Con la iniciativa de reforma planteada el 5 de febrero pasado por el presidente de la República al Congreso federal, el Poder Judicial de la Federación, como integrante de los tres poderes de la Unión, tiene en juego su supervivencia como contrapeso frente a las pretensiones en particular del Poder Ejecutivo Federal, que atentan, como ha sido la tónica del Gobierno de AMLO, contra el orden jurídico establecido y tutelado por nuestra Constitución.
Lejos estuvimos de imaginar que el eslogan de «acabar con las instituciones» que, tras perder las elecciones en el año 2012, enarboló como meta el caudillo de Macuspana en el supuesto de llegar al poder, y que una vez logrado su objetivo y asumir el cargo de presidente de la República el 1 de diciembre de 2018, se convertiría en toda una preocupante realidad, al grado que a escasos dos meses de que concluya su encargo, con su iniciativa de reforma al Poder Judicial de la Federación, pone en riesgo la división de poderes consagrada por el Artículo 49 Constitucional, y en consecuencia nuestro Estado de derecho.
«No me digan que la ley es la ley» es una de las frases que forman parte ya de un extenso anecdotario que marcará la historia de este sexenio y que define el desprecio presidencial por todo nuestro sistema jurídico establecido.
En tal contexto, producto de su revanchismo personal y odio visceral a una de las instituciones jurídicas fundamentales de nuestro Estado de derecho como lo es el Juicio de Amparo, el actual inquilino de Palacio Nacional no perdona que esta sea hasta la fecha el único dique que ha contenido la avalancha de acciones de su gobierno contrarias a la ley; odio que ha traspasado a sus ejecutores, como lo son los ministros de la Suprema Corte de la Nación, magistrados de los Tribunales Colegiados de Circuito, jueces de Distrito que, en uso de sus atribuciones contenidas en la Constitución y en la Ley de Amparo, a través de la figura de la suspensión y acciones de inconstitucionalidad, han frenado y revocado tanto sus pretensiones como las de sus subalternos de violar la ley.
Luego entonces, dolido por dichos reveses jurisdiccionales, el propósito de la iniciativa de reforma al Poder Judicial de la Federación, al pretender como eje principal que sus operadores jurídicos sean electos por el voto popular, no conlleva otro propósito que someterlo mediante esa guía a los intereses presidenciales y del partido político mayoritario en turno, y acabar así con su independencia.
Como está planteada dicha iniciativa, se olvida que los operadores jurídicos que día a día hacen efectiva la protección constitucional a los ciudadanos mediante el juicio de amparo no pueden ser suplantados por títeres o marionetas sin carrera profesional, electos en caso de que sean mayoría los que aspiren a tal cargo, mediante el sistema de tómbolas, como así grotescamente lo planteó últimamente el titular del Poder Ejecutivo; y mucho menos por profesionistas recién egresados de las facultades de derecho, con el argumento falaz de que los aspirantes a los cargos de ministros, magistrados y jueces de Distrito ya estarían capacitados por ese solo hecho, como por arte de magia, para ocupar tales cargos.
De aprobarse tal despropósito, sin cambiarle ninguna coma —son las instrucciones al estilo de AMLO— no solo se ocasionaría el caos jurídico total, pues no hay que olvidar ni pasar por alto que dicha reforma conlleva también la elección mediante el voto popular de los poderes judiciales de los 32 estados que integran la federación, sino también el grave riesgo de retroceso en nuestro sistema federal y republicano actualmente en vigor —con diversos ensayos que no prosperaron— desde la constitución federal de 1824.
Ignorar lo que en dicho avance histórico significa tal circunstancia es desconocer no solo nuestra historia, sino también el desarrollo de nuestras instituciones jurídicas, hoy en peligro por la multicitada iniciativa de reforma que pone en riesgo, por su carácter populista de poner en manos del «noble y sabio pueblo mexicano» una decisión que, en lugar de fortalecer nuestro sistema jurídico, lo pone en evidente riesgo, pues en el entorno social que actualmente se vive, donde los índices de inseguridad, en lugar de disminuir, han aumentado por la presencia del crimen organizado, es evidente que este, con su poderío económico, incidiría y controlaría más abiertamente la administración de justicia en el país.
A fin de hacer menos burda tal pretensión y ponerle un barniz dizque democrático a la pretendida reforma antes de ser aprobada en el actual sexenio, y con el pretexto no cumplido de escuchar la opinión de los sectores afectados, esto es a los ministros, magistrados de Circuito y jueces de Distrito, así como a la base trabajadora que se vería indefectiblemente afectada, habida cuenta de que el artículo décimo transitorio de la multicitada reforma no contempla los mecanismos de protección de tales derechos, la Cámara de Diputados organizó ocho foros de consulta que tuvieron como sede diversas ciudades de la República, entre ellas Saltillo, donde, ante la presión y protesta de los trabajadores provenientes de los estados de Tamaulipas, Nuevo León y Zacatecas que se dieron cita el 6 de agosto en las instalaciones de Villa Ferre, dichos trabajadores, que al fin pudieron ser escuchados, evidenciaron las múltiples fallas de la multicitada reforma.
Ante tal circunstancia y los señalamientos falaces del senador Ricardo Monreal que acusó sin prueba alguna a la presidenta de la Suprema Corte de la Nación, ministra Norma Piña, de «reventar» el octavo diálogo sobre las reformas al poder judicial, es decir, el celebrado en esta ciudad de Saltillo, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación, presidida por su directora nacional, Juana Fuentes Velázquez, en comunicado emitido a nivel nacional el 8 de agosto, calificó a dichos diálogos como una simulación «al no dar oportunidad de participación en diversas sedes a titulares integrantes de la asociación, además de que en uno de los foros cerraron el micrófono en la intervención que realizaba un juzgador federal asistente», por lo que dicha asociación hizo patente el rechazo a dichos foros y, para reforzar la defensa de la división de poderes y de la carrera judicial que es fortaleza de la independencia judicial, contempló en el punto quinto de dicho comunicado la posible suspensión de labores en fecha por definir, en protesta contra la inminente aprobación de la reforma judicial y en defensa de sus intereses.
Nunca en la historia del Poder Judicial federal se había llevado a tales circunstancias. El momento histórico que se vive es, pues, único y de extremo peligro para el Estado de derecho que nos rige. El deber ciudadano es manifestarse y no callar ante el autoritarismo que dicha reforma conlleva, así como está planteada. De otro modo, si manifestamos nuestro conformismo ante tal calado antidemocrático, las futuras generaciones que nos sucedan podrán, con toda razón, reclamar nuestra complicidad y silencio, parafraseando lo que Martin Luther King sentenció cuando dijo: «No me preocupa el grito de los violentos, de los corruptos, de los deshonestos, de los sin ética; lo que más me preocupa es el silencio de los buenos».
