En la presentación digital de su libro, desde su lugar de retiro, el expresidente López Obrador señala que hay que apoyar mucho a la presidenta Sheinbaum porque estos son tiempos de buitres, de zopilotes. Las expresiones del expresidente no son nuevas y van dirigidas a aquellos que, ante una tragedia humana, alzan la voz de indignación o preocupación, según el caso. Se refiere a la oposición, a las manifestaciones —como las de Michoacán ahora y a las madres buscadoras o los padres de niños con cáncer— y, muy especialmente, a los medios de comunicación. Lo mismo aplica en ocasiones de tragedias naturales, accidentes de impacto, ejecuciones producto de la violencia o muertes por negligencia oficial. La verdad sea dicha, el zopiloteo no es nuevo.
Debe decirse que no es aceptable ni deseable castigar la indignación social o la cobertura mediática en este tipo de asuntos, particularmente cuando está de por medio la responsabilidad de las autoridades. Queda claro que, para el régimen político alzar la voz por la recurrencia de crímenes es tarea indebida. Incluso se llega a extremos, como el del senador Gerardo Fernández Noroña, al salir a insultar con bajeza y ruindad a la esposa del alcalde ultimado de Uruapan, Carlos Manzo, en un intento de contener la ola que llevaría a Morena a perder la elección venidera. Carroñero, sin duda alguna, el senador y el ahora titular del IMPI, Santiago Nieto, por la misma causa y razón: medrar políticamente con dicha tragedia. El escenario de derrota en Michoacán los enloquece, y no sólo a ellos; no entienden que hay cosas peores que perder una elección.
Si ha habido un político que a lo largo de su carrera practique el zopiloteo, ha sido Andrés Manuel López Obrador. Lo hizo como opositor y en el Gobierno. La prueba más reciente es la investigación promovida por él para que el fiscal Gertz Manero —ahora en desgracia— utilizara el homicidio de Luis Donaldo Colosio para responsabilizar a Carlos Salinas y a su cercano entorno mediante un imaginario segundo tirador. Su respuesta a Luis Donaldo hijo hizo del zopiloteo tarea de Estado.
Las expresiones del expresidente contrastan con las de Cuauhtémoc Cárdenas, emitidas días antes, respecto a la necesidad de que exista diálogo y respeto entre diferentes, como hiciera el general Lázaro Cárdenas cuando México, al igual que hoy, enfrentaba la amenaza del exterior. Cuauhtémoc alude a la auténtica unidad nacional —la de todos los mexicanos—, no al cierre de filas del grupo en el poder. Él remite a la defensa del país; López Obrador, a la de la nueva mafia en el poder y a su blindaje mayor: la impunidad.
La presencia de López Obrador es, por demás, inoportuna, y sus palabras son excesivas, como su dicho de que es la mejor presidenta del mundo. Tales expresiones deben ponderarse junto con su afirmación de que México tendría el mejor sistema de salud del mundo y las de la presidenta, quien sostiene que somos el país más democrático del orbe porque elegimos por voto a juzgadores… a quienes tiene que salir a corregir por la tontería mayor de echar por tierra la condición de cosa juzgada, principio elemental para la certeza de derechos. Eso lo entiende incluso una científica; no así Lenia Batres ni los cuatro ministros que la apoyaron, incluido el presidente de la Corte.
Hay buitres y zopilotes porque el país está plagado de cadáveres; porque día a día se acumulan los homicidios reconocidos y los encubiertos bajo la elusiva definición de desaparecidos. Al régimen le preocupa la denuncia, como fue evidente en el caso de Teziutlán, Jalisco, donde el objetivo del Gobierno fue evitar se reconociera un campo de exterminio. No importa que en el país abunden los cementerios clandestinos por la violencia.
Buitres y zopilotes aluden no sólo a las muertes y desapariciones derivadas de los abrazos y no balazos; remiten también a los cientos de miles de víctimas por la criminal gestión de la pandemia, que debiera merecer una evaluación rigurosa, siquiera para no repetir los mismos errores. Buitres y zopilotes refiere al sistema de salud devastado por un régimen que siempre ha privilegiado los objetivos electorales por encima del ejercicio diligente del poder. Buitres y zopilotes es la condena de nuestros tiempos: algunos por hacer, otros por callar y muchos más por no poder contener el abuso criminal del poder.
La presidenta se fortalece
La situación del país, en muchos frentes, se torna compleja e incierta. Hay un punto de inflexión desde el homicidio del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo. Las cosas no son iguales en Michoacán ni en muchas partes del país. El Gobierno perdió en lo que parecía ser su mejor logro: la lucha contra el crimen. A partir de entonces queda claro que la impunidad prevalece y que amplios sectores de la población, particularmente los productores, se muestran exasperados por el imperio de la extorsión en sus dos variantes: la de las autoridades y la de los delincuentes. No es para desdeñar lo que se ha emprendido en Michoacán, pero se requiere mucho más y que los delincuentes sean sentenciados, no detenidos.
El Estado mexicano ha perdido capacidad de respuesta en dos planos: primero, el de atender a la población, producto del austericidio, como muestra el abandono al campo, y, segundo, el de hacer frente al conflicto social por la vía institucional.
La protesta social crece y muestra un claro desafío a las autoridades. Repudian por igual a Gobiernos que a partidos, y la impunidad permite a la protesta actuar por las vías de hecho, como bloquear carreteras. En el país de la impunidad la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, cometió el error de insinuar acción penal contra los líderes; afortunadamente, la presidenta le enmendó la plana.
Dos decisiones muestran que la presidenta retoma el control de su Gobierno, no del país. A su modo, y no necesariamente con pericia, dejar en claro que ella manda, que ella define. Así, les dice a los ministros de la Corte —que se fueron con la idea de que Lenia Batres era la voz del régimen y, en el afán de acreditar que «la ley no es la ley», cometieron el grave error de comprometer el sentido de cosa juzgada, fundamental para la certeza de derechos—, que no se equivoquen y les llama que se pongan a trabajar en los pendientes y no en lo ya resuelto.
El presidente de la Corte, Hugo Aguilar, debió entender el tamaño del error por resolver en los términos de Lenia Batres y no en los de Yazmín Esquivel. A todos —ministros y a quienes los rodean— les queda claro que quien manda está al lado de la Corte y que llegaron allí a trabajar, a resolver los casos pendientes. Es evidente que no hay comunicación entre el Gobierno y la Corte, a pesar de su sumisión.
En otros tiempos, esos asuntos eran atendidos por quien despachaba en Bucareli. Los ministros hacían «cambio de luz» y en algunos casos hasta consultaban. Con López Obrador, se resolvía con él y a través de Arturo Zaldívar. La Corte es de la 4T; tiene dueña, y quienes allí llegan son algo así como encargados de oficina. Con singulares excepciones, no están preparados para decidir, y quien los puso tiene que hacerse responsable. El presidente de la Corte no tiene preparación ni instinto; requiere que le ayuden para no volver a equivocarse. ¿Lo hará Arturo Zaldívar, Ernestina Godoy en temas penales o el secretario de Hacienda en los fiscales o mercantiles de relieve? No queda claro, pero, efectivamente, los ministros requieren acompañamiento porque si no, se van por su cuenta y, por lo que se ve, están dispuestos a todo, incluso a ignorar lo más elemental de la legalidad, como es el valor de cosa juzgada.
También la presidenta se fortalece con la ruda remoción del fiscal Gertz Manero y el arribo de Ernestina Godoy. La palabra coordinación es el eje de sus confusas y evasivas explicaciones. La suerte del fiscal se decidió cuando hubo desencuentro con el funcionario más importante del Gobierno, Omar García Harfuch. No queda claro cuándo se dio ni el motivo; lo más probable es que se fue decantando desde la investigación sobre el huachicol fiscal. Gertz Manero midió mal a la presidenta Sheinbaum y no advirtió que tiene más rigor y determinación que López Obrador. La subestimó y ahí están las consecuencias: una salida muy desaseada y en condiciones de vulnerabilidad. Quedó expuesto al rosario de malquerientes decididos a cobrársela con creces, espectáculo penoso de muchos quienes callaron y ahora condenan con severidad y exceso.
Que la presidenta se fortalezca no necesariamente significa que su Gobierno lo haga. De hecho, la solución a la crisis de legalidad por la irresponsabilidad de la Corte y la accidentada remoción del fiscal no resuelve los problemas, ni siquiera los de justicia. Se advierte que la presidenta está aislada y que el reacomodo abre expectativas de impunidad que el país difícilmente puede conceder.
