¿Se acabó la manga ancha? Buscan frenar abusos contra consumidores

La Cámara de Diputados discute, en medio de presiones del sector privado, un paquete de reformas para detener la escalada de precios. Las propuestas apuntan hacia una mayor transparencia, sanciones efectivas y compensaciones para los afectados

A propósito de fracking y soberanía

Durante años, los excesos en sectores como salud, transporte y energía se movieron con amplios márgenes de discrecionalidad. Hoy, esa lógica comienza a ser cuestionada. Desde la Cámara de Diputados avanza una serie de reformas que, en conjunto, apuntan a un mismo objetivo: reequilibrar la relación entre el Estado y los grandes actores económicos. No se trata de medidas aisladas, sino de un intento por establecer límites más claros en mercados donde, durante años, las reglas han sido percibidas como laxas o insuficientes para proteger a los usuarios.

El mensaje que comienza a perfilarse es político y estructural. Frente a prácticas que han sido señaladas como abusivas, la autoridad busca dejar atrás una lógica de tolerancia para asumir un papel más activo en la regulación. En ese contexto, la Cámara de Diputados se alista para discutir una de las reformas más ambiciosas en materia de seguros de gastos médicos mayores y servicios hospitalarios privados en México.

«Durante demasiado tiempo las aseguradoras y hospitales privados han hecho negocio a costa de la salud de la gente, escondiendo condiciones, negando coberturas y abusando de quienes más lo necesitan; esto tiene que acabar».

Jericó Abramo Masso, diputado del PRI

La Comisión de Hacienda y Crédito Público estudia un dictamen que busca frenar lo que algunos legisladores han calificado como «abusos sistemáticos» por parte de aseguradoras y hospitales privados. La iniciativa, impulsada desde hace más de un año por el diputado federal coahuilense Jericó Abramo Masso, pretende modificar al menos seis leyes federales para introducir reglas más estrictas en beneficio de los usuarios. El proyecto, además, incorpora ajustes derivados del diálogo con especialistas y otros grupos parlamentarios.

«Estoy proponiendo una iniciativa para reformar la Ley de Aviación Civil. Con ella busco que se sancione a las aerolíneas que se excedan en estas sobreventas en los aviones».

Eduardo Gaona, diputado de MC

La propuesta no surge en el vacío. Durante años, el sistema de salud privada en México ha sido señalado por operar con altos niveles de opacidad, incrementos desproporcionados en las primas y prácticas que, en los hechos, dejan desprotegidos a los pacientes en los momentos más críticos. De acuerdo con el legislador priista, el objetivo central es «terminar con los excesos» y reordenar una relación que, acusa, ha favorecido más a las instituciones que a los usuarios. En ese diagnóstico coinciden también organizaciones de usuarios que han documentado casos de negativa de cobertura y cobros inesperados.

Entre los cambios más relevantes se encuentra la eliminación de las llamadas «letras chiquitas» en los contratos de seguros. De aprobarse la reforma, las aseguradoras estarán obligadas a presentar condiciones claras desde el inicio, sin cláusulas ambiguas o escondidas que puedan interpretarse en perjuicio del cliente. Otro punto clave es la portabilidad de los seguros médicos, una demanda histórica de los usuarios. Actualmente, cambiar de compañía implica, en muchos casos, perder antigüedad, beneficios acumulados o enfrentar primas más altas. Con la nueva legislación, los asegurados podrían trasladarse entre compañías conservando sus derechos, incluso en el caso de personas mayores de 60 años, un grupo tradicionalmente excluido de estas facilidades. Esto implicaría una mayor movilidad dentro del sector y, potencialmente, una competencia más equilibrada entre compañías.

La iniciativa también plantea modificar la relación entre aseguradoras y médicos. Hasta ahora, muchas pólizas limitan la cobertura a especialistas dentro de una red específica; si el paciente decide atenderse con un médico externo, el seguro simplemente no paga. El dictamen propone eliminar esta práctica, obligando a las aseguradoras a cubrir los servicios, independientemente de si el profesional pertenece o no a su directorio. En paralelo, se busca imponer nuevas obligaciones a los hospitales privados, que deberán transparentar públicamente sus catálogos de servicios y precios. Esta medida apunta a terminar con la discrecionalidad en los cobros, un problema recurrente que, según especialistas y usuarios, ha derivado en cuentas infladas y difíciles de prever. La intención es que el paciente pueda conocer de antemano los costos y tomar decisiones informadas.

La reforma también contempla fortalecer las atribuciones de organismos como la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) y la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF). Estas instituciones tendrían mayores facultades para prevenir, sancionar y difundir prácticas indebidas.

El contexto en el que se discute la iniciativa es particularmente complejo. Por un lado, el costo de los seguros médicos ha aumentado de manera sostenida en los últimos años, en algunos casos alcanzando niveles que resultan impagables para muchas familias. Por otro, la demanda de servicios de salud privados ha crecido, impulsada tanto por las limitaciones del sistema público como por el envejecimiento de la población. Este último factor ha tensionado aún más al sector. Los adultos mayores enfrentan dificultades para mantener sus pólizas activas debido al aumento de riesgos y costos asociados. En muchos casos, quienes han pagado durante años terminan fuera del sistema justo cuando más lo necesitan. «Las aseguradoras quieren que haya muchos jóvenes pagando, pero cuando llegues a los 60 años, que te vayas, porque ya no eres negocio. Eso es lo que vamos a evitar», declaró Abramo Masso.

Además, el modelo actual ha generado fricciones constantes entre aseguradoras y hospitales, que suelen responsabilizarse mutuamente por los altos costos. Mientras las primeras acusan a los hospitales de inflar precios, estos señalan retrasos en pagos y condiciones restrictivas.

En este escenario, la iniciativa de Abramo Masso ha logrado algo poco común en el Congreso: consenso entre distintas fuerzas políticas. El dictamen, según el propio legislador, ha sido enriquecido con propuestas de otros grupos parlamentarios, lo que ha permitido construir un proyecto más robusto y con mayores posibilidades de aprobación. No obstante, el proceso no ha estado exento de resistencias. Reportes recientes apuntan a presiones por parte del sector asegurador y hospitalario para frenar o modificar algunos de los puntos clave de la reforma. El debate, por tanto, no solo es técnico, sino también político y económico.

Aun así, el legislador insiste en que la iniciativa no busca eliminar el negocio de los seguros médicos, sino regularlo para que funcione con mayor equidad. «Se trata de poner orden», ha señalado, al subrayar que la salud no puede seguir subordinada a intereses económicos. De aprobarse en comisión, el dictamen será turnado al pleno de la Cámara de Diputados.

Abusos de Aerolíneas

La intención de acotar prácticas empresariales abusivas no se limita al sector salud. En el ámbito del transporte aéreo, el Congreso también ha puesto bajo revisión una práctica que, aunque extendida a nivel global, genera crecientes inconformidades entre los usuarios: la sobreventa de vuelos. Un tema que ha cobrado relevancia ante el aumento sostenido de pasajeros en los últimos años.

El diputado de Movimiento Ciudadano, Eduardo Gaona, anunció la presentación de una iniciativa para reformar la Ley de Aviación Civil, con el objetivo de sancionar a las aerolíneas que vendan más boletos de los disponibles o que nieguen el embarque de manera arbitraria. La propuesta plantea multas que podrían alcanzar hasta los 469 mil pesos, dependiendo de la gravedad de la infracción. «Cada vez es más frecuente que en México y el mundo haya sobreventa de vuelos, lo que crea un gran problema, porque cuando el pasajero está listo para abordar, se queda sin asiento», comentó el legislador.

La sobreventa —conocida internacionalmente como overbooking— es utilizada por las aerolíneas como una estrategia para compensar ausencias de último momento. Sin embargo, en la práctica, ha derivado en un problema recurrente al aparecer pasajeros que, aun con boleto confirmado, se quedan sin abordar.

De acuerdo con cifras citadas por el legislador, cada año alrededor de 6.6 millones de personas en el mundo se ven afectadas por esta situación. En México, el número ronda los 100 mil pasajeros anuales. «Estoy proponiendo una iniciativa para reformar la Ley de Aviación Civil. Con ella busco que se sancione a las aerolíneas que se excedan en estas sobreventas», señaló Gaona.

La iniciativa contempla la adición de dos párrafos al artículo 87. En el primer caso, se establece una multa de entre mil y tres mil UMA para las aerolíneas que vendan boletos en exceso respecto a la capacidad disponible, lo que equivale a entre 117 mil y 351 mil pesos. El segundo supuesto apunta a la selección arbitraria de pasajeros a quienes se les niega el embarque. Para estos casos, se proponen multas de entre dos mil y cuatro mil UMA, es decir, entre 234 mil y 469 mil pesos.

El legislador subrayó que el objetivo no es únicamente sancionar, sino modificar conductas que han operado con escasas consecuencias. Uno de los principales problemas, explicó, es que los pasajeros suelen enterarse de la sobreventa en el último momento, cuando ya se encuentran en la puerta de abordaje. A nivel internacional, regiones como la Unión Europea, Estados Unidos y Canadá cuentan con esquemas que obligan a compensar económicamente a los pasajeros afectados. En México, aunque existen disposiciones en la materia, su aplicación ha sido limitada.

Van contra gaseras

El frente regulatorio se extiende también al sector energético, donde las autoridades han dado un paso más allá al no solo sancionar, sino buscar la reparación directa del daño a los consumidores.

La Comisión Nacional Antimonopolio presentó una demanda colectiva contra 53 empresas distribuidoras de gas LP, acusadas de coludirse durante más de una década para manipular precios y repartirse el mercado. La medida busca obligar a las compañías a compensar a los consumidores mediante descuentos, tras un daño económico que se estima supera los 13 mil millones de pesos. De acuerdo con la autoridad, empresas como Grupo Soni, Grupo Simsa, Grupo Nieto, Grupo Tomza, Grupo Global Gas y Gas Metropolitano incurrieron en prácticas monopólicas absolutas, al fijar precios y dividir territorios.

Estas conductas se extendieron por más de 10 años en diversas entidades del país, afectando directamente a millones de hogares. El caso es particularmente relevante debido al peso del gas LP en la vida cotidiana. Ocho de cada diez hogares en México lo utilizan como principal fuente de energía. La CNA subraya que estas prácticas no solo violan la ley, sino que tienen un impacto social profundo, al encarecer un insumo básico y afectar de manera desproporcionada a los sectores de menores ingresos. Esto ha colocado al sector en el centro del debate sobre competencia económica.

A diferencia de sanciones anteriores, esta acción colectiva incorpora un elemento central con la restitución del daño. El objetivo es que las sanciones se traduzcan en beneficios concretos para los consumidores. Especialistas consideran que este enfoque marca un cambio en la política pública, al pasar de un modelo punitivo a uno que también busca corregir las afectaciones generadas por prácticas indebidas. De prosperar, el caso podría sentar un precedente en la forma en que se enfrentan los abusos empresariales en sectores estratégicos. E4

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A propósito de fracking y soberanía

Dejemos de usar el retrovisor para definir políticas públicas y abracemos el futuro. La visión centrada en el consumismo envenena y cancela esa posibilidad

Alejandro Dávila Flores

Generamos más de la mitad de nuestra electricidad con gas natural y más del 70% de nuestro consumo de este energético es importado, principalmente de Texas. Amenazan con hacernos soberanos aumentando la producción de gas natural en México, empleando técnicas de fracking «ecológico» (whatever that means). No pueden controlar la contaminación que producen explotando los yacimientos convencionales, pero nos juran que el «nuevo» fracking será milagroso.

En mi opinión, obtendríamos mayor soberanía transformando la industria eléctrica y la movilidad, que comprometiendo el futuro envenenando el suelo y el agua para extraer gas.

Podemos ser más soberanos si reducimos aceleradamente el consumo actual de gas. Eso no solo es ambientalmente deseable, sino económicamente viable. Sustituyamos la electricidad que generamos con combustibles fósiles por renovables, electrifiquemos el transporte público masivo e impulsemos la movilidad activa.

Permitamos a los tejanos pagar el costo ambiental de sus decisiones, dejemos de usar el retrovisor para definir políticas públicas y abracemos el futuro. Las soluciones existen, son técnica y económicamente viables, ambientalmente sostenibles y nos permitirían alcanzar mejoras cualitativas y reales en nuestro nivel de vida.

La visión centrada en el consumismo, el cochismo, los negocios ligados a la extracción depredatoria de energéticos y a las infraestructuras de viviendas, vialidades y parques industriales basadas en ese modelo, nos está literalmente envenenando y cancelando la posibilidad de un futuro para nuestros hijos y nietos. Basta.