La voluntad presidencial y la efectividad de las instituciones de seguridad federal en México tienen la prueba más importante de este sexenio: «pacificar» a Sinaloa que vive sumida en una guerra entre grupos de la delincuencia organizada y que ya alcanzó a la población, la economía y la propia política local.
Es evidente que la decisión presidencial podría alcanzar resultados positivos a mediano y largo plazo porque las dos facciones pelean hegemonía y poder después de la caída de sus liderazgos y su detención en Estados Unidos.
La contabilización de daños ya supera las 2 mil muertes y en puertos turísticos del estado, decenas, tal vez cientos de negocios cerraron por la inseguridad, además de que hay una crisis política que genera ingobernabilidad y cuestionamientos sobre las decisiones de un gobernante sin resultados y con muchas sospechas de analistas y ciudadanos.
La detención de los líderes de los dos grupos delincuenciales aumentó los riesgos para la población pues ahora las jefaturas de ambas facciones también podrían ser objeto de luchas internas. Aunque hasta ahora los enfrentamientos se relacionan con la venganza por la traición y por mostrar cuál de los dos tiene más fuerza y al final del día quién se quedará con el control de uno de los carteles más poderosos del país.
Difícilmente los familiares de los fundadores de ambos grupos serán ahora los líderes pues ya en la posible negociación con el Gobierno norteamericano el blindaje de todos los círculos familiares para mantenerlos libres y con recursos económicos.
Esta guerra entre grupos genera para el Gobierno federal un elemento que va a dilatar la estrategia de pacificación y es necesario erradicar todo tipo de proteccionismo y negociación oficial de cualquier nivel de Gobierno para desmembrar desde el fondo y detener y sentenciar a quienes figuren como líderes para dejar bien claro el mensaje.
Por otro lado, el Gobierno federal enfrenta la situación del actual gobernador que hoy no goza de la mejor de las popularidades y en quien pesan serias sospechas de sus lazos con la delincuencia organizada, de acuerdo con las investigaciones del Gobierno norteamericano.
La incertidumbre sobre el estatus legal del actual gobernante y sobre todo de la información que pueda hacer pública Estados Unidos es un arma de doble filo para la administración federal.
Si el gobernador es responsable, la información generará un problema político-social, pero también puede ser una oportunidad para actuar y dar un manotazo en la mesa sobre la verdadera intención de pacificación del estado y dejar claro que la ley se aplica a todos sin distingo de partidos, sobre todo en el tema de seguridad.
La otra cara de la moneda es que la información que tenga el gobernante puede ser su mejor herramienta para evitar juicio sumario y legal e incluso una detención y posible extradición.
El caso Sinaloa, vuelve a significar para el Gobierno federal una oportunidad o bien la posibilidad de que el estado de derecho prevalezca en el estado y no siga tomado por la delincuencia organizada y los grupos de poder político y económico; la experiencia del sexenio anterior es clara y genera una de las sospechas más claras.
