El PAN no derrotó al PRI, tampoco el FDN y Cárdenas: contribuyeron, pero al PRI lo derrotó el tiempo. Se volvió anacrónico conforme el país se transformaba; la sociedad y el mundo cambiaron. El PRI correspondía a un diseño inspirado en el fascismo italiano, en el que se pretendía representar al todo en nombre de la revolución. Fue razonable para un país rural, cuando las armas resolvían la disputa por el poder y la rebelión se hacía presente en cada relevo de Gobierno. El PRI cumplió su función, y el corporativismo junto con su reformismo le dieron vida extra. Sin embargo, su diseño, fundado en el presidencialismo y el dominio del partido, se volvió disfuncional.
Algo similar ocurre con Morena, aunque se trata de historias distintas. El viejo partido dominante nació de la necesidad de dar una respuesta política a la disputa violenta por el poder; Morena, en cambio, surge de la democracia y llega al poder a través de elecciones justas y confiables. Antes se habían construido instituciones y, de alguna manera, una perspectiva de Estado.
Con Morena se destruyen instituciones; el Gobierno y la política social sufren un severo deterioro, y el clientelismo electoral se impone con asignaciones directas a millones de personas para apuntalar al régimen. Cambiaron el gasto público y la política social. La prioridad era el régimen, no el país: no se trataba de acabar con la desigualdad, sino de convertir a la masa pobre —la mayoría— en adherentes. La clave de una política social virtuosa es la inclusión, no la dádiva que reproduce el estado de cosas.
Morena también corresponde a una época: la del surgimiento del populismo. Como tal, este arreglo tiene vida corta y dos posibles derivas: el fascismo —conservar el poder por la vía violenta y el uso faccioso del Estado—, o la democracia. El punto intermedio, que hemos vivido, resulta insostenible: decir una cosa y hacer la opuesta. A Morena también habrá de derrotarlo el tiempo. No será la oposición, que vive su crisis más profunda, como evidencian las limitaciones políticas y éticas de sus dirigencias. Por tanto, serán los votos ciudadanos y la acción de una sociedad civil que, hasta hoy, ha resistido y dado muestras esporádicas de vitalidad.
Decíamos en una colaboración pasada que perder elecciones no es un tema dramático para el país, aunque sí para el régimen político. Lo preocupante es la impunidad y la amenaza del vecino del norte. La economía no resiste la continuidad de este precario equilibrio. No sólo está en juego la redefinición de las relaciones económicas y comerciales impuesta por Estados Unidos, sino el modelo mismo.
Las pensiones, los subsidios a la CFE, a Pemex y a proyectos fracasados, así como el servicio de la deuda, asfixian el gasto público. Los ingresos no crecen al ritmo de las necesidades, y no sólo por el régimen fiscal o la economía informal, sino porque el país dejó de crecer desde que el populismo se hizo del poder. La situación es crítica e insostenible. El autoritarismo a la mexicana jamás podrá generar crecimiento, porque éste requiere certeza en los derechos, confianza. El capitalismo de cuates no funciona.
También es insostenible la impunidad y sus efectos. La corrupción se ha desbordado y la complacencia la normaliza hasta convertirla en práctica usual. El contrabando de combustibles es ejemplo del deterioro y la venalidad hasta en los más altos niveles de Gobierno, afectando incluso a entidades que antes eran modelo de disciplina y supuesta probidad. El problema no se limita al crimen asociado al narcotráfico y sus atrocidades. Por la complacencia y complicidad gubernamental, el crimen ha evolucionado y penetrado el tejido político, económico, de seguridad y social del país mediante la práctica sistemática de la extorsión.
Es un acierto que las autoridades señalen a la extorción como crimen grave y pernicioso. Combatirla va mucho más allá de una estrategia de seguridad: requiere una cruzada amplia para revertir la situación. La extorsión, en sus múltiples variantes, extendida por todo el país, implica a todos los Gobiernos y tiene un impacto severo en la convivencia civilizada y en la legalidad. La extorsión envilece la confianza ciudadana en las autoridades por la complicidad e impunidad.
El obradorismo convenció con su prédica de que «no somos iguales». En efecto, resultaron peores. La impunidad habrá de hundirlos, como sucedió con el PRI.
El dilema de la presidenta
La postura de la presidenta respecto al cambio de la fecha de la consulta para la revocación de mandato sería indicativa de si posee sentido de su condición de jefa de Estado y, en particular, de si está dispuesta a privilegiar esa investidura por encima de la de líder del régimen obradorista. Se es presidenta para hacer valer el interés del país, no el del proyecto político que se suscribe.
Para actuar con acierto, primero es necesario saber quién se es; lo segundo, contar con un conocimiento razonable del entorno y de la prospectiva. La presidenta Sheinbaum y quienes la aconsejan muestran confusión en ambos aspectos. Desde el arribo de López Obrador al poder —o quizá desde el triunfo de Vicente Fox—, se perdió sentido de Estado. Había sentido de Gobierno o de régimen político, pero no de Estado.
Es simple: si se entiende que el presidente tiene como responsabilidad fundamental representar al Estado debe privilegiarse al país por encima del régimen o, como dijera un político de manera ampulosa, pensar más en las próximas generaciones que en las próximas elecciones.
Si se antepone el interés del régimen, no podrán darse las respuestas que la realidad demanda. Eso fue lo que dejó en claro Mark Carney en Davos. Para sobrellevar la adversidad y avanzar se requieren valores y principios en lo fundamental, y pragmatismo en lo secundario. El obradorismo tiene invertidas las prioridades; por ello, la calidad del Gobierno se ha deteriorado de manera significativa y hoy el país se encuentra a merced de dos grandes amenazas: la del crimen organizado y la de Trump. Responsabilidad de Estado implica hacer valer la ley, el interés general y sancionar al crimen.
La motivación de la presidenta para cambiar la fecha de la consulta de revocación de mandato es electoral. Se pretende influir en las elecciones intermedias mediante la superposición de la campaña para su ratificación. Es una pésima decisión. Por lo pronto, queda claro que la motivación son los votos: que su partido, sus candidatos y sus prospectos de juzgadores prevalezcan. Importa el régimen político, no el país.
Se trata de un error porque la presidenta no debería exponerse a las implicaciones una consulta en la circunstancia actual. Nadie la está solicitando y recurrir a ese expediente, cuando existen fisuras en la coalición gobernante y, más aún, cuando el país enfrenta una amenaza interna del crimen organizado —con vasos comunicantes hacia la política— y una amenaza externa proveniente de Trump es, por decir lo menos, una decisión temeraria e irresponsable.
La revocación de mandato no fortalecerá a la presidenta. López Obrador, quedó en ridículo al obtener la mitad de los votos que lo llevaron al poder. Las elecciones intermedias no tienen el arrastre de la presidencial y, por lo mismo, la participación suele ser menor. Se entiende que no hay contienda, no hay un competidor real; por ello, es previsible que el resultado le sea favorable, pero no alcanzaría la votación obtenida en 2024.
Por otra parte, los términos de la competencia local no favorecen al partido gobernante. Históricamente, desde que existen elecciones competidas, el partido en el poder reduce su respaldo en los comicios intermedios. Sucedió con Morena en 2021, incluso en un momento muy favorable para el presidente López Obrador. Las condiciones para 2027 son particularmente complejas e inciertas por múltiples razones. Además, los comicios locales tienen, en su mayoría, una dinámica adversa para Morena. A la presidenta se le haría responsable de un mal resultado, especialmente si se pierden cargos.
Se decía que la presidenta y sus colaboradores carecen de claridad sobre lo que ella representa y lo que ella es. Tampoco la tienen respecto al entorno y lo que viene. La soberbia propia del poder suele erosionar el sentido de la realidad. Al país le ha costado mucho la forma en que los presidentes pierden compromiso con su responsabilidad primaria. Este escenario está presente y, por todas estas consideraciones, proceder con la consulta para ratificar el mandato sería un error grave, más aún si se decide cambiar la fecha con el pretexto de «ahorrar» gasto electoral, patraña que no engaña ni convence.
Para el país no es un problema la competencia electoral, sí para el régimen. Las dificultades mayores están en la economía o la seguridad, temas de la siguiente colaboración.
