Mientras Texas llora la muerte de más de 130 personas, la capital de Coahuila afronta su propio diluvio. No se trata solo del clima, sino de decisiones que priorizan el negocio sobre la vida y el suelo. Ciudadanos denuncian la aquiescencia de las autoridades
La amenaza climática extrema ya nos alcanzó
Realmente, las lluvias no sorprendieron. Llevaban semanas evidenciando el colapso urbano que se gestó por años entre omisiones, intereses privados y negligencia oficial. La tormenta del 11 de julio representó solo el colofón de una temporada de aguaceros que ya había puesto en evidencia la fragilidad urbana de Saltillo. Esa noche, la ciudad vivió una de las trombas más intensas en años: en cuestión de horas cayeron 45.2 milímetros de agua, equivalente al promedio mensual. Pero más allá del dato meteorológico, lo que quedó al descubierto fue una verdad más incómoda: el desastre no fue únicamente natural, sino también político, económico y ético.
Calles convertidas en ríos, colonias enteras anegadas, vehículos flotando y familias atrapadas durante horas en sus casas mientras el agua lo devoraba todo. La tromba afectó a más de una veintena de sectores, con particular severidad en Portales, Loma Linda, Real del Sol, Mirasierra, Valle de las Torres, Brisas, Tulipanes, Lomas de Lourdes, Santa Cristina, Jardines de Versalles, La Estrella, El Toreo y, de manera dramática, el fraccionamiento Terranova. Sin embargo, lo ocurrido no fue una extrañeza ni una catástrofe inevitable. Representó, como bien señalaron algunos vecinos, «una tragedia anunciada».
«Antes el agua bajaba y seguía su curso. Ahora, con los fraccionamientos que han sido autorizados, esa agua se desvía y termina inundando nuestras casas».
Marco Antonio Espinoza, vecino afectado
Terranova es el caso más paradigmático. Las imágenes de casas completamente inundadas, de salas convertidas en piscinas fangosas y de habitantes aislados durante más de tres horas mientras el nivel del agua alcanzaba niveles alarmantes, se viralizaron en redes sociales. Pero más allá del impacto visual, lo verdaderamente grave es lo que subyace a la emergencia: la urbanización sin control, la omisión de las advertencias técnicas, la codicia de los fraccionadores y la complicidad implícita de las autoridades municipales.
«En el tema de los desarrolladores, el área verde pudiera ser un área muy importante para la absorción de escorrentías, pero resulta que esa área verde ya la despalmaron… y al final del día son áreas que no necesariamente van a poder hacer una función hidráulica natural».
Griselda Alemán, especialista en urbanismo de la UAdeC
Sin planificación urbana
Construida en una zona donde confluían antiguos cauces de agua y sin la infraestructura hidráulica adecuada, Terranova es un ejemplo claro de cómo el crecimiento inmobiliario en Saltillo ha ignorado la lógica del territorio. «Esto se pudo haber evitado», dijeron los propios vecinos. Y no es una frase vacía. Desde hace tiempo, especialistas y colonos han advertido que las viviendas estaban asentadas en una zona de riesgo. Aun así, los permisos de construcción fueron otorgados y las casas posteriormente vendidas.
Elementos del Ejército Mexicano, Protección Civil y Bomberos tuvieron que acudir al lugar para brindar auxilio cuando el agua rebasó el metro de altura en algunos domicilios. La imagen de soldados cargando niños y adultos mayores sobre el lodo simbolizó la doble tragedia: por un lado, el desastre natural; por el otro, el abandono institucional que permitió que esa gente estuviera allí, en primer lugar.
Pero el caso de Terranova no es aislado. Toda la zona norte de Saltillo ha experimentado en los últimos años un crecimiento desbordado de fraccionamientos, muchos de ellos construidos sobre arroyos entubados, zonas de absorción o pendientes pronunciadas. La expansión horizontal ha sido vendida como sinónimo de desarrollo, pero en la práctica ha sido una forma de negocio que favorece a unos pocos. Fraccionadores que compran terrenos baratos, invierten lo mínimo en infraestructura y luego venden casas con créditos avalados por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) o instituciones bancarias. Surgen entonces colonias bonitas en el papel, pero frágiles en su diseño y arquitectura, sin drenaje pluvial adecuado, sin estudios de impacto ambiental públicos y, muchas veces, sin respeto a la normatividad vigente.
Las autoridades municipales, en lugar de fungir como reguladoras, han actuado como facilitadoras. La otorgación de permisos ha sido opaca, sin criterios técnicos claros ni rendición de cuentas ante la ciudadanía. El alcalde de Saltillo, José María Fraustro Siller, hizo un recorrido por algunas de las zonas afectadas. En declaraciones a medios, reconoció la gravedad del fenómeno, pero centró sus palabras en la intensidad de la lluvia. Ninguna mención a los errores de planeación urbana, ningún llamado a investigar a las empresas constructoras ni a revisar los permisos otorgados. El discurso oficial se ancló en la excepcionalidad del evento, cuando lo que urge es entender su recurrencia. Esta no es la primera vez que Saltillo sufre inundaciones severas, ni será la última si no se toman decisiones estructurales.
La ciudadanía, mientras tanto, reacciona con una mezcla de indignación y resignación. Algunos vecinos de Portales grabaron cómo el agua salía literalmente disparada de las coladeras, incapaces de contener el volumen. En otros sectores los residentes tuvieron que improvisar canales con escobas, palas y costales para desviar la corriente. No se trata de zonas marginales, sino de desarrollos recientes, promovidos como modernos, seguros y bien ubicados.
Lo que está ocurriendo en la capital coahuilense se replica en otras ciudades del estado. Se trata de una forma de urbanizar que pone las ganancias por encima de la vida, que convierte el territorio en mercancía y que arrincona a las personas en zonas de riesgo. La lógica del fraccionador —que diseña el plano según la rentabilidad, no según el respeto al ecosistema— se impone sobre la lógica del bien común.
No puede hablarse de un «desastre natural» cuando hay responsabilidad humana. Desde la omisión de estudios geohidrológicos hasta la falta de mantenimiento de la infraestructura pluvial, pasando por la permisividad con la que se autorizan nuevas obras en zonas saturadas. La tromba solo fue el catalizador de una crisis incubada durante años que terminan padeciendo las familias al perder sus muebles, ropa, electrodomésticos, documentos. Algunos, incluso, sus vehículos. Las aseguradoras no cubren todos los daños y el Gobierno solo promete apoyos limitados.
Lo que debió hacerse
Las lluvias no son nuevas, y tampoco lo son las reglas que deberían evitar que colapsen colonias enteras tras cada tormenta. En México —y particularmente en municipios como Saltillo— existen normas claras que marcan qué se puede y qué no se puede hacer al momento de desarrollar un fraccionamiento.
Por ley, ninguna colonia debería construirse sin un estudio de impacto ambiental que evalúe los riesgos ecológicos y sociales. Tampoco sin un análisis hidrológico que determine si la zona es propensa a inundaciones o si está sobre antiguos cauces o arroyos entubados. En teoría, los desarrolladores están obligados a presentar esos estudios ante instancias como la Dirección Municipal de Urbanismo o la Secretaría del Medio Ambiente, y a construir infraestructura pluvial suficiente para canalizar las aguas durante lluvias intensas.
Además, las normativas federales prohíben construir sobre cauces naturales sin autorización explícita de la Comisión Nacional del Agua (Conagua). También deben respetarse porcentajes mínimos de áreas verdes, garantizar servicios como agua potable y drenaje sanitario, y abrir al menos dos accesos viales para evitar cuellos de botella. A esto se suma la obligación de alinear los proyectos con el Plan Municipal de Desarrollo Urbano y, en algunos casos, someterlos a consulta vecinal cuando se anticipan afectaciones a colonias aledañas.
Nada de eso parece haberse cumplido en las comunidades afectadas en Saltillo. O, peor aún, si se cumplió en papel, no se supervisó en campo. Esa es la raíz del problema. Los fraccionadores actúan con libertad para maximizar el rendimiento comercial del terreno; las autoridades municipales avalan con sellos y permisos lo que en muchos casos debería ser motivo de sanción. En consecuencia, lo ocurrido en la capital coahuilense no se explica solo por la fuerza del agua, sino por la debilidad institucional para hacer cumplir la ley. Lo que se derrumbó no fueron solo bardas y techos, sino la confianza en un modelo urbano que, lejos de proteger a quienes habitan la ciudad, los expone una y otra vez al mismo riesgo evitable
Texas de luto
Las lluvias torrenciales no solo afectaron la zona septentrional de México. En el lapso de la tarde del 3 de julio al amanecer del 4, la región conocida como el Hill Country, en el centro de Texas, fue golpeada por fuertes precipitaciones derivadas del sistema tropical Barry. Entre 130 y 280 milímetros de agua cayeron en cuestión de pocas horas, provocando un aumento del río Guadalupe de hasta ocho metros por encima de su nivel normal, arrasando viviendas, campamentos y generando inundaciones repentinas masivas.
Al cierre del 13 de julio, las autoridades confirmaron 129 personas fallecidas, incluyendo niños —al menos 27 en el campamento Camp Mystic—, y alrededor de 160 desaparecidos, principalmente en el condado de Kerr. La rapidez con la que subieron las aguas fue letal. En una hora, el nivel del río pasó de advertir inundaciones a alcanzar y sobrepasar el extremo de su escala, desbordándose por encima de cualquier previsión y sin tiempo para evacuar. Testigos relataron cómo el agua engullía árboles, automóviles y casas en cuestión de minutos.
El hecho de que tantas personas estuvieran en zonas vulnerables, incluso en campamentos para menores, revela graves errores en la prevención y planeación territorial. Camp Mystic, por ejemplo, operaba en una zona ya declarada de riesgo y se encontraba en un cauce natural que en registros históricos mostraba inundaciones recurrentes. Las labores de rescate se vieron interrumpidas en varios momentos por nuevas lluvias, lo que obligó a pausar la búsqueda, complicó la localización de desaparecidos y demoró prestar atención urgente para comunidades aisladas.
Autoridades estatales han sido criticadas por no activar evacuaciones anticipadas o alertas tempranas, a pesar de que el Servicio Meteorológico emitió advertencias de inundación severa y «emergencia de flash flood». El gobernador Greg Abbott reconoció que muchos residentes no recibieron alertas a tiempo y se comprometió a revisar el sistema de aviso previo. Los esfuerzos de rescate, que han involucrado helicópteros, drones, botes y brigadas de tierra, enfrentan una tarea monumental: llegar a zonas de difícil acceso, identificar cuerpos y atender sobrevivientes traumatizados mientras aumentan las lluvias. E4
Exigencias para fraccionadores
| Categoría | Medida |
|---|---|
| Uso de suelo | Verificación de compatibilidad con el Plan de Desarrollo Urbano vigente. |
| Estudios hidrológicos | Presentación de estudio de riesgo por inundaciones y diseño de infraestructura pluvial. |
| Impacto ambiental | Elaboración y aprobación de un Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA). |
| Infraestructura pluvial | Diseño de red pluvial suficiente para captar y dirigir aguas pluviales. |
| Arroyos y cauces | Prohibido construir sobre cauces naturales o zonas federales sin autorización de CONAGUA. |
| Áreas verdes | Destinar al menos 10-15% del área total del predio para áreas verdes y de conservación. |
| Servicios urbanos | Garantizar agua potable, drenaje sanitario, alumbrado, recolección de residuos y pavimentación. |
| Vías de acceso | Diseño vial compatible con el entorno, con mínimo de dos accesos y salidas. |
| Impacto urbano | Evaluación de densidad poblacional, servicios disponibles y conectividad. |
| Compensaciones | Pago de derechos municipales y aportación para infraestructura pública. |
| Permisos y licencias | Obtener licencia de uso de suelo, factibilidad de servicios y autorización de fraccionamiento. |
| Consulta pública | En muchos municipios, se debe abrir a consulta vecinal si hay afectaciones previstas. |
NOM-011-CONAGUA-2015 (Conservación de cauces)
La amenaza climática extrema ya nos alcanzó
Sequías y lluvias devastadoras son consecuencias de un equilibrio alterado. Todo el mundo sufre los efectos, pero los países pobres se llevan la peor parte
Ya no se trata de si el clima está cambiando, sino de cómo y a qué velocidad. El planeta ha entrado en una etapa donde los extremos climáticos —lluvias torrenciales, sequías prolongadas, olas de calor mortales y tormentas fuera de temporada— han dejado de ser anomalías para convertirse en parte de un nuevo patrón climático global.
En las últimas décadas, el aumento sostenido de la temperatura media del planeta —más de 1.2 °C desde la era preindustrial— ha modificado los equilibrios atmosféricos que regulaban las estaciones, la humedad y la energía que circula entre océanos y continentes. Cada grado adicional multiplica la frecuencia y la intensidad de los eventos extremos. Y eso, hoy, se traduce en vidas perdidas, ciudades anegadas, cosechas fallidas y migraciones forzadas.
La fórmula es clara: una atmósfera más caliente retiene más vapor de agua, lo que significa lluvias más intensas cuando el cielo finalmente se abre. Al mismo tiempo, ese mismo calentamiento favorece procesos de evaporación acelerada, intensificando las sequías en regiones que antes eran húmedas. En consecuencia, el planeta oscila entre la aridez extrema y las inundaciones repentinas, sin puntos medios.
Los científicos del IPCC (Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático) han advertido desde hace años que el cambio climático es un «multiplicador de amenazas». Y no se equivocan: fenómenos que antes ocurrían cada 50 o 100 años, como las lluvias que recientemente azotaron el centro de Texas o la zona metropolitana de Saltillo, ahora podrían repetirse con frecuencia mucho mayor. Pero lo más alarmante no es solo el número de tormentas o sequías, sino el hecho de que muchas regiones no están preparadas para enfrentarlas. Las ciudades crecieron sobre antiguos cauces, los sistemas de drenaje envejecieron sin renovación, los suelos se compactaron por el cemento y se redujo la cobertura forestal. Ante cualquier evento extremo, el daño es casi inevitable.
Según datos de la Organización Meteorológica Mundial, el número de desastres climáticos se ha quintuplicado en los últimos 50 años. Las pérdidas económicas superan los 3.6 billones de dólares y los países con menos recursos siguen siendo los más afectados, pese a ser quienes menos han contribuido al problema.
Lo que ocurre con las lluvias también sucede con el aumento de la temperatura: las olas de calor extremo son cada vez más frecuentes, más largas y más letales. En 2022, India y Pakistán rompieron récords históricos con temperaturas de hasta 51°C; en 2023, China vivió la peor ola de calor en su historia moderna, y en 2024, el sur de Europa enfrentó incendios forestales catastróficos tras meses sin lluvias.
Los científicos lo explican con claridad: el clima responde a un sistema que hemos alterado de forma irreversible con la emisión masiva de gases de efecto invernadero. La quema de combustibles fósiles, la deforestación, la sobrexplotación del suelo y los modelos de consumo insostenibles han empujado al planeta a un umbral peligroso. Y lo que ahora vemos no es el final del camino, sino el comienzo de una etapa aún más incierta. E4
