Para efectos prácticos ya hay presidenta. La Sala Superior del Tribunal Electoral entregó el 15 de agosto la constancia de presidenta electa constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, a tomar posesión el 1 de octubre. Hay inobjetables razones de júbilo y satisfacción, la más importante es que es la primera mujer presidenta en la historia de México. También, hay razones fundadas de preocupación e incertidumbre.
El triunfo de la doctora Claudia Sheinbaum, como ahora habrá de llamársele, fue abrumador, superior en porcentaje y volumen de votos respecto a su antecesor, quien ya había establecido un precedente mayoritario desde que en México se modernizaron los procesos electorales con la creación del Instituto Federal Electoral. Las cifras del triunfo son abrumadoras y si no fuera por la intervención ilegal del presidente y el uso de los recursos del Estado para influir en el resultado, también serían incuestionables. También debe considerarse la presencia del crimen, como lo reconoció la magistrada Janine Otálora.
La realidad es que un nuevo Gobierno iniciará el primer día de octubre con el compromiso y opinable mandato de dar continuidad a lo que llaman la cuarta transformación de la vida pública. Sus referentes son la austeridad republicana, la lucha contra la corrupción, el combate a la desigualdad, gobernar para los más necesitados y pacificar al país combatiendo las causas de la violencia y la delincuencia. Inobjetables las intenciones, muy problemático el camino para hacerlas realidad, especialmente si se ven los resultados de los seis años del gobierno de López Obrador. Para los duros empoderados el mandato es el cambio del régimen democrático.
El inicio de la doctora Sheinbaum tiene lugar en condiciones muy diferentes a las de seis años antes. La más evidente es la autonomía del presidente López Obrador. Nada limitaba o influía sobre él. Incluso se desentendió de la opinión de sus cercanos colaboradores para tomar una decisión emblemática de su determinación de ejercer el poder desafiando la ley, la economía y el buen gobierno con tal de poner en claro que los grandes contratistas del gobierno y parte relevante de la mafia del poder se someterían a la voluntad presidencial. Los señalados como corruptos pronto serían generosamente indemnizados y muchos de ellos continuaron en su condición de favoritos del gobierno.
López Obrador a todos tomó por sorpresa. En breve inició el curso hacia la militarización apartándose de uno de los postulados históricos de la izquierda mexicana. Las mañaneras se volvieron un recurso de propaganda y de agresión recurrente a particulares, funcionarios y opositores. La UIF liberó indebidamente información de operaciones financieras de particulares y empresas, además de proceder ilegalmente al bloqueo de cuentas de opositores políticos. El mensaje de intimidación funcionó. Los medios y los conspicuos empresarios se sometieron y procedieron a la autocensura y a la divulgación de la propaganda política.
Con la nueva presidenta las cosas son notoriamente distintas. Todavía no toma posesión y hay un debate intenso sobre los términos de la continuidad prometida. Muchos ven lo que quisieran y son obsequiosos con la doctora, pero la presencia groseramente impositiva de quien se va plantea tempranos cuestionamientos y reservas que no existían seis años atrás. Más aún, el cambio de régimen se ha vuelto un fuerte factor de controversia e incertidumbre ante el escenario probable de una mayoría abrumadora oficialista en el Congreso. La oposición institucional es inexistente, pero la reserva a la propuesta es amplia y, para efectos económicos, grave elemento por la inseguridad jurídica que conlleva. A la presidenta preocupa, al que se va no.
La economía, la inseguridad, la crisis en las finanzas por el déficit fiscal, los compromisos financieros comprometidos, el desastre en el sector salud y educativo, la inseguridad, la violencia, las muestras explícitas de connivencia de la política con el crimen organizado, la postura del gobierno norteamericano de actuar unilateralmente en los temas de migración, seguridad, así como el tráfico de drogas plantean al próximo gobierno, es decir, a su presidenta, un escenario complicado en extremo.
La polarización como forma de consenso se agotó. Se va con un presidente cuya esencia política es ejercer el poder bajo la lógica de guerra santa. La presidenta que inicia cuenta con otras prendas y otras limitaciones, además de un entorno que impone límites y restricciones. Desde ahora se advierte la inevitabilidad del cambio, a pesar de su convicción de que es posible gobernar de acuerdo con la visión y valores de quien la llevó al poder.
No nos hagamos…
El gobernador Rocha es un mal político, aunque se escuda en el argumento de que está en el oficio porque su líder y jefe, Andrés Manuel López Obrador, le pidió ser candidato a gobernador. Mal político por todas las razones, incluso aquella oprobiosa invitación al presidente proceder a su reelección; por los resultados, porque el estado vive una pax narca por la ausencia de autoridad, y porque tuvo la osadía de confesarle a un periodista de jerarquía, «no nos hagamos pendejos, aquí todo mundo sabe cómo está la cosa. Yo fui y hablé con ellos, los conozco porque soy de Badiraguato. Y yo fui a pedirles su apoyo. Quien te diga que quiere gobernar Sinaloa y no tiene el visto bueno de ellos, te miente». Para él, no se puede hacer política, campaña y gobernar sin acuerdo con los jefes de los cárteles. ¿Pensará el gobernador lo mismo de sus pares o hasta del mismo presidente? Badiraguato, la meca del narco.
A López Obrador lo mueven sus filias y sus fobias. Los errores o debilidades de los propios son generosamente aceptadas. Las fobias se vuelven odio que le lleva a extremos de crueldad. Las filias son cálculo de guerra, al igual que sus fobias. Por eso no hay castigo, más allá de un distanciamiento ocasional como ocurrió con Santiago Nieto, Eréndira Sandoval, Gabriel García y otros. El registro del odio es público y entre sus objetivos nunca han estado los criminales, sino periodistas o intelectuales independientes y opositores.
Ante la gravedad de lo ocurrido en Sinaloa con la detención/entrega de El Mayo Zambada y Joaquín Guzmán López, como es su costumbre, a los asuntos judiciales el presidente ofrece una salida política. No importa el registro que deja cuando el líder de Morena y los gobernadores afines públicamente apoyan a un gobernador confeso periodísticamente de que él hace política y gana elecciones con el acuerdo y aprobación de los jefes de los grupos criminales. La incredulidad o el cinismo de los mexicanos significa que no tenga mayor consecuencia, a pesar de la evidencia del drama que implica tal connivencia, además de que expone al país en su dignidad, como muestra el affiar de El Mayo y Guzmán López.
El gobernador Rocha se muestra indignado por la sospecha y se le ve convincente. Su reacción es auténtica y no impostura porque no tiene la menor idea de su responsabilidad pública, que es combatir a los criminales no convivir con ellos, como es el caso y que se comprueba con su afirmación compartida al periodista «no nos hagamos pendejos». El Mayo contaba con protección de las policías estatales, al momento de ser el criminal más buscado. En la desesperación, las autoridades estatales divulgan el video sobre el presunto homicidio de Melesio Cuén; resulta obvio que se trata de una ejecución y no de un intento de robo como se dijo a manera de encubrimiento. Es difícil que las autoridades actúen sin instrucción política en tema tan delicado. Se mintió; ahora la FGR debe esclarecer y actuar contra las mismas autoridades que tergiversaron los hechos y que de alguna manera confirma el escrito de El Mayo, su homicidio tiene que ver con el encuentro en Huertos del Pedregal, lugar donde dice haber sido secuestrado y donde habría estado el diputado ejecutado.
No nos hagamos pendejos aplica a muchos asuntos de la tragedia nacional. Allí está la denuncia de los limoneros por la extorsión de la que son objeto, nuevamente en paro porque a pesar de las promesas de las autoridades no ha disminuido, se ha incrementado. Como también están los aguacateros y los comerciantes en muchas partes del país. Ciertamente, al igual que antes, en el país prevalece la impunidad.
No nos hagamos pendejos es el monumento nacional al cinismo. Una manera de justificar lo inmoral y lo ilegal. Una forma de decir todos lo hacemos; es el desdén a la ley, es una manera de convocar a la aprobación social a la impunidad. Son los nuevos tiempos, es el exceso de significado de la falsa cruzada moral del régimen y la aprobación del gobierno y los votos consignan que da resultado. La sociedad hace propia el no nos hagamos pendejos.
El deterioro de la vida pública es evidente y va creciendo por la ausencia de sanción social y también legal. Para el caso concreto la única manera de blindar de sospecha al gobernador Rocha no son gobernadores abajo firmantes, sino la elusiva verdad, tarea de las autoridades investigadoras, sólo de ellas.
