Luces
Los fiscales de varios estados de Estados Unidos que demandaron a Meta por sus prácticas con menores representan un intento de colocar la protección de niños y adolescentes por encima de los intereses comerciales de las plataformas digitales. La demanda, encabezada por California y respaldada por otras entidades, busca determinar si Facebook e Instagram fueron diseñados para fomentar deliberadamente el uso compulsivo entre adolescentes y si la empresa ocultó información sobre los posibles daños. Más allá del resultado del juicio, la acción conjunta de las autoridades estatales coloca en el centro del debate la responsabilidad de las grandes tecnológicas frente a sus usuarios más jóvenes. El proceso también puede establecer un precedente sobre los límites que deben respetar las plataformas al diseñar productos utilizados por millones de menores y sobre las obligaciones que tienen para advertir, prevenir y reducir posibles riesgos. La intervención coordinada de los estados demuestra que las autoridades pueden utilizar mecanismos legales para exigir transparencia y rendición de cuentas a compañías con una enorme capacidad tecnológica y económica.
El desbloqueo de 3 mil 500 millones de dólares en inversiones privadas ofrece una señal favorable para la economía mexicana, particularmente porque el avance se produjo después de que el Gobierno federal atendiera obstáculos burocráticos que mantenían detenidos diversos proyectos. El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), José Medina Mora, señaló que las mesas de trabajo y el Consejo de Inversión creado junto con el Ejecutivo permitieron acelerar la resolución de proyectos y que, después de un primer trimestre complicado, la inversión comenzó a recuperarse durante el segundo trimestre. El dato cobra relevancia porque no se limita a capital extranjero: las inversiones autorizadas incluyen recursos nacionales y foráneos. El sector empresarial considera que la agilización de trámites puede contribuir a transformar proyectos pendientes en actividad productiva, infraestructura y empleos. A ello se suma que la construcción registró un crecimiento anual de 4.2 % en junio, según datos del Inegi citados durante el foro empresarial. Para consolidar esta tendencia, el propio CCE reconoce que todavía serán necesarias estabilidad, certeza jurídica, inversión pública y privada.
La multa de 400 millones de dólares contra TikTok y ByteDance representa un castigo significativo por prácticas que, de acuerdo con las autoridades estadounidenses, vulneraron las normas destinadas a proteger la privacidad de los menores. El caso evidencia que las plataformas digitales no pueden tratar los datos infantiles como una mercancía más ni trasladar a los padres toda la responsabilidad sobre la seguridad de sus hijos. La investigación del Departamento de Justicia y la Comisión Federal de Comercio concluyó que TikTok permitió que menores de 13 años utilizaran la plataforma y recopiló información personal sin obtener el consentimiento requerido. Más preocupante aún, las autoridades señalaron que incluso el denominado «Modo para niños», creado específicamente para usuarios menores, recababa direcciones de correo electrónico y otros datos personales. La sanción deja en claro que la protección de los menores no puede quedar subordinada al crecimiento de una plataforma ni a sus intereses comerciales. El monto del acuerdo resulta ser uno de los mayores derivados de la legislación estadounidense sobre privacidad infantil.
Sombras
El caso de Rubén Rocha Moya coloca a Morena ante uno de sus primeros grandes dilemas políticos internos. ¿Cerrar filas con un gobernador de su propio partido o marcar distancia frente a un funcionario cuestionado por acusaciones de Estados Unidos y cuya permanencia amenaza con convertirse en un problema para el Gobierno federal? El episodio se agravó cuando Rocha decidió regresar a la gubernatura sin consultar previamente a Morena ni a Claudia Sheinbaum, y apenas 33 horas después volvió a solicitar licencia ante el rechazo del partido y de la presidenta. Ahora la dirigencia debe demostrar si la disciplina partidista funciona también cuando uno de sus gobernadores desafía públicamente la línea presidencial o si existen excepciones para figuras con peso político propio. Al mismo tiempo, Sheinbaum debe equilibrar la presunción de inocencia con la necesidad de preservar la credibilidad de su administración mientras continúan las investigaciones. La crisis exhibe así una tensión que Morena tendrá que resolver: proteger a uno de los suyos o demostrar que el poder partidista no está por encima de las instituciones.
La disputa comercial entre Estados Unidos y Canadá entra en una nueva fase de escalada después de que Donald Trump anunciara aranceles de 50 % a productos canadienses, incluidos vehículos, autopartes y acero, a partir del 1 de enero de 2027. La medida llega tras el fracaso de las negociaciones entre ambos países y eleva la presión sobre una relación económica profundamente integrada. Canadá prepara represalias y ha advertido que responderá con medidas equivalentes, mientras el enfrentamiento amenaza con encarecer productos y aumentar los costos para empresas y consumidores de ambos lados de la frontera. El nuevo choque también coloca bajo presión al T-MEC, cuya revisión se aproxima, y añade incertidumbre a una relación comercial que mueve cientos de miles de millones de dólares anualmente. La decisión de Washington afecta especialmente a sectores industriales vinculados entre sí desde hace décadas, como el automotriz y el siderúrgico. El conflicto puede extenderse a otras mercancías si las medidas comerciales continúan ampliándose, aumentando el riesgo de una guerra comercial con efectos más allá de las dos economías norteamericanas.
La política de «no preguntes, no digas» que Instagram habría aplicado frente a usuarios menores de 13 años expone una de las principales críticas contra Meta pues la seguridad infantil queda subordinada a los objetivos comerciales de la plataforma. Según el exdirector de ingeniería Arturo Béjar, la empresa habría priorizado aumentar la frecuencia y duración del uso de la red social, aun cuando eso pudiera afectar el bienestar de sus usuarios. De confirmarse esas acusaciones, el problema no sería únicamente la existencia de contenidos perjudiciales para niños y adolescentes, sino el posible diseño deliberado de herramientas orientadas a mantenerlos conectados pese a conocer los riesgos. El hecho de que 29 estados hayan llevado a Meta ante los tribunales por asuntos relacionados con la seguridad y privacidad de los menores muestra además que las acusaciones no se limitan a un caso aislado. El proceso plantea una cuestión de fondo para la industria tecnológica que cuestiona hasta dónde puede llegar una empresa para incrementar la participación de sus usuarios cuando esos usuarios son menores y existen indicios de que determinadas prácticas son capaces de afectar su bienestar.