La Unidad de Inteligencia Financiera pone en la mira al grupo mediático por posibles desvíos de fondos públicos
Edgar London
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha centrado su atención en Latinus, un medio de comunicación digital con un crecimiento vertiginoso y una influencia significativa en la opinión pública. La UIF inició una investigación exhaustiva sobre el flujo de dinero hacia esta plataforma, específicamente indagando acerca del origen de los fondos y la posible vinculación con entidades públicas que habrían contratado servicios médicos.
Pablo Gómez, titular de la UIF, informó que en mayo de 2021 Latinus fue denunciado ante la Fiscalía General de la República (FGR) por corrupción y lavado de dinero al hallarse que el medio se financia con fondos procedentes de la comercialización de productos farmacéuticos y servicios de salud. Esos recursos provienen de los Gobiernos estatales de Cabeza de Vaca, Alfredo del Mazo y Silvano Aureoles. La duda radica en que estos fondos podrían haber sido desviados de su propósito original y canalizados hacia Latinus, lo que representaría una grave irregularidad financiera.
«No se trata de persecuciones, mucho menos contra personas que se tiene la connotación de ser enemigos jurados del Gobierno».
Pablo Gómez, titular de la UIF
El trabajo de la UIF reveló una serie de transferencias sospechosas que, según fuentes internas, implican sumas significativas de dinero —2 mil 437 millones de pesos, tan solo de 2019 a 2024—. Estas transferencias habrían sido justificadas bajo contratos de servicios y recursos médicos variados, pero los informes financieros sugieren que los productos pagados no coinciden con los montos ni con la naturaleza de los servicios presuntamente prestados. Uno de los puntos críticos en el escrutinio es la identificación de varios intermediarios y empresas fachada que podrían haber facilitado el desvío de fondos.
Latinus alega que la investigación de la FGR en realidad busca censurar a un medio que se posiciona crítico frente a los abusos del poder. Al respecto, en su columna «Latinus: el ocaso» (Reforma, 06.07.24), Vanessa Romero Rocha apunta: «La coartada se desploma ante la evidencia mostrada por la UIF, la existencia de otros medios críticos que operan sin restricciones y la absoluta libertad con la que Latinus ejerció violencia retórica durante el sexenio entero».
Y agrega la periodista: «El objetivo de Latinus no es novedoso; los medios con exclusivos intereses comerciales siempre han operado así: chantajean a los Gobiernos mediante la implantación de una narrativa adversa. Con soberbia y desdén explotan nuestros miedos mientras nos empujan al exilio: deforman lentamente nuestra capacidad para entender a los demás mediante la reafirmación de prejuicios. Construyen muros y fomentan, irónicamente, aquello que al obradorismo imputan: sectarismo e ignorancia».
Ante la actitud contestataria de la plataforma, a causa de la divulgación de datos pertenecientes a la empresa, el presidente López Obrador en su conferencia matutina del 8 de julio, comentó: «Están enojados, deben de serenarse, ¿cómo no vamos a informar, si es dinero público, y además de una cuenta del extranjero? Si ellos constantemente están denunciando supuestos casos de corrupción en contra nuestra y están a favor de la transparencia, ¿por qué les molesta? El que nada debe nada teme». Y agregó el mandatario: «Además, tienen derecho a expresarse, nosotros no somos autoritarios, nada más que ya basta de hipocresías, porque es de las características de los conservadores, son muy hipócritas, muy corruptos y muy autoritarios».
El portal de noticias Sin Embargo publicó un artículo del periodista Álvaro Delgado Gómez, donde revela que detrás de la plataforma noticiosa Latinus hay un grupo de políticos y empresarios, incluida la exsubsecretaria Patricia Olamendi y su hijo, Miguel Alonso, además del secretario privado del gobernador michoacano Silvano Aureoles, Marco Antonio Estrada Castilleja. El consorcio, agrega, ha tenido acceso a recursos públicos a través de contratos con el Gobierno de Michoacán, y en la empresa noticiosa participan Federico Madrazo Rojas y Alexis Nickin Gaxiola, hijo y yerno de Roberto Madrazo Pintado, «el rival político del presidente Andrés Manuel López Obrador desde Tabasco».
El nombre de Carlos Loret de Mola, uno de los rostros más conocidos de Latinus, también ha aparecido en varias ocasiones vinculado al proceso, pero el propio Pablo Gómez desmintió este entuerto, durante la mañanera del 3 de julio: «Loret de Mola no es parte de una denuncia que ha presentado la UIF hace ya varios años en contra de los delitos de corrupción y operaciones con recurso de procedencia ilícita, que a juicio de la UIF ha estado cometiendo un consorcio que se denomina Latinus. (…) La denuncia que presentó la UIF hace años contra Latinus no lleva incluido ningún periodista, ningún profesional de la comunicación ni persona que se dedique a esta actividad. La política del Gobierno, desde un principio, fue el respeto al artículo 7 de la Constitución que establece la inviolabilidad de la libertad de difundir opiniones e ideas, de todo tipo a través de cualquier medio». E4
Origen y percepciones
- De 2019 a 2024, Latinus ingresó 2 mil 437 millones de pesos de entidades públicas que, en lugar de trabajos periodísticos, solicitaron productos farmacéuticos, servicios de salud y promoción de campañas.
- El dinero proviene de manera directa de Nuevo León, Sinaloa y Tamaulipas.
- De forma indirecta llega desde el Estado de México, Michoacán e Hidalgo.
(Mañanera, julio 08, 2024)
Edgar London
La Habana, 1975. Escritor, editor y periodista. Es autor de los libros El nieto del lobo, (Pen)últimas palabras, A escondidas de la memoria e Historias de la corte sana. Textos suyos han aparecido en diferentes medios de comunicación nacionales e internacionales. Actualmente es columnista de Espacio 4 y de la revista hispanoamericana de cultura Otrolunes.