Vanguardia acusa presiones del PJ para sujetarlo a intereses facciosos

El caso lo presentará ante organismos internacionales. «La utilización de las instituciones públicas para perseguir a medios críticos constituye una amenaza directa al periodismo independiente», dice

Las denuncias sobre el uso del Poder Judicial como una herramienta para silenciar medios de comunicación críticos en Coahuila han despertado preocupación en diversos sectores de la sociedad. Este fenómeno, señalado recientemente por el periódico Vanguardia, ha sido interpretado como un posible abuso de las instituciones públicas, en particular del sistema de justicia, para perseguir intereses específicos. La situación plantea interrogantes sobre la vulnerabilidad de la libertad de expresión y los riesgos que enfrenta la democracia en contextos donde el aparato judicial podría estar al servicio de grupos de poder.

«La libertad de expresión es un pilar fundamental de nuestra democracia, y estamos comprometidos a defenderla hasta el final».

Vanguardia

El caso actual gira en torno a un fallo emitido por la Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia de Coahuila, en el que se dictó una sentencia desfavorable al periódico Vanguardia en un litigio promovido por el exgobernador Humberto Moreira Valdés. Este fallo, que busca despojar al medio de los inmuebles donde realiza su labor periodística, ha sido calificado por el diario como un ataque directo a la libertad de expresión. En una carta abierta, la dirección de Vanguardia denunció que el caso constituye una «fabricación» legal carente de sustento y que obedece exclusivamente a intereses particulares.

Según lo expuesto por el medio, el proceso judicial presenta múltiples irregularidades que refuerzan la percepción de arbitrariedad. Entre ellas destaca un conflicto de interés en el que se vio involucrada una jueza con vínculos personales con uno de los abogados del medio. Además, el expediente carece de pruebas clave, como el contrato original del crédito y los pagarés que sustentarían la supuesta deuda mercantil. Este tipo de omisiones son fundamentales en un juicio de esta naturaleza y comprometen la validez del proceso.

Otro punto que ha generado controversia es la celeridad con la que se dictó la sentencia en segunda instancia. De acuerdo con Vanguardia, el caso fue turnado a la magistrada responsable y resuelto en tan solo tres días, un periodo insuficiente para analizar un expediente compuesto por cinco tomos y miles de páginas. Este hecho levanta dudas sobre la profundidad y objetividad con que se evaluó el caso. A ello se suma la presunta caducidad del proceso, ya que la parte acusadora habría excedido el plazo permitido por el Código Procesal Civil para actuar, un aspecto que debió haber llevado a la desestimación del caso.

El periódico también señaló que la sentencia contradice criterios establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que el Tribunal Superior de Justicia de Coahuila tenía la obligación de observar. Este incumplimiento no solo viola derechos fundamentales, sino que también desvirtúa el papel del Poder Judicial como garante del Estado de Derecho. En este contexto, Vanguardia ha anunciado que buscará la protección de la justicia federal, confiando en encontrar juzgadores imparciales que analicen el caso con apego a los principios democráticos.

No es la primera vez que Vanguardia enfrenta una situación similar. Hace ocho años, el mismo exgobernador Humberto Moreira Valdés impulsó un juicio con características similares, en el que también se utilizó el aparato judicial estatal para intentar despojar al medio de sus instalaciones. Este patrón recurrente refleja un uso sistemático del Poder Judicial como arma política, lo que agrava la percepción de impunidad y abuso de poder en el estado.

El medio asevera haber asumido siempre una posición crítica hacia el poder público y denunciar los excesos y desvíos en que incurren quienes carecen de la vocación de servicio, la realización de esta labor, advierte Vanguardia, «ha exacerbado, en no pocos momentos, la tensa relación que de forma natural se registra en el mundo democrático entre los gobernantes y los periodistas. Siempre hemos estado dispuestos a afrontar los riesgos que ello implica y, por ello, hemos adoptado una actitud profesional que implica, por un lado, mantener nuestro trabajo periodístico apegado a las reglas del oficio y, por el otro, hacer uso de las herramientas legales de las que disponemos para hacer frente a las embestidas.

»Sin embargo, cuando las pulsiones autoritarias rebasan todo límite tolerable, llega el momento de alzar la voz y denunciar, sin ambigüedades, aquello que claramente constituye un ataque a la libertad de expresión y tiene, como único propósito, someternos al control de intereses facciosos».

La denuncia de Vanguardia no solo ha resonado a nivel local, sino que también ha captado la atención de organismos nacionales como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) e internacionales como Reporteros Sin Fronteras (RSF) y el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), comprometidos con la defensa de la libertad de prensa. La utilización de las instituciones públicas para perseguir a medios críticos constituye una amenaza directa al periodismo independiente, un pilar fundamental para la vigilancia del poder y el fortalecimiento de la democracia.

En Coahuila, la relación entre los medios de comunicación y los gobernantes ha sido históricamente tensa, como ocurre en cualquier sistema democrático. Sin embargo, las denuncias actuales reflejan un escenario donde la tensión ha escalado hacia niveles preocupantes. El abuso de las instituciones públicas con fines facciosos no solo afecta a los medios de comunicación, sino que también erosiona los cimientos del Estado de derecho y la confianza de la ciudadanía en el sistema de justicia. Cuando el Poder Judicial se desvía de su función de impartir justicia imparcial y se convierte en un instrumento de persecución política, toda la sociedad queda en estado de indefensión.

Vanguardia ha anunciado que, además de recurrir a la justicia federal, llevará este caso a foros nacionales e internacionales para visibilizar la situación del sistema judicial en Coahuila. El medio reafirmó su compromiso con labor periodística y dejó claro que no cederá ante presiones o intentos de coacción. «No permitiremos que intereses oscuros nos silencien. La libertad de expresión es un pilar fundamental de nuestra democracia, y estamos comprometidos a defenderla hasta el final», asevera. E4