Desde su privatización en 1991, la mayor acería del país transitó del poderío a la quiebra. Hoy, un postor de perfil incierto que ofrece mil 400 millones de dólares sin acreditar los fondos, un proceso judicial cuestionado y miles de trabajadores en vilo, abren un nuevo capítulo en la turbulenta trayectoria de la empresa coahuilense
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