Reforma energética: del monopolio de Pemex al auge del huachicol fiscal

La política impulsada durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto permitió el ingreso de particulares a la importación de gasolinas y diésel. Años después, el expediente contra Ernesto Ruffo exhibe cómo esa transformación fue aprovechada por redes de contrabando; hoy representan uno de los mayores desafíos para las finanzas públicas y la seguridad

Coahuila, epicentro del tráfico de hidrocarburos

Durante décadas el negocio de la gasolina en México fue relativamente simple: Petróleos Mexicanos (Pemex) importaba, refinaba, distribuía y comercializaba prácticamente la totalidad de los combustibles consumidos en el país. El monopolio estatal limitaba la competencia, pero también mantenía bajo un solo control la cadena de suministro.

Ese esquema cambió con la reforma energética impulsada por el presidente Enrique Peña Nieto. La modificación constitucional de 2013 y la posterior Ley de Hidrocarburos de 2014 abrieron gradualmente un mercado que había permanecido cerrado por más de siete décadas. Entre los cambios más significativos estuvo la posibilidad de que empresas privadas importaran gasolina y diésel, una facultad que originalmente entraría en vigor el 1 de enero de 2017.

Sin embargo, el propio Gobierno federal decidió adelantar esa apertura. Mediante un aviso publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de febrero de 2016, la Secretaría de Energía anunció que, a partir del 1 de abril de 2016, cualquier empresa que cumpliera los requisitos legales podría obtener permisos para importar gasolinas y diésel. El argumento oficial era que «las condiciones del mercado lo permitían» y que la medida favorecería la competencia, incrementaría la inversión privada en infraestructura y ofrecería mejores precios al consumidor.

Aquella decisión representó uno de los pilares de la reforma energética. También cambió por completo el mapa de riesgos.

Durante años el término huachicol estuvo asociado casi exclusivamente al robo de combustible mediante perforaciones clandestinas en ductos de Pemex. La estrategia federal implementada desde finales de 2018 redujo considerablemente esa modalidad delictiva, pero el fenómeno evolucionó. En lugar de perforar ductos, organizaciones criminales y redes empresariales comenzaron a aprovechar el nuevo esquema de importaciones para introducir combustible al país mediante declaraciones falsas, subvaluaciones o clasificaciones aduaneras irregulares.

Así nació lo que hoy las autoridades denominan huachicol fiscal. El mecanismo es sofisticado. En lugar de ocultar el combustible, se alteran documentos fiscales y aduaneros para pagar sólo una fracción de los impuestos correspondientes, principalmente el IVA y el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS). En otros casos, los hidrocarburos son declarados como lubricantes, solventes u otros productos que pagan menores cargas tributarias.

El resultado es doble: combustible aparentemente legal que ingresa al mercado formal y pérdidas multimillonarias para el erario. Diversas estimaciones ubican al huachicol fiscal como uno de los mayores esquemas de evasión en México, con pérdidas que podrían superar los 9 mil millones de dólares anuales, además de representar una importante fuente de financiamiento para grupos del crimen organizado.

De la reforma a Ruffo

La reforma energética fue aprobada con el respaldo del PRI, el PAN y otros partidos que integraban el denominado Pacto por México.

Años después, el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, declaró ante la Fiscalía General de la República que parte de los recursos entregados por la constructora Odebrecht habrían sido utilizados para obtener apoyo legislativo durante la discusión de diversas reformas estructurales, incluida la energética.

Entre las personas señaladas por Lozoya figuró el entonces coordinador de los diputados federales del PAN, Ricardo Anaya Cortés. El excandidato presidencial ha rechazado reiteradamente esas acusaciones, sostiene que forman parte de una persecución política y, hasta la fecha, dichos señalamientos no han derivado en una sentencia condenatoria.

Más allá del desenlace judicial de esos expedientes, el episodio dejó bajo cuestionamiento uno de los cambios económicos más profundos del México contemporáneo.

La investigación que actualmente desarrolla la Fiscalía General de la República coloca nuevamente la atención sobre ese mercado abierto hace apenas una década.

Según la FGR, una organización integrada por empresarios, agentes aduanales y operadores logísticos habría introducido al país más de 2 mil 137 millones de litros de combustibles entre 2019 y 2026, declarando en los pedimentos aduanales apenas alrededor del 10 % del volumen realmente transportado para evadir el pago del IVA y del IEPS.

Entre los principales imputados aparece Ernesto Ruffo Appel, primer gobernador de oposición en la historia moderna de México y fundador del PAN en Baja California.

La Fiscalía sostiene que Ruffo, junto con otros directivos, habría desempeñado funciones de dirección dentro de la empresa Ingemar, una de las once compañías utilizadas presuntamente para operar el esquema de importación irregular. El exgobernador rechaza las acusaciones y ha sostenido que su empresa únicamente actuaba como titular de permisos de importación sin intervenir en las operaciones posteriores de comercialización.

La presidenta Claudia Sheinbaum ha rechazado que el caso tenga motivaciones políticas y asegura que la investigación comenzó más de un año antes de la captura del exmandatario bajacaliforniano.

Justicia o golpe político

Mientras la Fiscalía sostiene que se trata de una investigación iniciada desde 2025, la oposición ha intentado colocar el caso en otro terreno: el de la utilización política de la justicia. El PAN sostuvo que nadie debe estar por encima de la ley, pero exigió que el proceso se conduzca con estricto apego al debido proceso y sin criterios selectivos. El expresidente Felipe Calderón también salió en defensa de Ruffo —con quien mantuvo diferencias durante años— para cuestionar lo que considera una disparidad en el trato hacia personajes vinculados a Morena que enfrentan señalamientos similares o incluso más graves.

Desde Palacio Nacional, la respuesta fue inmediata. La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó que exista una persecución política y recordó que las órdenes de aprehensión derivan de una carpeta integrada durante más de un año por la Fiscalía General de la República. «Si él demuestra que no estaba involucrado, los jueces deberán actuar de manera imparcial», sostuvo durante una de sus conferencias matutinas. El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, reforzó esa postura al afirmar que la indagatoria no responde a coyunturas electorales, sino a una investigación que involucró operaciones aduanales, ferroviarias, financieras y corporativas desarrolladas durante varios meses.

El proceso judicial apenas comienza. Ruffo compareció mediante videoconferencia ante un juez federal desde las instalaciones de la Fiscalía y, debido a que los delitos de delincuencia organizada y los previstos en la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Hidrocarburos contemplan prisión preventiva oficiosa, fue internado en el penal federal del Altiplano, en el Estado de México, mientras se resuelve su situación jurídica. La Fiscalía sostiene que existen elementos suficientes para acreditar su probable participación como integrante de la estructura directiva de la empresa Ingemar; la defensa insiste en que el exgobernador nunca intervino en la operación comercial de la compañía y que únicamente figuraba como socio fundador.

La captura también modificó el clima político nacional. En las semanas previas, Morena enfrentaba una de las coyunturas más complicadas del sexenio de Claudia Sheinbaum. La difusión de audios atribuidos a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, y los señalamientos de autoridades estadounidenses contra funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa por presuntos vínculos con el crimen organizado habían colocado al Gobierno federal a la defensiva.

En ese contexto, la detención de una de las figuras históricas del panismo desplazó el foco del debate público. Analistas y dirigentes opositores interpretaron el momento como un golpe político que permitió al oficialismo equilibrar la discusión nacional y repartir el costo de los escándalos de corrupción entre Gobierno y oposición. El Ejecutivo rechaza esa lectura y sostiene que la coincidencia temporal obedece exclusivamente al avance de la investigación ministerial.

Más allá de la disputa política, el expediente marca un precedente inédito. Nunca antes un exgobernador identificado con la transición democrática y con la primera alternancia estatal del país había sido procesado por presuntos delitos relacionados con el huachicol fiscal.

Más que un caso judicial

La captura de Ernesto Ruffo tiene, sin duda, una enorme carga política. Fue el primer gobernador opositor que derrotó electoralmente al PRI en 1989 y una de las figuras emblemáticas del panismo moderno.

Sin embargo, el verdadero fondo del asunto trasciende la situación jurídica de un exgobernador. El expediente vuelve a poner sobre la mesa una pregunta incómoda: ¿estaba preparado el Estado mexicano para abrir completamente el mercado de combustibles?

La reforma energética buscó atraer inversiones, incrementar la competencia y reducir costos para los consumidores. No obstante, la experiencia demuestra que la liberalización también exigía sistemas de fiscalización, controles aduaneros, infraestructura tecnológica y mecanismos de supervisión capaces de impedir que organizaciones criminales utilizaran los mismos instrumentos legales diseñados para fomentar la competencia.

Más de una década después de la apertura de las importaciones privadas, el principal negocio ilegal ya no consiste únicamente en perforar ductos de Pemex. Hoy la batalla también se libra en los pedimentos aduanales, los ferrocarriles, las terminales de almacenamiento y las declaraciones fiscales.

El huachicol dejó de ser exclusivamente un problema de seguridad pública para convertirse en uno de los mayores desafíos institucionales del Estado mexicano. Y esa historia comenzó, paradójicamente, con una reforma concebida para modernizar el mercado energético. E4

NUMERALIA

La ruta financiera del huachicol

• 2013: se aprueba la reforma energética que pone fin al monopolio de Pemex en distintas actividades del sector
• 2016: inicia la importación privada de gasolinas y diésel, tras adelantarse un año la apertura prevista originalmente
• 2,137 millones de litros de combustibles habría importado ilegalmente la red investigada por la FGR entre 2019 y 2026
• 10% del volumen real era el que presuntamente se declaraba en los pedimentos aduanales para evadir IVA e IEPS
• 11 empresas integraban, según la Fiscalía General de la República, la estructura corporativa utilizada para operar el esquema
• 25 personas fueron incluidas en las órdenes de aprehensión emitidas por un juez federal
• 18 millones de litros de combustibles fueron asegurados en una de las operaciones que originaron la investigación.
• $166 millones es el daño al fisco atribuido por la FGR únicamente a una parte de las operaciones investigadas.

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Coahuila, epicentro del tráfico de hidrocarburos

El estado registra los mayores aseguramientos de combustibles de procedencia ilícita. Empresarios y redes que operan desde la frontera con EE. UU. hasta la Comarca Lagunera, bajo investigación

Cuando la Fiscalía General de la República (FGR) presentó la investigación contra Ernesto Ruffo Appel, el nombre de Coahuila apareció de inmediato en el centro del expediente. No fue una coincidencia.

Las investigaciones federales sostienen que la red utilizó la frontera norte para introducir combustible desde Estados Unidos mediante declaraciones aduanales falsas y que parte importante de la operación logística pasó por territorio coahuilense, donde en 2025 fueron asegurados alrededor de 15 millones de litros de gasolina y diésel transportados en 129 ferrotanques, el mayor decomiso de este tipo registrado durante el actual sexenio.

Ese aseguramiento marcó el inicio de una investigación que, un año después, derivó en las órdenes de aprehensión contra Ruffo y otros empresarios, agentes aduanales y operadores financieros presuntamente relacionados con el llamado huachicol fiscal.

Sin embargo, el fenómeno no comenzó con ese caso. Desde hace varios años, Coahuila se ha convertido en uno de los principales corredores para el tráfico ilegal de combustibles debido a su posición estratégica. La cercanía con Texas, los cruces ferroviarios de Piedras Negras y Ciudad Acuña, así como la infraestructura de almacenamiento y distribución existente en la región Sureste y La Laguna, lo convirtieron en un punto privilegiado para mover grandes volúmenes de hidrocarburos hacia el centro y norte del país.

A diferencia del huachicol tradicional —basado en la perforación clandestina de ductos—, las investigaciones más recientes describen un esquema mucho más sofisticado. El combustible cruza la frontera con documentación aparentemente legal, es almacenado en terminales privadas y posteriormente distribuido a comercializadores y estaciones de servicio mediante empresas formalmente constituidas.

La relevancia de Coahuila también quedó reflejada en otra vertiente del caso Ruffo. La FGR incluyó en la investigación a Gerardo Antonio Faccuseh Dabdoub y Gerardo Antonio Faccuseh Zarzar, accionistas de Gasolinera Faza, quienes enfrentan procesos por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita, defraudación fiscal y alteración de controles volumétricos de hidrocarburos. De acuerdo con la Fiscalía, la empresa opera una red de 33 estaciones de servicio bajo la marca Punto+ en Coahuila, Durango, Chihuahua y Zacatecas.

Uno de los antecedentes más relevantes en la entidad es el del empresario lagunero Juan Manuel Muñoz Luévano, «El Mono», quien fue extraditado a Estados Unidos, donde en 2019 se declaró culpable de conspiración para lavar dinero relacionado con recursos del crimen organizado. Tras colaborar con las autoridades estadounidenses obtuvo una reducción de su condena y años después regresó a México.

Su nombre volvió a cobrar relevancia en mayo de 2025, cuando fue detenido en Torreón durante un operativo relacionado con el aseguramiento de una pipa cargada con combustible cuya procedencia no pudo acreditarse. Posteriormente obtuvo su libertad para enfrentar el proceso bajo medidas cautelares. E4