Reforma electoral achicará el Congreso y levantará la canasta a la partidocracia

Claudia Sheinbaum acelera su proyecto político con enmiendas inspiradas en el plan de su predecesor: eliminar diputados plurinominales, recortar el financiamiento público y reestructurar el INE. La propuesta busca corregir las fallas de un sistema oneroso, pero debe cuidar los equilibrios para alcanzar su propósito

Ejes del «Plan C»: tijeretazo al presupuesto y a la burocracia

Desde octubre del año pasado, la presidenta Claudia Sheinbaum viene consolidando su sello político con una agenda de reformas constitucionales que abordan el Poder Judicial, programas sociales y el sistema energético. En ese contexto, la reforma al Instituto Nacional Electoral (INE) se presenta como la siguiente pieza en el mosaico de transformación institucional, alineada con las propuestas del expresidente López Obrador, como parte del legado político de la Cuarta Transformación (4T).

La reforma busca ajustar, entre otros puntos, el elevado costo de operación del INE y el financiamiento público a los partidos políticos, reduciendo su magnitud y eliminando los diputados y senadores plurinominales. Además, apunta a transformar la estructura del órgano electoral, incluso explorando la creación de una figura llamada Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC), que sustituiría al INE como árbitro electoral nacional.

El nuevo organismo tendría atribuciones para organizar también los procesos de consulta ciudadana y de revocación de mandato, dándole un perfil más amplio en mecanismos de democracia directa. Se acompañaría de la reducción de consejeros electorales de 11 a 7, elegidos por voto popular a partir de ternas propuestas por los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

Estas decisiones se justifican desde un enfoque de austeridad republicana y racionalización del gasto público, por lo que el Gobierno ha promovido foros, mesas de discusión y encuestas ciudadanas para legitimar la reforma, incluyendo consultas públicas sobre financiamiento partidista y representación plurinominal.

Una reciente encuesta de El Financiero muestra que 57% de los entrevistados prioriza una reforma electoral que garantice elecciones libres y equitativas por encima del 38% que considera más importante la reducción de costos.

Con mayoría legislativa a su favor, Sheinbaum podría imponerse en una disputa entre la 4T y el poder electoral, originada en las elecciones presidenciales (2006 y 2012) en las que López Obrador denunció un trato parcial en su contra, y que se recrudeció durante el proceso de la revocación de mandato.

Pero aunque Morena cuenta con mayoría en el Congreso, una reforma de tal magnitud demanda mayoría calificada, lo que obliga al oficialismo a negociar con partidos aliados y de oposición, aunque algunos ya han expresado preocupación ante la creación de una comisión diseñada exclusivamente desde el Ejecutivo.

En resumen, la reforma al INE encabezada por Sheinbaum encierra un dilema profundo: la búsqueda de eficiencia y austeridad frente a la protección de autonomías democráticas. Su legitimidad dependerá de si logra integrar pluralidad, legitimidad ciudadana y equilibrio institucional.

Un elefante blanco

Los cambios electorales desde los años 90 (1990, 1994 y 1996 ) a la década de 2000 (2007), como la credencialización con fotografía, la creación del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), la profesionalización del sistema electoral, fueron avances construidos por consensos y orientados a hacer del sistema una instancia confiable.

Sin embargo, la reforma política-electoral de 2014, impulsada por el Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012–2018), otorgó al INE (antes Instituto Federal Electoral, IFE) más atribuciones y autonomía, homogeneizando los sistemas locales y federales. Esto hizo que su presupuesto se disparara.

De acuerdo con el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP), entre 2010 y 2022 los recursos aprobados al INE crecieron en promedio un 2.6% real anual, pero durante los años electorales —como 2015 y 2018— aumentaron más del 50% real respecto al año anterior. Por ejemplo, el presupuesto pasó de 16 mil 987 millones de pesos (a valores de 2022) en 2014 a 25 mil 925 millones en 2015, y de 18 mil 668 millones en 2017 a 28 mil 580 millones en 2018.

En ese contexto, el Gobierno insiste en que el objetivo es disminuir recursos destinados anualmente a los partidos, incluso proponiendo recortar hasta la mitad del presupuesto que recibían originalmente.

El liderazgo de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, encabezada por Pablo Gómez —quien redactó parte del «Plan A» de AMLO— ilustra que el impulso proviene del núcleo del Ejecutivo. Se busca negociar con aliados, aunque no sin resistencias, incluso de partidos como el Verde o el PT, preocupados por garantías en contiendas.

Desde el Gobierno se ha promovido la participación social mediante encuestas y foros, pretendiendo legitimar socialmente los ajustes. La encuesta sobre financiamiento partidista y elección plurinominal ha sido presentada como un instrumento para recabar opinión pública y blindar la reforma ante críticas legislativas.

Datos recientes muestran que la ciudadanía prioriza elecciones libres y equitativas sobre la simple reducción de costos, lo que pone en evidencia un alineamiento parcial entre retórica reformista y demanda ciudadana. Una encuesta de El Financiero, publicada el 8 de septiembre, revela que el 57% considera que el objetivo principal de una reforma debe ser garantizar elecciones libres y equitativas, frente al 39% que prioriza la reducción de costos.

Respecto a la importancia de reformar el sistema: 39% lo ve como «muy importante»; 32% como «algo importante»; y 27% dice que es «poco o nada importante».

En cuanto al origen de las propuestas de reforma, 30% opina que deberían ser definidas por la comisión presidencial, mientras que 64% prefiere que emanen del diálogo entre Gobierno, oposición y ciudadanía.

Otro sondeo realizado por Consuma Mitofsky en julio pasado, señala que 49.6% de los ciudadanos opina que es urgente modificar las reglas electorales, mientras 26% considera que el sistema actual funciona adecuadamente y 20.1% favorece ajustes parciales en lugar de una reforma profunda.

Según un estudio de la consultora, alrededor de 40.8% de los encuestados respalda la eliminación de los 200 diputados de representación proporcional, permitiendo únicamente la integración de los 300 legisladores electos por mayoría de voto.

Los tres planes de la 4T

El debate sobre la reforma electoral en México no surgió con Claudia Sheinbaum, sino que se remonta al sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Desde 2022, el entonces presidente presentó su llamado «Plan A», una propuesta de reforma constitucional que pretendía transformar de raíz al INE, reducir el número de consejeros, elegirlos por voto popular, eliminar a los legisladores plurinominales y crear un nuevo organismo denominado Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC). Este plan requería mayoría calificada en el Congreso, algo que Morena no consiguió tras las elecciones intermedias de 2021.

Ante la imposibilidad de alcanzar acuerdos con la oposición, el oficialismo recurrió al Plan B, una reforma secundaria aprobada en diciembre de 2022 mediante cambios a las leyes generales en materia electoral y de comunicación social. Este plan no modificaba la Constitución, pero sí afectaba la operación cotidiana del INE: recortaba estructuras administrativas, reducía salarios de funcionarios y limitaba facultades de fiscalización. En paralelo, se promovieron cambios en la Ley de Comunicación Social que restringían el alcance de campañas de difusión gubernamental.

El «Plan B» fue duramente cuestionado por académicos, partidos de oposición y organizaciones de la sociedad civil, que lo bautizaron como «plan de regresión democrática». Argumentaban que debilitaba la capacidad técnica del INE para organizar elecciones limpias y confiables. Tras una intensa batalla judicial, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucionales partes centrales de esta reforma en 2023, especialmente por vicios de procedimiento legislativo y violaciones a principios de autonomía e imparcialidad electoral.

El revés judicial no frenó al oficialismo. López Obrador respondió presentando un «Plan C», que en realidad era la apuesta por conseguir mayoría calificada en el Congreso a través de las urnas en las elecciones de 2024. El mensaje fue claro: «Si no quieren aprobar la reforma ahora, que sea el pueblo quien lo decida en 2024». El «Plan C» se convirtió en bandera de campaña para Morena y sus aliados, que buscaban ampliar su poder legislativo para retomar los cambios rechazados en el pasado.

Con la victoria de Claudia Sheinbaum en la presidencia y la consolidación de mayorías morenistas en el Congreso en 2024, el «Plan C» cobró vida real. A diferencia del «Plan B», limitado a leyes secundarias, esta vez el oficialismo cuenta con condiciones más favorables para impulsar cambios constitucionales de fondo. La Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, encabezada por Pablo Gómez, retoma prácticamente los ejes originales del «Plan A»: eliminar plurinominales, recortar financiamiento a partidos, reducir consejeros y transformar al INE en INEC.

El tránsito del «Plan A» al «C» ilustra la persistencia de un proyecto político: el de redefinir al árbitro electoral bajo parámetros de austeridad y mayor control ciudadano. Pero también muestra el choque de visiones entre un oficialismo que acusa al INE de burocrático y costoso, y una oposición que teme por la pérdida de autonomía y pluralidad. En ese sentido, el «Plan C» es una continuación y, al mismo tiempo, la consolidación del «Plan A», tras los obstáculos legales y políticos que enfrentó el Plan B.

En el camino, se generó un ambiente de movilización social sin precedentes. En 2023 y 2024, miles de ciudadanos salieron a las calles en marchas bajo la consigna «El INE no se toca», defendiendo la autonomía del órgano electoral frente a lo que percibían como intentos de captura política. Estas manifestaciones, organizadas por académicos, exconsejeros y partidos opositores, marcaron un punto de tensión que sigue vivo en el debate actual.

Hoy, bajo la presidencia de Sheinbaum, el «Plan C» se discute en un contexto distinto: el oficialismo no solo tiene mayorías, sino también un capital político fresco. Sin embargo, el desafío permanece: traducir ese poder en una reforma que no erosione los cimientos de confianza construidos en décadas de evolución democrática. E4

Los puntos más importantes de la reforma electoral

Eje de los cambios	Situación actual	Propuesta de reforma
Diputados y senadores plurinominales	Composición Congreso: 500 diputados y 128 senadores. (300 diputados y 96 senadores de MR + pluris)	Composición Congreso: 300 diputados y 96 senadores. (Se eliminan 200 diputados y 32 senadores pluris)
Financiamiento a partidos	Recursos públicos asignados tanto en periodos electorales como en actividades ordinarias.	Recorte drástico: financiamiento solo durante campañas electorales.
Estructura del órgano electoral	INE con direcciones ejecutivas, juntas locales y distritales robustas.	Reducción de áreas técnicas y simplificación administrativa para ahorrar costos.
Consejeros electorales	11 consejeros designados por la Cámara de Diputados con mayoría calificada.	Siete consejeros elegidos por voto popular, a partir de ternas propuestas por los tres poderes.
Nombre y funciones	Instituto Nacional Electoral (INE), encargado de elecciones y padrón electoral.	Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC), también organiza consultas y revocación de mandato.
Nuevos partidos políticos	Requisitos estrictos de afiliados y registros ante el INE.	Flexibilización de requisitos para facilitar la creación de nuevos partidos.

• Congreso actual (500 diputados, 128 senadores).
• Congreso reformado (300 diputados, 96 senadores).

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Ejes del «Plan C»: tijeretazo al presupuesto y a la burocracia

La reforma electoral presentada por el Gobierno de Claudia Sheinbaum retoma prácticamente todos los puntos que López Obrador había planteado en su llamado Plan A. La propuesta busca rediseñar al árbitro electoral bajo criterios de austeridad, simplificación administrativa y cercanía con la ciudadanía.

Uno de los cambios más discutidos es la eliminación de los diputados y senadores plurinominales, figuras de representación proporcional creadas en los años 70 para garantizar la presencia de partidos minoritarios en el Congreso. Con esta medida, el Legislativo quedaría integrado únicamente por legisladores de mayoría relativa, lo que recorta el número total de curules y, al mismo tiempo, disminuye la pluralidad política.

Otro punto central es la reducción del financiamiento público a los partidos políticos, tanto en campañas como en tiempos ordinarios. La propuesta plantea que los recursos se concentren únicamente en periodos electorales, con el argumento de aliviar las finanzas públicas. Críticos sostienen que esto debilitaría la capacidad operativa de las fuerzas opositoras frente al partido en el poder.

La reforma también pretende transformar al INE en el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC). Con ello, se reconoce formalmente la función de organizar no solo comicios federales y locales, sino también consultas ciudadanas y ejercicios de revocación de mandato. Además, se reduciría el número de consejeros electorales de once a siete, elegidos por voto popular a partir de ternas propuestas por los tres poderes de la Unión.

Un cuarto eje consiste en reducir la estructura administrativa del órgano electoral, recortando áreas técnicas y direcciones ejecutivas que, según el Gobierno, duplican funciones y generan gastos excesivos. Este punto ya había sido parte del Plan B y fue uno de los más cuestionados por su impacto en la capacidad operativa de la autoridad electoral.

Finalmente, la propuesta abre la puerta a moderar los requisitos para la creación de nuevos partidos políticos, buscando con ello una mayor apertura al pluralismo. No obstante, los críticos advierten que esta medida podría derivar en la proliferación de partidos satélite que refuercen al oficialismo en lugar de ampliar la competencia real. E4

Ruta	Contexto	Propuesta central	Resultado
Plan A (2022)	Gobierno de AMLO; Morena sin mayoría calificada.	Reforma constitucional: eliminar plurinominales, reducir consejeros de 11 a siete, creación del INEC, financiamiento reducido a partidos.	No prosperó en el Congreso.
Plan B (2022-2023)	Aprobado por mayoría simple de Morena y aliados.	Cambios a leyes secundarias: recorte de estructura y salarios en el INE, límites a fiscalización y comunicación social.	Declarado inconstitucional por la Suprema Corte.
Plan C (2024-2025)	Victoria de Sheinbaum y mayoría morenista en Congreso.	Retoma el Plan A: eliminación de plurinominales, reducción de consejeros, nacimiento del INEC, menos recursos a partidos, flexibilización para nuevos partidos.	En discusión, con altas probabilidades de aprobarse.