No cabe duda alguna de que la muerte de Rocky, un perro de la raza Gran Pirineo, que desafortunadamente murió después de ser arrastrado en una camioneta por una mujer que ya se encuentra detenida y vinculada a proceso, llamó la atención de todos, ciudadanos y autoridades, por la brutalidad que mostraron las imágenes que circularon por las redes sociales de internet.
Para todos, los hechos que terminaron con la vida del perro son reprobables y no tienen justificación porque fueron perpetrados con todos los agravantes de la alevosía, ventaja y premeditación, lo que genera aún más indignación y enojo para la opinión pública.
La tragedia reactivó las demandas y los avisos de grupos civiles de animalistas que protegen los derechos de los animales y seres sintientes y que denuncian a través de redes sociales y ante autoridades los abusos que se registran en todos los niveles sociales.
Evidentemente algunas personas pueden sentirse con más derecho para emitir opiniones y juicios, sin embargo, llama la atención que algunos de los protagonistas de las manifestaciones ciudadanas por la muerte de Rocky son personajes que exigían justicia incluso con actitud agresiva, intimidatoria y acusatoria contra un negocio de veterinaria y contra las autoridades estatales y municipales.
Llamó la atención que en ninguna de sus narrativas se incluyera a las autoridades federales como ente de gobierno y fue notoria la intención de generar encono y desestabilización de una situación que se tenía bajo control.
Es decir, ya había una presunta responsable detenida y a Rocky ya se le brindaba atención, entonces cuál era el reclamo; presionar a través de teorías como el hecho de que el perro había sido cambiado o que la presunta responsable era protegida de las autoridades; hipótesis que aumentaron el enojo de la opinión pública y que generaron incertidumbre hasta que las autoridades aclararon todas las dudas que surgían en las redes sociales.
Entre las opiniones y sentencias de las personas, destacaba aquella de cómo no se manifestaban así cuando se registra la muerte de una persona en forma violenta o se documentan abusos contra menores o adultos mayores.
Las situaciones son radicalmente diferentes, aunque la línea común es la violencia y la falta de conciencia de los seres humanos, que son quienes ejercen esa actitud agresiva, y cada caso tiene una importancia fundamental para analizar, pero el común denominador, es que hay leyes y autoridades que deben y pueden aplicarse para contener el fenómeno de la violencia en general.
En un entorno que se vive en Coahuila con altos niveles de seguridad, es aceptable que la sociedad reaccione así como lo hizo por la muerte de Rocky, pues hoy la entidad no enfrenta problemas graves de seguridad como otros estados, incluso vecinos, donde la delincuencia organizada se mantiene activa y con graves repercusiones.
El reto para todos, animalistas, ciudadanos y autoridades es evitar que vuelvan a repetirse casos como este. Desafortunadamente se antoja difícil, pero hay que intentarlo y mientras tanto aplicar la ley como actualmente lo hicieron las autoridades municipales y estatales.
