Poco a poco, entre la urdimbre de falsos maestros, de falsos investigadores, de falsarias titulaciones, de falsedades académicas, de falsos doctorados, falsos diplomados, talentos fingidos y engañosos liderazgos, se fue agusanando la otrora prestigiada Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC). Culpa del doctor patito Alfonso Yáñez «Charreola» y sus cómplices incondicionales, su corte de efebos, enemigos jurados del rector Octavio Pimentel Martínez, quien tiene ante sí el gran desafío de rescatar a esa escuela de leyes a la que hoy se le aguadó la tinta, se le pudrieron los latines y se le ha torcido todo espíritu de ley.
Y es menester que esta escuela de leyes falsaria y de medio pelo, con su director bufo y caricato, no debe prevalecer con esas corruptelas porque dentro de esa autonomía debe existir una rectoría, y esa rectoría es la que debe dar línea a seguir, aunque a los directores de las escuelas los hayan votado los alumnos, quienes deben ser tutelados no por el director de una facultad sino por el rector, que en este caso es Octavio Pimentel Martínez.
Porque un mal director de escuela corrompe, degrada y manipula a sus alumnos ostentando prestigio académico, un doctorado patito o una supuesta popularidad, falsedades que por un tiempo prevalecen porque se planifican para eso, pero cuando la verdad aparece, esta suele ser espontánea y contundente, echando abajo la ficción planeada, como es la farsa académica de Alfonso Yáñez «Charreola».
Y es que tanto el doctor Poncho, como su hermano el magíster Juan José Yáñez «Charreola» son investigadores de tiempo completo en la UAdeC, pero nadie sabe qué carajos investigan, qué diablos publican y a cuántos idiomas se traducen sus profundas elucubraciones. Definitivamente, los «Charreola» llevan en su segundo apellido la definición exacta de su personalidad.
Asimismo, tampoco nadie sabe el motivo por el que don Poncho «Charreola» no ha solventado más de 15 millones de pesos que una auditoría detectó como faltantes en la Facultad de Jurisprudencia y que se han esfumado por arte de birlibirloque.
Los cobros de los cursos en línea, diplomados, maestrías, revalidaciones y demás cuotas y aportaciones son usados para fines ajenos a la facultad y más bien para aceitar las pretensiones ambiciosas en pos de la rectoría, que es el fin que los «Charreola» persiguen desde que el rector era Salvador Hernández Vélez, y ya medraban los faltantes que las auditorías fueron detectando sin que hasta la fecha haya consecuencias administrativas o penales por la rapiña consumada.
De igual forma, es necesario aclarar qué personal académico o administrativo de la Facultad de Jurisprudencia labora de tiempo completo y con sueldo de la UAdeC en la notaría pública 122, donde el polifacético Poncho «Charreola» sigue ejerciendo como fedatario. De veras que da grima conocer de los abusos y prebendas de las que siguen gozando y abusando estos abogados consentidos de Rubén Moreira y soterrados de Miguel Riquelme, puro peso muerto para un partido político que difícilmente renacerá con tales esperpentos.
Inútil es ya preguntarnos quién agusanó la Facultad de Jurisprudencia de la UAdeC. La evidencia está ahí para mirarla y lamentarla. Ojalá y Octavio Pimentel Martínez haga valer su rectorado. Por lo pronto, los «Charreola» y su séquito de incondicionales ya trabajan en impedir la posible reelección de Pimentel. El máximo capricho de Poncho es ser el próximo rector.
