Respiro… estados se desendeudan 6%, pero todavía deben 621 mil 326 mdp

Nuevo León, Durango y Michoacán son los únicos que aumentaron sus obligaciones con la banca. La deuda de 12 entidades, entre ellas la nuestra, rebasa el promedio nacional como porcentaje de las participaciones. Las transferencias federales representan el 87.6 % de los ingresos estatales

En lugar de torta bajo el brazo, un pagaré de 18 años

La borrachera de poder pasó tremenda factura al estado

Los estados cargan sobre sus espaldas deudas por 621 mil 236 millones de pesos (mdp); y los organismos bajo su esfera, por 40 mil 527 mdp. Los menos endeudados son los municipios y sus entes con 30 mil 819 mdp. Así lo establece el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas «Ifigenia Martínez» en el análisis Obligaciones Financieras de las Entidades Federativas de México, correspondiente al periodo enero-junio de este año. El dato relevante es que por primera vez 28 estados registraron una reducción por 12 mil 703 mdp con respecto al cierre de 2024, una baja del 5.9% en términos reales.

Ciudad de México, Sonora, Guerrero, Baja California y Sinaloa contribuyeron más a revertir la tendencia creciente de la deuda subnacional, que ahora es de 692 mil 584 mdp. Coahuila redujo la suya en 705 mdp. Nuevo León, en contraste, la aumentó en 5 mil 211 mdp; Durango, en 439 mmd; y Michoacán en 424 mdp. El 60% de los compromisos con la banca múltiple y de desarrollo (417 mil mdp) lo concentran Nuevo León, Ciudad de México, Estado de México, Chihuahua Veracruz y Coahuila, de acuerdo con el documento. El pago de intereses limita la inversión en infraestructura, obras y servicios en estados como el nuestro, cuyo pasivo asciende a 37 mil 490 mdp, debido a su impacto en el presupuesto.

Las entidades con deudas inferiores a los 3 mil mdp —después de Tlaxcala, que aparece en ceros— son Baja California Sur, Querétaro, Campeche, Hidalgo y Aguascalientes, muy lejos del promedio nacional de 21 mil 643 mdp. La deuda subnacional observó su mayor crecimiento en el periodo 2006-2011, cuando pasó de 160 mil a 391 mil mdp; un alza anual promedio del 15%. El Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco) atribuye la aceleración a la crisis financiera de 2008. Sin embargo, Coahuila fue piedra de escándalo nacional, pues entre 2008 y 2011 disparó su endeudamiento un 1,874 %, influido por factores políticos y de corrupción. En ese lapso los pasivos pasaron de 2 mil 68 a 35 mil 265 mdp, según datos de la Secretaría de Hacienda («La deuda pública estatal: El caso Coahuila», Inteligencia Pública).

Coahuila es la sexta entidad con mayores obligaciones financieras y el tercero en deuda por habitante: 11 mil 25 pesos, debajo de Nuevo León (17 mil 467) y Chihuahua (13 mil 413). El cuarto lugar lo ocupa Ciudad de México (10 mil 977); y el quinto, Quintana Roo (10 mil 180). En el otro extremo se ubican Tlaxcala (cero pesos por persona), Puebla (649), Guerrero (664), Querétaro (751) e Hidalgo (861), señala el Centro «Ifigenia Martínez» de la Cámara de Diputados. La deuda de Nuevo León representa el 75% de sus ingresos totales; y la de Coahuila, el 52%. Más de tres y dos veces por encima del promedio nacional (20 %).

Las participaciones federales significan el 87.6% de los ingresos estatales. La deuda de Nuevo León (112 mdp) equivale al 161% de las transferencias. En proporción le siguen Chihuahua (129%) y Coahuila (119%). La Ley de Disciplina Financiera permite a estados y municipios afectar las aportaciones como fuente de pago mediante «un fideicomiso público sin estructura que actúe como acreditado en la obligación financiera correspondiente», dice el análisis. Todos los Gobiernos, en mayor o menor grado, han echado mano de ese recurso.

Los estados que más han afectado sus participaciones son: Ciudad de México (100%), Coahuila (86.8%), Estado de México (85.5%), San Luis Potosí (83.4%) y Guerrero (81.7%). Los tres «significativamente por encima del promedio subnacional (…) de 55.3%. Las entidades con menores niveles de afectación son también las menos endeudadas: Tlaxcala (0.08%), Puebla (15.4%), Chiapas (21.5%), Campeche (22.8%) y Tabasco (24.25%).

La raíz de la impunidad

El moreirazo, uno de los escándalos financieros y políticos más sonados del país, permanece impune 13 años y medio después de haber salido a la luz. La megadeuda no desaparece por estar ausente de la agenda mediática y del discurso oficial. Máxime cuando, desde 2012, el estado utiliza recursos ingentes del presupuesto para pagar intereses y reducir el capital con cuentagotas. Los efectos son palpables: la inversión para infraestructura, servicios y obras sociales es insuficiente. Ningún ingreso adicional, ninguna reestructura alcanza para compensar los miles de millones de pesos que religiosamente se pagan a los bancos cada año. Ellos y los políticos que endeudaron a los coahuilenses con más de 38 mil millones de pesos, entre 2008 y 2011, son los únicos ganadores.

La Auditoría Superior del Estado de Coahuila (ASEC) documentó y denunció la contratación irregular de créditos, pero los artífices del atraco estaban acorazados. La Procuraduría General del Estado (luego Fiscalía), el Congreso, el Tribunal Superior de Justicia, el Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública y el Sistema Estatal Anticorrupción miraron hacia otro lado y no movieron un dedo para investigar a los funcionarios que asumieron deuda sin autorización del poder legislativo, en franco desacato a la Constitución General de la República.

Marco Cancino y Martha López, director y analista de Inteligencia Pública, organismo dedicado a ciudadanizar información y al análisis institucional aplicado, identifican las causas principales del crecimiento exponencial de la deuda: «1. La opacidad de los procesos de contratación, registro y uso de los créditos: 2. Reglas poco claras y con amplios niveles de discrecionalidad. 3. La violación reiterada de la ley de deuda local vigente, por parte de los funcionarios públicos locales, sin aparentes consecuencias importantes. 4. Instituciones de fiscalización y control administrativos débiles, imposibilitadas en la práctica de sancionar a los responsables de violar las leyes locales.

»5. Instituciones financieras con criterios de contratación laxos, más orientadas a la colocación de créditos que a constituirse en un verdadero factor de desarrollo local. 6. Una sociedad civil local sin las capacidades necesarias para impulsar mayor transparencia, rendición de cuentas y un mejor manejo de los recursos públicos; y 7. Altos niveles de corrupción». La parte positiva —apuntan Cancino y López— «es que las reformas recién aprobadas (en 2012) a la Ley General de Contabilidad Gubernamental obligarán a los Gobiernos locales a transparentar toda la información relativa a la contratación de deuda pública, así como el manejo y ejercicio de los recursos provenientes de esta fuente de financiamiento» (La deuda pública estatal: El caso Coahuila).

Los autores hacen hincapié en que lo ocurrido en Coahuila demuestra la necesidad de fortalecer las leyes e instituciones, pero, sobre todo, de «funcionarios públicos y ciudadanos capaces de cumplirlas y hacerlas cumplir». El Gobierno paga, las leyes se reforman, pero la justicia brilla por su ausencia. Nadie se ha preocupado por el interés de los coahuilenses. Mucho menos por sentar en el banquillo a los gobernantes que ataron a los bancos las finanzas del estado y a décadas de privaciones a los más necesitados. El caso no se ha cerrado. Falta voluntad política y una sociedad que exija a las autoridades acatar la Constitución que juraron cumplir.

¿Para qué endeudarse?

Con un PIBE promedio de 144 mil 750 pesos por habitante en el periodo 2006-2010 (37 mil por encima de la media nacional) que, al menos en teoría, permitía a los coahuilenses tener uno de los niveles de vida más elevados del país, ¿para qué endeudarse? Hipotéticamente, esos años fueron también de jauja y vacas gordas para el estado. Humberto Moreira era el gobernador más popular, y a quien, según encuestas, la mayoría de los mexicanos le confiaría sin dudar las llaves de su casa. Con la misma aparente fe ciega, Coahuila le entregó la llaves de la Tesorería. La credulidad se paga caro.

Antes de responder la pregunta de para qué endeudarse, Marco Cancino y Martha López (Inteligencia Pública) separan el trigo de la paja: «el endeudamiento adecuadamente utilizado puede ser una herramienta que permita impulsar la productividad, y por tanto, detone el crecimiento en los ingresos y el desarrollo social». Coahuila no cumple esa condición por falta de evidencia suficiente para «asegurar que el objetivo de la contratación de la deuda pública de los últimos cuatro años (2008-2012), buscó incrementar la productividad y el desarrollo de la entidad». En ese lapso, las obligaciones pasaron de 2 mil 068 a 35 mil 265 millones de pesos (mdp), mil 605 veces más que el promedio anual nacional, de acuerdo con la Secretaría de Hacienda.

La pregunta de si «¿esto es mucho o poco?» la despejan los propios analistas. Empiezan por examinar la deuda pública estatal individualizada. «Como una manera de eliminar el sesgo, resultado de la diferencia estructural entre entidades, tenemos que Coahuila es el estado cuya deuda per cápita representa 3.7 veces la deuda promedio por habitante del país». La diferencia resulta abismal, pues frente a los 3 mil 537 pesos por persona en otros estados, cada coahuilense debía 13 mil 281 pesos. En Nuevo León, la entidad más endeudada, cada individuo debía entonces 8 mil 141 pesos. Los más desahogados eran los tlaxcaltecas con 62.64 pesos.

Un informe de la Auditoría Superior del Estado de Coahuila (ASEC) revela que, con base en un oficio de la Secretaria de Hacienda, fechado el 24 de junio de 2011, Coahuila tenía un adeudo por 31 mil 973 millones de pesos, de los cuales sólo el 26% (8 mil 313 mdp) se encontraba debidamente inscrita en el Registro de Obligaciones de Empréstitos de Entidades y Municipios de la dependencia. Ernesto Cordero, secretario de Hacienda, soltó la bomba en una reunión con empresarios de La Laguna un mes antes de las elecciones para gobernador. La falta de tiempo para socializar la información jugó a favor del triunfo del candidato del PRI, Rubén Moreira. La sucesión entre hermanos selló así el futuro de Coahuila, colocó grilletes a las finanzas y el estigma de la ignominia a la justicia.

Cancino y López advierten una discrepancia. De acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la deuda de Coahuila, registrada al segundo trimestre de 2011 (8 mil 451 mdp), no incorporaba 23 mil 643 mdp detectados por el Consejo de Estabilidad del Sistema Financiero. La ASEC reportó que en el periodo 2008-2011, el monto de los créditos adquiridos por el Gobierno ascendía a 35 mil 540 mdp. Jaime Jiménez Flores, exdirector de Deuda Pública de Estados y Municipios, fue acusado por no haber registrado la deuda, pero esto solo ocurre cuando las autoridades estatales informan a Hacienda de su contratación, apuntan los analistas. Siempre hay un cabeza de turco. E4

Deuda subnacional por entidades federativas

Segundo trimestre de 2025 (millones de pesos)

Tlaxcala	0.0
Baja California	1,936.5
Querétaro	1,995.2
Campeche	2,256.2
Guerrero	2,398.7
Hidalgo	2,844.2
Aguascalientes	2,955.1
Tabasco	3,313.9
Colima	3,930.7
Puebla	4,593.1
San Luis Potosí	6,215.8
Morelos	6,385.7
Zacatecas	6,461.7
Sinaloa	7,093.5
Nayarit	7,199.5
Yucatán	9,278.3
Durango	11,099.0
Guanajuato	11,675.2
Oaxaca	14,824.1
Tamaulipas	16,799.9
Chiapas	19,019.1
Quintana Roo	21,396.1
Michoacán	22,255.8
Baja California	22,665.9
Sonora	30,097.9
Jalisco	34,713.5
Coahuila	37,490.1
Veracruz	48,492.8
Chihuahua	54,230.7
México	66,124.9
Ciudad de México	100,817.5
Nuevo León	112,023.6

Fuente: Elaborado por el CEFP. Ifigenia Martínez con información de la SHCP.

Deuda de los estados con la banca (mdp):

Total                      596,693

Banca Privada     335,851

Banco de desarrollo

(Banobras)           260,842

Fuente: SHCP-UCEF, al 31 de diciembre del 2024

Los bancos preferidos

Bancomer            113,462

Banorte:                98,973

Santander             52,537

Fuente: SHCP-UCEF, al 31 de diciembre del 2024

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En lugar de torta bajo el brazo, un pagaré de 18 años

En Coahuila la pesadilla de la deuda podría terminar en 2042, de acuerdo con el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados

Los coahuilenses que nazcan hoy traerán bajo el brazo no una torta, sino un pagaré del cual se librarán cuando estén a punto de llegar a la mayoría de edad. Coahuila terminará de pagar la deuda por 36 mil millones de pesos, herencia del moreirato, en 2042, es decir, dentro de 17 años 9 meses. Visto de otro modo, cuando el sucesor del sucesor de Manolo Jiménez cumpla su primer año de Gobierno. No hay luz al final del túnel, sino más tiempos de vacas flacas, sin los recursos necesarios para poner al estado al día en infraestructura carretera, urbana y rural. El aeropuerto con mayor cobertura es el de Torreón. Saltillo tiene apenas unos cuantos vuelos. La demanda la atiende Monterrey.
Hace 14 años, Coahuila era «Coahuilandia», y Saltillo, «Salti-York» por mera imaginación de Humberto Moreira. Había que presumir frente al futuro presidente, Enrique Peña Nieto, y los 21 gobernadores que asistieron a su quinto informe, en Torreón. El destino quiso que el anfitrión y dos de sus homólogos (Andrés Granier y Fidel Herrera) figurarán en la lista de «los 10 mexicanos más corruptos» de 2013 de la revista Forbes. Cuatro más fueron puestos entre rejas por venales (Rodrigo Medina, Mario Marín, Roberto Borge y César Duarte). La apoteósica ceremonia en el Coliseo Centenario anticipaba el retorno del PRI a la presidencia… y su posterior caída. La última gran fiesta de Moreira antes de renunciar a la gubernatura para hacerse cargo del PRI por apenas nueve meses.

«Somos el primer lugar nacional con menor porcentaje de gasto destinado a la deuda. (…) Los coahuilenses confían en nosotros. Logramos el primer lugar nacional en confianza de la gente…».

(Humberto Moreira, quinto informe de Gobierno, 04.11.2011)

En ese momento de fiesta, cumbia y pirotecnia, al cual se sumaron sin rubor los empresarios, a nadie le cruzaba por la mente que las finanzas del estado estuvieran a punto del naufragio. ¿Deuda? Cuento chino de mentes calenturientas «que están en contra de todo y a favor de nada». «Somos el primer lugar nacional con menor porcentaje de gasto destinado a la deuda», proclamó. ¿Eficiencia? No. Cuando Moreira ya era líder del PRI, por voluntad de Peña Nieto, la Secretaría de Hacienda reveló que más del 75% de los créditos no había sido declarado. El escándalo le costaría al exgobernador la expulsión del PRI y el fin de su carrera política.

«(…) la deuda pública de Coahuila pasó de 2,068 millones de pesos en el 2008 a 35,265 millones de pesos en el 2012, lo que representa una tasa de crecimiento en el periodo de 1,705 por ciento».

(Marco Cancino y Martha López, Inteligencia Pública)

Antes, en su informe, Moreira se vanagloriaba: «Los coahuilenses confían en nosotros. Logramos el primer lugar nacional en confianza de la gente, en imparcialidad en asuntos de preferencias partidistas o ideológicas. (…) Estándar & Poor’s y Fitch Ratings nos dan por quinto año consecutivo una muy alta capacidad crediticia doble A mex y Mx A menos por Estándar & Poor’s». El culto a la personalidad no medía límites. «¿Cómo estamos de acuerdo a las encuestas?», preguntó. «Primer lugar nacional de aceptación de Consulta Mitofsky»; y primero, también, «en cumplimiento de deberes» del Gabinete de Comunicación Estratégica.

Sólo la modestia le impidió decir: no se hagan bolas, el candidato presidencial debe ser este humilde profesor, que desde niño soñó gobernar su estado. ¿Qué más quieren? «Logré la mayor votación que un candidato a gobernador haya alcanzado en la historia», «superamos las metas más ambiciosas». En medio de la parafernalia, un dato premonitorio: los 35 mil millones de pesos que anunció de inversión pública. El monto de la deuda pública a la cual se sumarían 5 mil mdp de adeudos con proveedores y contratistas. Muchos no cobraron y otros quebraron. La deuda de Coahuila es la sexta más alta del país. Salir del pozo tardará casi 18 años más. Imposible dejar de hablar del tema. E4

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La borrachera de poder pasó tremenda factura al estado

Después de juegos malabares y de actos de ocultación, la megadeuda salió a la luz. La justicia brilla por su ausencia todavía; nadie ha sido puesto entre rejas por el atraco

Coahuila ha dedicado al servicio de la deuda 5 mil 113 millones de pesos (mdp) anuales en promedio desde 2012. Más del 85% corresponde a intereses. La cifra escaló en los últimos años hasta representar cerca del 10% del gasto público estatal, cuando el pago por amortizaciones empezó a subir. El presupuesto de este año asigna 6 mil 907 mdp al adeudo: 4 mil 493 para intereses y 2 mil 052 mdp para capital. En septiembre la deuda pública directa cerró en 36 mil 759 mdp; la mayoría es a largo plazo (Secretaría de Finanzas).

En los 13 últimos años, Coahuila ha pagado más de 66 mil mdp, casi el doble de los créditos concedidos entre 2008 y 2011 por una banca que aprovechó el río revuelto y el desafuero del grupo gobernante para hincar el diente. Humberto Moreira recibió de la administración de Enrique Martínez una deuda por 323 mdp; en 2007 subió a 486 mdp, y cuatro años después alcanzó la cifra estratosférica de 36 mil 509 mdp, de acuerdo con el informe «Deuda pública del Estado de Coahuila, 1993-2015», elaborado por la Dirección de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados.

Empero, en el presupuesto de egresos de 2011 solo se etiquetaron 190 mdp para pagar capital e intereses sin especificar su distribución. Un año después, con el moreirazo descubierto, la borrachera de poder pasó factura: el servicio de la deuda se disparó a 4 mil 627 mdp, algo así como el 15% del presupuesto. El estudio observa dos rasgos comunes en las leyes que regulan la deuda pública subnacional: «Primero, los empréstitos o créditos contratados por los Gobiernos estatales o municipales deberán destinarse a inversiones públicas productivas, prohibiendo implícitamente destinarla para el financiamiento del gasto corriente; y

»Segundo, la autorización del financiamiento público es responsabilidad de los respectivos congresos locales, quienes en uso de sus facultades aprueben los programas financieros del Gobierno estatal con una mayoría calificada (dos terceras partes de sus miembros presentes), fijando restricciones al endeudamiento en función de variables de tipo fiscal y financiero». El Gobierno de Coahuila, como se observa, violó ambos preceptos, pues gran parte de los créditos no se aplicó en inversiones productivas, sino en gasto corriente e incluso en campañas políticas. No solo eso: el 73.4% de los créditos se gestionó a espaldas de los diputados (El caso Coahuila: créditos sin autorización del congreso, Animal Político, 29.11.12).

Si el Gobierno contaba en la LVIII legislatura con mayoría calificada para contratar créditos, ¿por qué, en vez de utilizar la vía constitucional, hizo todo lo posible para evadirla? Los 35 mil 540 millones de pesos reportados por la Auditoría Superior del Estado de Coahuila (ASEC) dan la respuesta: el monto era inexplicable y rebasaba la capacidad de endeudamiento del estado. Además, había otra irregularidad que ocultar: al menos una sexta parte de los créditos se negoció con documentos falsos. Para más inri, el Congreso legalizó la deuda que no autorizó. Todos en el moreirato han hecho su parte para que la burla permanezca aún hoy impune. Los organismos, partidos y empresarios que aplaudieron guardan silencio como si nada hubiera sucedido. La sociedad, por falta de información oportuna y suficiente o por abulia, se ha limitado a pagar una deuda cuyo destino ignora. Nadie alzó la voz y tampoco nadie fue a prisión
por el atraco. E4

Evolución de la deuda por sexenio (millones de pesos)

Enrique Martínez                323.2

Humberto Moreira              36,509

Rubén Moreira                    37,762

Miguel Riquelme                38,278

Manolo Jiménez                  37,490