Trump, obsesionado con la «Dama Gris»: la intimidación como política de Estado

Con una demanda por 15 mmdd contra The New York Times y presiones directas a ABC, el político republicano judicializa la censura y sienta un precedente peligroso para la libertad de expresión

El presidente Donald Trump ha desatado una nueva guerra contra la libertad de prensa al demandar a The New York Times por 15 mil millones de dólares. No se trata de un litigio cualquiera, representa la más reciente arremetida de un mandatario que, desde su llegada al poder, ha convertido al periodismo crítico en su enemigo declarado. Con acusaciones de «difamación» y «calumnias», el republicano pretende castigar a uno de los diarios más influyentes del mundo, un paso que analistas ven como un intento de intimidación y de censura encubierta.

«El Times ha empleado durante décadas un método de mentir sobre su presidente favorito (¡yo!), mi familia, mis negocios, el movimiento America First, MAGA y nuestra nación en su conjunto».

Donald Trump, presidente de Estados Unidos

La demanda judicial, presentada en un tribunal federal de Florida el 15 de septiembre, acusa al Times de publicar artículos y hasta un libro que contienen «falsedades maliciosas y difamatorias». Afirma que estos han dañado su reputación, su negocio, incluso el valor de su empresa mediática. Para demostrarlo, menciona artículos previos a las elecciones de 2024 y el libro Lucky Loser: How Donald Trump Squandered His Father’s Fortune and Created the Illusion of Success, publicado por Penguin Random House, como parte del alegato de que el Times tergiversó su éxito y su carácter.

«(La demanda) carece de cualquier reclamo legal legítimo y, en cambio, es un intento de sofocar y desalentar el periodismo independiente. The New York Times no se dejará influenciar por tácticas de intimidación».

Vocero de The New York Times

Ante esto, el medio ha respondido contundentemente. Considera que la demanda carece de mérito legal y la interpreta como un intento deliberado de silenciar el periodismo independiente. «(La demanda) carece de cualquier reclamo legal legítimo y, en cambio, es un intento de sofocar y desalentar el periodismo independiente. The New York Times no se dejará influenciar por tácticas de intimidación», dijo un vocero del diario. También su CEO, Meredith Kopit Levien, aseguró que Trump está recurriendo a un antipress playbook (manual contra la prensa) para intimidar a los medios.

Un patrón repetido

Esta demanda resulta llamativa no solo por la cifra, sino porque forma parte de un patrón. Trump ha mantenido históricamente una relación conflictiva con los medios de comunicación. Los ha acusado de «noticias falsas» (fake news), «enemigos del pueblo», de sesgo sistemático y de perpetrar conspiraciones en su contra. Un ejemplo reciente fue su presión contra la cadena ABC y el presentador Jimmy Kimmel, cuyo programa fue cancelado indefinidamente después de que el presidente sugiriera que los reguladores federales deberían revocar licencias de transmisión a quienes lo critican. Desde el Air Force One, Trump acusó a las cadenas de actuar como «un brazo del Partido Demócrata», mientras la propia Comisión Federal de Comunicaciones, a través de su director Brendan Carr, adelantó que esa ofensiva contra voces televisivas críticas no será la última. El litigio se suma a otros presentados en tiempos recientes: demandas previas de Trump contra CBS News (y su programa 60 Minutes), o contra The Wall Street Journal. Algunos casos han terminado en acuerdos económicos, pero pocas veces con resoluciones judiciales que validen plenamente sus acusaciones de mala fe.

El problema para la prensa no es solo defenderse en los tribunales pues un proceso legal, por más absurdo que resulte para muchos expertos, tiene costos económicos, desgaste institucional, puede generar autocensura, desacelerar investigaciones y reducir cobertura crítica. En ese sentido, aunque la demanda fuera desestimada, su mera presentación entraña un mensaje intimidatorio.

En Estados Unidos, la jurisprudencia sobre difamación establece estándares altos para figuras públicas. Un caso clave es New York Times Co. v. Sullivan (1964), que exige que quien demanda demuestre «actual malice» —es decir, que el medio sabía que lo que decía era falso o actuó con un desprecio por la verdad. Académicos legales han expresado escepticismo sobre que Trump pueda cumplir ese requisito. En la demanda se acusa al diario de publicar artículos defectuosos, pero probar que los autores obraron con malicia real es algo complejo. El Times, por su parte, insiste en que sus reportajes se basan en fuentes, evidencias, investigación, que no hay intención de mentir, que el propósito es informar, incluso si el sujeto de la noticia —en este caso el presidente de la nación— no está contento con el retrato.

Que Trump utilice demandas de enormes sumas de dinero no solo puede debilitar a medios individuales si deben gastar muchísimo para defenderse, sino que también puede generar un efecto contagio, otros medios o periodistas pueden evitar cubrir ciertos temas por temor a represalias legales o financieras. Además, estas tácticas se ven también en regímenes menos democráticos, donde el poder judicial se convierte en herramienta para coartar a la prensa crítica. Ya la CEO del Times lo señaló al decir que este «manual contra la prensa» no es algo nuevo ni exclusivo de actores autoritarios.

Primer stop

Cuatro días después de presentada, la demanda de Trump contra The New York Times sufrió un revés judicial. El juez federal Steven D. Merryday, del Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Medio de Florida, desestimó la querella al considerarla «improcedente e inadmisible» en su forma actual. La resolución no entró en el fondo de las acusaciones, pero sí criticó duramente a los abogados de Trump por entregar un escrito de 85 páginas que calificó de «florido, enervante y divagante». Merryday señaló que el documento parecía más un panfleto político que una denuncia formal, al contener extensos elogios al presidente y agravios contra la prensa, y les dio 28 días para presentar una versión corregida de no más de 40 páginas.

El fallo fue celebrado por los demandados. «Vemos con satisfacción la rápida decisión del juez, que reconoce que la querella es un documento político y no un documento judicial serio», dijo un portavoz del Times. Penguin Random House también manifestó que la resolución confirma que la denuncia carecía de sustento procesal. Por su parte, el equipo legal de Trump aseguró que seguirá adelante con el caso, pero ahora ajustándose a las directrices del tribunal.

El juez Merryday dejó clara su posición al advertir que su dictamen no prejuzga la veracidad de las acusaciones ni descarta una futura versión modificada. E4