Luces y sombras 654

Luces

El trabajo de la policía en Coahuila fue reconocido por el gobernador Miguel Riquelme luego de que éste anunciara un significativo aumento a sus salarios. Se estima que pasará de 12 mil a 18 mil pesos mensuales aproximadamente, sin contar que la cifra puede crecer por años de servicio o grados alcanzados. No hay duda de que se trata de una importante mejora para quienes arriesgan la vida a diario como parte de su labor. El mandatario aprovechó la oportunidad para destacar que, de esta forma, la percepción salarial de los uniformados en el estado se catapulta del lugar 19 al cuarto, a nivel nacional. Se espera que con ello, además de mejorar el estándar de vida de los policías, disminuya el número de deserciones, se incrementen las solicitudes de ingreso a las filas y se eviten las tentaciones que causan los sobornos. No obstante, falta comprobar que los agentes correspondan con mayor profesionalismo a este estímulo. La percepción por parte de la sociedad dista de ser la mejor cuando se le cuestiona por la eficiencia de la policía en Coahuila y muchos confiesan sentirse con miedo, en lugar de seguros, al estar cerca de un agente del orden.

Con el fin de prevenir y reducir la transmisión de COVID-19 en el estado, los diputados de Zacatecas decretaron una ley que establece la obligatoriedad del uso de cubrebocas sanitarias en vías y espacios públicos, cerrados o al aire libre; en el interior de establecimientos, ya sea de comercio, industria o servicios, así como en transporte de pasajeros, centros de trabajo y lugares de culto religioso. La aprobación de esta ley fue por unanimidad y quedó sellada el 19 de noviembre. A quienes no cumplan con el nuevo dictamen le esperan multas de hasta 868 pesos, aunque en caso de reincidencia, la cifra puede ser el doble. También están propensos a sufrir arrestos administrativos —que nunca sobrepasarán las 12 horas— o sanciones de trabajo comunitario. La medida ha sido calificada por algunos como «extrema» pero la realidad confirma que recurrir a sanciones puede llegar a ser efectivo cuando la sociedad no se muestra dispuesta a cooperar por conciencia. El ejemplo más claro para demostrarlo es el uso del cinturón de seguridad en los conductores de vehículos. Esperemos ahora que las autoridades den el ejemplo y también cumplan con la ordenanza.

La carrera por obtener una vacuna contra el COVID-19 sigue avanzando con buen paso y los resultados, cada vez, son más prometedores en cuanto a su eficacia y, lo que resulta también muy importante, en cuanto a la rapidez con que se pudiera obtener y distribuir el fármaco. A los grandes avances ya publicados por los laboratorios de Pfizer/BioNTech y Moderna, se suma ahora su contraparte británica AstraZeneca y la Universidad de Oxford que asegura haber obtenido una eficacia media del 70% luego de practicar ensayos en más de dos mil personas, de las cuales solo 131 contrajeron la enfermedad, con picos satisfactorios de hasta 90% en aquellos casos a los que se les aplicó primero media dosis y, un mes después, una dosis completa. De esta forma, se mantienen firmes los laboratorios más destacados en la búsqueda de una cura, al punto que en Estados Unidos el doctor Moncef Slaoui, asesor especial de la Casa Blanca sobre el coronavirus, anunció que las primeras dosis de la vacuna de Pfizer empezarán a suministrarse el 11 de diciembre en ese país.

Sombras

El 19 de noviembre México superó las 100 mil muertes por COVID-19. Con ello se mantiene como la cuarta nación en el mundo con más víctimas mortales y la segunda en Latinoamérica, solo superada por Brasil. A pesar de que el gobierno insiste en que hace un buen trabajo, la estrategia de los semáforos por entidad federativa todavía no convence y los principales protocolos de salud —mantener la distancia física entre personas, desinfectar periódicamente manos e instrumentos comunes y el uso de cubrebocas— siguen sin ser respetados por buena parte de la sociedad, incluido el presidente de México. Es de esperar que los niveles de contagio no cambien porque tampoco cambiará la estrategia implementada por la federación para combatirlo. Así lo dejó claro López Obrador al ser cuestionado sobre ese punto: «¿Por qué cambiar? ¿Nada más porque a los que robaban no les gusta lo que estamos haciendo, o no quieren vernos en el gobierno?». Mientras el manejo de la pandemia sea un instrumento político, mal pinta el futuro de México en el sector salud. Los decesos por COVID seguirán cuesta arriba.

Mientras en la capital coahuilense se anunciaba el aumento salarial a la policía del estado, en el municipio limítrofe, Ramos Arizpe, se encontraba un elaborado túnel destinado al robo de combustible. La obra se construyó en un predio privado, muy cerca de la zona centro. Y aunque el hallazgo llamó la atención de los Ministerios Públicos Federales, la Policía Federal Ministerial, la Guardia Nacional y personal de Petróleos Mexicanos y Protección Civil, no trajo consigo detención alguna y las autoridades se limitaron a informar que se llevarán a cabo las pesquisas correspondientes para dar con los culpables. Ya antes se había dado aviso de otra toma clandestina en el municipio de General Cepeda, al sureste de Coahuila. El «huachicoleo» es uno de los delitos más comunes en México y se extiende a lo largo y ancho del país. Al término de su primer año de mandato, López Obrador anunció que había reducido en 91% esta práctica, pero al menos en Coahuila, este año —aun sin concluir— ya superó al 2019 en la cantidad de expedientes abiertos por esta causa.

Los feminicidios no cesan en México. Ahora fue Fresnillo, Zacatecas, el escenario donde una niña de 12 años fue asesinada. La menor fue reportada como desaparecida desde el 11 de noviembre. Todo indica que dejó su hogar luego de que un presunto profesor la citara para revisar tareas de la escuela. Las labores de búsqueda no tuvieron éxito hasta el día 22 del mismo mes, cuando policías municipales dieron con el cadáver. Investigaciones posteriores determinaron que, antes de morir, Sofía sufrió torturas y violación sexual. El hecho indignó a la sociedad y, en especial, a los grupos feministas, cuyos representantes montaron guardia e hicieron protestas frente al ayuntamiento de Fresnillo para, finalmente, prenderle fuego. Los asesinatos perpetrados contra mujeres son causa de cólera e irritación, pero si, además de ser mujer, la víctima también resulta ser menor de edad, tanto más se despierta la furia entre los pobladores. El secretario de Seguridad Pública del Estado, Arturo López, aseguró que trabajaba en coordinación con las autoridades para dar con los responsables. Falta ver si lo consigue.