La división y los arreglos con las élites alteran los equilibrios y debilitan a una región que en otro tiempo destacó por su desarrollo y liderazgo a escala nacional. La 4T separó a los grupos económicos de las decisiones del Gobierno, pero la tarea todavía está pendiente en los estados
Alcaldes, el eslabón más débil; conflictos y alternancias
Grupos de Reacción: tormenta en un vaso de agua
Después de esperar más de 50 años para que uno de los suyos despachara de nuevo en el Palacio Rosa (suerte que tocó a Miguel Riquelme), La Laguna se percató de que la simple voluntad no basta para reducir el rezago social, la falta de infraestructura y los problemas acumulados por décadas. Se necesita liderazgo. En ese periodo, que comprende seis gobernadores —la mayoría de Saltillo—, la capital desplazó a Torreón como polo de atracción y desarrollo. La obra realizada por el gobernador lagunero previo, Braulio Fernández Aguirre, no ha sido superada. Pues los políticos de antaño, a diferencia de los tecnócratas y la generación posalternancia, daban prioridad a las mayorías, tenían a raya a las élites e invertían más en escuelas, hospitales y servicios, que en burocracias onerosas, organismos inútiles y culto a la imagen.
Cuando las instituciones supuestamente orientadas a transparentar la Administración y combatir la corrupción no proliferaban aún, los gobernadores cuidaban las formas, se ajustaban al presupuesto y el endeudamiento en los estados era mínimo. Una especie de Hermano Mayor observaba sus movimientos y al menor pretexto
—e incluso sin haberlo— los aniquilaba. El poder metaconstitucional del presidente de la república sometía a todo y a todos (empresarios, partidos, iglesias, medios de comunicación). Carlos Salinas de Gortari sustituyó a 17 gobernadores y Ernesto Zedillo, a cuatro. Vicente Fox les dio rienda suelta y dejó a los estados al garete.
En ese contexto ocurrió la primera —y hasta ahora única— sucesión entre hermanos: Humberto Moreira heredó el cargo a su hermano Rubén. No para continuar un Gobierno de avanzada y el consenso ciudadano, sino para impedir que la verdad sobre la megadeuda y otros atropellos saliera a luz. Nadie protestó, ni siquiera las buenas conciencias. Al contrario, la absurda imposición recibió aplausos, los atracos fueron enterrados y la crítica, silenciada. Justamente en el docenio de los Moreira La Laguna vivió una de las etapas más funestas y terribles de su historia. Los laguneros intuían algo, y en las elecciones para gobernador de 2005 votaron contra Moreira I.
La situación podía resolverse con voluntad política, pero se optó por la venganza. Moreira prefería dirimir los problemas en «el callejón de los trancazos». Las 10 plagas abatidas sobre La Laguna causaron baños de sangre y marcas indelebles. El moreirato se ensañó con el alcalde panista José Ángel Pérez (ahora en la órbita de la 4T). Para neutralizarlo se creó una estructura paralela cuyo propósito era recuperar la presidencia municipal. Las matanzas (toleradas) de los carteles (protegidos) colocaron a Torreón en el mapa de las metrópolis más peligrosas; no solo del país, sino del planeta.
La Laguna perdió atractivo para la inversión nacional y extranjera. El desempleo se disparó y los salarios cayeron. Muchos emigraron en busca de seguridad y de oportunidades. Una encuesta del Consejo Cívico de las Instituciones, levantada en 2018, revela que el 70% de los jóvenes estaba dispuesto a cambiar de residencia por la precariedad de los salarios. Los efectos no han terminado de superarse por completo. Si la consigna del moreirato era hundir a La Laguna, el propósito se logró con creces. Los poderes fácticos no hicieron nada para impedirlo. ¿Quién se ha atrevido a pedir cárcel para quienes endeudaron al estado y fabricaron fortunas fabulosas? Doblegadas ante el poder, el silencio de las cúpula facilitó a los predadores su tarea. «El dinero pasa al correr por muchos lodazales», nos interpela a diario el Nobel de Literatura español Jacinto de Benavente.
Tensión y malestar social
La Laguna ha sido el coco de los gobernadores. Sin embargo, los líderes políticos y sociales que infundían respeto e incluso temor, ya no existen. El relevo generacional diluyó esa potencia. Ahora las élites son aliadas del Gobierno, influyen en la administración, reciben contratos y en los actos públicos ocupan las primeras filas. Los sectores históricos del PRI —obrero, campesino y popular— perdieron representación en el Congreso local y en los ayuntamientos; excepto en las galerías, a donde acuden como porra. A escala federal, Morena separó el poder político del económico y lo mismo empieza a suceder en los 24 estados que gobierna. Poner a los pobres en el centro de la 4T convirtió a Andrés Manuel López Obrador en el principal líder de México; y a Claudia Sheinbaum, en la presidenta más votada.
La relación de los gobernadores saltillenses con La Laguna no ha sido fácil. En la década de los 70 y los 80, sus prolongadas ausencias y constantes intromisiones separaron aún más a la capital de la comarca. También generaron tensión entre las autoridades y malestar social. En 1972 la candidatura para la alcaldía de Torreón se la disputaron Mariano López Mercado —favorito del gobernador Eulalio Gutiérrez Treviño— y Braulio Manuel Fernández Aguirre, hijos de exgobernadores. La pugna provocó la intervención del comité ejecutivo nacional del PRI. Su líder, Jesús Reyes Heroles, viajó a La Laguna para emitir su fallo inapelable: «No más juniorismo». El ungido fue un maestro de origen humilde, José Solís Amaro.
Abandonado por el Gobierno del Estado, aislado por el PRI estatal, acosado por el Congreso y sujeto a presiones financieras, políticas y campañas mediáticas, Solís Amaro halló su tabla de salvación en los organismos empresariales. La administración transcu rrió entre intrigas y tormentas. «Ya basta de tirarle al negro», dijo, agobiado, en una rueda de prensa. En 1975 el PRI postuló a Óscar Flores Tapia para suceder a Gutiérrez Treviño. Las cúpulas y las facciones desplazadas se opusieron, pero los empresarios que salvaron a Solís de la destitución equilibraron la balanza. Francisco José Madero, alcalde de Torreón en la primera mitad del sexenio florestapista, fue nombrado por Los Pinos. El gobernador acató la decisión presidencial. Sin embargo, para maniatar a Madero creó una instancia intermedia, contraria a la Constitución: el Polo de Desarrollo.
José de las Fuentes también vivió un infierno en la efervescente Comarca Lagunera. Para afrontar la oposición, el vacío de los medios de comunicación y conflictos de toda índole, confió la operación política a los alcaldes Braulio Manuel Fernández Aguirre y Manlio Gómez Uranga. El primero provocó celos en la capital. Décadas atrás, el Congreso había removido a su padre homónimo de la presidencia de Torreón por discrepancias con el gobernador Ignacio Cepeda Dávila, pero él no corrió la misma suerte. El gobernador desactivó la trama, pero aún así Fernández debió sacrificar algunas piezas de su tablero.
De las Fuentes tenía cosas más importantes en qué pensar, como su propia supervivencia política. El ambiente del Gobierno estatal en el entorno del presidente Miguel de la Madrid no era propicio. En la sucesión de 1981 el favorito del centro para la gubernatura no era él, sino el subsecretario de la Defensa, Juan Antonio de la Fuente. Eliminado de la carrera por un accidente aéreo que le costó la vida, López Portillo lo sustituyó con De las Fuentes, excompañero de generación. Para su fortuna, la guillotina cortó otra cabeza: la de Gracialiano Alpuche, gobernador de Yucatán. Entonces el alma le volvió al Diablo al cuerpo.
Retomar el control
La conducta del Gobierno del estado hacia La Laguna cambió a partir de la administración de Eliseo Mendoza Berrueto, debido a la combinación de factores sociales y políticos. El sampetrino fue el primer gobernador con perfil técnico y político. Asumió el cargo el 1 de diciembre de 1988 en medio de una profunda crisis económica nacional, la cual provocó mayor pobreza. Esa circunstancia le impidió desarrollar los planes y programas ideados durante su trayectoria como subsecretario en tres gabinetes presidenciales, senador y líder de la Cámara de Diputados. Para encarar la situación y atender la demanda de obras y servicios en las comunidades deprimidas, organizó comités de colonos y campesinos. Las autopistas promovidas en su sexenio ampliaron la infraestructura y prepararon al estado para la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio.
El desafío inicial del Gobierno mendocista consistió en aplacar los ánimos y retomar el control político de La Laguna. El descontento por el abandono de la federación y el Estado estalló en febrero de 1988 durante la campaña de Carlos Salinas de Gortari. En San Pedro y Francisco I. Madero, ejidatarios y vecinos lanzaron piedras, palos y otros objetos contra el candidato presidencial y su comitiva. Cuatro años después, Salinas reformó el artículo 27 constitucional para desaparecer el ejido y privatizar las tierras. La presión obligó al Gobierno federal a implementar un programa de obras y acciones necesarias, pero insuficientes, denominado Nueva Laguna. El cambio de modelo demandaba un plan de reconversión productiva, pero nunca llegó.
Los alcaldes de Torreón, en el sexenio de Mendoza Berrueto, fueron Heriberto Ramos Salas, amigo del gobernador; y Carlos Román Cepeda, quien marcó un cambio generacional en la política local. Líderes del sector privado con acceso al presidente Salinas encabezaron un movimiento para forzar la renuncia de Ramos, pero el gobernador lo impidió. Mendoza dio un trato especial a La Laguna. En Torreón abrió la Casa de Gobierno, donde despachaba y residía temporalmente. La iniciativa privada lagunera fue la primera en apoyar el Impuesto Sobre Nóminas.
En Saltillo, Mendoza Berrueto no pudo sostener al alcalde Eleazar Galindo Vara, quien, acosado por las élites renunció. En la siguiente elección, el PRI perdió por primera vez la presidencia capitalina. En la administración mendocista también fue defenestrado el alcalde de Piedras Negras, Santiago Elías Castro. El propio gobernador afrontó presiones del Gobierno federal, pero logró concluir su periodo, cosa que en el sexenio de Salinas de Gortari no pudieron conseguir 18 ejecutivos estatales.
En la sucesión de 1993, La Laguna resultó clave para Rogelio Montemayor, cuyo competidor por la candidatura al Gobierno era el exalcalde de Saltillo, Enrique Martínez. Una vez en el poder, Montemayor impulsó a políticos de la comarca e incorporó a su gabinete a Antonio Juan Marcos Issa, en Finanzas, y a José Antonio Murra Giacomán, en Fomento Económico. También nombró a laguneros en puestos intermedios de la administración, creó patronatos y estrechó vínculos con grupos económicos y líderes religiosos como el obispo Luis Morales Reyes. La estrategia funcionó, pues no afrontó conflictos graves en Torreón, pero sí las primeras manifestaciones contra la inseguridad pública y la impunidad, organizadas por Julio Rodríguez y otros líderes sociales. Con todo, el balance de su Gobierno en La Laguna es positivo. E4
Alcaldes, el eslabón más débil; conflictos y alternancias
Los gobernadores que no pudieron nombrar candidatos en la capital lagunera adoptaron distinta conducta. Unos forzaron renuncias; otros colaboraron
Mariano López Mercado (MLM) renunció a la alcaldía de Torreón en el último año de su Gobierno (1996) por irregularidades administrativas. Empero, la falta de investigación y de castigo supuso un móvil político. Separar a alguien de un cargo a cambio de impunidad es una práctica común en México. MLM no era el favorito del gobernador Rogelio Montemayor para la alcaldía lagunera, sino Francisco Dávila u otro perfil empresarial. La nominación de MLM la decidió el PRI nacional, entonces bajo la presidencia de Fernando Ortiz Arana, amigo y compañero suyo en la LV legislatura federal. Salvador Jalife, líder de la Canacintra, fue su relevo.
Ninguno de los alcaldes de Torreón en el sexenio de Montemayor fue de su simpatía. La alternancia en el capital lagunera, en las elecciones intermedias de 1996, la decidieron dos factores: a) las cualidades del candidato del PAN, Jorge Zermeño; y b) la abstención y el voto adversos de los sectores del PRI (CTM y CNOP) resentidos con el Gobierno por la renuncia de López Mercado. Montemayor dirigió su apoyo a Matamoros, donde encontró en Jesús Contreras Pacheco un aliado eficiente y leal. Se lo demostró durante su residencia forzosa en Estados Unidos a causa del Pemexgate.
Meses después de la defenestración de López Mercado, el PRI sufrió una derrota que puso al estado al borde de la alternancia. El PAN ganó las alcaldías de Torreón, Saltillo, Monclova, Ramos Arizpe y Frontera, y rompió la hegemonía de 67 años del PRI en el Congreso. La gubernatura la salvó Enrique Martínez, en 1999, cuyo arraigo y carrera política le permitieron vencer a Juan Antonio García Villa, postulado por la primera gran alianza opositora del país, formada por el PAN, PRD, PVEM y PT. También recuperó las alcaldías y la mayoría en la legislatura. El triunfo del PRI no solo se basó en la imagen de su candidato, sino también en una estrategia diseñada para dividir el voto de la coalición, en argucias legales y en la complacencia de la autoridad electoral.
La ola enriquista recuperó Torreón con Salomón Juan Marcos Issa, el candidato derrotado en los comicios previos, quien realizó un buen papel en la alcaldía. Sin embargo, movimientos equivocados de los operadores políticos del gobernador, metidos de lleno en la sucesión estatal, dividieron al PRI. En los comicios de 2022, el montemayorista Francisco Dávila se postuló por el PT y el PRI volvió a perder Torreón. Guillermo Anaya (PAN) se hizo con la alcaldía sin dificultad, y estableció una relación cordial con Martínez. Posteriormente, Anaya fue senador y candidato a gobernador en dos ocasiones. Concluida la jornada electoral del 4 de junio 2017, el torreonense se retiró a descansar como virtual vencedor, y al amanecer del día siguiente el Instituto Electoral del Estado ya había declarado a Miguel Riquelme ganador.
El trato de Humberto y Rubén Moreira con La Laguna fue siempre solapado, tirante, lleno de trampas. El clan coptó a políticos y empresarios, los cuales, a cambio de posiciones, contratos y privilegios, cerraron los ojos y callaron frente a desmanes como la deuda, la violencia y las desapariciones forzadas. Quienes no se sometieron fueron objeto de acoso y campañas de desprestigio. La Laguna se estancó y vivió sus peores años durante el moreirato. Los agravios no se han olvidado y el rezago tardará mucho tiempo en superarse. Torreón ha pagado siempre costos de la inquina política. E4
Grupos de Reacción: tormenta en un vaso de agua
En medio embestidas políticas y mediáticas, el alcalde de Torreón, elegido para un segundo periodo, Román Alberto Cepeda, le ofrece al gobernador Jiménez una relación colaborativa
Miguel Riquelme llegó al poder no a hombros del movimiento anticentralista que durante sexenios pugnó por un gobernador lagunero, sino por una jugada de Rubén Moreira para proteger los intereses del clan, responsable de la megadeuda y otros atropellos impunes. El resultado de la elección de 2017 en la ciudad de la cual era alcalde con licencia demuestran que no era el candidato esperado por la mayoría. Riquelme, al igual Humberto Moreira, perdió Torreón; en su caso, por más de 21 mil votos. Su contrincante panista, Guillermo Anaya (PAN), estuvo a menos de tres puntos porcentuales de la gubernatura.
La obra de Riquelme en La Laguna fue exigua como en el resto del estado. La deuda ha impedido realizar grandes inversiones en los tres últimos sexenios. La seguridad se convirtió desde entonces en el caballo de batalla. El sistema vial Cuatro Caminos, el proyecto más vistoso del Gobierno anterior, es útil, pero adolece de fallas. Cancelar la conexión de las calzadas Ávila Camacho y Reforma con la calle López Ortiz provoca cuellos de botella y rodeos innecesarios. El cierre del carril poniente-oriente del bulevar Independencia, para dedicarlo a estacionamiento, parece absurdo.
El PRI recuperó Torreón en 2021 con Román Alberto Cepeda, quien, cuatro años atrás, le había disputado a Riquelme la candidatura al Gobierno. El alcalde intentó ser candidato de nuevo en 2023, pero el gobernador se inclinó por el presidente municipal de Saltillo, Manolo Jiménez. Los principales polos políticos del estado se volvieron a enfrentar. La tensión se reflejó en las elecciones de este año. Javier Herrera, poderoso subsecretario de Ingresos en la administración de Riquelme y aspirante frustrado a la alcaldía, y funcionarios estatales sabotearon la campaña de Cepeda para impedir su reelección, pero no lograron su objetivo. El priista venció al candidato de Morena, Shamir Fernández, con 175 mil votos.
Torreón y La Laguna son piezas importantes en el tablero del PRI. Los gobernadores han procurado mantener una relación cordial con las autoridades locales, sin importar militancia partidista. Román Alberto Cepeda rindió el tercer informe de su primer periodo el 4 de diciembre. La ausencia del gobernador Manolo Jiménez echó leña al fuego de la rumorología. Máxime por una serie de publicaciones, previas y posteriores a la ceremonia, contrarias al alcalde. Cepeda mostró nerviosismo en algunas partes de su discurso; y en otras, carácter y determinación. «Aquí no nos rajamos ni nos rendimos», arengó.
La chispa que prendió la mecha del conflicto fue la municipalización del Grupo de Reacción Torreón (GRT), antes Grupo de Reacción Laguna (GRL). El alcalde Cepeda aprovechó la reunión del Panel de Seguridad del 20 de septiembre para hacer el anuncio ante representantes del Ejército, la Guardia Nacional y la Fiscalía General del Estado. En la mesa participan también la Comisión de Derechos Humanos de Coahuila, las policías estatales y los consejos ciudadanos de seguridad. El Gobierno reactivó el GRL, en respuesta, pero los rescoldos del problema aún no se apagan, según se aprecia en el bombardeo contra Cepeda. El alcalde llamó al gobernador Jiménez amigo en su informe, pero no desactivó la andanada en la cual Morena hace las veces de comparsa. «La seguridad no se deja al azar», dijo el presidente municipal antes de ofrecer coordinación con el Estado en su segundo periodo, que iniciará el 1 de enero. E4