La reforma energética promovida por el Gobierno de Enrique Peña Nieto —presentada como el pináculo del modelo económico iniciado en el salinato— se vendió al país como la panacea universal. Según la propaganda oficial, la apertura del sector al capital privado generaría millones de empleos, combustibles accesibles y bienestar generalizado. Bajo este espejismo, las bancadas del PRI, PAN y PRD aprobaron la iniciativa. Sin embargo, detrás del discurso de modernización operó la compra de voluntades: las investigaciones de la FGR y los testimonios de Emilio Lozoya Austin, exdirector de Pemex, documentaron el reparto de sobornos a figuras clave de la negociación, entre ellas David Penchyna, Javier García Cabeza de Vaca y Ricardo Anaya.
El resto es historia: la lluvia de empleos no llegó, los combustibles y las tarifas eléctricas se encarecieron y los «gasolinazos» se multiplicaron. Los consumidores protestaron con bloqueos de calles y la quema de vehículos, comercios y gasolineras. La corrupción no solo quedó impune: Penchyna fue premiado con la dirección del Infonavit, Cabeza de Vaca con la gubernatura de Tamaulipas y Anaya con la presidencia del PAN. Lozoya fue el único procesado, por el caso de Odebrecht, la multinacional brasileña que financió campañas en varios países y recibió a cambio contratos millonarios.
Acusada de inyectar 10 millones de dólares a la campaña presidencial de Peña Nieto, Odebrecht formó parte del esquema de sobornos creado para impulsar los cambios a la Constitución que más tarde abrieron al capital privado la explotación de petróleo y gas, así como la generación de electricidad. La reforma se aprobó en el Congreso en 2013 bajo el paraguas del Pacto por México, firmado el año anterior por los que entonces eran los grandes partidos: PRI, PAN y PRD. La importación de combustibles, antes reservada al Estado, se liberó para que los particulares pudieran introducirlos al país. El mecanismo estaba previsto para entrar en vigor en 2017, pero se adelantó un año. Ese fue el origen del llamado huachicol fiscal.
Apenas asumir la presidencia, Andrés Manuel López Obrador revirtió la reforma peñista en sus aspectos medulares bajo el criterio de devolver al Estado el control de ese sector. Para garantizar la autosuficiencia y la soberanía energética, la 4T inició la reestructuración y fortalecimiento de Petróleos Mexicanos y de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). La importación y el mercado de combustibles, antes exclusivos del Gobierno, se abrieron para estimular la competencia con la participación de firmas extranjeras dedicadas a la venta de gasolina y diesel.
La delincuencia organizada y algunos empresarios y políticos aprovecharon el resquicio para ampliar sus actividades ilícitas con el contrabando de carburantes. El huachicol fiscal le ha costado al fisco hasta 600 mil millones de pesos, cifra que la presidenta Claudia Sheinbaum pone en duda por falta de información precisa. La Procuraduría Fiscal de la Federación investiga operaciones por 16 mil millones de pesos. La reforma energética de 2019 prohibió nuevas concesiones para la explotación de hidrocarburos y el Gobierno de AMLO dejó sin efecto más de 1,200 permisos para la importación de gasolina y diesel. La cancelación total no es asequible porque el país aún no es autosuficiente y por las reglas del Tratado Comercial con Estados Unidos y Canadá en materia energética. Lo que sí es posible es atacar el contrabando sin presiones ni cálculos políticos.
La gloria en calderilla
Ser el primer gobernador no priista de Baja California y del país, en 1989, le concedió al empresario Ernesto Ruffo Appel un aura épica. Más tarde fue senador y diputado federal; en 2018 buscó la candidatura presidencial, pero el entonces líder del PAN, Ricardo Anaya, hizo a un lado a los demás aspirantes para nominarse a sí mismo. Ruffo venció con holgura a Margarita Ortega, segunda mujer postulada por el PRI para una gubernatura, pero la idea de que su triunfo fue producto de una concesión de Carlos Salinas al PAN —a cambio de no impugnar su propia elección, a todas luces fraudulenta— jamás se desvaneció por completo.
El arreglo entre Salinas y el PAN se hizo evidente dos años después en Guanajuato. El entonces presidente impuso como gobernador interino al también empresario Carlos Medina Plascencia, quien duró en el puesto más tiempo que algunos mandatarios elegidos en las urnas. El PAN ejerció el poder en Baja California durante 30 años consecutivos; su derrota frente a Morena, en 2019, obedeció, entre otros factores, a la corrupción rampante. El principal baluarte del partido fundado por Gómez Morín pasó a ser Guanajuato, donde ha gobernado de manera ininterrumpida desde los años noventa. El segundo de sus mandatarios allí, Vicente Fox, saltó después a la «silla del águila» tras una reforma al artículo 82 de la Constitución, promovida en el salinato, que permitió ocupar el cargo a hijos de padres extranjeros.
Durante la gestión de Ruffo como gobernador ocurrió el asesinato del candidato presidencial del PRI, Luis Donaldo Colosio, al finalizar de un mitin en la colonia Lomas Taurinas de Tijuana. A pesar de las trabas al operativo local, la policía municipal acudió a la concentración por órdenes del gobernador, quien atribuyó el crimen al propio Estado, postura respaldada por múltiples actores. Las investigaciones locales y de la Comisión de Derechos Humanos de Baja California discreparon de la versión oficial del «asesino solitario». José Federico Benítez, director de Seguridad Municipal de Tijuana que realizaba indagatorias paralelas, fue emboscado y acribillado junto a su escolta un mes después del magnicidio. Aquellos crímenes nunca se esclarecieron del todo.
Hoy, en un acto de oportunismo político, Vicente Fox y un grupo de exgobernadores de oposición han asumido la defensa de Ruffo Appel, vinculado a proceso por su presunta participación en una red de contrabando de combustibles (huachicol fiscal). A Ruffo se le pretende presentar como «preso político», una etiqueta que difícilmente encaja con quien hoy no representa un riesgo electoral o un contrapeso real para el Estado. La investigación contra el exmandatario no salió de la chistera presidencial, sino del decomiso de 15 millones de litros de combustible ilegal realizado a mediados del año pasado en Saltillo y Ramos Arizpe. La reacción opositora resulta previsible, pues el caso asesta un duro golpe al naciente partido Somos México, del cual Ruffo es consejero.
Dar a la detención del primer gobernador de oposición el cariz de «persecución política» responde más al intento de desacreditar a la Fiscalía General de la República —encabezada por primera vez por una mujer, Ernestina Godoy— y de victimizar a un imputado, que a una auténtica exigencia de justicia. Ningún halo histórico, por grandes que hayan sido las batallas para conquistarlo, exime de responsabilidades penales. Al contrario: conservarlo exige ejemplaridad y congruencia. Víctor Hugo lo dejó escrito para recordar a los políticos que «la popularidad es la gloria en calderilla».
