Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ya se eligen; no en las urnas, sino por voto indirecto. La decisión recae en 85 senadores (número equivalente a las dos terceras partes del total), sin obedecer a nadie, excepto a sus jefes políticos y a la ideología de cada partido. El presidente de la república de turno propone una terna por cada vacante en el Tribunal Constitucional. Si en 30 días los legisladores no resuelven o rechazan la lista, el mandatario designa directamente. De ese modo Lenia Batres ocupó el lugar de Arturo Zaldívar, quien renunció a la SCJN el 23 de noviembre pasado para incorporarse al equipo de la ahora virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum.
La SCJN la componen 11 ministrios: Norma Lucía Piña, su actual presidenta, y Javier Laynez Potisek fueron propuestos por Enrique Peña Nieto. Luis María Aguilar, Jorge Mario Prado, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Alberto Pérez Dayán, por Felipe Calderón. Juan Luis González Alcántara, Yasmín Esquivel Mossa, Ana Margarita Ríos Fajard, Loreta Ortiz Ahlf y Lenia Batres, por Andrés Manuel López Obrador. Los jueces designados por presidentes del PAN y el PRI suman seis. Con esa mayoría y el voto de ministros presentados por AMLO, el Tribunal ha frenado reformas de la 4T.
De acuerdo con la norma, vigente desde el 31 de diciembre de 1994, los partidos con más votos en la Cámara Alta eligen a los ministros recomendados por el presidente, a veces sin haber tenido, como Eduardo Medina Mora, carrera judicial. En otros casos las principales fracciones parlamentarias se unen para repartirse los asientos.
El PRI y el PAN lo hicieron antes de que Morena se convirtiera en la primera fuerza en el Congreso. La Suprema Corte de Justicia, pues, está influida por factores políticos e ideológicos. Lo mismo ocurre en la Corte Suprema Estados Unidos, donde seis de sus nueve miembros fueron nombrados por George Bush (padre e hijo) y Donald Trump, del Partido Republicano; dos por Barack Obama y uno por Joe Biden (Partido Demócrata).
Las reformas del presidente Ernesto Zedillo de mayor calado por su trascendencia fueron la judicial, que disolvió la SCJN, acto que algunos especialistas calificaron de «golpe de Estado»; redujo de 26 a 11 el número de ministros y limitó su ejercicio a 15 años, antes eran vitalicios; creó el Consejo de la Judicatura y los juicios de controversia constitucional y acciones de inconstitucionalidad. La reforma electoral de 1996 dio paso a la primera alternancia en el poder. Zedillo se comprometió en su toma de posesión a emprender la transformación política del país, y cumplió. La agenda reformista del presidente Andrés Manuel López Obrador pasa también por el Poder Judicial y es más profunda, pues busca un cambio de régimen con el apoyo de las urnas.
El bloque de la SCJN adverso a AMLO, encabezado por su presidenta Norma Piña, cometió el error de tomar partido por la oposición y los poderes fácticos en las elecciones del 2 de junio para detener una iniciativa contraria a sus intereses. De haber conseguido el triunfo Xóchitl Gálvez, ese sector de la Corte habría ganado influencia, no necesariamente en favor del país y de la justicia. Sin embargo, los electores optaron por Claudia Sheinbaum y la 4T. La reforma es inminente, mas no la deben inspirar el encono ni los afanes revanchistas, sino un auténtico compromiso con la democracia, sin importar condición social y económica ni preferencia política.
Justicia para todos
Antes de que Andrés Manuel López Obrador profiriera una de sus frases más incendiarias «¡Al diablo con sus instituciones!», muchas de ellas lo habían hecho ya de motu proprio. El enojo del entonces excandidato presidencial del PRD lo provocó el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (y antes el Instituto Federal Electoral) al confirmar la victoria de Felipe Calderón, en los comicios del 2 de junio de 2006, por un margen de apenas 0.56%. A diferencia de Cuauhtémoc Cárdenas, en 1988, cuando el sistema impuso a Carlos Salinas de Gortari después de unas elecciones viciadas, AMLO movilizó al país para denunciar el fraude e iniciar el movimiento que lo convertiría en el presidente más votado y fuerte del país.
Entre las instituciones que se fueron al diablo por su desempeño sobresalen las de procuración y administración de justicia. De acuerdo con el informe 2023 de Human Rights Watch, en nuestro país solo uno de cada 100 ilícitos se penaliza. «Cerca del 90% de los delitos nunca se denuncian, una tercera parte de los delitos denunciados nunca se investigan y menos del 16% de las investigaciones se “resuelven” (en la justicia, por mediación o con alguna forma de resarcimiento), lo cual implica que todas las autoridades resolvieron poco más del 1% de todos los delitos cometidos en 2021».
Dos años antes, el nivel de impunidad registrado por la asociación civil Impunidad Cero (IC) era del 98.86%; la tasa de delitos no denunciados ni investigados, del 93.6%; y la probabilidad de esclarecer alguno entre la denuncia y la sentencia, del 1.4%. En el caso del homicidio doloso, la impunidad rondaba en 87%. Con esas cifras jamás será posible reducir la violencia, cualquiera que sea la estrategia. Para Miguel Ángel Gómez Jácome, maestro en temas de corrupción y gobernanza por la Universidad de Sussex (Reino Unido) y coordinador de comunicación de (IC), el impedimento para vencer la barrera de la impunidad en el sistema de justicia penal estriba en las fiscalías más que en los tribunales (Los Ángeles Time, 16.07.19).
La reforma judicial propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador y apoyada por Claudia Sheinbaum, quien le sucederá en el cargo a partir del 1 de octubre próximo, debe ser integral e incluir a los ministerios públicos federal y estatales. El cambio es necesario e inaplazable para dotar al país de un Estado de derecho auténtico, basado en el imperio de la ley, la división de poderes, el respeto de los derechos humanos y la legalidad de la administración. Sin ellos, la igualdad ante la ley será una quimera. Hoy la justicia, en la mayoría de los casos, está solo al alcance de quien pueda pagarla. Basta revisar el estatus de la población carcelaria.
En el estudio El derecho humano a una justicia expedita, pronta, completa, gratuita e imparcial, Irma Ramos, José Carlos Herrera y Francisco Javier Cortés, profesores de la Universidad de Guadalajara, advierten: «En México, los tribunales judiciales encargados de la administración de la justicia del fuero común, así como los tribunales federales, son lentos, caros, tortuosos (…) los juicios, procesos judiciales y desahogo de probanzas (…) están muy lejos de ser garantes de una justicia pronta y expedita». Fuera del poder judicial, las oposiciones, los grupos de presión y algunos sectores de la prensa, la mayoría apoya que los ministros, magistrados y jueces sean elegidos mediante voto popular, en procesos donde solo participen expertos y garanticen su independencia. Más que decirlo así las encuestas de Morena, el país reclama justicia para todos y el fin de los cacicazgos.
