Universo oscuro

Arropado por el espíritu de estos días, de profunda religiosidad y recogimiento, tan propicios para la reflexión, hubiera deseado que este comentario estuviera lleno de alegría y de cosas positivas, pero dadas las causas de origen para mi artículo de hoy, resulta imposible alcanzar esa condición.

En el día en que escribo estas líneas el Comité contra la desaparición forzada de la Organización de la Naciones unidas (ONU), que viene trabajando en México desde hace más de 10 años, concluyó su informe recomendando activar el artículo 34 de la Convención contra Desaparición forzada porque considera que hay suficientes elementos que indican que la desaparición forzada se practica de forma generalizada y sistemática en México, y por su escala puede alcanzar la categoría de crímenes de lesa humanidad.

Las conclusiones del documento están basadas en una serie de datos que muestran estadísticamente la presencia de una crisis de escalofriantes resultados. Más de 130 mil desaparecidos, 72 mil cuerpos o restos humanos sin identificar, 46 mil sin datos suficientes de búsqueda y sólo 34 sentencias por desaparición forzada. Cifras brutales y demoledoras.

Como respuesta, México rechaza el informe calificándolo de tendencioso y falto de rigor y atribuye las desapariciones al crimen organizado y culpa, sin más, a su personaje preferido: Felipe Calderón, sin entender que no es un juicio en su contra sino la posibilidad de mejora de una política pública que ha sido un fracaso.

El artículo 34 de la Convención contra la Desaparición Forzada tiene fines preventivos y busca la activación de la comunidad internacional en favor de las víctimas de este delito. Constituye, en cambio, la oportunidad de recibir apoyo financiero, cooperación técnica y asistencia especializada en búsqueda forense, es decir, eso contribuiría a establecer mejores políticas públicas de búsqueda, con la garantía de instituciones profesionales dedicadas a ese fin.

A lo largo de mi vida profesional, el tema de la violencia y la desaparición de personas ha sido un tema recurrente en mi desempeño periodístico. El informe me da la razón, no es algo que me halague, más bien me duele.

Debo añadir aquí que, mientras pude porque mi salud era firme, acompañé a colectivos de madres buscadoras en territorio de Coahuila, Zacatecas, Nuevo León y Tamaulipas, por tanto, sé de lo que se habla.

También tuve oportunidad de participar en cursos de mediación auspiciados por la ONU y en estudios en torno a problemas educativos y siempre observé que la ONU era muy cuidadosa en el rigor de sus investigaciones y en la solidez de sus argumentos basados únicamente en hechos.

Pero entiendo la postura del Estado mexicano porque, junto con esos apoyos derivados de una sana cooperación mexicana, vendrán también acompañados de una serie de recomendaciones de poca comodidad para las autoridades gubernamentales.

Por ejemplo, investigar y esclarecer los vínculos político-criminales, y no sólo policías municipales, sino también de alcaldes, gobernadores y altas jerarquías de servidores públicos insertadas en el Gobierno.

Sólo como una pequeña muestra de lo anterior recuérdese que, en nuestro propio Estado, años atrás los mismos policías entregaban a civiles a los zetas; no se olvide el rancho Izaguirre, campo de exterminio del Cartel de Jalisco Nueva Generación y de cuya existencia sabían las autoridades con anterioridad, mucho antes de que se hiciera pública su diabólica presencia en territorio nacional. ¿Es necesario traer a la memoria a Ayotzinapa, a las miles de fosas clandestinas, encontradas por los colectivos de búsqueda, no por las autoridades, o el último hallazgo de una fosa clandestina con 19 cuerpos y horno crematorio incluido?

Los datos estadísticos mostrados por el informe visibilizan la crisis que enfrenta México en este ámbito. Pero me interesa más ahondar en algo que los números no dicen pero que está ahí, como una herida permanentemente abierta y dolorosa para miles de núcleos familiares que la padecen directamente y para otros miles que son igualmente afectados porque ocurren en un ámbito regional y también para algunos, como yo, que la sufrimos solidariamente acompañándolos en su tragedia.

Lo que no se ve en las estadísticas es la destrucción de entornos familiares. Esa destrucción está integrada por cientos de eventos que no se contemplan en la simple definición del fenómeno. Por ejemplo, el miedo y la incertidumbre del presente y el futuro cercano, la desolación y la tristeza ante la ausencia, el dolor y la angustia al imaginar el escenario que debe sufrir la víctima, el desmantelamiento de la coherencia para pensar, para actuar ante la falta de respuesta de las autoridades.

Y todo eso incapacita a la persona involucrada en un fenómeno de esta naturaleza. Y eso no se ve, pero se padece. La persona pierde todas sus facultades para ser productiva y participar en la dinámica de crecimiento de la sociedad a la que pertenece.

De ahí la magnitud de la crisis que experimenta este país sin que tenga siquiera la intención de hacerse cargo de ella.

El informe del Comité contra la desaparición forzada perteneciente a la ONU resume los reclamos de la población civil que en México sufre este terror y también de los que, como yo, hemos asumido una postura crítica y de llamada de atención a las autoridades para que asuman su responsabilidad y se hagan cargo de esta crisis de dimensiones humanas de verdadera tragedia.

El informe no es un juicio que sentencie la culpabilidad del Estado mexicano en torno a las desapariciones forzadas, así que me parece lamentable la respuesta del gobierno en tono descalificatorio. Creo que deja escapar la posibilidad de responder eficazmente a los reclamos sociales. ¿Dónde está el humanismo mexicano que tanto se pregona?

Una postura de mayor apertura hubiera hablado muy bien de su sensibilidad ante esta crisis y, de paso, no le habría dado la razón al gringo fronterizo en torno a su narrativa de que el crimen organizado gobierna México. Hoy eso es una certeza.

Dice el informe que hay suficientes indicios para afirmar que son crímenes de lesa humanidad. Mire la gravedad. Los crímenes de lesa humanidad son los crímenes en la escala más grave en función de lo que considera el derecho penal internacional. No es un crimen ordinario, es la violación de todos los derechos de una persona. Es el universo más oscuro en que cae una persona.

Para saldar esa cuenta ¿usted cree que la presidenta se atrevería a esclarecer los vínculos de Adán Augusto con la Barredora? ¿O los de Andrés Manuel con Adán Augusto?