Mientras no se elimine o modifique la figura de \u00abda\u00f1o moral\u00bb, la comunidad period\u00edstica permanecer\u00e1 amenazada por demandas e indemnizaciones. Las denuncias por complicidad entre autoridades y el crimen organizado en Coahuila: motivo verdadero de la querella legal<\/p>\n\n\n\n
B\u00e1rbara Botello, la alcaldesa del PAN que perdi\u00f3 el pulso con el diario AM<\/em> <\/a><\/strong><\/p>\n\n\n\n La victoria del analista y acad\u00e9mico Sergio Aguayo sobre el exgobernador de Coahuila y expresidente del PRI, Humberto Moreira, quien lo demand\u00f3 por da\u00f1o moral, es plausible, pues sienta un precedente positivo en favor de la libertad de expresi\u00f3n. Sin embargo, mientras los hombres del poder (pol\u00edtico y econ\u00f3mico) tengan las leyes de su lado para acusar a los periodistas y a la prensa por difundir informaci\u00f3n y an\u00e1lisis contrarios a sus intereses, la trampa seguir\u00e1 puesta.<\/p>\n\n\n\n En palabras del propio Aguayo, promotor de los derechos humanos y de la democracia, quien colabora en varios medios de comunicaci\u00f3n, \u00abla prensa mexicana est\u00e1 bajo el asedio de pol\u00edticos poderosos, criminales violentos y leyes que requieren ser reformadas y actualizadas para defender de manera simult\u00e1nea el derecho a la libertad de expresi\u00f3n, al honor y a la informaci\u00f3n\u00bb (Comunicado, 17.03.22).<\/p>\n\n\n\n \u00abDespu\u00e9s de casi seis a\u00f1os, hoy la SCJN cancel\u00f3 mi condena a pagar 10 millones de pesos a Humberto Moreira por un supuesto da\u00f1o moral. (\u2026) La prensa sigue siendo el principal reducto, la principal trinchera y obst\u00e1culo para (\u2026) los abusos de quienes tienen poder, sean pol\u00edticos o sean criminales; por eso es que estamos pagando un costo tan alto como gremio, porque somos quienes estamos hablando claro cuando otros gremios optan por un discreto silencio\u00bb.<\/p>Sergio Aguayo, acad\u00e9mico de El Colegio de M\u00e9xico<\/cite><\/blockquote>\n\n\n\n La figura jur\u00eddica de da\u00f1o moral, tal como aparece en el art\u00edculo 1916 del C\u00f3digo Civil Federal, es una espada de Damocles que pende sobre la cabeza de los periodistas. \u00abSi logramos quitar la figura del da\u00f1o moral o regularlo, entonces estar\u00edamos eliminando una de las causas de las amenazas. Habr\u00e1 otras, por supuesto, y creo que la m\u00e1s extrema es el asesinato de periodistas que est\u00e1 sucediendo en el interior del pa\u00eds, fundamentalmente donde la denuncia es m\u00e1s directa y la animadversi\u00f3n del gobernante se personaliza\u00bb, afirma el investigador (Reforma<\/em>, 17.03.22).<\/p>\n\n\n\n \u00abCondenamos en\u00e9rgicamente la persecuci\u00f3n judicial de la libertad de prensa en M\u00e9xico a trav\u00e9s de la presentaci\u00f3n, admisi\u00f3n y desahogo de acciones judiciales contra periodistas, acad\u00e9micos y cualquier persona que haga uso de este derecho para buscar, recopilar, publicar y difundir informaci\u00f3n que nutra a la sociedad de informaci\u00f3n y opiniones en temas de trascendencia p\u00fablica\u00bb.<\/p>Art\u00edculo 19 y Propuesta C\u00edvica<\/cite><\/blockquote>\n\n\n\n Aguayo propone impulsar cuanto antes la renovaci\u00f3n de los poderes judiciales de los estados. Los tribunales toleran el acoso judicial a periodistas. Invocan supuestos da\u00f1os al honor y se han convertido en un freno para la democracia. \u00abM\u00e9xico est\u00e1 lastrado por un sistema judicial esquizofr\u00e9nico. Salvo excepciones, el federal es profesional y responsable, pero el de las entidades es muy deficiente\u00bb, asegura.<\/p>\n\n\n\n Si bien el Poder Judicial Federal se ha fortalecido, \u00abla prensa sigue siendo el principal reducto, la principal trinchera y obst\u00e1culo para los excesos de poder, los abusos de quienes tienen poder, sean pol\u00edticos o sean criminales; por eso es que estamos pagando un costo tan alto como gremio, porque somos quienes estamos hablando claro cuando otros gremios optan por un discreto silencio\u00bb.<\/p>\n\n\n\n El caso del autor de El Yugo Zeta: Norte de Coahuila, 2010-2011<\/em>, junto con Jacobo Day\u00e1n, sirvi\u00f3 para desvelar la negligencia de organismos creados justamente para proteger a los periodistas, como la Comisi\u00f3n Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y la Fiscal\u00eda Especial para la Atenci\u00f3n de Delitos contra de la Libertad de Expresi\u00f3n (FEADLE). \u00abSon instituciones que no se interesaron en mi caso\u00bb, apunta Aguayo.<\/p>\n\n\n\n Causa y consecuencia<\/strong><\/p>\n\n\n\n Humberto Moreira demand\u00f3 por da\u00f1o moral a Sergio Aguayo por el art\u00edculo de opini\u00f3n \u00abHay que esperar\u00bb, publicado el 20 de enero de 2016, cinco d\u00edas despu\u00e9s de que el exl\u00edder del PRI fuera detenido en Espa\u00f1a bajo cargos de asociaci\u00f3n delictuosa, lavado de dinero, malversaci\u00f3n y cohecho.<\/p>\n\n\n\n Moreira interpuso la demanda el 28 de junio en el Juzgado 15 de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de M\u00e9xico. Exig\u00eda ser indemnizado con 10 millones de pesos. La defensa de Aguayo deposit\u00f3 450 mil pesos para evitar el embargo de su patrimonio y resistir una batalla legal que se extendi\u00f3 por m\u00e1s de un lustro.<\/p>\n\n\n\n El exmandatario alega que se atent\u00f3 contra su honor, vida privada y su propia imagen, lesionando sus sentimientos, creencias, decoro y reputaci\u00f3n. Aguayo asevera que la embestida legal se debi\u00f3 a un proyecto investigativo entonces en curso (El Yugo Zeta<\/em>) donde se desvelaban conexiones entre el Gobierno de Coahuila y bandas criminales en las masacres de Allende y el penal de Piedras Negras.<\/p>\n\n\n\n \u00abSigo creyendo que la demanda de Humberto Moreira en mi contra fue motivada por las investigaciones que empec\u00e9 a coordinar en 2016 desde El Colegio de M\u00e9xico sobre las atrocidades cometidas por el crimen organizado en Coahuila y la complicidad que recibi\u00f3 de autoridades de los tres niveles. Afortunadamente, la demanda no fren\u00f3 una investigaci\u00f3n acad\u00e9mica seria sobre la interacci\u00f3n entre crimen organizado, Estado y sociedad en Coahuila\u00bb, asegura (Comunicado, 17.03.22).<\/p>\n\n\n\n El 16 de marzo pasado, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci\u00f3n (SCJN) determin\u00f3 por unanimidad aprobar el proyecto de la ministra Margarita R\u00edos-Farjat para absolver a Aguayo y anular la condena, dictada por la Sexta Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Ciudad de M\u00e9xico en octubre de 2019.<\/p>\n\n\n\n \u00abDespu\u00e9s de casi seis a\u00f1os, hoy la SCJN cancel\u00f3 mi condena a pagar 10 millones de pesos a Humberto Moreira por un supuesto da\u00f1o moral. Estoy feliz porque no tendr\u00e9 que pagar, pero estoy m\u00e1s contento a\u00fan porque la SCJN fall\u00f3 en favor de la libertad de expresi\u00f3n y de la investigaci\u00f3n period\u00edstica\u00bb, public\u00f3 el acad\u00e9mico en su cuenta de Twitter.<\/p>\n\n\n\n La importancia del fallo supera el monto de la indemnizaci\u00f3n. Es un espaldarazo a la libertad de expresi\u00f3n y un reconocimiento a la importancia de una prensa independiente. De haberse ratificado la sentencia, los periodistas trabajar\u00edan siempre bajo la amenaza de demandas civiles y de reparaciones. \u00abLos ministros establecieron que una opini\u00f3n, suficientemente documentada, est\u00e1 protegida y que no se puede exigir a los periodistas que s\u00f3lo difundan hechos reflejados en sentencias judiciales inapelables\u00bb, argumenta Aguayo.<\/p>\n\n\n\n Los l\u00edmites de la cr\u00edtica<\/strong><\/p>\n\n\n\n Tanto la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) como la SCJN sostienen un esquema de \u00abproyecci\u00f3n p\u00fablica\u00bb a partir del cual el umbral de protecci\u00f3n de la honra y la dignidad humana es diferente seg\u00fan la calidad del sujeto sobre el cual se vierten las opiniones.<\/p>\n\n\n\n Para la SCJN \u00ablos l\u00edmites de cr\u00edtica son m\u00e1s amplios cuando \u00e9sta se refiere a personas que, por dedicarse a actividades p\u00fablicas o por el rol que desempe\u00f1an en una sociedad democr\u00e1tica, est\u00e1n expuestas a un control m\u00e1s riguroso de sus actividades y manifestaciones que aquellos particulares sin proyecci\u00f3n p\u00fablica alguna, pues en un sistema inspirado en los valores democr\u00e1ticos, la sujeci\u00f3n a esa cr\u00edtica es inseparable de todo cargo de relevancia p\u00fablica\u00bb (www.scjn.gob.mx<\/em>).<\/p>\n\n\n\n Periodistas y medios de comunicaci\u00f3n podr\u00e1n ser acreedores de sanciones civiles solo cuando se compruebe que existe informaci\u00f3n falsa en el caso de noticias. Para columnas o art\u00edculos de opini\u00f3n solo se debe juzgar si existi\u00f3 \u00abmalicia efectiva\u00bb por parte del autor, ni siquiera es determinante analizar la falsedad o veracidad de los comentarios.<\/p>\n\n\n\n \u00abLa \u201cmalicia efectiva\u201d es el criterio subjetivo de imputaci\u00f3n que se ha adoptado en el derecho mexicano para atribuir responsabilidad en casos de conflicto entre la libertad de expresi\u00f3n y los derechos de la personalidad. [\u2026] En esta l\u00ednea, las disposiciones sobre la \u201cmalicia efectiva\u201d contempladas en la ley citada s\u00f3lo se aplican en su literalidad a las intromisiones en el honor, por lo que la irrelevancia de la veracidad de la informaci\u00f3n en casos donde se alega la intromisi\u00f3n en la vida privada de una persona hace que la \u201cmalicia efectiva\u201d como criterio subjetivo de imputaci\u00f3n deba sufrir alguna modulaci\u00f3n, que se traduce en dejar de considerar en todos los casos de posibles afectados (funcionarios p\u00fablicos, personas con proyecci\u00f3n p\u00fablica y particulares) los elementos del est\u00e1ndar que presuponen la falta de veracidad\u00bb (ibidem<\/em>).<\/p>\n\n\n\n Sobre esta base se sustenta el fallo en el pleito Moreira-Aguayo. \u00abA juicio de esta Primera Sala, el discurso que en el caso dio pie a la acci\u00f3n de reparaci\u00f3n por da\u00f1o moral derivado del supuesto abuso de la libertad de expresi\u00f3n es un discurso preponderantemente de opini\u00f3n que se fundamenta en una base f\u00e1ctica que, sin llegar a someterse a un l\u00edmite de veracidad tan r\u00edgido como el que se aplica a divulgaciones de informaci\u00f3n meramente noticiosa, supera satisfactoriamente el est\u00e1ndar de sustento f\u00e1ctico suficiente\u00bb.<\/p>\n\n\n\n Sin embargo, a pesar de todas estas consideraciones legales, en el art\u00edculo 1916 del C\u00f3digo Civil Federal se establece que hay da\u00f1o moral cuando se vulnera o menoscaba ileg\u00edtimamente la libertad o la integridad f\u00edsica o ps\u00edquica de las personas. En este tenor se considera un hecho il\u00edcito \u00abel que comunique a una o m\u00e1s personas la imputaci\u00f3n que se hace a otra persona f\u00edsica o moral, de un hecho cierto o falso, determinado o indeterminado, que pueda causarle deshonra, descr\u00e9dito, perjuicio, o exponerlo al desprecio de alguien\u00bb.<\/p>\n\n\n\n El art\u00edculo en cuesti\u00f3n no solo desatiende el esquema de proyecci\u00f3n p\u00fablica sostenido por la CIDH y la SCJN, sino que en su vaguedad ni siquiera distingue la verosimilitud de la falsedad de los hechos sobre los que se fundamenta la imputaci\u00f3n. La imprecisi\u00f3n se hace m\u00e1s notoria cuando en el mismo saco de \u00abda\u00f1o moral\u00bb incluye los t\u00e9rminos deshonra, descr\u00e9dito, perjuicio y desprecio de \u00abalguien\u00bb. A partir de un criterio tan amplio, pr\u00e1cticamente cualquier opini\u00f3n ejercida sobre un tercero se convierte en potencial causa de demanda. La trampa contra los comunicadores, entonces, permanece intacta.<\/p>\n\n\n\n El pleito contin\u00faa<\/strong><\/p>\n\n\n\n La SCJN no emit\u00eda a\u00fan su veredicto, cuando el 17 de febrero Sergio Aguayo era notificado de una segunda demanda promovida por Humberto Moreira. Esta vez, el exgobernador de Coahuila argumenta un supuesto da\u00f1o a su honra y prestigio por la publicaci\u00f3n, en 2020, del libro \u201cReconquistando\u201d la Laguna. Los zetas, el estado y la sociedad organizada, 2007-2014<\/em>, donde se describe la violencia que azot\u00f3 no solo a la Comarca Lagunera sino a todo Coahuila durante las administraciones de los hermanos Moreira y el interinato de Jorge Torres L\u00f3pez.<\/p>\n\n\n\n La noticia indign\u00f3 al gremio period\u00edstico. \u00abCondenamos en\u00e9rgicamente la persecuci\u00f3n judicial de la libertad de prensa en M\u00e9xico a trav\u00e9s de la presentaci\u00f3n, admisi\u00f3n y desahogo de acciones judiciales contra periodistas, acad\u00e9micos y cualquier persona que haga uso de este derecho para buscar, recopilar, publicar y difundir informaci\u00f3n que nutra a la sociedad de informaci\u00f3n y opiniones en temas de trascendencia p\u00fablica\u00bb, expresaron Art\u00edculo 19 y Propuesta C\u00edvica en un comunicado conjunto.<\/p>\n\n\n\n Las organizaciones coinciden en el prop\u00f3sito de censura e intimidaci\u00f3n que se agazapa en el actuar del exgobernador coahuilense para que no salgan a la luz las graves violaciones de derechos humanos cometidas durante su sexenio.<\/p>\n\n\n\n \u00abConsideramos que la reiterada presentaci\u00f3n de demandas contra el periodista y acad\u00e9mico Sergio Aguayo por parte de Humberto Moreira es una muestra evidente de demanda SLAPP (strategic lawsuit against public participation<\/em>) selectiva, cuyo objetivo es castigar la cr\u00edtica e investigaci\u00f3n relacionadas a la situaci\u00f3n de graves violaciones de derechos humanos ocurrida en el estado de Coahuila durante su per\u00edodo como gobernador\u00bb, explica el comunicado.<\/p>\n\n\n\n Jueces de la CIDH destacaron la necesidad de que los Estados implementen medidas anti-SLAPP para prevenir y desarticular el uso de recursos legales contra el ejercicio de la libertad de expresi\u00f3n. E4<\/strong><\/p>\n\n\n\n B\u00e1rbara Botello, la alcaldesa del PAN que perdi\u00f3 el pulso con el diario AM<\/em><\/p>\n\n\n\n La demanda de Humberto Moreira contra Sergio Aguayo dista mucho de ser la \u00fanica que presenta un pol\u00edtico contra un periodista o medio de comunicaci\u00f3n. En octubre de 2020, B\u00e1rbara Botello Santib\u00e1\u00f1ez, exalcaldesa priista de Le\u00f3n, Guanajuato, interpuso una demanda civil por supuesto da\u00f1o moral contra la empresa Editorial Martinica S.A de C.V. a la que pertenece el peri\u00f3dico AM<\/em>, y exigi\u00f3 una reparaci\u00f3n de 300 millones de pesos. Seg\u00fan la exfuncionaria, las notas y reportajes period\u00edsticos publicados por el medio sobre los actos de corrupci\u00f3n detectados durante su Gobierno \u2014incluy\u00f3 tambi\u00e9n los comentarios emitidos por los lectores en redes sociales\u2014 minaron su prestigio y afectaron su salud.<\/p>\n\n\n\n Botello fue presidenta municipal de 2012 a 1015 y su administraci\u00f3n estuvo plagada de se\u00f1alamientos por irregularidades en el uso de los recursos p\u00fablicos. Se le acusa de duplicar el costo en las obras con el ardid de declarar desiertos los concursos para luego adjudicarlos a placer; de generar facturas de servicios que nunca se prestaron; de comprar terrenos a precios fuera de mercado; de dar de alta a su peinadora en la n\u00f3mina municipal, con un sueldo de siete mil 250 pesos mensuales en dos dependencias distintas, sin trabajar en ninguna; y de cargarle al erario al menos diez servicios de masajes y rituales de relajaci\u00f3n en la master suite<\/em> del hotel Hacienda Sep\u00falveda, donde gustaba alojarse.<\/p>\n\n\n\n \u00abEn los \u00faltimos cinco a\u00f1os los profesionales del periodismo y la comunicaci\u00f3n han sido muy hostigados por cuestiones de su propio trabajo; a veces con violencia laboral, vetos o expulsiones, cierre de medios, amenazas, demandas \u2014antes penales y ahora civiles\u2014 y lo peor: la agresi\u00f3n f\u00edsica infiriendo lesiones o hasta el homicidio\u00bb.<\/p>Paulino Lorea, abogado de AM<\/em><\/strong><\/cite><\/blockquote>\n\n\n\n Los reportajes de AM<\/em> y otros medios de comunicaci\u00f3n derivaron en 25 denuncias penales y revisiones de la Auditor\u00eda Superior del Estado, la Auditor\u00eda Superior de la Federaci\u00f3n, la Contralor\u00eda Municipal de Le\u00f3n y la Secretar\u00eda de la Funci\u00f3n P\u00fablica.<\/p>\n\n\n\n La exalcaldesa contrat\u00f3 para su defensa un equipo de 13 abogados, pero en su demanda, compuesta por 244 elementos acusatorios, nunca hizo alusi\u00f3n a los hechos por los que en ese momento se encontraba sujeta a proceso penal ni a las investigaciones abiertas a su nombre en la Fiscal\u00eda Anticorrupci\u00f3n del Estado de Guanajuato.<\/p>\n\n\n\n El abogado defensor de AM<\/em>, Paulino Lorea, expuso algunos de los riesgos a que se enfrentan los periodistas por ejercer su trabajo. \u00abEn los \u00faltimos cinco a\u00f1os los profesionales del periodismo y la comunicaci\u00f3n han sido muy hostigados por cuestiones de su propio trabajo; a veces con violencia laboral, vetos o expulsiones, cierre de medios, amenazas, demandas \u2014antes penales y ahora civiles\u2014 y lo peor: la agresi\u00f3n f\u00edsica infiriendo lesiones o hasta el homicidio\u00bb, afirm\u00f3.<\/p>\n\n\n\n El 30 de mayo de 2019, Botello fue arrestada y presentada ante la juez tercero de lo penal de Le\u00f3n, Cristina R\u00e1bago Morales, y recluida en un Centro de Reinserci\u00f3n Social. Apenas dos d\u00edas despu\u00e9s, tras pagar una multa, qued\u00f3 libre.<\/p>\n\n\n\n No obstante, en noviembre del a\u00f1o siguiente, el Juzgado Tercero Penal de Partido confirm\u00f3 el auto de formal prisi\u00f3n por el delito de peculado de 1 mill\u00f3n 577 mil pesos, aunque refrend\u00f3 que pod\u00eda seguir el proceso en libertad.<\/p>\n\n\n\n Seg\u00fan la Fiscal\u00eda, Botello y otros funcionarios crearon, desarrollaron y ejecutaron contratos ficticios con las empresas Participaci\u00f3n en Proyectos, Advise Experts Trilogy y Asesor\u00eda Especializada Especta Aeesa.<\/p>\n\n\n\n Botello acus\u00f3 al Gobierno del estado y al Partido Acci\u00f3n Nacional (PAN) de perseguirla permanentemente. El 22 de noviembre de 2021, el Tribunal de Justicia Administrativa inhabilit\u00f3 por un a\u00f1o a la exalcaldesa para ocupar cargos p\u00fablicos. A pesar de la gravedad de las imputaciones, la sanci\u00f3n fue solo administrativa. E4<\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"Mientras no se elimine o modifique la figura de \u00abda\u00f1o moral\u00bb, la comunidad period\u00edstica permanecer\u00e1 amenazada por demandas e indemnizaciones. 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