Trump, en guerra con la prensa; intransigencia llevada al extremo

Demandas sin sustento, agresiones físicas y manipulación del lenguaje conforman una maquinaria institucional propia de regímenes autoritarios. La democracia estadounidense vuelve a estar a prueba

A seis meses de haber retomado la presidencia, Donald Trump ha dejado claro que su mayor enemigo no es un país extranjero ni una crisis interna, sino la prensa. Lejos de matices o diplomacias, su segundo mandato ha institucionalizado una guerra abierta contra los medios de comunicación. No se trata solo de declaraciones ruidosas o tuits incendiarios: es una estrategia sistemática para intimidar, restringir y excluir a los periodistas independientes, bajo una lógica que recuerda a regímenes autoritarios de otras latitudes.

Durante su primer mandato (2017-2021), Trump mostró una relación hostil con los medios: los llamó «enemigos del pueblo», propagó teorías conspirativas contra periodistas y deslegitimó toda cobertura crítica. Pero entonces, sus ataques eran en gran medida retóricos. En su regreso al poder, el tono se mantiene, pero ahora hay estructura, aparato y consecuencias reales.

«Yo la llamo el fracasado New York Times… y por noticias falsas, CNN y MSDNC, toda esa gente terrible… no tienen ninguna credibilidad».

Donald Trump, presidente de Estados Unidos

La maquinaria del lawfare

El primer frente de esta ofensiva es judicial. Inspirado —quizás no por coincidencia— en el modelo salvadoreño de Nayib Bukele, Trump ha convertido a los tribunales en herramientas para castigar a los medios. Desde enero, su administración ha iniciado al menos una docena de demandas civiles contra medios nacionales por presunta difamación, daño moral o «publicación dolosa». La mayoría de estas demandas no tienen fundamento legal sólido, pero su objetivo no es ganar, sino desgastar.

Se trata de una táctica conocida como lawfare, el uso de procedimientos legales para hostigar, agotar recursos y sembrar el miedo. Algunos medios más pequeños, sin capacidad jurídica o económica para enfrentar estos litigios, han optado por autocensurarse o por cerrar coberturas delicadas. Es el caso del semanario Frontline Weekly, que decidió suspender su sección de investigación tras recibir tres notificaciones judiciales en dos meses. «No podemos sostener el costo de defender la verdad», dijo su editor en una carta abierta.

Violencia consentida

El segundo frente de esta guerra es físico. La cobertura de las políticas migratorias del nuevo Gobierno —particularmente los operativos de redadas masivas y expulsiones aceleradas en la frontera sur— ha encendido tensiones en el terreno.

En múltiples manifestaciones y zonas de detención, periodistas han sido agredidos por simpatizantes de Trump, por agentes de seguridad e incluso por miembros de la Guardia Nacional desplegados en puntos clave alrededor de todo el país.

Lejos de condenar los hechos, el presidente los minimiza o los justifica. «Muchos se hacen pasar por reporteros para obstaculizar el trabajo del Gobierno», dijo en una conferencia de prensa en marzo. El discurso tiene consecuencias. Entre enero y julio de 2025, se han registrado 27 incidentes de violencia contra periodistas en EE.UU., según el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), un aumento del 300% respecto al mismo periodo del año anterior.

El patrón recuerda peligrosamente al modelo turco bajo el presidente Recep Tayyip Erdoğan, donde los periodistas críticos han sido detenidos, amenazados o violentados con frecuencia. La diferencia es que, en Estados Unidos, la prensa aún goza de ciertas garantías legales. Pero si el clima de impunidad crece, esas garantías podrían volverse meramente simbólicas.

La batalla por el lenguaje

El tercer frente es semiótico. En febrero, la Casa Blanca emitió una directiva para que todas las agencias federales, así como las plataformas tecnológicas que colaboran con ellas, adopten una nueva denominación oficial: el Golfo de México pasaría a llamarse «Golfo de América». Según el Gobierno, se trata de «reafirmar nuestra soberanía lingüística».

Aunque varias plataformas —entre ellas Google Maps— aplicaron el cambio, medios como Associated Press (AP) se negaron a aceptar la imposición. En represalia, la administración Trump les retiró el acceso al press pool de la Oficina Oval. «El lenguaje nunca es neutro, y esta decisión representa un intento burdo de controlar la narrativa», declaró Sally Buzbee, directora editorial de AP.

La disputa recuerda al modelo ruso bajo Vladimir Putin, donde la construcción de una «lengua oficial» y el uso de eufemismos son parte de un aparato propagandístico que reescribe la realidad. En EE.UU. la censura abierta aún es impensable, pero las presiones indirectas configuran una forma insidiosa de control.

Democracia a prueba

Lo más alarmante no es que presidente Trump ataque a los medios, sino que ahora cuenta con un aparato estatal dispuesto a seguir sus instrucciones, una base social movilizada, y una estrategia que va más allá de la improvisación. Cada demanda, cada agresión tolerada, cada palabra reconfigurada forma parte de un entramado que pone a prueba los límites de la democracia liberal estadounidense.

La libertad de prensa no se pierde de golpe, sino por erosión. Un derecho que no se ejerce por miedo deja de existir en la práctica. Y cuando los medios dejan de incomodar al poder, junto con el periodismo se debilita el derecho ciudadano a saber.

Trump no está solo en esta cruzada. La estrategia que implementa —una mezcla de acoso judicial, manipulación del lenguaje y tolerancia a la violencia— es compartida por líderes autoritarios en varias regiones del mundo.

La diferencia es que, en Estados Unidos, aún existen contrapesos. Pero si estos no se activan, si la sociedad no reacciona, el deterioro podría ser irreversible. En tiempos oscuros, la prensa libre es más necesaria que nunca. No como actor neutral, sino como defensora activa de la verdad, los derechos y la democracia. E4