Guanajuato, en poder del PAN desde hace 33 años, encabeza la lista de los estados más violentos. La espiral en Sinaloa es por enfrentamientos entre carteles tras la extradición del Mayo Zambada. Coahuila figura entre los estados más seguros después de ser uno de los más peligrosos durante el moreirato
Guerra antinarco: Violencia interminable y masacres impunes
La nota roja en el centro del escaparate mediático y político
La Secretaría de Gobernación (Segob) era la encargada de tener a raya a los gobernadores, todos del PRI hasta 1988. Si alguno salía del redil, descuidaba su estado, le ocasionaba problemas a la federación o no gozaba de la simpatía presidencial, tenía los días contados. La Segob dio más presidentes (Lázaro Cárdenas, Miguel Alemán Valdés, Adolfo Ruiz Cortines, Gustavo Díaz Ordaz y Luis Echeverría) antes de que los tecnócratas tomaran el poder. No de balde, pues controlaba la inteligencia, los medios de comunicación, la seguridad y las prisiones. A partir del Gobierno de Vicente Fox, el Palacio de Cobián perdió influencia y facultades.
Sin embargo, con la presidenta Claudia Sheinbaum, la Segob reasumirá un papel preponderante en dos temas prioritarios: el control político y la seguridad. Rosa Icela Rodríguez, nueva titular de la Segob, se desempeñó como secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) en el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Omar García Harfuch, uno de los colaboradores de mayor confianza de Sheinbaum, sucedió a Rodríguez en la SSPC. El mismo cargo lo ejerció en Ciudad de México el sexenio pasado con resultados satisfactorios. La capital es hoy una de las más seguras del país, no obstante ser la segunda metrópoli más poblada después del Estado de México. CDMX registró 181 homicidios dolosos en el arranque de la nueva administración, 126 menos que Guanajuato.
La Cámara de Senadores aprobó el 11 de noviembre la reforma al artículo 21 constitucional para que la SSPC participe en la investigación de los delitos, dirija la Estrategia Nacional de Seguridad, coordine el Sistema Nacional de Inteligencia y vigile la aplicación de fondos federales en materia de seguridad. La iniciativa de la presidenta Sheinbaum recibió el apoyo de todas las fracciones parlamentarias. El plan brindará atención prioritaria a las causas de la violencia y la inseguridad, esta vez con mayor tecnología e inteligencia. La continuidad de las políticas implantadas por AMLO representa el segundo piso de la 4T.
El movimiento de pinza de la Segob y la SSPC pretende no solo afrontar al crimen organizado con mejores posibilidades de éxito, sino también que los gobernadores asuman el compromiso de reducir los índices de homicidios dolosos y demás delitos del fuero común (secuestro, extorsión, robo, daño a la propiedad, entre otros), cuya persecución es de competencia local. Las entidades no pueden afrontar el fenómeno de la violencia sin la participación del Gobierno federal, las fuerzas armadas y la Guardia Nacional. Pero también necesitan fortalecer y depurar sus sistemas de seguridad y de justicia, algunas veces infiltrados por la delincuencia. El consenso en torno a la reforma pone de relieve lo grave de la situación.
La estrategia de seguridad busca centralizar el mando y, en el fondo, restablecer el orden político para que los gobernadores de todos los partidos respondan por sus estados en vez de culpar siempre a la federación. Abatir la violencia de manera firme y sostenida depende de la participación conjunta de los tres niveles de Gobierno, el Congreso y de las fuerzas políticas. Politizar la seguridad pública no condujo a ninguna parte; al contrario, agravó el problema y favoreció la expansión de las organizaciones criminales. La 4T apunta, pues, hacia un control político más amplio, posible solo con una presidencia fuerte y legitimada como es la de Claudia Sheinbaum. La de AMLO también lo fue, pero no tenía mayoría calificada en las cámaras, y cuando empezó su sexenio 27 gobernadores no eran de Morena.
La 4T contra la pared
Históricamente, la violencia en México se ha concentrado en los estados donde se produce droga. Sinaloa, Durango, Chihuahua (el triángulo dorado), Guerrero, Jalisco, Michoacán y Tamaulipas son los más atractivos por su orografía y ubicación. Allí los carteles afincaron sus centros de operación y sus emporios, con la aquiescencia del Gobierno federal. La campaña del presidente Felipe Calderón contra el flagelo tuvo efectos perniciosos: además de volverse más crueles, las organizaciones criminales se multiplicaron e invadieran territorios con la protección de las autoridades locales.
El fenómeno se repite donde la alternancia empieza a suprimir los viejos pactos sin que las nuevas administraciones brinden todavía garantías ni seguridad a la población, ya sea por incompetentes, venales o por ambas cosas. Morena gobierna por primera vez 19 estados; entre ellos los más conflictivos: Guerrero, Sinaloa, Michoacán y Tamaulipas, hasta hace poco en manos del PRI, PRD y PAN. En Zacatecas, el cambio de partido en el poder provocó una de las mayores escaladas de violencia, tendencia que ha empezado a descender.
El acento se pone en las entidades presididas por Morena. Sin embargo, la más violenta de todas es Guanajuato (PAN). Durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, el estado del Bajío rebasó los 24 mil asesinatos dolosos. El Estado de México, a cargo de la morenista Delfina Gómez desde el año pasado, registró 17 mil 500. Baja California, donde el PAN gobernó 35 años consecutivos, contabilizó 16 mil 650; y Chihuahua, cuya autoridad es la panista Maru Campos, 15 mil 400. Michoacán (Morena) y Jalisco (Movimiento Ciudadano) aparecen con 13 mil y 12 mil casos respectivamente (TResearch, 08.10.24).
El hecho de que Morena esté ahora al frente de estados donde la alternancia había sido entre el PRI, PAN y PRD, de ninguna manera exime a los Gobiernos de la 4T de su responsabilidad frente la violencia. La ciudadanía exige resultados. Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), afirma que el índice de homicidios dolosos (201 mil en el sexenio de AMLO) empezó a contenerse en 2019, y que a partir del año siguiente la tendencia fue a la baja. La percepción de inseguridad disminuyó del 76% al 58%, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), declaró a Joaquín López Dóriga. (Radio Fórmula, 29.20.24).
La mitad de los homicidios dolosos se concentra en seis estados. En este sentido, el funcionario subraya el compromiso de los gobernadores para disminuir los índices de violencia. Además, el 85% de los delitos competen al fuero común. En el primer mes del Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, Guanajuato se mantuvo como el estado más peligroso del país. De acuerdo con la agencia TResearch, la entidad gobernada por Libia García Muñoz Ledo registró 307 asesinatos
intencionales entre el 1 y el 31 de octubre.
En Sinaloa ocurrieron 179 en el mismo periodo. La espiral de violencia en el estado del Pacífico se intensificó tras el secuestro y extradición, a Estados Unidos, del líder del cartel de Sinaloa, Ismael «el Mayo» Zambada. La traición de los hermanos Ovidio y Joaquín Guzmán López, hijos del Chapo Guzmán, fue el telón de fondo de la escalada. El conflicto entre los Gobiernos de México y EE. UU., por el caso, no ha sido resuelto. Querétaro, gobernado por el PAN, era uno de los estados más seguros. La masacre del 9 de noviembre, en el bar «Los Cantaritos», rompió el encanto.
Seguridad politizada
Después de la orgía de sangre causada por la guerra contra el narcotráfico, Coahuila logró volver a la normalidad. El costo fue enorme, pero sin la participación de los Gobiernos federal, estatal y municipales, las cosas seguirían igual o peor. Las organizaciones que sembraron el pánico en todas las regiones abandonaron la plaza. El sector privado participó también en el esfuerzo, sobre todo en La Laguna, la región más castigada junto con Allende y Piedras Negras. Las fuerzas armadas jugaron un papel determinante. El estado cuenta hoy con cuatro cuarteles de la Guardia Nacional, en San Pedro, Piedras Negras, Frontera y Acuña, y 13 de la Defensa. La seguridad se convirtió en la bandera de las administraciones de Rubén Moreira, Miguel Riquelme y Manolo Jiménez.
El discurso político compara la situación del estado, gobernado por el PRI, con la de otros, virtualmente en llamas, donde Morena, el PAN y Movimiento Ciudadano ejercen el poder. Coahuila es de las entidades más seguras del país. En los 23 primeros días del Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum registró cinco homicidios dolosos. El éxito de los últimos Gobiernos, en esta materia, es reconocido por tirios y troyanos, aunque también es mérito de la federación. La violencia se disparó en la gestión de Humberto Moreira y en los primeros años del Gobierno de su hermano Rubén empezó a remitir.
El miedo de la población de regresar a los tiempos de las masacres, las balaceras callejeras, los colgados, las desapariciones forzadas y los enfrentamientos, como el ocurrido en las inmediaciones del estadio del Santos, se explotó políticamente. Organizaciones empresariales y civiles hicieron campaña contra Morena y la 4T e indujeron el voto por el partido gobernante. Las coaliciones que postularon a Miguel Riquelme y a Manolo Jiménez, encabezadas por el PRI, capitalizaron el momento y se denominaron «Por un Coahuila Seguro» y «Alianza Ciudadana por la Seguridad». Riquelme ganó por los pelos, pero Jiménez consiguió una de las votaciones más copiosas.
La presidenta Sheinbaum y el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar Harfuch, anunciaron el 8 de octubre la estrategia de seguridad del nuevo Gobierno. Se basa en cuatro pilares: Atender las causas del delito con programas sociales que reduzcan la pobreza y amplíen las oportunidades para los jóvenes. Consolidar la Guardia Nacional «mediante el fortalecimiento de sus capacidades operativas». Fortalecer la inteligencia y la investigación para afrontar a la delincuencia común y organizada con tecnología avanzada, identificación de patrones y dinámicas nuevas en las zonas con mayor incidencia. Y coordinación con el gabinete de seguridad.
Al Gobierno federal se le acabaron los pretextos para no dar resultados en cuestiones de seguridad. Culpar a la administración de López Obrador equivaldría a reconocer su fracaso y a pegarse un tiro en el pie. La presidenta Sheinbaum tiene mayoría calificada en las cámaras de Diputados y de Senadores. Su partido gobierna 24 estados y la reforma judicial se aprobó sin cambiar una coma. Entre las administraciones de Vicente Fox y de Felipe Calderón, el número de homicidios dolosos se duplicó: de 60 mil a 120 mil. Con Peña Nieto la cifra creció a 156 mil; y con López Obrador se disparó a 201 mil, si bien entre el primero y el último año de su gestión hubo una baja de 13 mil casos. El reto del tándem Sheinbaum-Harfuch consiste en revertir la tendencia desde ya. E4
La estrategia de seguridad del nuevo Gobierno
- Atender las causas del delito con programas sociales que reduzcan la pobreza y amplíen las oportunidades para los jóvenes.
- Consolidar la Guardia Nacional «mediante el fortalecimiento de sus capacidades operativas».
- Fortalecer la inteligencia y la investigación para afrontar a la delincuencia común y organizada con tecnología avanzada, identificación de patrones y dinámicas nuevas en las zonas con mayor incidencia.
- Y coordinación con el gabinete de seguridad.
Guerra antinarco: Violencia interminable y masacres impunes
La debilidad de los presidentes fortaleció a las organizaciones criminales. Allende y Piedras Negras fueron víctimas de las peores atrocidades
Morena se presentó a las elecciones presidenciales de 2018 sin tener un solo gobernador. Hoy dirige tres de cada cuatro estados. La nueva geografía política del país, marcada por la alternancia, responde al hartazgo social, al desgaste de los partidos y de las fuerzas dominantes, y al surgimiento de Morena. En las elecciones de 2016, primeras en las que participó, obtuvo 35 diputaciones (14 de mayoría y 21 de representación proporcional). La sorpresa la dio dos años después, cuando ganó la presidencia y más de la mitad de los asientos en las cámaras de Diputados y de Senadores en alianza con los partidos del Trabajo y Encuentro Social.
El movimiento fundado por Andrés Manuel López Obrador no ha perdido una sola gubernatura desde que se hizo con las primeras cinco (Ciudad de México, Veracruz, Tabasco, Chiapas y Morelos) en 2018. AMLO y Claudia Sheinbaum ganaron 31 estados en sus respectivas elecciones. Aguascalientes fue el único donde el PAN los superó. El ascenso de Morena a los Gobiernos locales sacudió las estructuras del poder. Sin embargo, los grupos de interés todavía conservan influencia e inciden en las decisiones políticas. Máxime en entidades como Coahuila y Guanajuato, donde los partidos dominantes son el PRI y el PAN.
La debilidad de los presidentes Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña fortaleció a los gobernadores. Esa situación les permitió nombrar sucesor, recibir recursos federales adicionales, endeudarse y negociar directamente con los carteles de la droga a cambio de dinero, según testimonios ante cortes federales de Estados Unidos en Texas. Financiar campañas electorales aumentó el poder de la delincuencia organizada. Todos esos factores, potenciados por la guerra del presidente Calderón contra el narcotráfico, provocaron una escalada de violencia interminable.
En Coahuila, las mayores atrocidades ocurrieron en el periodo conocido como el moreirato. Las masacres de Allende y el penal de Piedras Negras, denunciadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ante la Corte Penal Internacional, atrajeron a la prensa internacional. En noviembre de 2017, la Clínica de Derechos Humanos de la Universidad de Texas presentó «un análisis de testimonios en juicios contra integrantes de los Zetas en San Antonio, Austin y Del Río». El informe Control… sobre todo el estado de Coahuila cita: «Varios testigos hicieron declaraciones sobre sobornos de millones de dólares pagados a Humberto Moreira y a Rubén Moreira, el anterior y el actual gobernador de Coahuila». Los hermanos refutaron las acusaciones, por estar fundadas, según ellos, en «supuestos» (La Jornada, 08.11.17).
En «Anatomía de una masacre», la periodista Ginger Thompson describe la situación: «Tres años después de la matanza de los Zetas, el gobernador de Coahuila, Rubén Moreira, anunció que oficiales estatales investigarían lo que había sucedido en Allende. Lo informó con bombo y platillo; los oficiales anunciaron un “mega operativo” para recabar evidencia y averiguar la verdad. Las familias de las víctimas —probablemente cientos de hombres, mujeres y niños— y los habitantes de Allende indican que ha sido un poco más que un ardid publicitario. La investigación no ha arrojado resultados de ADN concluyentes ni un cálculo final de los muertos y desaparecidos» (ProPublica, 12.06.17). La impunidad y la simulación prevalecen. E4
La nota roja en el centro del escaparate mediático y político
La información sobre hechos atroces satura los medios de comunicación y es enajenante. El gran público deja de conmoverse
Los medios de comunicación parecen regodearse en el chapoteo de sangre que aturde al país. Relegada en el pasado a las páginas interiores de la prensa matutina y a espacios secundarios en la radio y la televisión, la nota roja saltó a las primeras páginas y a los noticiarios de mayor audiencia. Las redes sociales reproducen la locura. Si la revista Alarma! escandalizaba por su contenido morboso, hoy no produciría el menor asombro. La violencia, consustancial al hombre, se ha normalizado por la atención y el despliegue de la que es objeto. Los corridos, los videojuegos, la internet y el discurso político son sus apologetas.
La contabilidad diaria de muertes, en lugares públicos y cerrados, enajena. La estadística sexenal de homicidios dolosos escandaliza, pero, por su magnitud, ya no conmueve; menos a los políticos, a quienes se les resbala todo. Ignorar ese tipo de noticias no desaparece la violencia, la venalidad de las policías, los ministerios públicos y los jueces. Sin embargo, la sobreexposición tampoco las mitiga. Repetir escenas de homicidios atroces, masacres, quema de vehículos, bloqueos; dar a los capos categoría de figuras públicas, aliena a las audiencias, confunde a la juventud y trastoca sus valores.
La nota roja pasó de las catacumbas y los bajos fondos a los escaparates mediáticos; de los barrios chinos a la palestra política; de las barandillas, a las tribunas legislativas. La sección antes confinada y ensañada con los pobres (los poderosos no roban pan, no delinquen ni se suicidan; tienen otras aficiones, y la protección de las autoridades borra sus huellas), hoy es la favorita. No solo eso: también se ha convertido en instrumento de presión política. Con el dolor de las víctimas se lucra para acusar al Gobierno, cualquiera que sea su signo, de inútil de incompetente. La manipulación a veces es tan burda que algunos medios destacan la violencia en los estados gobernados por el partido equis, pero omiten que la entidad donde ondea la bandera de otro es la más peligrosa del país.
Incluso se llega al extremo de calificar actos delictivos como terrorismo para atraer reflectores de la prensa y a los Gobiernos de otros países, deseosos de intervenir en el nuestro. No en defensa de la sociedad ni de un Poder Judicial viciado, sino de sus propios intereses. Las organizaciones criminales protegen sus cotos, mas no buscan suplantar al Estado como sucedió en Colombia, donde la complicidad de los capos de la droga y la política abrió a los carteles las puertas de los poderes públicos. Colombia se halla en un proceso de cambio profundo con un presidente de izquierdas que antes fue guerrillero, Gustavo Petro, contra el cual también se ha rebelado el statu quo.
La intención de quienes presentan al país inmerso en el caos total, cuando la violencia la concentran media docena de estados, salta a los ojos: infundir miedo a la sociedad. México afronta enormes problemas, algunos causados por la desigualdad, pero el país que muestran los poderes fácticos dista de la realidad. Su objetivo es otro: desestabilizar a Gobiernos democráticos; primero fue al de Andrés Manuel López Obrador, y ahora al de Claudia Sheinbaum. Los catastrofistas volverán a perder la partida. No solo porque la mayoría dejó de comulgar con ruedas de molino, sino porque apostar contra el país es suicida. Quienes en el pasado lo hicieron para imponer sus agendas y recuperar privilegios, fracasaron. Esta vez tampoco será la excepción. E4
Gerardo Hernández G.
Torreón, 1955. Se inició en los talleres de La Opinión y después recorrió el escalafón en la redacción del mismo diario. Corresponsal de Televisa y del periódico Uno más Uno (1974-81). Dirigió el programa “Última hora” en el Canal 2 de Torreón. Director del diario Noticias (1983-1988). De 1988 a 1993 fue director de Comunicación Social del gobierno del estado. Cofundador del catorcenario Espacio 4, en 1995. Ha publicado en Vanguardia y El Sol del Norte de Saltillo, La Opinión Milenio y Zócalo; y participa en el Canal 9 y en el Grupo Radio Estéreo Mayrán de Torreón. Es director de Espacio 4 desde 1998.