Se refuerza la seguridad en la Laguna

El Estado, en suma, ejerce su voluntad a favor de lo que la sociedad requiere y no de lo que los ciudadanos exigen.

Georg Jellinek

La anterior expresión de Jellinek, refiere a que el Estado debe actuar en función de las necesidades de la sociedad en general, no solo de las demandas de los ciudadanos. En un sentido estricto —mas no literal— la visión de Jellinek (en sus tratados y libros principalmente) sobre el Estado es, que como una entidad, debe actuar dentro de límites y tiene la responsabilidad de proteger la libertad y los derechos de los ciudadanos.

En esa responsabilidad de protección, su elemento más puro es el uso y ejercicio legal de la fuerza pública, la necesidad de responder ante necesidades (emergencias) para poder custodiar las libertades y derechos.

Por otra parte, Norberto Bobbio argumenta que la fuerza pública es una condición necesaria, pero no suficiente del poder del Estado; es decir, la fuerza pública —dentro de normas y principios válidos— se convierte en una herramienta del poder del Estado. Es el Estado el único organismo que tiene el monopolio de la fuerza (con sus limitaciones legales y éticas).

A lo largo de distintas épocas, diversos filósofos realizaron importantes aportaciones a la concepción del Estado moderno desde la ciencia política. Aunque con enfoques distintos, coincidieron en dos pilares fundamentales: el Estado de derecho y la paz como finalidad suprema.

Este antecedente no lo evocaría, sino tuviera relación con el actuar del Estado, la fuerza de seguridad pública y la Fiscalía general del Estado de Coahuila, en su cabal actuación ante los hechos que se suscitaron desde semanas anteriores en la región de la comarca lagunera, específicamente en la ciudad de Torreón.

Inclusive con anterioridad, pero, la gota que derramó el vaso, fue la difusión de la Encuesta Nacional de Seguridad Urbana (ENSU) que de facto, tuvo lecturas políticas y pragmáticas: un revés en la Laguna-Torreón, por la caída en la percepción de inseguridad.

Esto presume principalmente un rompimiento tácito del modelo de seguridad Coahuila que había construido con antelación desde la operación policial el subsecretario Héctor Flores Rodríguez y ahora respaldado por la nueva administración por medio de la Secretaría de Seguridad Pública en coordinación con la Fiscalía General y los mandos militares del Gobierno federal. Es decir, coordinación institucional, pues.

Es entonces observable que en todo el Estado debe de haber coordinación institucional entre tres poderes (como debe de ser cuando hay armonía). En todo Coahuila, hay coordinación institucional de tres poderes, pero ridículamente en aquel municipio solo había una pseudo coordinación entre dos poderes (¿por qué en Torreón no?). Tenía que haber concertación política en el municipio vecino.

Las horas tienen su vigencia y la conciliación bien se dio; hubo reacomodo y salidas de mandos municipales en Torreón, se dispersaron humos y hubo nuevos nombramientos. Refrescando a Bobbio «Es el Estado, el único organismo que tiene el monopolio de la fuerza».

Si bien es cierto que el municipio tiene su autonomía, cuando esa respetable autonomía no cumple con la cabal responsabilidad de la seguridad de sus conciudadanos, es obligación y menester de una nación o entidad federativa suplantar esas funciones.

La práctica administrativa es diversa y amplias son sus formas. Así que, el nuevo Gobierno estatal, en todos sus ejes tiene a responsables quienes en coordinación con sociedad civil, universidades e iniciativas ciudadanas tratan de llevar a buen puerto; así que para el eje «primero orden y seguridad», se le hizo extensiva la invitación al Fiscal General del Estado de encabezar esta tarea, además de la ya titánica procuración de justicia.

Dicho lo anterior; el quehacer administrativo es diverso, y esta invitación no sería la única en el estado ni en la nación. Hemos visto el uso de buenas prácticas en la administración pública aquí y en otros países, donde inclusive la coordinación parece desvanecerse; pero siempre los hechos superan las suposiciones, que son carne para embusteros y chayoteros.

En cuestión de seguridad, el Estado es garante de derechos; pero en seguridad y procuración de justicia no puede haber relajamientos. Los perdones no son permitidos en el quehacer público, sobre todo en temas de seguridad y justicia como tópico primario de cualquier sociedad moderna.