total de la gobernanza a gusto y semejanza de un sistema absolutista que no permite equilibrios en decisiones de Gobierno.
Es cierto que el Poder Judicial mexicano no goza del mejor y más sano carácter de impartición de justicia, pues ya quedó de manifiesto en muchas expresiones y denuncias legales y públicas que también es un poder corruptible y que no cuenta con los elementos más preparados para la imprescindible impartición de las leyes.
Pero también es prudente resaltar que el origen de la iniciativa genuina y real de la reforma no es cambiar, modificar y mejorar las áreas de oportunidad, errores y corruptelas que pueden documentarse por cientos en todos los niveles de jurisprudencia.
No hay ninguna garantía; por el contrario, se generan más dudas que certezas, de que la elección popular de juzgadores sea la solución y, por el contrario, deja abierta la puerta para que grupos fácticos de poder y de la delincuencia puedan impulsar candidaturas a modo que obedezcan a intereses particulares y no sociales del verdadero problema de impartición de justicia.
Llama mucho la atención que dentro de la reforma al Poder Judicial no se incluyen apartados para reformar también esquemas de selección y elecciones de fiscales y ministerios públicos como se hace en otros países.
Un ejemplo cercano es Estados Unidos, donde los fiscales son elegidos en votaciones de acuerdo a sus récords y antecedentes de aplicación de la ley que incluso desafían a poder fácticos como los propios gobernantes.
En México las fiscalías son órganos cuyos dirigentes, en la mayoría de los casos, son designados a modo por propuesta de los poderes Ejecutivo y Legislativo para confirmar que la aplicación de la ley en temas de política y gobernanza permitan continuidad de proyectos de administración pública.
Seguramente hay excepciones de fiscales y ministerios públicos que sustentan sus designaciones en base a resultados y buenos récords de búsqueda de impartición de la justicia, pero hoy la mayoría de ellas, funcionan con limitantes y carencias mayores o parecidas a las que enfrenta el poder judicial nacional.
Las estrategias de convencimiento social para apoyar y defender lo indefendible en la reforma no tienen otro objetivo que validar por encima y debajo del agua una reforma que a todas luces obedece a una intención de evitar al poder judicial como un obstáculo para continuar con reformas que reduzcan los equilibrios de la política y gobernanza mexicana.
No hay marcha atrás, la decisión está tomada y promotores y aprobadores serán responsables de las bondades o los efectos negativos que en el futuro enfrente México en medio de un ambiente de polarización que no termina y por el contrario en el futuro podría encontrar sus momentos más agudos y álgidos.
Hoy los que se van y los que llegan ya no tienen nada que perder en la tribuna y ante la opinión pública y si así fuera, pues queda claro que están dispuestos a enfrentar cualquier tipo de reacción con el apoyo y la fuerza del Estado y la milicia.
