Recientemente, a escala nacional, se generó polémica entre los ciudadanos, la opinión pública y los gobernantes, ante la propuesta del Ejecutivo Federal de controlar y limitar el uso de teléfonos celulares para estudiantes en el interior de los planteles escolares.
La percepción de un segmento considerable de la opinión pública puede verse influenciada por el entorno de un partido en el gobierno que busca el control social y de las narrativas informativas a su favor, en momentos con tendencias absolutistas que pueden atentar contra las libertades individuales de los ciudadanos.
La propuesta surge en medio de otras disposiciones que también generaron rechazos y opiniones divididas como nuevas legislaciones para medios de comunicación y periodistas, además de una iniciativa para señalar y sancionar a quienes emitan informaciones en internet que puedan ser utilizadas como verdades absolutas sin sustentos de hechos, dichos y realidades con el uso de inteligencia artificial de claras tendencias negativas.
La presentación de las iniciativas no es la mejor porque los opositores al actual grupo de poder gubernamental que las propone no conocen los alcances de sus disposiciones y en vez de negociarlas con todos, buscan aprobarlas por la mayoría absoluta en el Poder Legislativo.
En el caso de la nueva disposición del uso de teléfonos celulares para estudiantes del nivel básico (preescolar, primaria y secundaria) la propia Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal es incapaz de sensibilizar al magisterio y los padres de familia sobre los riesgos de permitir el uso del teléfono en la escuela durante toda la jornada académica.
En el análisis y el intercambio con algunos docentes de planteles públicos y privados, así como algunos padres de familia, el humilde escribiente identificó que la medida ya es aplicada en algunos planteles de ambos sectores en la ciudad y que forma parte de los reglamentos internos que establece cada escuela.
En el nivel preescolar es poco común que los niños lleguen al salón de clases con un teléfono celular; pero en primaria a partir de tercer grado sí hay menores de edad con los dispositivos; sin embargo, en el nivel de secundaria una gran mayoría de los adolescentes cuentan con un teléfono móvil.
Los riesgos se concentran pues en un segmento especial del nivel básico donde el uso sin control sobre todo de las redes sociales y el internet en los teléfonos sí puede significar riesgos para los estudiantes y en algunos casos incluso utilizarlos para obtener información y datos más rápido para actividades escolares y exámenes.
Los profesores de campo, los que están a diario en las aulas, y sus directivos conocen bien los hábitos de uso de teléfono celular de los estudiantes y son ellos quienes establecen reglamentos y disposiciones para evitar riesgos en cualquier caso, por ello deben ser ellos, junto a los padres de familia, quienes establezcan cualquier tipo de restricción de los teléfonos.
Es cierto también que en algunos casos el uso de los teléfonos celulares, con grabaciones realizadas por los propios estudiantes, ya permitió exhibir acciones y comportamientos impropios de algunos docentes que incluso atentan contra la integridad de los propios niños y jóvenes, por lo que las voces que defienden la libertad de uso de los aparatos pueden encontrar ecos con argumentos de hechos y casos reales.
La disposición ya se aplica en países como Francia en Europa y algunos estados de la Unión Americana o países de América Latina; en México ya operan las disposiciones, pero ahora se debe justificar en las leyes con argumentos de los docentes y los padres de los menores, quienes son finalmente responsables de que sus hijos cuenten con un teléfono celular con acceso a internet incluso durante la jornada educativa.
