Luces
La labor del personal médico mexicano durante la pandemia de COVID-19 fue reconocida con la presea «Miguel Hidalgo», la cual fue entregada en el marco del tradicional desfile militar por el 210 aniversario del Día de la Independencia. Los 58 trabajadores del sector salud que recibieron el reconocimiento fueron postulados por pacientes que superaron la enfermedad y por otros empleados del sector salud, lo cual «hace de este reconocimiento algo especial, pues ha sido concedido por otros mexicanos, porque, sin importar el tiempo, sus necesidades, arriesgando su vida, derrocharon solidaridad y empatía en la atención de la enfermedad. Son mexicanos y mexicanas de excelencia», dijo la secretaria de Gobernación y presidenta del Consejo que entrega la condecoración, Olga Sánchez Cordero. La funcionaria destacó que «son, sin duda, héroes y heroínas del siglo XXI (…) en esta crisis sanitaria, la más grande y retadora de la historia reciente de la humanidad, por ello la nación reconoce su heroico compromiso».
Varios hospitales del país, incluido el Hospital Militar de Torreón, ganaron algún premio de la «rifa del avión presidencial». Fue el Insabi la institución federal que adquirió y repartió 1,051 «cachitos» a cada uno de los 951 hospitales públicos que participan en la atención de pacientes de COVID-19. Con el número 4718493, el Hospital Regional Militar de Torreón, dirigido por el coronel médico cirujano Juan José Díaz Ramírez, obtuvo uno de los premios de 20 millones de pesos. Habrá una ceremonia especial en la Ciudad de México para la entrega de los cheques correspondientes, dinero que deberá destinarse a mejorar la infraestructura de los nosocomios. Otros de los beneficiados fueron el Hospital General Regional del IMSS de Charo, Michoacán, y la clínica del ISSSTE en Fresnillo, Zacatecas. Vía Twitter, la representación del IMSS en Michoacán dijo que «el premio se destinará a la instalación de una sala de hemodinamia». Del total de 100 números premiados, 24 no se vendieron, por lo que el dinero se canalizará al Insabi.
La CFE será la encargada del rescate de cuerpos de la mina Pasta de Conchos. A 14 años de la explosión que dejara 65 cuerpos atrapados, el gobierno federal asignó a la Comisión Federal de Electricidad las tareas de rescate. La institución aprovechará para extraer carbón para su consumo y con ello financiar parte del costo del personal, equipo y maniobras a realizar. «Haremos todo lo posible para dar resultados en tres años», dijo el presidente López Obrador. Estimaciones oficiales señalan que el costo aproximado será de 75 millones de dólares. El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, recordó que la mina ha estado parada desde el 19 de febrero de 2006. «La CFE realizará el estudio de ingeniería como primer paso para el rescate», dijo. Aunque también se ha ofrecido una indemnización de más 3 millones de pesos a cada familia de las víctimas y la edificación de un monumento-memorial, el colectivo de afectados señala que considerarán que se ha hecho justicia cuando dé inicio el rescate.
Sombras
El Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública (ICAI) contribuye a perpetuar la impunidad en el estado. «Dependencias de los tres poderes del Estado, órganos autónomos y el mismo ICAI evaden posibles sanciones al obstruir el derecho a la información en temas tan sensibles como la deuda pública, las desapariciones forzadas y la violencia en Coahuila», señala un análisis del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte. En mayo de 2019 se emitió negativa y «reserva contundente» a una solicitante que buscaba conocer el destino de la deuda pública adquirida durante la administración estatal de Humberto Moreira. La solicitante llevó el caso ante la sede nacional de ese organismo (INAI), lo cual puso reflectores sobre las resoluciones de la filial coahuilense. El INAI obligó al ICAI a aceptar públicamente que no procedió conforme a derecho y a modificar acuerdos en los que avaló la reserva de información. Esto evidenció cómo ha operado el ICAI por más de una década. De 720 casos en los que se emitió dictamen para entrega de información, 615 estaban cerrados como «cumplidos», pero en 369 no había prueba de respuesta de las dependencias.
Un tribunal de Quintana Roo giró una orden de aprehensión en contra del empresario saltillense Sergio Alfonso Verduzco Rosán, acusado de violar a una menor de edad. Un informe de Vanguardia (16.09.20) indica que la jueza Gina Daniela Canul, con sede en Cancún, lleva el caso desde el 3 de septiembre en la carpeta administrativa 508/2020. La víctima fue identificada como A.C.B. Esto sucede mientras en redes sociales se ventila un fuerte conflicto familiar: «Como es de todos conocido, el pasado 8 de agosto intentó asesinarme mi hijo Alberto Verduzco Berlanga en complicidad de su hermano Alejandro Verduzco Berlanga. Los quiero hacer responsables de lo que pase con mi vida, y ahora también con mi libertad. Asimismo, quiero hacerlos responsables de lo que le pase a mi hija Irma, a mis nietos, a mis abogados y a los funcionarios de la empresa…», señala Sergio Verduzco Rosán en Twitter (14.09.20). En el Código Penal de Quintana Roo, el delito de violación se castiga con 10 a 25 años de cárcel, o de 25 a 50 años si la víctima es menor de edad.
El caso de presunto acoso sexual y agresión por parte de Iván Márquez contra artistas saltillenses sigue en el limbo. El 2 de septiembre, la actriz Andrea Galindo publicó en Facebook que ya había formalizado la entrega a la Secretaría del Ayuntamiento de Saltillo de una «denuncia por el delito de discriminación por odio, vejación o exclusión en la modalidad de vejación» en contra de Márquez, quien funge como director del Instituto Municipal de Cultura. Al respecto, el alcalde Manolo Jiménez dijo sentir que esa era una cuestión de índole «personal» del funcionario público, pero que, «como una atención», solicitó al secretario del Ayuntamiento escuchar las versiones y ver con Márquez qué fue lo que pasó, porque él no tiene los elementos para opinar. Hasta el momento, Márquez Morales sigue en funciones. Los demandantes, con fuerte respaldo de colectivos de artistas, exigen «destituir al agresor de su cargo (…) No aceptaremos, de ninguna manera, ser representados por una persona que comete actos de discriminación y vejación, que no cuenta con una perspectiva de género y que se ve continuamente envuelta en casos de violencia y acoso sexual».