Un nuevo asesinato expone la incapacidad del Gobierno para frenar las agresiones contra el gremio. Organizaciones demandan reformas legales
El homicidio de Alejandro Alfredo Martínez Noguez, especialista en nota roja y policiaca, ocurrido el 4 de agosto cuando regresaba de realizar un reportaje, es una prueba más de que el sistema de protección a periodistas que, en contados casos ejecuta el Estado mexicano —cuando se demuestra que un profesional de la información está en riesgo de sufrir una agresión— dista mucho de ser efectivo y necesita ser mejorado lo antes posible.
«La violencia contra los periodistas en México sigue sin tener parangón. El asesinato del periodista Alejandro Martínez Noguez —ejecutado a pesar de estar bajo protección del Estado y después de sufrir un atentado hace poco más de dos años— es el último episodio de esta sangrienta tendencia».
Artur Romeu, director de la oficina de RSF en América Latina
Martínez Noguez tenía 33 años de experiencia como comunicador y reportaba desde la página de Facebook «El hijo del Llanero Solititito», que cuenta con más de 340 mil seguidores. Solía cubrir la actualidad de Celaya, una de las ciudades más peligrosas del estado de Guanajuato, debido a la presencia del crimen organizado. Aunque viajaba acompañado por su guardaespaldas —asignado desde que sobreviviera a un atentado en noviembre de 2022— esto no evitó que una camioneta blanca los interceptara y abriera fuego. El periodista fue alcanzado por un proyectil en la cabeza.
Se trata de, al menos, el octavo caso en el país de asesinato de periodistas bajo protección del Estado en los últimos años. Reporteros sin Fronteras (RSF) exige a las autoridades que identifiquen y lleven ante la justicia a los responsables del crimen, y que refuercen las medidas de protección para los profesionales de la comunicación.
«La violencia contra los periodistas en México sigue sin tener parangón. El asesinato del periodista Alejandro Martínez Noguez —ejecutado a pesar de estar bajo protección del Estado y después de sufrir un atentado hace poco más de dos años— es el último episodio de esta sangrienta tendencia. Se trata al menos del octavo caso de un periodista bajo protección estatal asesinado en México en los últimos años. Numerosos factores explican esta realidad, pero la incapacidad del Estado para acabar con la impunidad de estos crímenes es determinante. Hacemos un llamamiento a las autoridades para que investiguen a fondo las circunstancias que llevaron a la ejecución de este periodista, identifiquen y lleven ante la justicia a los responsables y refuercen la protección de los periodistas. La libertad de prensa en México seguirá desgastándose hasta que los periodistas estén a salvo», expresóArtur Romeu, director de la oficina de RSF en América Latina.
Varios antecedentes
En agosto de 2017, Alejandro Martínez Noguez presentó una denuncia ante la extinta Procuraduría de Justicia del Estado de Guanajuato por recibir amenazas de muerte. El agresor fue identificado como Ignacio Camacho, un agente de la misma Fiscalía. Camacho intentó detenerlo bajo la acusación de haber invadido una escena de crimen, aunque el área no estaba debidamente acordonada.
Martínez Noguez ya había enfrentado una situación similar en Comonfort, en la localidad de Empalme Escobedo, donde fue intimidado por un agente del Ministerio Público. Este agente trató de impedir que cubriera un homicidio y ordenó a policías municipales arrestarlo, aunque el arresto no se concretó.
El tercer incidente ocurrió el 28 de noviembre de 2022, cuando sufrió un intento de homicidio. Varios individuos intentaron irrumpir en su hogar, pero una persona que había abierto la puerta logró cerrarla rápidamente después de la llegada de los sicarios. Al parecer, el arma de uno de los atacantes se trabó, lo que impidió que el asesinato se consumara.
Cambios urgentes
En mayo de 2024, Claudia Sheinbaum, quien entonces era candidata y hoy es presidenta electa de México, se comprometió con RSF a salvaguardar y promover la libertad de prensa en el país, uno de los más peligrosos para los periodistas. Entre sus promesas, Sheinbaum destacó la revisión y el refuerzo del Mecanismo Federal de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Este programa, vigente desde 2012, es crucial para la seguridad de los comunicadores, aunque, según RSF, presenta varias deficiencias que deben ser abordadas con urgencia para evitar que tragedias como la de Alejandro Alfredo Martínez Noguez se repitan.
Organizaciones especializadas en el tema consideran urgente aumentar el personal y reformar la legislación para la adopción de una Ley General de Protección, que establezca legalmente la corresponsabilidad entre las autoridades y fortalezca institucionalmente el Mecanismo. Esta Ley se encuentra en proceso de elaboración, basado en diálogos con la sociedad civil en cada estado.
De los 31 estados, 24 cuentan con alguna instancia gubernamental para la protección de periodistas, pero solo ocho tienen un presupuesto específico. La mayoría carece de personal capacitado en libertad de expresión, y el Mecanismo Federal no cuenta con metodologías ni protocolos específicos para atender a comunicadores y periodistas. Además, no existe una evaluación interna que recoja la percepción de los beneficiarios sobre las medidas recibidas, lo que agrava y perpetúa los problemas de adecuación y efectividad de la protección ofrecida. E4
Edgar London
La Habana, 1975. Escritor, editor y periodista. Es autor de los libros El nieto del lobo, (Pen)últimas palabras, A escondidas de la memoria e Historias de la corte sana. Textos suyos han aparecido en diferentes medios de comunicación nacionales e internacionales. Actualmente es columnista de Espacio 4 y de la revista hispanoamericana de cultura Otrolunes.