La instalación de la nueva Suprema Corte de Justicia inaugura una etapa inédita en México. El reto consiste en traducir el respaldo ciudadano en decisiones firmes frente a los rezagos más profundos del sistema: delitos sin castigo y justicia selectiva
Tribunal de Disciplina Judicial: el buen juez por su casa empieza
La nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), instalada este 1 de septiembre, abre un capítulo inédito: por primera vez sus ministros llegan al cargo a través de las urnas. Se trata de un parteaguas en la vida institucional mexicana que busca devolver a la sociedad la confianza en el Poder Judicial y redefinir su relación con la ciudadanía.
La referencia histórica más inmediata es la reforma judicial de 1994. En aquel momento, el presidente Ernesto Zedillo rediseñó por completo la Corte, redujo el número de ministros y estableció nuevas reglas para su integración. Aquella transformación fue una respuesta a la crisis política y económica de los años 90; la actual es hija del hartazgo social frente a la impunidad.
La reforma judicial aprobada el año pasado redujo nuevamente el número de ministros —de 11 a 9— y limitó su periodo a 12 años, pero sin duda el cambio más osado fue establecer su elección mediante voto popular. Con ello se buscó dotar al máximo tribunal de un carácter más representativo y menos dependiente de los acuerdos entre élites políticas.En la jornada electoral del pasado 1 de junio, cerca de 13 millones de personas acudieron a las urnas para elegir jueces, magistrados y ministros. Aunque la participación fue baja, la sola existencia de este tipo de boleta marcó una innovación democrática de gran calado.
Los perfiles electos muestran una combinación de diversidad y continuidad. Entre ellos destaca Hugo Aguilar, abogado mixteco de Oaxaca, que se convirtió en presidente de la Corte, un hecho simbólico que refuerza la representación de comunidades históricamente marginadas. Junto a él permanecen ministras como Lenia Batres, Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz, cuya reelección fue respaldada por los votantes.
Y aunque algunos sectores advierten que la baja participación —13% del padrón electoral— limita la legitimidad del proceso y aumenta el riesgo de que los jueces se conviertan en figuras más políticas que técnicas, la reforma abre una oportunidad histórica para fortalecer la confianza en la justicia, siempre y cuando se traduzca en sentencias que ataquen el problema central: la impunidad.
Según datos de México Evalúa, este fenómeno alcanza el 93.6%, lo que significa que apenas 6 de cada 100 casos que llegaron a las fiscalías estatales tuvieron una resolución judicial efectiva. El problema aumenta en delitos graves: desaparición forzada registra un índice de impunidad del 99.5%, extorsión del 98.3%, fraude 97.2% y homicidio doloso 96.8%.
En este contexto, la nueva Suprema Corte enfrenta un desafío monumental: convertir el respaldo ciudadano en justicia efectiva, convirtiendo expectativas incumplidas en resultados tangibles.
De Zedillo a Sheinbaum
La historia reciente de la Suprema Corte no puede entenderse sin el parteaguas de 1994. La reforma de Ernesto Zedillo redujo el número de ministros, recortó sus periodos y dio mayor peso a los procesos internos de selección. Se trató de un rediseño completo del máximo tribunal para otorgarle independencia frente a un sistema político que había entrado en crisis.
Treinta años después, la reforma de 2024 vuelve a sacudir las bases de la justicia. Esta vez, bajo el impulso de Andrés Manuel López Obrador y con continuidad en el Gobierno de Claudia Sheinbaum, se optó por abrir el proceso a la ciudadanía mediante elecciones directas. La premisa es clara: ningún poder del Estado debe estar ajeno al escrutinio democrático.
El cambio no es menor. Mientras que la reforma de Zedillo buscó blindar a la Corte de la política, la nueva apuesta es exactamente la contraria: insertar la política —a través del voto popular— en la integración del máximo tribunal. Es una diferencia de lógica que explica las controversias actuales.
Lo que ambas reformas tienen en común es la intención de responder a un momento de crisis. Si en los 90 la urgencia era estabilizar el sistema, la exigencia ciudadana de hoy es combatir la impunidad y abrir espacios de representación. En ese sentido, la nueva Corte hereda tanto las fortalezas como los desafíos de su antecesora.
El 1 de junio, millones de ciudadanos tuvieron en sus manos la posibilidad de elegir a jueces, magistrados y ministros. Fue la primera vez que el Poder Judicial se sometió a las urnas, un hecho que por sí mismo constituye un avance democrático.
Para algunos analistas, la escasa participación en el proceso refleja desinterés o desconocimiento de la ciudadanía sobre las figuras judiciales; para otros, es simplemente parte del proceso de aprendizaje democrático que requerirá más de una elección para madurar.
Lo cierto es que la legitimidad de origen de la nueva Corte se sustenta tanto en el mecanismo como en la voluntad expresada. Aunque los porcentajes son reducidos, el hecho de haber dado voz a los ciudadanos abre un espacio inédito de confianza, sobre todo en comunidades que antes no tenían representación alguna.
El desafío hacia adelante será aumentar la participación en futuros procesos. Para ello será necesario que la ciudadanía perciba cambios concretos: mayor eficacia en la impartición de justicia, combate a la corrupción y reducción de la impunidad. Solo entonces el voto se convertirá en una herramienta viva de confianza social.
Perfiles y símbolos
La elección de Hugo Aguilar como presidente de la Corte representa un momento histórico. Abogado mixteco, su trayectoria lo convierte en el primer indígena en encabezar el máximo tribunal del país. Su ascenso es leído como un reconocimiento a la diversidad cultural de México y como un paso hacia una justicia más incluyente.
Junto a Aguilar, la continuidad de ministras como Lenia Batres, Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz garantiza una combinación de experiencia y estabilidad. Su permanencia fue avalada en las urnas y confirma que la ciudadanía no rechazó, de manera automática, a figuras ya conocidas del obradorismo.
El pleno se completa con perfiles como Verónica de Gyves, con amplia experiencia en justicia federal y trayectoria en la Fiscalía de la República; Bernardo Bátiz, exprocurador capitalino y cercano al movimiento de la Cuarta Transformación; y Eréndira Cruzvillegas, especialista en derechos humanos, cuyo nombramiento representa un puente con la academia y la sociedad civil. También se incorporaron Celinda Saavedra, jueza con carrera en tribunales locales, y Javier Mena, abogado con formación en derecho constitucional y experiencia en litigio estratégico.
Las críticas se centran en que esta composición puede favorecer la alineación de la Corte con el proyecto político en curso. No obstante, quienes apoyan la reforma recuerdan que cualquier institución debe ser evaluada no solo por sus integrantes, sino por las resoluciones que emita. La verdadera prueba de independencia se medirá en los fallos que marquen la agenda del país.
En conjunto, los nuevos ministros conforman una Corte con diversidad de género, origen y trayectoria. Esa pluralidad constituye un activo, siempre y cuando se traduzca en debates abiertos y en decisiones que reflejen tanto el mandato de la ciudadanía como la autonomía del Poder Judicial.
Impunidad crónica
La cifra es contundente: alrededor del 94% de los delitos en México quedan sin castigo. Ese es el verdadero reto que enfrenta la nueva Corte y, en general, el sistema de justicia. Ninguna reforma institucional tendrá sentido si no logra mover esa aguja.
La escritora Alma Delia Murillo, quien trabajó en contacto directo con familias buscadoras, denuncia cómo «las autoridades no investigan las desapariciones porque no se quieren investigar a sí mismas», subrayando la complicidad institucional que agrava la impunidad estructural (El País, 21.08.25)
Por su parte, el director del Departamento de Derecho de la Ibero, Ricardo Alberto Ortega Soriano, advierte que en México existe «una situación de impunidad crónica (…) donde al menos 9 de cada 10 delitos quedan sin castigo». Además, señala que esto se debe en gran medida a «la falta de capacidades, de independencia y de profesionalismo de las fiscalías para la investigación de los crímenes» (Ibero, 19.906.24)
Un análisis más abarcador del Índice Global de Impunidad 2024, elaborado por la UDLAP, ubica a México entre los 15 países con mayores niveles de impunidad a nivel mundial, con una puntuación de 46.19 en una escala de cero a cien. Esta calificación refleja un desempeño judicial particularmente rezagado incluso frente al promedio regional.
La impunidad no solo lastima a las víctimas; también erosiona la confianza en las instituciones y alimenta un círculo de violencia e inseguridad. Por eso, la nueva legitimidad de la Corte debe acompañarse de una transformación en la manera de investigar, procesar y sancionar los delitos.
Los críticos de la elección advierten que votar ministros no resuelve, por sí solo, el problema estructural. Los defensores, en cambio, subrayan que la apertura democrática es apenas el primer paso: ahora corresponde a los ministros traducir esa confianza en resultados tangibles.
El camino no será sencillo, pero la expectativa social es clara: una Corte más cercana, más representativa y, sobre todo, más eficaz. Si logra avanzar en la reducción de la impunidad, la elección popular no solo habrá sido un experimento democrático, sino el inicio de una justicia realmente transformadora. E4
Experiencia y renovación: los nuevos rostros de la Corte
| Nombre | Perfil | Señalamientos |
|---|---|---|
| Hugo Aguilar Ortiz | Abogado mixteco, egresado de la UABJO con maestría en Derecho Constitucional; activista indígena y coordinador de derechos indígenas en el INPI. | Criticado por facilitar consultas sobre megaproyectos como el Tren Maya sin cumplir estándares internacionales; fue vinculado indirectamente a denuncias de acoso en el INPI |
| Lenia Batres Guadarrama | Abogada y exdiputada federal; ministra en funciones desde 2023; con formación en Derecho Penal y Gestión Pública, vinculada históricamente con Morena. | Se le señala por su cercanía partidista al oficialismo y por consolidar la influencia de Morena en la Corte. |
| Yasmín Esquivel Mossa | Doctora en Derecho por la UNAM, ministra desde 2019. Académica y especializada en formación judicial continua. | Su candidatura generó polémica por acusaciones de plagio en su tesis doctoral. |
| Loretta Ortiz Ahlf | Históricamente vinculada a la defensa de derechos humanos; exmiembro de PGR y Segob; busca sentencias accesibles y evita dilaciones procesales. | Si bien no enfrentó críticas directas recientes, es considerada cercana al actual Gobierno. |
| María Estela Ríos González | Fiscal de Derechos Humanos en la FGR; electa como ministra en la elección judicial de 2025. | Su perfil ha sido señal de lealtad institucional y posible continuidad de estilos gubernamentales anteriores. |
| Sara Irene Herrerías Guerra | Figura emergente electa en 2025; perfil vinculado a la FGR en materia de derechos humanos; activa en temas judiciales recientes. | Se le atribuye un bajo porcentaje de votos relativos; su nombramiento ha sido visto como respuesta partidista al voto. |
| Giovanni Azael Figueroa Mejía | Académico de la Iberoamericana, experto en Derechos Humanos; cercano al ámbito universitario, no directamente partidario. | Su independencia académica lo distingue, aunque algunos lo consideran la única figura menos alineada con el oficialismo. |
| Irving Espinosa Betanzo | Presidente magistrado del Tribunal Superior de Justicia de CDMX; cercano a la consejera jurídica de Sheinbaum. | Se le critica por su cercanía al Gobierno capitalino, lo que plantea posibles conflictos de independencia. |
| Arístides Rodrigo Guerrero García | Ministro más joven de la nueva Corte, de 41 años; electo en 2025 con un perfil renovador. | Aunque aporta juventud, su experiencia jurídica pública es limitada; se cuestiona su madurez judicial. |
Tribunal de Disciplina Judicial: el buen juez por su casa empieza
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) es, desde su creación en el siglo XIX, el órgano máximo del Poder Judicial en México. Su función esencial ha sido interpretar la Constitución, resolver controversias entre poderes y estados, y garantizar que las leyes se apliquen de acuerdo con el marco constitucional. En la práctica, se trata del último árbitro en disputas políticas, sociales y jurídicas de gran trascendencia.
Sus funciones centrales consistían en resolver controversias constitucionales, acciones de inconstitucionalidad y amparos, además de ejercer la llamada «facultad de atracción» para atraer asuntos de especial relevancia. Hasta antes de la reforma de 2024, su intervención estaba limitada a los litigios que se presentaban formalmente, sin facultad para actuar de oficio, lo que con frecuencia hacía depender su protagonismo de la iniciativa de otros actores políticos y sociales.
La reforma judicial impulsada en septiembre de 2024 introdujo transformaciones profundas. En primer lugar, se redujo el número de ministros de 11 a 9 y se eliminó la división en salas especializadas, de modo que ahora todas las decisiones deben resolverse en el pleno. Esta medida busca dar mayor cohesión a la jurisprudencia y reforzar el carácter colegiado de la institución.
Otro cambio relevante fue la restricción a la suspensión de normas a través del juicio de amparo. Anteriormente, la Corte podía otorgar efectos generales a la suspensión de una ley impugnada, pero la reforma limitó este alcance a los solicitantes directos, recortando así un poder que había permitido frenar disposiciones con impacto nacional. Con ello se busca, según los promotores de la reforma, mantener el equilibrio entre poderes y evitar que decisiones provisionales se conviertan en bloqueos generalizados de políticas públicas.
La nueva configuración permite que los ministros sesionen de manera extraordinaria a solicitud de cualquiera de sus integrantes, incluso fuera de los periodos ordinarios. Este mecanismo dota a la Corte de mayor flexibilidad para atender casos urgentes, especialmente en materias como seguridad, derechos humanos o constitucionalidad de reformas estructurales.
Asimismo, la Corte se vincula ahora con el recién creado Tribunal de Disciplina Judicial, encargado de investigar y sancionar a magistrados y jueces federales por faltas graves. A través de este nuevo órgano, la Corte puede solicitar investigaciones e incluso plantear la posibilidad de un juicio político en casos extremos, ampliando su papel en la supervisión interna del Poder Judicial.
En paralelo, el Consejo de la Judicatura Federal fue sustituido por el Órgano de Administración Judicial (OAJ), responsable del presupuesto, la organización interna y la capacitación. Aunque este órgano tiene autonomía, su diseño implica que la Corte incida de manera indirecta en la vigilancia del funcionamiento administrativo del sistema judicial, reforzando su autoridad sobre el resto de la estructura.
Otro aspecto novedoso son los plazos de resolución obligatorios en ciertas materias, como los asuntos tributarios. Si los jueces o magistrados incumplen con estos tiempos, el caso puede ser revisado por el Tribunal de Disciplina Judicial para determinar posibles responsabilidades. La medida apunta a combatir la dilación procesal, uno de los problemas más señalados por los analistas en el sistema de justicia mexicano. E4
Cambios y nuevas funciones de la SCJN
- Ministros electos en urnas: por primera vez en la historia, los integrantes de la Corte son elegidos directamente por voto ciudadano.
- Reducción de integrantes: el pleno pasó de 11 a 9 ministros, con periodos de 12 años sin reelección.
- Desaparición de salas: se eliminaron las dos salas especializadas; todos los asuntos se resuelven en el pleno.
- Limitación de suspensiones generales: el amparo ya no suspende leyes con efectos universales; la protección aplica solo al demandante.
- Sesiones extraordinarias: los ministros pueden convocar al pleno fuera del calendario ordinario para casos urgentes.
- Nuevo Tribunal de Disciplina Judicial: vigila y sanciona a jueces y magistrados; la Corte puede solicitar investigaciones y juicios políticos.
- Órgano de Administración Judicial (OAJ): sustituye al Consejo de la Judicatura; administra presupuesto, personal y formación judicial.
- Plazos obligatorios de resolución: especialmente en materia tributaria; incumplirlos puede acarrear sanciones disciplinarias.
Gerardo Moyano
Argentina, 1977. Periodista, editor y corrector de periódicos mexicanos y argentinos. Estudió Comunicación Social y Corrección Periodística y Editorial en Santa Fe, Argentina. Actualmente es jefe de Redacción de Espacio 4, donde trabaja desde hace más de diez años.