Renee Good y Alex Pretti, símbolos de la repulsa social contra el ICE

El despliegue masivo de agentes federales en los estados enfrenta a Washington con los Gobiernos locales. Mientras se investigan violaciones a los derechos civiles, las protestas suben de tono. Mineápolis, ejemplo de una estrategia fallida que rebasa el debate migratorio

España regularizará a más de medio millón de migrantes

La presencia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) representa hoy uno de los temas más divisivos de la vida pública en Estados Unidos. Lo que comenzó como una ofensiva federal para reforzar el control migratorio ha derivado en una crisis política, judicial y social que atraviesa fronteras estatales, enfrenta a Gobiernos locales con Washington y reaviva el debate sobre los límites del uso de la fuerza por parte del Estado.

La polémica no se alimenta únicamente de cifras de arrestos o deportaciones, sino de una cadena de episodios que incluyen la muerte de ciudadanos estadounidenses a manos de agentes federales, protestas multitudinarias en decenas de ciudades y una creciente resistencia institucional en estados gobernados por la oposición. Minnesota, y en particular el área metropolitana de Mineápolis–St. Paul, se ha convertido en el principal escenario de este conflicto.

En ese estado, la llamada Operación Metro Surge ha desplegado miles de agentes federales sin el aval de las autoridades locales, provocando un choque directo entre el Gobierno federal y las administraciones estatal y municipal. Mientras Washington defiende la legalidad y necesidad del operativo, funcionarios locales, jueces y organizaciones civiles advierten sobre violaciones a derechos constitucionales y un clima generalizado de miedo.

Al mismo tiempo, los efectos de la ofensiva migratoria han trascendido el ámbito político y judicial para impactar de forma tangible en la vida cotidiana: comercios cerrados, caída de inversiones, barrios semivacíos y comunidades enteras que han reducido su actividad por temor a redadas y enfrentamientos. La controversia en torno a ICE ya no se limita a la migración, sino que toca cuestiones de derechos civiles, economía y gobernabilidad.

Ofensiva que divide

ICE, agencia dependiente del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), ha intensificado sus operativos en el interior del país como parte de la estrategia migratoria del presidente Donald Trump, quien prometió durante su campaña llevar a cabo la mayor expulsión de personas sin documentos en la historia de Estados Unidos. Funcionarios federales sostienen que estas acciones son necesarias para garantizar la seguridad pública y hacer cumplir la ley federal.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, ha defendido reiteradamente el despliegue de agentes en Minnesota y otros estados. Tras un fallo judicial que permitió continuar con la operación, celebró la decisión afirmando en redes sociales que se trataba de «una victoria para la seguridad y el orden público». El DHS, por su parte, respondió a las críticas señalando que «sacar a estos delincuentes de las calles hace que las comunidades sean más seguras para los dueños de negocios y sus clientes».

Sin embargo, organismos de derechos humanos y líderes políticos han cuestionado tanto el alcance como las tácticas de ICE. Human Rights Watch calificó como «injustificada» la muerte de una ciudadana en Mineápolis durante un operativo federal, y advirtió que el uso de fuerza letal en contextos de control migratorio plantea serias dudas sobre el respeto al debido proceso.

El escritor mexicano Jorge Volpi describió la ofensiva como un ejemplo de «terror racista» (Reforma, 31.01.26) y sostuvo que las acciones del ICE responden a una lógica ideológica que convierte a los migrantes en enemigos internos. Su texto refleja un clima de creciente alarma entre sectores intelectuales y sociales dentro y fuera de EE. UU.

Punto de quiebre

La indignación nacional se intensificó tras dos tiroteos fatales ocurridos en Mineápolis en enero de 2026. El primero fue el asesinato de Renee Good, ciudadana estadounidense, durante un operativo federal el 7 de enero. Días después, el 24 de enero, agentes de la Patrulla Fronteriza dispararon y mataron a Alex Pretti, enfermero de cuidados intensivos de 37 años, mientras protestaba y grababa con su teléfono un operativo migratorio.

En un primer momento, altos funcionarios del Gobierno calificaron a Pretti como una amenaza. Noem llegó a acusarlo de «terrorismo doméstico», mientras que el subjefe de gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller, lo describió como «un asesino» que intentó matar a agentes federales. Posteriormente, la propia Noem admitió que había recibido «información equivocada» sobre el caso.

Videos difundidos después del tiroteo mostraron a Pretti desarmado en el momento en que fue abatido, lo que llevó al Departamento de Justicia a abrir una investigación de derechos civiles. El fiscal general adjunto Todd Blanche anunció que el FBI y la división de derechos civiles del Departamento de Justicia revisarían «todo lo que pueda esclarecer lo ocurrido ese día», aunque subrayó que se trataba de «una investigación estándar».

Los dos agentes involucrados fueron puestos bajo licencia administrativa. Para Steve Schleicher, abogado de la familia de Pretti, el objetivo es claro: «Nuestros clientes quieren una pesquisa justa e imparcial que examine los hechos en torno a su asesinato».

Minnesota: rechazo social

Tras las muertes, Minnesota se convirtió en el epicentro de una ola de protestas que pronto se extendió al resto del país. El 30 de enero, miles de manifestantes salieron a las calles en decenas de ciudades para exigir el retiro de los agentes federales de inmigración del estado. Estudiantes y profesores realizaron paros desde California hasta Nueva York, mientras en Mineápolis familias enteras marcharon pese a temperaturas bajo cero.

En Los Ángeles, donde fuerzas federales ya habían sido desplegadas meses antes, las protestas derivaron en enfrentamientos con la policía, que empujó a los manifestantes y utilizó agentes químicos para dispersarlos. En Minnesota, las consignas se centraron en denunciar lo que los organizadores consideran una campaña de intimidación sistemática en barrios de migrantes y comunidades racializadas.

El alcalde de Mineápolis, Jacob Frey, resumió el sentir local al afirmar que el operativo federal ha generado «miedo, perturbación y daño», y subrayó que se trata de una operación que «nunca tuvo cabida en Mineápolis». Para muchos residentes, las protestas no solo buscan justicia por las muertes, sino frenar una presencia federal percibida como ajena y agresiva.

El conflicto escaló al terreno judicial cuando el Gobierno de Minnesota y las ciudades de Mineápolis y St. Paul solicitaron bloquear temporalmente la Operación Metro Surge, argumentando que violaba la soberanía estatal protegida por la Décima Enmienda. La jueza federal Kate Menéndez rechazó la solicitud, al considerar que las autoridades locales no demostraron de forma suficiente una violación constitucional, aunque el litigio continúa.

Mientras tanto, el impacto económico ha sido inmediato. Henry Garnica, ciudadano estadounidense naturalizado y dueño de un supermercado en East St. Paul, relató al New York Times cómo agentes federales rodearon su negocio sin orden judicial. «Muchos pequeños negocios han cerrado», dijo. «No es bueno para la economía, no es bueno para las familias, no es bueno para nadie».

La ciudad de Mineápolis estima pérdidas de hasta 20 millones de dólares semanales. El 72 % de los empleadores encuestados por la oficina de convenciones reportó cancelaciones o caídas en ventas. Oscar Murcia, empresario salvadoreño y dueño de varios restaurantes, cerró uno de sus locales tras una caída del 80 % en el tráfico.

Costo político

La ofensiva migratoria encabezada por ICE ha reabierto un debate nacional sobre los límites del poder federal, el uso de agencias migratorias para tareas de orden público y el equilibrio entre seguridad y derechos civiles. Expertos en derecho constitucional han advertido que la presencia masiva de agentes federales armados en ciudades que no han solicitado su intervención supone un terreno legalmente frágil, en especial cuando estas operaciones derivan en detenciones indiscriminadas o en el uso de fuerza letal contra civiles.

Un análisis reciente del Instituto Brookings subrayó que la expansión operativa de ICE en el interior del país «ha superado los mecanismos de supervisión y rendición de cuentas», lo que incrementa el riesgo de abusos y de conflictos con autoridades estatales y locales.

El centro de estudios advirtió además que, al asumir funciones propias de la policía local, las agencias migratorias operan en un marco menos claro de responsabilidad pública, lo que dificulta la investigación y sanción de posibles violaciones a derechos civiles.

Desde el ámbito político, el caso también ha evidenciado tensiones dentro del propio electorado republicano. Diversas encuestas nacionales publicadas tras los tiroteos en Mineápolis muestran que una mayoría de estadounidenses —incluidos votantes que respaldaron a Donald Trump— desaprueba el uso de fuerza letal en operativos migratorios y cuestiona la presencia prolongada de agentes federales en comunidades que no los han solicitado. Estas cifras contrastan con la narrativa oficial del Gobierno, que insiste en presentar la ofensiva como una respuesta necesaria a la migración irregular. E4

Semblanzas

Renee Nicole Good

Poeta, madre y activista comunitaria estadounidense de 37 años cuyo nombre se volvió símbolo de resistencia tras ser asesinada por un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Mineápolis el 7 de enero durante una operación federal. Good, descrita por familiares y amigos como una persona amorosa, creativa y profundamente comprometida con su familia —incluyendo sus tres hijos—, había ganado reconocimiento por su escritura y participación cultural antes de su muerte trágica y controversial. Videos del incidente y testimonios presenciales desafiaron la versión oficial de las autoridades, generando protestas masivas en varias ciudades y encendiendo un debate nacional sobre el uso de la fuerza por parte de agentes federales. Su vida y muerte han sido recordadas en memoriales y homenajes que también evocan otros casos de violencia estatal reciente en Estados Unidos.

Alex Jeffrey Pretti

Enfermero de cuidados intensivos de 37 años y ciudadano estadounidense, conocido por su trabajo en el hospital para veteranos de Mineápolis y por su compromiso comunitario. El 24 de enero, mientras documentaba con su teléfono la respuesta de agentes federales durante protestas contra operativos migratorios, Pretti fue abatido a tiros por un agente de la Patrulla Fronteriza en un incidente que desató indignación pública. Familiares y colegas aseguraban que era compasivo, dedicado y siempre dispuesto a ayudar. Alguien que se preocupaba profundamente por los demás y que se encontraba entre los manifestantes por solidaridad y justicia. Investigaciones forenses han calificado su muerte como homicidio, y las circunstancias han sido objeto de protestas y demandas de transparencia en Mineápolis y más allá, convirtiéndolo en una voz simbólica contra la violencia institucional.

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España regularizará a más de medio millón de migrantes

Las políticas migratorias de Trump tienen castigo: 11 millones de turistas viajan y gastan en otros países. El sector reporta pérdidas por 50 mil millones de dólares

La imagen de Estados Unidos como destino turístico se ha visto seriamente afectada en el primer año del segundo mandato del presidente Donald Trump. Según estimaciones publicadas por el diario Financial Times, al menos 11 millones de turistas dejaron de visitar el país en 2025, lo que se traduce en una pérdida aproximada de 50 mil millones de dólares en gastos relacionados con viajes, hospedaje, transporte y consumo durante estancias. Estos datos están basados en cifras recopiladas por la Administración de Comercio Internacional (ITA, por sus siglas en inglés) y analizan tendencias antes y después de la intensificación de políticas migratorias y exteriores del Gobierno estadounidense.

«A menos que los países occidentales abran sus sociedades a la migración, experimentarán un marcado declive demográfico, un reto que no se resuelve negando derechos sino gestionándolo de forma humana».

Pedro Sánchez, presidente de España

El retrato del turismo internacional en caída contrasta con tendencias globales de crecimiento del sector, que según organismos especializados experimentaron aumentos en otras regiones. En el caso de Estados Unidos, el número total de visitantes extranjeros disminuyó 4.2 % en 2025 respecto al año anterior, mientras que la caída entre viajeros canadienses alcanzó 10.2 %, un descenso que refleja no solo decisiones políticas, sino también un deterioro en las percepciones de seguridad y hospitalidad hacia visitantes internacionales.

En este contexto de debate sobre migración y fronteras, se ha sumado un contrapunto importante desde Europa protagonizado por el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez. En una tribuna publicada recientemente en The New York Times, Sánchez defendió la decisión de su Ejecutivo de regularizar a medio millón de inmigrantes sin papeles, describiéndola como una cuestión «moral y pragmática» que responde tanto a necesidades económicas como sociales. El líder español criticó explícitamente a quienes optan por políticas de deportación masiva y restricciones migratorias severas, y abogó por un enfoque diferente basado en la inclusión y reconocimiento de la contribución de los migrantes a la sociedad.

Sánchez subrayó que «Occidente necesita gente» y que países con baja natalidad, como muchas naciones europeas, requieren migrantes para sostener sus economías y servicios públicos. Para él, la regularización es un modelo que contrasta con las posturas más rígidas en materia de migración, especialmente aquellas promovidas por sectores políticos como el movimiento MAGA en Estados Unidos, al que aludió de manera crítica en su artículo.

Este contrapunto entre la caída del turismo hacia Estados Unidos y la apuesta de España por una política migratoria alternativa refleja no solo diferencias estratégicas entre dos Gobiernos, sino también una divergencia en cómo se percibe el papel de la migración en la dinámica económica y cultural de las sociedades contemporáneas. Para algunos analistas, la combinación de políticas restrictivas, retóricas hostiles y un incremento en las barreras de movilidad no solo afecta al flujo de personas, sino también a la imagen internacional de Estados Unidos como país abierto y hospitalario, con efectos que podrían prolongarse más allá del ciclo político inmediato.

La medida defendida por Sánchez se apoya en datos concretos pues según el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de España, los trabajadores extranjeros representan ya cerca del 13 % de la fuerza laboral y aportan más del 10 % de las cotizaciones al sistema de seguridad social. En sectores como la agricultura, la hostelería, la construcción y los cuidados, la proporción de mano de obra migrante supera el 30 %, lo que convierte su regularización en un factor clave para evitar cuellos de botella productivos.

Además, España enfrenta un desafío demográfico estructural: su tasa de fecundidad ronda 1.2 hijos por mujer, muy por debajo del nivel de reemplazo generacional. De acuerdo con proyecciones del Instituto Nacional de Estadística (INE), sin aportes migratorios sostenidos, el país perdería millones de personas en edad activa en las próximas décadas, con impactos directos en el sistema de pensiones y el financiamiento del Estado de bienestar.

Sánchez también señaló que la regularización reduce la economía informal y aumenta la recaudación fiscal, un argumento respaldado por estudios de la Comisión Europea que muestran que los procesos de regularización incrementan los ingresos públicos y disminuyen la explotación laboral. Frente a ello, organismos internacionales como la OCDE han advertido que las políticas de deportación masiva tienen altos costos fiscales, efectos limitados en la reducción de la migración irregular y consecuencias negativas en términos de derechos humanos y cohesión social. E4