De alguna manera la historia se reitera en las elecciones en Estados Unidos. Se repite respecto a México en cuanto a que un proyecto radical prevalece con un mandato avalado en las urnas. Aunque en EE. UU. la desconcentración del poder y las libertades son una realidad que sirve de contención al presidente, existe un proyecto político que pretende modificar el régimen democrático y que gana la elección, la presidencia, el Senado y posiblemente la Cámara de Representantes. En EE. UU. habrá un presidente y en México una presidenta sin los límites tradicionales del régimen republicano, además decididos a transformar de manera profunda la política. Él, al igual que los de Morena acá, podrá invocar el mandato popular en la pretensión de hacer lo que quiera.
Para México la elección de Trump es el peor desenlace posible. No faltará quien crea que un presidente fuerte en EE. UU. servirá para moderar los excesos de los de acá, ingenuidad mayor. Posiblemente quien piense que la «buena» relación entre el expresidente López Obrador y el candidato triunfante sirva para llevar la fiesta en paz, otro ejemplo de candidez. El resultado no es bueno para el país, sí para la televisora que decidió apoyarlo en el momento de incertidumbre.
Trump se lo hizo saber a la presidenta Sheinbaum a horas de ganar la elección: está decidido a utilizar los aranceles para obligar a las autoridades mexicanas a hacer la tarea en seguridad y migración en función de los intereses norteamericanos. Debe entenderse que los aranceles no sólo sirven para someter a los países que comercian con EE. UU., también generarían ingresos para cumplir su promesa de reducir impuestos.
México no será tratado como aliado o socio comercial, sino como un país al que hay que manejar porque no es confiable, porque en la perspectiva de Trump y su triunfante movimiento MAGA (Make America Great Again) no hay espacio para la coexistencia, tienen la idea de que los mexicanos han abusado de la vecindad y de los acuerdos, particularmente, porque sus autoridades declinaron luchar contra el crimen y controlar la frontera para evitar el paso de drogas y migrantes ilegales. Los números de la violencia, los casos judiciales de exfuncionarios de alta jerarquía y narcotraficantes como El Chapo Guzmán o El Mayo Zambada confirman la incapacidad del sistema de justicia mexicano para castigar criminales, el país de la impunidad y la corrupción.
El gobierno mexicano ha hecho lo de cajón. Por una parte, decir que las referencias hostiles o negativas son parte de la campaña electoral. Por la otra, anticipar que habrá colaboración y entendimiento. La palabra respeto ya se incorporó en el reconocimiento de la presidenta. Hay respeto de México hacia allá, pero no ha sido recíproco. La presidenta Sheinbaum lo sabe y por eso ha reconvenido al embajador Ken Salazar por su rechazo público a la reforma judicial y reitera el reclamo por la participación del gobierno norteamericano en el secuestro de El Mayo Zambada sin informar a las autoridades mexicanas, una clara muestra de desconfianza a éstas.
Para México no debe ignorarse que Trump ganó la elección a partir del rechazo de la sociedad norteamericana a la migración ilegal. Muchos de ellos son mexicanos y casi todos ingresaron por la frontera nuestra. El problema es que desde la perspectiva norteamericana eso les da derecho a exigir al vecino regresarlos por donde entraron y hacer del territorio nacional el lugar para enviar a los expulsados. Es un problema monumental, humanitario, desde luego, pero también social y económico. No se trata de deportar a millones de migrantes a su país de origen, sino de dejarlos en México. El Gobierno no tiene capacidad alguna para administrar razonablemente una situación de tal magnitud y complejidad. Esto tendrá que contemplarse obligadamente en una estrategia multilateral con intervención de Naciones Unidas, tan vilipendiada por el régimen obradorista. El canciller de la Fuente, por sus antecedentes, se vuelve relevante en el diseño de una respuesta multilateral.
Estados Unidos necesita de México y de los mexicanos, pero los quiere a su modo. Le preocupa la inseguridad por todo lo que implica el narcotráfico y la complacencia de las autoridades frente China para hacer de México puente para acceder al mercado norteamericano. Los migrantes ilegales son un componente relevante para la economía norteamericana y la competitividad en el mercado global, que no significa complacencia con estado de cosas. Muchas de las empresas beneficiarias de la relación comercial son norteamericanas que operan en México y en EE. UU. Habrá cambios, pero los intereses económicos del vecino serán los que prevalecerán, sin importarles mucho si los ajustes benefician a los mexicanos.
La connivencia de los medios
La deriva autocrática del país no se explica sin la connivencia de sus élites con el poder político. Miedo, interés o complicidad convergen en la renuncia a defender al sistema que mejor sirve al país y a ellos mismos. Un sistema de reglas, con autoridades contenidas por la legalidad y un sistema judicial que haga valer la Constitución es lo mejor para todos. Igual un poder desconcentrado y la integración de la pluralidad a los órganos legislativos. Tiene que ver con las libertades y con la eficacia del sistema para resolver o enfrentar de la mejor manera sus problemas, también, hacer realidad los anhelos de la población. El autoritarismo seduce y, a veces, convence, pero no resuelve, no es eficaz.
Los gobiernos de la democracia no estuvieron a la altura de la expectativa del cambio de régimen. El desencanto a lo largo de 18 años abrió la puerta a la aventura populista y de allí a la autocracia en términos impensables e inimaginables. No fue el regreso al punto de partida, fue la deriva autocrática acompañada de un significativo consenso popular que dio para ganar arrolladoramente dos elecciones nacionales. El tren de la devastación del régimen democrático está en curso y es incontenible, imparable. Para el régimen no hay concesión o pausa alguna porque domina un ánimo de guerra de quienes triunfaron, tampoco espacio a la coexistencia, y el acuerdo es asumido como claudicación. Ellos se asumen representantes únicos del pueblo, a pesar de la pluralidad en la sociedad y de que una minoría significativa votó por otros partidos.
Los medios de comunicación han sido parte de la construcción autoritaria. Los segmentos de opinión plural son intrascendentes, lo que impacta a la población es la información donde resulta evidente la ausencia de una auténtica calidad informativa que haga valer la veracidad de lo que se dice de un lado o de otro. La propaganda del régimen circula sin restricción alguna porque los medios, en su mayoría, no cumplen con su función de informar con rigor y seriedad, ni, en su abrumadora mayoría, con la tarea de realizar el escrutinio al poder. El régimen manipula y miente groseramente, mientras que los medios reproducen las falacias del sistema.
La amenaza al periodismo independiente viene tanto del régimen político como del crimen. No es casual que los periodistas y los medios se vuelvan objetivo. Ocurre en el ámbito local, donde es más recurrente por la proximidad, así como en los medios nacionales. El atentado contra Ciro Gómez Leyva y las amenazas públicas contra Azucena Uresti son ejemplo de que el crimen opera en todas partes, aunque se desconoce a ciencia cierta su colusión con los intereses políticos. La investigación de la FGR en Sinaloa reviste la mayor relevancia, al igual que las indagatorias en Morelos, Chiapas y Guerrero para conocer los vasos comunicantes entre autoridades y grupos criminales.
La debilidad de los medios nacionales resulta del perfil de los empresarios. Existen casos encomiables en los que se antepone el proyecto editorial o periodístico sobre los intereses económicos de los propietarios; igual la presencia de líderes de opinión que cumplen con su responsabilidad profesional y con distancia del poder político o económico. Sin embargo, la mayor parte de los medios, especialmente los del Estado y los concesionados, incumple con su función de informar con veracidad e independencia, que se acentúa cuando el poder político gana espacio y se concentra.
La política de medios del régimen es a imagen y semejanza. Se trata de someter, uniformar y reprimir la voz diversa y plural de la sociedad y, consecuentemente, las posturas independientes o críticas al sistema. En estas horas difíciles de la República la libertad de expresión debiera cobrar relieve. No ocurre así porque los medios de mayor relevancia se enmarcan en los negocios y los intereses de sus propietarios.
El pasado 2 de noviembre, la editora en EE. UU. del diario británico The Guardian, Betsy Reed, se refirió a la renuncia de una larga tradición de dos grandes diarios norteamericanos para pronunciarse en la contienda presidencial. Los Angeles Times y el Washington Post. Señala la periodista que es resultado de la interferencia en la política editorial de los propietarios archimillonarios de dichos medios.
La libertad de expresión requiere de periodistas libres e independientes, así como de empresas que actúen en consecuencia. De otra manera habrá complicidad entre los medios y el poder.
